La UCR y el kirchnerismo desafían al Gobierno y votan una suba de las jubilaciones
El oficialismo alertó por su impacto en las cuentas públicas; Milei anticipó su veto
Laura Serra
La UCR, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras se encaminaban esta madrugada a aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que implementó el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios.
La inédita ofensiva opositora en la Cámara baja fue rechazada por el oficialismo, que alertó sobre su impacto en las cuentas públicas.
El proyecto de Diputados debería ser aprobado en el Senado para convertirse en ley. El presidente Milei ya anticipó que vetará cualquier proyecto que atente contra el equilibrio fiscal. La jugada no se detuvo en las jubilaciones. También se avanzó en el pago de las deudas previsionales de la Nación con las provincias. La confluencia opositora acordó que sean solventadas con la porción de recaudación de algunos impuestos nacionales que se destina a la Anses.
Luego de trabajosas negociaciones, los distintos bloques de la oposición se encaminaban anoche a aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto común para instrumentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado.
El oficialismo y sus aliados de Pro anticiparon su rechazo a la iniciativa por su impacto en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Los opositores, en cambio, retrucaron que buena parte del superávit fiscal que ostenta la gestión libertaria se alcanzó merced a la licuación que sufrieron las jubilaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de convertirse en ley esta iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.
Asimismo, la OPC informó que, los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024.
Este deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y pensionados motivó a que la oposición –encarnada por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– unieran filas con el kirchnerismo y la izquierda para consensuar una ofensiva común. Acordaron, en primer lugar, adicionar un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación. Además, diseñaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (Ripte). El proyecto plantea que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación e incluyan una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo con el índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional. Finalmente se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.
Desde la Casa Rosada recordaron que el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y calificaron la sesión como una maniobra “política”.
El debate del proyecto insumió largas horas de discursos. Los libertarios y sus aliados de Pro se cansaron de achacarle al kirchnerismo su responsabilidad por la caída de las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde la otra vereda, los opositores advirtieron que el Gobierno solo pudo alcanzar el equilibrio fiscal a costa de licuarles los ingresos a los jubilados.
“El impacto fiscal de esta iniciativa, de 0,4% del PBI, es el mismo porcentaje que el Gobierno pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios”, sostuvo la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social.
En la misma línea, desde Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres alertó que el deterioro de los haberes jubilatorios “representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”.
Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.
Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su embestida contra el kirchnerismo. “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes. Su colega de bloque Silvana Giudici calificó las propuestas opositoras de “fórmulas mágicas que no tienen el sustento fiscal necesario” y enfatizó que el decreto del Gobierno permitió “acumular un 12,42% de mejora en relación con la ruinosa fórmula de (Sergio) Massa”.
El dictamen de Pro ratifica el DNU presidencial y si bien reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le da la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. Pese a estas facilidades, los libertarios rechazan incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitó a que se ratifique el decreto presidencial.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso que atraviesa el sistema previsional. “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, asestó.
La sesión de ayer se limitó a discutir solo los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El kirchnerismo intentó colar en el temario otros dos temas urticantes para los libertarios: la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno a principios de año, y los dictámenes sobre financiamiento universitario. No tuvo éxito porque los dialoguistas prefieren dar el debate una vez que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, previsto para la semana próxima
“Se quiere hacer un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes –enfatizó la radical Danya Tavella ante la presión kirchnerista para discutir el financiamiento educativo en la sesión–. Nosotros hemos defendido a los docentes durante cuatro años cuando ellos [por el kirchnerismo] estuvieron en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Tenemos cinco dictámenes diferentes, no hay una postura común, por lo que podríamos arriesgarnos, con un rechazo, a que el tema no se trate durante el resto del año”.
La legisladora anticipó que solicitará una sesión especial para el 3 de julio próximo para intentar acercar posiciones hasta esa fecha
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Crisis en el transporte: intendentes del interior pidieron fondos para financiar el boleto de colectivo
Jefes comunales de capitales provinciales y de grandes ciudades impulsan un proyecto de ley para financiar el servicio con una parte del impuesto a los combustibles; se reunieron con senadores y diputados en el Congreso4 de junio de 2024
Javkin durante la reunión en Diputados
En una doble jornada, que incluyó visitas a la Cámara de Diputados y al Senado, casi una veintena de jefes comunales pertenecientes a la Red Federal de Intendentes instalaron en el Congreso su reclamo por el impacto que tuvo en el precio del transporte público de pasajeros de sus ciudades la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo Compensador, último resabio de subsidio estatal que recibían las provincias.
Encabezados por los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Córdoba, Daniel Passerini; y de Paraná, Rosario Romero, los jefes comunales presentaron ante las comisiones de Transporte de ambas cámaras un borrador de proyecto de ley que busca destinar una porción del impuesto a los combustibles para establecer un fondo que permita financiar el transporte público en el interior del país.
“El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) recibe miles de millones de pesos en subsidios al transporte y nosotros recibimos cero pesos”, se quejó la peronista Romero, antes de reclamar que “los impuestos que pagamos todos sean repartidos con equidad” para terminar con lo que calificó como “una enorme injusticia”.
La intendenta de la ciudad capital de Entre Ríos fue la primera en hablar durante una reunión informal de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, que preside Mariana Juri (UCR-Mendoza), y que tuvo como organizadora a la peronista disidente Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba).
En la misma línea se manifestó Javkin, quien remarcó que “el boleto de colectivo vale “cuatro veces más en el interior que en el AMBA”. Se quejó porque, además de la eliminación del Fondo Compensador, el gobierno nacional frenó los aumentos en el área que comprende a la Capital y al conurbano bonaerense y, además, asistió financieramente para poder pagar la paritaria de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros.
En ese sentido, el intendente de Rosario defendió la propuesta de los jefes comunales de crear un nuevo fondo con parte de los recaudado por el impuesto a los combustibles que, destacó, “se recauda en todo el país y a un mismo valor”. Al respecto, Javkin destacó que el gravamen “aumentó cuatro veces en lo que va del año” y para remarcar la injusticia que viven las ciudades del interior destacó que “el AMBA recibe 480% más de lo que aporta por el impuesto”.
Por su parte, el cordobés Passerini criticó al gobierno nacional por la decisión “unilateral e inconsulta” de eliminar el Fondo Compensador del Interior y, en línea con su par de Rosario, explicó que los intendentes decidieron “modificar el fondo de la ley de combustible porque no se distribuye de manera equitativa”.
“La casta no viaja en colectivo. Hoy, esta inequidad recae sobre los municipios”, cerró su participación el alcalde la capital de la provincia mediterránea.
En la reunión también participaron los intendentes de Río Gallegos, Viedma, Comodoro Rivadavia, San Salvador de Jujuy, Cipolletti, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero, Rawson (Chubut), Formosa y San Carlos de Bariloche. También integraron la comitiva los secretarios de transporte de las provincias de Río Negro y La Rioja.
Tal vez el caso más impactante fue el expuesto por el intendente Damián Biss quien dijo que el boleto en la ciudad de Rawson cuesta $1200 y que por los últimos aumentos del combustible están evaluando llevarlo a $1700. “Esto sería algo inviable que terminaría con el servicio público de la región”, advirtió el jefe comunal.
La UCR, el kirchnerismo y otras bancadas opositoras se encaminaban esta madrugada a aprobar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que implementó el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios.
La inédita ofensiva opositora en la Cámara baja fue rechazada por el oficialismo, que alertó sobre su impacto en las cuentas públicas.
El proyecto de Diputados debería ser aprobado en el Senado para convertirse en ley. El presidente Milei ya anticipó que vetará cualquier proyecto que atente contra el equilibrio fiscal. La jugada no se detuvo en las jubilaciones. También se avanzó en el pago de las deudas previsionales de la Nación con las provincias. La confluencia opositora acordó que sean solventadas con la porción de recaudación de algunos impuestos nacionales que se destina a la Anses.
Luego de trabajosas negociaciones, los distintos bloques de la oposición se encaminaban anoche a aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto común para instrumentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por la inflación de enero pasado.
El oficialismo y sus aliados de Pro anticiparon su rechazo a la iniciativa por su impacto en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Los opositores, en cambio, retrucaron que buena parte del superávit fiscal que ostenta la gestión libertaria se alcanzó merced a la licuación que sufrieron las jubilaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de convertirse en ley esta iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.
Asimismo, la OPC informó que, los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024.
Este deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y pensionados motivó a que la oposición –encarnada por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– unieran filas con el kirchnerismo y la izquierda para consensuar una ofensiva común. Acordaron, en primer lugar, adicionar un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación. Además, diseñaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (Ripte). El proyecto plantea que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación e incluyan una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo con el índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.
El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional. Finalmente se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la Anses algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.
Desde la Casa Rosada recordaron que el presidente Javier Milei anticipó que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y calificaron la sesión como una maniobra “política”.
El debate del proyecto insumió largas horas de discursos. Los libertarios y sus aliados de Pro se cansaron de achacarle al kirchnerismo su responsabilidad por la caída de las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Desde la otra vereda, los opositores advirtieron que el Gobierno solo pudo alcanzar el equilibrio fiscal a costa de licuarles los ingresos a los jubilados.
“El impacto fiscal de esta iniciativa, de 0,4% del PBI, es el mismo porcentaje que el Gobierno pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios”, sostuvo la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social.
En la misma línea, desde Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres alertó que el deterioro de los haberes jubilatorios “representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”.
Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.
Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su embestida contra el kirchnerismo. “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes. Su colega de bloque Silvana Giudici calificó las propuestas opositoras de “fórmulas mágicas que no tienen el sustento fiscal necesario” y enfatizó que el decreto del Gobierno permitió “acumular un 12,42% de mejora en relación con la ruinosa fórmula de (Sergio) Massa”.
El dictamen de Pro ratifica el DNU presidencial y si bien reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le da la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. Pese a estas facilidades, los libertarios rechazan incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitó a que se ratifique el decreto presidencial.
El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso que atraviesa el sistema previsional. “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, asestó.
La sesión de ayer se limitó a discutir solo los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El kirchnerismo intentó colar en el temario otros dos temas urticantes para los libertarios: la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno a principios de año, y los dictámenes sobre financiamiento universitario. No tuvo éxito porque los dialoguistas prefieren dar el debate una vez que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, previsto para la semana próxima
“Se quiere hacer un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes –enfatizó la radical Danya Tavella ante la presión kirchnerista para discutir el financiamiento educativo en la sesión–. Nosotros hemos defendido a los docentes durante cuatro años cuando ellos [por el kirchnerismo] estuvieron en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Tenemos cinco dictámenes diferentes, no hay una postura común, por lo que podríamos arriesgarnos, con un rechazo, a que el tema no se trate durante el resto del año”.
La legisladora anticipó que solicitará una sesión especial para el 3 de julio próximo para intentar acercar posiciones hasta esa fecha
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Crisis en el transporte: intendentes del interior pidieron fondos para financiar el boleto de colectivo
Jefes comunales de capitales provinciales y de grandes ciudades impulsan un proyecto de ley para financiar el servicio con una parte del impuesto a los combustibles; se reunieron con senadores y diputados en el Congreso4 de junio de 2024
Javkin durante la reunión en DiputadosEn una doble jornada, que incluyó visitas a la Cámara de Diputados y al Senado, casi una veintena de jefes comunales pertenecientes a la Red Federal de Intendentes instalaron en el Congreso su reclamo por el impacto que tuvo en el precio del transporte público de pasajeros de sus ciudades la decisión del gobierno de Javier Milei de disolver el Fondo Compensador, último resabio de subsidio estatal que recibían las provincias.
Encabezados por los intendentes de Rosario, Pablo Javkin; de Córdoba, Daniel Passerini; y de Paraná, Rosario Romero, los jefes comunales presentaron ante las comisiones de Transporte de ambas cámaras un borrador de proyecto de ley que busca destinar una porción del impuesto a los combustibles para establecer un fondo que permita financiar el transporte público en el interior del país.
“El AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) recibe miles de millones de pesos en subsidios al transporte y nosotros recibimos cero pesos”, se quejó la peronista Romero, antes de reclamar que “los impuestos que pagamos todos sean repartidos con equidad” para terminar con lo que calificó como “una enorme injusticia”.
La intendenta de la ciudad capital de Entre Ríos fue la primera en hablar durante una reunión informal de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado, que preside Mariana Juri (UCR-Mendoza), y que tuvo como organizadora a la peronista disidente Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba).
En la misma línea se manifestó Javkin, quien remarcó que “el boleto de colectivo vale “cuatro veces más en el interior que en el AMBA”. Se quejó porque, además de la eliminación del Fondo Compensador, el gobierno nacional frenó los aumentos en el área que comprende a la Capital y al conurbano bonaerense y, además, asistió financieramente para poder pagar la paritaria de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros.
En ese sentido, el intendente de Rosario defendió la propuesta de los jefes comunales de crear un nuevo fondo con parte de los recaudado por el impuesto a los combustibles que, destacó, “se recauda en todo el país y a un mismo valor”. Al respecto, Javkin destacó que el gravamen “aumentó cuatro veces en lo que va del año” y para remarcar la injusticia que viven las ciudades del interior destacó que “el AMBA recibe 480% más de lo que aporta por el impuesto”.
Por su parte, el cordobés Passerini criticó al gobierno nacional por la decisión “unilateral e inconsulta” de eliminar el Fondo Compensador del Interior y, en línea con su par de Rosario, explicó que los intendentes decidieron “modificar el fondo de la ley de combustible porque no se distribuye de manera equitativa”.
“La casta no viaja en colectivo. Hoy, esta inequidad recae sobre los municipios”, cerró su participación el alcalde la capital de la provincia mediterránea.
En la reunión también participaron los intendentes de Río Gallegos, Viedma, Comodoro Rivadavia, San Salvador de Jujuy, Cipolletti, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero, Rawson (Chubut), Formosa y San Carlos de Bariloche. También integraron la comitiva los secretarios de transporte de las provincias de Río Negro y La Rioja.
Tal vez el caso más impactante fue el expuesto por el intendente Damián Biss quien dijo que el boleto en la ciudad de Rawson cuesta $1200 y que por los últimos aumentos del combustible están evaluando llevarlo a $1700. “Esto sería algo inviable que terminaría con el servicio público de la región”, advirtió el jefe comunal.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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