ALEGATO HISTÓRICO

¿Un Nunca más de la corrupción?
La exposición de Luciani y Mola podría representar un punto de inflexión
Gustavo Noriega

El fiscal Diego Luciani durante su alegato

A lo largo de las tres semanas y media que llevó la exposición de los fiscales en la causa seguida contra Cristina Kirchner y otros por desfalco en la obra pública, creció la sensación de que el alegato tenía una vibración que lo ponía en sintonía con el del fiscal Carlos Strassera en el Juicio a las Juntas de 1985. Lo dijo en varios medios, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, alguien que fue protagonista de aquel momento histórico y que colaboró activamente con la tarea de los fiscales de ese juicio: “Cuando lo escucho a Luciani no puedo dejar de pensar en Strassera”.
Como en su antecedente histórico, el juicio por Vialidad tiene una relevancia política enorme toda vez que la principal acusada no solo es la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, sino que indudablemente ha sido la principal protagonista de la vida pública del país en las últimas dos décadas. El despliegue de pruebas a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue tomando espesor hasta llegar al momento del pedido de condenas, en el cual la fuerza narrativa y probatoria dio paso a la exhortación moral.
En ese punto es donde fue creciendo la idea de que la exposición había sentado las bases de un conocimiento público de los mecanismos de la corrupción que los haría inaceptables de aquí en más.
Eso pondría la causa en el mismo nivel que el Nunca más y el Juicio a las Juntas, que trazaron en su momento una línea respecto de lo posible en términos de acción política. Desde aquel juicio, desde aquella acumulación de testimonios puestos en circulación en la sociedad con la consecuente condena social y jurídica, la violencia física no estuvo en el menú de actividades políticas, salvo en casos contados y marginales.
En el paralelo entre un juicio y el otro hay situaciones que difieren y otras que coinciden. Sin embargo, lo que se extrae de esa comparación, sobre todo, es una expresión de deseos. Cuando ahora se invoca la figura del juicio a los militares, está implícita la necesidad de buena parte de la población de que se termine de una vez y para siempre con una forma de hacer política que incluya la extracción sistemática de fondos públicos para direccionarlo en manos privadas. Ese deseo hizo que Luciani se convirtiera, a los ojos de buena parte de la opinión pública, en Strassera. Sin embargo, para evaluar la posibilidad de que ese deseo se convierta en realidad conviene ver también las diferencias entre una situación y la otra.
Desde ya que la gravedad de los delitos no admite comparación. La salida de la dictadura no sólo implicó que la sociedad entera aceptara el modelo democrático como el estándar a aplicar a la vida política, sino que en el mismo movimiento se rechazaba todo tipo de violencia como forma de acción política. Recordemos que en el decreto de Alfonsín en donde se decidía el juicio a las cabezas máximas del gobierno militar, también se enjuiciaba a la cúpula montonera. Fueron juzgados, condenados (y posteriormente indultados por el gobierno de Carlos Menem) todos los responsables máximos de la violencia política de la década del 70, admitiendo, como lo hacía el prólogo del Nunca más, que la violencia ejercida con el respaldo del Estado era enormemente mayor.

Hoy se trata de otra cosa, no tan fundacional pero no menos imperiosa: que el sistema de financiamiento de la política no sea esta gigantesca aspiradora ilegal de fondos públicos que construyó el kirchnerismo a través de los años.
A la larga, ese sistema ideado por Néstor Kirchner termina llevando a la Argentina a la misma inviabilidad práctica que el pasado violento. A la desastrosa gestión económica de los diversos gobiernos democráticos, profundizada en los períodos de los tres gobiernos kirchneristas –con récords de pobreza y estancamiento económico–, hubo que sumarle el espectáculo obsceno del enriquecimiento personal de parte de la clase dirigencial y hasta de algunos personajes laterales. La “invención” como empresario constructor de un personaje como Lázaro Baez –mediocre y oscuro pero de confianza para la familia Kirchner–, su insólito enriquecimiento personal gracias a recibir una parte menor en el fenomenal circuito de dinero que le fue asignado por el gobierno, habla de un estado de cosas inaceptable.
La huellas del delito
En este caso, no se trata del aprovechamiento espurio pero circunstancial de un proceso de reconversión económica, como fue la transición realizada por Carlos Menem (análoga a la creación de una super elite de multimillonarios cuando la Unión Soviética se disgregó y tuvo que dejar en manos privadas gigantescas compañías estatales). Se trata, en cambio, de una idea nueva y radical que tiene un componente político circular: la extracción de fondos públicos está pensada no solo para enriquecerse sino también, y fundamentalmente, para sustentar un régimen político con la ambición de eternizarse. Ese proyecto autoritario y hegemónico, sintetizado en las consignas “Cristina eterna” y “Vamos por todo”, explica la necesidad de financiamiento perpetuo y –confiados en la permanencia a largo plazo en el poder– la chapucería en los procedimientos, que dejó huellas del delito por todos lados.
Allí se aprecian algunas de las coincidencias entre los alegatos de 1985 y del juicio que nos desvela en estos días. Se trata, para ambos equipos de fiscales, de exponer de una manera didáctica y paciente, con el peso abrumador de los datos, de un mecanismo sistemático realizado por el Estado. Era necesario mostrar los datos en el juicio con su carga probatoria pero, además, que esa exposición llegara a la sociedad de la manera más clara posible. Los fiscales de entonces y los de ahora, además de hablarle a los jueces, responsables de la evaluación de las pruebas y de la eventual condena, le hablan a la sociedad, que debe hacer carne ese conocimiento para que se establezca ese límite histórico.
Tanto Strassera como Luciani sienten que con el elemento didáctico no alcanza, que para sellar con la dignidad de la justicia ese límite hay que apelar a la pena. Que la sociedad sepa y castigue socialmente no es suficiente. Como dice Strassera en su exposición final, se trata de “la humana conveniencia y necesidad del castigo”. También en ese momento cita al especialista en derecho alemán Gunther Stratenwerth: “La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch”. El aspecto sanador para la sociedad argentina era expuesto en su alegato por Strassera de la siguiente manera: “A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituye la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal”.
Luciani, igualmente consciente de la importancia histórica que representa el juicio, reclama también en los mismos términos la condena sanadora: “Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo, poco antes de pedir las penas correspondientes.
Una diferencia fundamental entre el alegato de Luciani con respecto al de Strassera es casi tautológico, pero tiene sus consecuencias: la temporalidad. Su exposición tiene incorporado el conocimiento histórico del juicio anterior. para Strassera, la historia estaba por hacerse, el éxito de su tarea estaba por verse y las consecuencias –todavía imprevistas– de la estabilidad democrática tenían repercusiones directas sobre su integridad personal. Los fiscales del juicio de 1985 querían establecer una línea definitiva en la historia argentina, expresada en la frase “Nunca más”. Lo que no sabían era si iban a lograrlo. Luciani, en cambio, sabe que un juicio cambió la historia y eso lo hace pensar que el suyo puede hacer lo mismo. Esa conciencia lo hizo repetir la estructura argumental: exposición detallada de los delitos a probar y una exhortación moral extrajurídica, de carácter histórico en el pedido de las penas. Aunque logró el objetivo de llamar la atención sobre los ecos que venían del juicio a las juntas, en ese tramo final Luciani se mostró más redundante y excesivamente retórico.
Su alegato termina con una frase con ambiciones de perdurabilidad histórica. “Corrupción o justicia”, que repitió varias veces levantando el tono de la voz. Recordemos el final de Strassera, luego de pedir las penas: “Señores los dos equipos expusieron el peso abrumador de los datos
Quien decidirá si uno y otro alegato tienen el mismo final feliz es la sociedad
Jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘nunca más’”. Hay una diferencia fundamental entre ambas consignas. “nunca más” señala un límite histórico, pone al juicio en una divisoria de aguas. “corrupción o justicia”, en cambio, es una redundancia. Uno podría preguntarse: “¿Y de qué otra forma podría ser?”. Es el delito o la ley, pero justamente para eso está la ley.
Más allá de este exceso de retórica, uno de los éxitos de la exposición de Luciani es generar la sensación de que, como el Juicio a las Juntas, este es el juicio excluyente y decisivo sobre la corrupción. Esto se ha dado al punto tal que incluso, ante la contundencia de la acusación y la pobre demostración que hizo la acusada en su nervioso show por Youtube, ya se habla de la posibilidad de un indulto. Sin embargo, una condena en este juicio reactivaría la causa Hotesur-los Sauces, pendiente de resolución y generaría más expectativas por la causa de los cuadernos y por la de la “ruta del dinero K”. El circuito de dinero sucio generado por el kirchnerismo fue tan enorme que tiene una cantidad infinita de pasos y etapas. La contundencia lograda por Luciani fue tal que consiguió que la parte que le tocó –la obra pública en una sola provincia– sea tomada por el todo.
La última palabra
Por último, hay que destacar que Luciani, como señaló Joaquín Morales Solá en su columna del martes, realizó su acusación contra la persona políticamente más poderosa del país. En algún sentido, Strassera ya estaba navegando en nuevas aguas y el efecto de su línea limitante tenía más sentido hacia el futuro. El kirchnerismo es un movimiento terriblemente vengativo y exponerlo de esta manera ante la sociedad no carece de riesgos, tanto en lo político como en lo personal.
Sin embargo, más allá de estas comparaciones, quien tiene la última palabra, quien decidirá si uno y otro alegato tienen el mismo final feliz es la sociedad. En la década del 70, la mayor parte de los argentinos dejó hacer a la dictadura y con su silencioso consentimiento avaló los crímenes más horrendos. Luego se sumó alegremente a la aventura de Malvinas. Derrota bélica y crisis económica mediante, la sociedad se enteró de lo que no había querido enterarse y tomó una decisión hacia adelante. Si nuevamente aprende ahora de sus errores y deja atrás la posibilidad de caer en un régimen corrupto y autoritario, podremos decir que los alegatos de Strassera y Luciani confluyeron en la tarea de hacer un país mejor

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