OFENSIVA OFICIAL

Se tensó la relación entre el Gobierno y las provincias por el choque con la Corte
Tras la resistencia de algunos gobernadores, el Presidente intenta lograr ahora la adhesión “parcial” de más mandatarios; entregó ayer el pedido de juicio político a los diputados Martínez y Gaillard
Maia Jastreblansky
Después de una jornada de febriles negociaciones y varios traspiés, el Gobierno presentó ayer el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte con la adhesión de once gobernadores y seguía haciendo esfuerzos por lograr el favor de más mandatarios provinciales.
Alberto Fernández citó ayer a Olivos al titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez y a la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard para entregarles el escrito oficial con el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Con once gobernadores a favor del durísimo texto contra los miembros del máximo tribunal y tras registrar algunas deserciones de caciques peronistas, Fernández y algunos funcionarios intentaban convencer a los cuatro mandatarios “aliados” que responden a partidos provinciales –Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones)- de que suscriban solamente el cuestionamiento a los jueces por el fallo que repuso fondos de la coparticipación a la Capital Federal.
Parece muy difícil que el Gobierno sume más adhesiones. Un estrecho colaborador de uno de los gobernadores que están en la mira de la Casa Rosada dijo a la nacion: “Todo el tiempo nos tratan de convencer. El interés de los gobernadores que no firmaron es que se respeten las obras comprometidas para este año, porque una de las amenazas es que se suspendan esas obras para pagarle a la Ciudad. Pero es difícil que apoyen”. Es evidente que la urgencia del Gobierno por avanzar con el pedido de juicio político tensó fuertemente la relación con varios mandatarios provinciales.
Una “adhesión parcial” como la que pretende la Casa Rosada, según un funcionario al tanto del procedimiento, no se podría efectuar en la presentación original del Gobierno, sino que debería ser posterior, mediante una presentación nueva de los interesados ante la comisión de Juicio Político. Trabajaba en la negociación con los gobernadores el propio Fernández con la asistencia del secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.
El pedido de juicio político que hizo el Gobierno -y que por ahora logró la adhesión de once gobernador es tiene 35 páginas ya punta a los cuatro ministros de la Corte Suprema, aunque no con la misma intensidad, ni por los mismos hechos. Según pudo reconstruir la nacion, aunque Fernández se despachó con el pedido de juicio político contra los jueces en el amanecer del primer día de 2023, el escrito se venía pergeñando desde hacía varios días y en su redacción intervino más de una pluma.
Estuvieron haciendo aportes y correcciones distintas áreas jurídicas del Gobierno, en especial el Ministerio de Justicia, donde tienen ascendencia el ministro Martín Soria y su vice, Juan Martín Mena, un funcionario muy considerado por Cristina Kirchner en materia judicial.
La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra –frecuente guardiana jurídica de Fernández– esta vez no intervino en la confección del escrito y se mantuvo al margen. Ni ella ni el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, participaron el martes de la reunión del Presidente con los gobernadores. Ambos se tomaron unos días de descanso. Habían estado, en cambio, en la reunión del 22 de diciembre cuando el jefe del Estado y los gobernadores resolvieron apelar el fallo de la coparticipación.
El Presidente, por su parte, masticó el asunto hasta el 31 de diciembre, cuando finalmente se decidió a avanzar, e hizo pública su decisión al día siguiente, con un comunicado.
El escrito que pide el juicio político de los cuatro miembros de la Corte implica una escalada notoria del Gobierno. El juez más cuestionado es Rosatti. El escrito apunta que el titular de la Corte dijo en un encuentro de jueces que cualquier reforma judicial “va a ser la que cuente con el consenso del poder judicial”. Eso, según el Gobierno, fue “un condicionamiento a los otros poderes” y “un verdadero alzamiento contra el orden constitucional”.
El pedido de juicio político del Gobierno también señala que Rosatti “tomó por asalto el Consejo de la Magistratura” y menciona los presuntos chats que fueron filtrados ilegalmente entre el director de la vocalía de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de seguridad porteño (ahora en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro. “Existe vasta jurisprudencia y doctrina respecto de la utilización de la información que llega a conocimiento de las autoridades públicas sin perjuicio de su origen”, se justifica el texto oficial sobre la fuente de ese material.
Respecto de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el pedido de juicio político los cuestiona por haber votado a favor de declarar la inconstitucionalidad de la ley N° 26.080 –que redujo de 20 a 13 miembros la integración del Consejo de la Magistratura– y haber restituido la ley anterior. Por último, apunta a los cuatro miembros del tribunal (los tres anteriores más Ricardo Lorenzetti) por el fallo que repuso parte de los fondos de la coparticipación a la administración de Larreta.
La dureza y el alcance de las acusaciones hicieron, por ejemplo, que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que participó de forma virtual de la reunión del Presidente y los gobernadores, declinó de apoyar la iniciativa. De forma insólita, en la Casa Rosada incluyeron su nombre entre los adherentes, pero el mandatario entrerriano no estaba a favor de embestir contra los cuatro jueces y por esa cantidad de hechos. “No le gustó el tono que usaron algunos en la reunión. Quizás estaría de acuerdo en avanzar solo contra Rosatti”, estimó un funcionario que participó del encuentro. Cerca de Bordet confirmaron que el gobernador de Entre Ríos no se correrá de su postura y no apoyará en absoluto el pedido de Fernández.
Además de Bordet, el Gobierno perdió el apoyo de otros gobernadores que en diciembre, cuando salió el fallo de la coparticipación, habían respaldado una réplica más moderada. Al puntano Alberto Rodríguez Saá esta vez no lo pudieron persuadir. El sanjuanino Sergio Uñac tampoco quiso ser parte. El otro caso que generó confusión fue el del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni

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