Embargaron activos argentinos por una deuda de 2001
DEMANDA. La jueza de Nueva York Loretta Preska decidió congelar parte de los activos del BCRA en la Reserva Federal de EE.UU.
Sofía Diamante
La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. Según cálculos privados, el Estado debe alrededor de US$579 millones a fondos institucionales que litigaron contra el país y obtuvieron sentencias firmes a favor. Ante la negativa de la Argentina a pagar, anteayer se conoció que se ordenaron embargos de activos nacionales en Estados Unidos por US$96 millones.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos locales que hay en el exterior.
La Argentina tiene además otras causas abiertas en los tribunales de Estados Unidos. Entre ellas, se destaca el reclamo del fondo Titan Consortium por el pago de US$327 millones que el país le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y que nunca pagó.
Si se toman en cuenta todas las sentencias negativas en los tribunales de Nueva York, el Ciadi y la Corte Comercial de las Naciones Unidas, el Estado debe US$935 millones, según cálculos del economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
Las causas más activas son las que tienen que ver con la deuda que entró en default en 2001. Anteayer hubo novedades en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de que la jueza Loretta Preska ordenó el embargo de activos argentinos por US$95,8 millones para afrontar la deuda con el fondo Bainbridge Fund.
El dinero embargado pertenece a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal, con fondos que se usaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady, emitidos en los 90, como parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
“Todavía quedan US$75 millones de bonos Brady por vencer el 31 de marzo próximo. Al ser un colateral, la Argentina no lo puede sacar de la cuenta hasta que se realice el pago. En estos últimos 20 años, esos fondos treparon de valor y hoy equivalen alrededor de US$297 millones. El fondo Bainbridge pidió embargar el equivalente a US$96 millones y la juez Preska, aceptó”, explicó Maril, consultor de Latam Advisors.
Confirmado el embargo, la Argentina todavía tiene más de US$200 millones en la cuenta del Banco Central en la Fed para hacer frente al vencimiento de los bonos Brady a fin de marzo. Sin embargo, hay al menos otros cinco fondos que reclaman también una deuda total de US$417 millones.
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Aspiradora estatal: el crédito a privados se hundió 12,5% en 2022
Javier Blanco
FINANCIACIÓN. El stock de crédito en pesos volcado al sector privado cayó un 12,5% real durante 2022. Sin embargo, aunque la actividad económica se expandió algo más de 5%, la calidad de la cartera de préstamos mejoró en más de un punto promedio e incluso los bancos captaron 1,1% más de depósitos entre empresas e individuos. La paradoja, surgida del Informe de Bancos publicado por el Banco Central (BCRA) con datos a diciembre –lo que permite el balance anual–, solo se explica porque la mayor liquidez se volcó a colocaciones en instrumentos ofrecidos por el sector público, tanto a los pasivos remunerados que les ofrece el ente rector del sistema como a títulos de la deuda emitidos por el Gobierno. El relevamiento admite que en diciembre se verificó un nuevo “aumento del peso relativo del crédito al sector público” en la composición de los activos de los bancos, exposición que también creció en la comparación interanual tanto a “los instrumentos del BCRA” como “al crédito al sector público”. Concretamente, con relación a sus activos, la participación de los pasivos remunerados del BCRA creció del 28% al 31,5% y la exposición a papeles emitidos por el Tesoro del 13,9 al 16,4%, mientras el financiamiento en pesos cedido a particulares o empresas decreció proporcionalmente del 28,1% al 25,1% y el colocado en moneda extranjera (básicamente dólares) también se contrajo del 2,8% al 2,2%. No les fue mal con eso, ya que el conjunto de las entidades registró niveles positivos de rentabilidad en 2022 y superiores a los de 2021, aunque inferiores a los verificados dos años atrás. “En el acumulado de 2022, el ROA [resultado total integral en moneda homogénea en términos del activo] del sistema financiero se ubicó en 1,9% (+0,7 puntos interanuales) y el ROE (resultado total integral en moneda homogénea en términos del patrimonio neto) en 10,9% (+3,7 puntos)”, detalló. Los datos oficiales confirman que el sector público desplazó del mostrador de crédito bancario al sector privado de manera brutal durante 2022, con lo que el crédito no sólo no apalancó a la actividad sino que actuó como lastre para ella
La deuda soberana que entró en default luego de la crisis de 2001 sigue siendo un dolor de cabeza para la Argentina. Según cálculos privados, el Estado debe alrededor de US$579 millones a fondos institucionales que litigaron contra el país y obtuvieron sentencias firmes a favor. Ante la negativa de la Argentina a pagar, anteayer se conoció que se ordenaron embargos de activos nacionales en Estados Unidos por US$96 millones.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país. Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos locales que hay en el exterior.
La Argentina tiene además otras causas abiertas en los tribunales de Estados Unidos. Entre ellas, se destaca el reclamo del fondo Titan Consortium por el pago de US$327 millones que el país le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi –el tribunal arbitral del Banco Mundial–, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, y que nunca pagó.
Si se toman en cuenta todas las sentencias negativas en los tribunales de Nueva York, el Ciadi y la Corte Comercial de las Naciones Unidas, el Estado debe US$935 millones, según cálculos del economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra el país en el exterior.
Las causas más activas son las que tienen que ver con la deuda que entró en default en 2001. Anteayer hubo novedades en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, luego de que la jueza Loretta Preska ordenó el embargo de activos argentinos por US$95,8 millones para afrontar la deuda con el fondo Bainbridge Fund.
El dinero embargado pertenece a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal, con fondos que se usaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady, emitidos en los 90, como parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
“Todavía quedan US$75 millones de bonos Brady por vencer el 31 de marzo próximo. Al ser un colateral, la Argentina no lo puede sacar de la cuenta hasta que se realice el pago. En estos últimos 20 años, esos fondos treparon de valor y hoy equivalen alrededor de US$297 millones. El fondo Bainbridge pidió embargar el equivalente a US$96 millones y la juez Preska, aceptó”, explicó Maril, consultor de Latam Advisors.
Confirmado el embargo, la Argentina todavía tiene más de US$200 millones en la cuenta del Banco Central en la Fed para hacer frente al vencimiento de los bonos Brady a fin de marzo. Sin embargo, hay al menos otros cinco fondos que reclaman también una deuda total de US$417 millones.
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Aspiradora estatal: el crédito a privados se hundió 12,5% en 2022
Javier Blanco
FINANCIACIÓN. El stock de crédito en pesos volcado al sector privado cayó un 12,5% real durante 2022. Sin embargo, aunque la actividad económica se expandió algo más de 5%, la calidad de la cartera de préstamos mejoró en más de un punto promedio e incluso los bancos captaron 1,1% más de depósitos entre empresas e individuos. La paradoja, surgida del Informe de Bancos publicado por el Banco Central (BCRA) con datos a diciembre –lo que permite el balance anual–, solo se explica porque la mayor liquidez se volcó a colocaciones en instrumentos ofrecidos por el sector público, tanto a los pasivos remunerados que les ofrece el ente rector del sistema como a títulos de la deuda emitidos por el Gobierno. El relevamiento admite que en diciembre se verificó un nuevo “aumento del peso relativo del crédito al sector público” en la composición de los activos de los bancos, exposición que también creció en la comparación interanual tanto a “los instrumentos del BCRA” como “al crédito al sector público”. Concretamente, con relación a sus activos, la participación de los pasivos remunerados del BCRA creció del 28% al 31,5% y la exposición a papeles emitidos por el Tesoro del 13,9 al 16,4%, mientras el financiamiento en pesos cedido a particulares o empresas decreció proporcionalmente del 28,1% al 25,1% y el colocado en moneda extranjera (básicamente dólares) también se contrajo del 2,8% al 2,2%. No les fue mal con eso, ya que el conjunto de las entidades registró niveles positivos de rentabilidad en 2022 y superiores a los de 2021, aunque inferiores a los verificados dos años atrás. “En el acumulado de 2022, el ROA [resultado total integral en moneda homogénea en términos del activo] del sistema financiero se ubicó en 1,9% (+0,7 puntos interanuales) y el ROE (resultado total integral en moneda homogénea en términos del patrimonio neto) en 10,9% (+3,7 puntos)”, detalló. Los datos oficiales confirman que el sector público desplazó del mostrador de crédito bancario al sector privado de manera brutal durante 2022, con lo que el crédito no sólo no apalancó a la actividad sino que actuó como lastre para ella
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