Duro revés judicial para el senador peronista Traferri
Casal dictaminó que la Corte trate un pedido de los fiscales de Rosario para imputar al legislador
Germán de los Santos
Armando Traferri
ROSARIO.– En medio de un clima de tensión en Rosario por la violencia que supura del narcotráfico, un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, provocó un intenso cimbronazo en la Justicia de Santa Fe, donde el máximo tribunal provincial había cerrado el camino a dos fiscales para imputar al senador del PJ Armando Traferri en una causa por juego clandestino que se inició con un crimen narco que llevaron adelante Los Monos en 2020.
Dos fiscales rosarinos admitieron que habían cobrado sobornos gestionados por Traferri, que es señalado por sus profundos vínculos con la Justicia y el poder local, que habrían oficiado como paraguas para las bandas delictivas.
El dictamen de Casal se conoció horas después de que se confirmara que el fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los que impulsó la investigación contra Traferri y los vínculos con el juego ilegal y persiguió a las bandas criminales más pesadas de Rosario, no fuera incluido en las ternas de candidatos a fiscal general y regional de Rosario. Una de las interpretaciones es que haber investigado al poder político en Santa Fe lo dejó fuera de carrera.
El dictamen firmado por Casal recomienda que la Corte Suprema de la Nación haga lugar al planteo de los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que habían recurrido en queja al máximo tribunal luego de que se le cerraran todas las puertas en la justicia santafesina, donde Traferri tiene una fuerte influencia. Los fiscales nunca pudieron imputar por asociación ilícita a Traferri, que logró que el establisment político y judicial lo respaldara.
El Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2020 el pedido de los investigadores para retirar los fueros parlamentarios a Traferri. La decisión fue mayoritaria, con el voto de radicales y peronistas.
A la par de que la causa avanzaba y se detectaban más engranajes de la política involucrados en un caso que atravesaba el juego clandestino y la violencia narco, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, en subsidio del 51 de la Constitución provincial. Esa legislación regula, entre otras cuestiones, cómo funcionan los fueros parlamentarios que evitan que Traferri sea procesado. Después de un fallo en contra y otro a favor, de la Cámara de Apelaciones, la defensa de Traferri interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Corte de Santa Fe, que le dio la razón. El único voto en contra del senador fue el del actual presidente del máximo tribunal, Daniel Erbetta.
Se habían cerrado todas los caminos para que los fiscales pudieran imputar a Traferri. La última opción fue recurrir a la Corte de la Nación, donde, Casal le dio el aval a Schiappa Pietra y Edery.
Casal afirmó que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. “Es doctrina de la Corte que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales”, señaló.
Para Casal, “la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir una unidad lógico-jurídica”.
La investigación comenzó en enero de 2020 a partir del asesinato de un gerente de una sucursal del Banco Nación en el casino de Rosario. El crimen se trató de una intimidación a los dueños del casino para que accedieran a pagar por “seguridad” al jefe de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, quien desde la cárcel había organizado una serie de extorsiones.
En el teléfono del ejecutor del plan presuntamente ideado por Cantero, los investigadores encontraron el contacto de Leonardo Peiti, capitalista de juego clandestino.
Los fiscales descubrieron el presunto vínculo de Peiti con el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, a quien según la investigación le pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales para mantenerlo informado sobre causas en su contra y allanamientos a los casinos clandestinos. Los contactos con Serjal y otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad, se sospecha que los había hecho Traferri, que presuntamente actuaba como intermediario para la protección del delito
ROSARIO.– En medio de un clima de tensión en Rosario por la violencia que supura del narcotráfico, un dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, provocó un intenso cimbronazo en la Justicia de Santa Fe, donde el máximo tribunal provincial había cerrado el camino a dos fiscales para imputar al senador del PJ Armando Traferri en una causa por juego clandestino que se inició con un crimen narco que llevaron adelante Los Monos en 2020.
Dos fiscales rosarinos admitieron que habían cobrado sobornos gestionados por Traferri, que es señalado por sus profundos vínculos con la Justicia y el poder local, que habrían oficiado como paraguas para las bandas delictivas.
El dictamen de Casal se conoció horas después de que se confirmara que el fiscal Luis Schiappa Pietra, uno de los que impulsó la investigación contra Traferri y los vínculos con el juego ilegal y persiguió a las bandas criminales más pesadas de Rosario, no fuera incluido en las ternas de candidatos a fiscal general y regional de Rosario. Una de las interpretaciones es que haber investigado al poder político en Santa Fe lo dejó fuera de carrera.
El dictamen firmado por Casal recomienda que la Corte Suprema de la Nación haga lugar al planteo de los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, que habían recurrido en queja al máximo tribunal luego de que se le cerraran todas las puertas en la justicia santafesina, donde Traferri tiene una fuerte influencia. Los fiscales nunca pudieron imputar por asociación ilícita a Traferri, que logró que el establisment político y judicial lo respaldara.
El Senado de Santa Fe rechazó en diciembre de 2020 el pedido de los investigadores para retirar los fueros parlamentarios a Traferri. La decisión fue mayoritaria, con el voto de radicales y peronistas.
A la par de que la causa avanzaba y se detectaban más engranajes de la política involucrados en un caso que atravesaba el juego clandestino y la violencia narco, los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe, en subsidio del 51 de la Constitución provincial. Esa legislación regula, entre otras cuestiones, cómo funcionan los fueros parlamentarios que evitan que Traferri sea procesado. Después de un fallo en contra y otro a favor, de la Cámara de Apelaciones, la defensa de Traferri interpuso un recurso de inconstitucionalidad a la Corte de Santa Fe, que le dio la razón. El único voto en contra del senador fue el del actual presidente del máximo tribunal, Daniel Erbetta.
Se habían cerrado todas los caminos para que los fiscales pudieran imputar a Traferri. La última opción fue recurrir a la Corte de la Nación, donde, Casal le dio el aval a Schiappa Pietra y Edery.
Casal afirmó que el fallo de la Corte santafesina “no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial en los fundamentos”. Esa mirada tiene que ver con que cinco de los seis ministros de la Corte provincial votaron de la misma manera, pero con fundamentos diferentes. Por lo tanto, hubo mayoría de votos, pero no de fundamentos. “Es doctrina de la Corte que los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales”, señaló.
Para Casal, “la ausencia de un acuerdo genuino sobre los motivos que guían la decisión priva a la resolución de aquello que debe constituir su esencia, es decir una unidad lógico-jurídica”.
La investigación comenzó en enero de 2020 a partir del asesinato de un gerente de una sucursal del Banco Nación en el casino de Rosario. El crimen se trató de una intimidación a los dueños del casino para que accedieran a pagar por “seguridad” al jefe de la banda “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, quien desde la cárcel había organizado una serie de extorsiones.
En el teléfono del ejecutor del plan presuntamente ideado por Cantero, los investigadores encontraron el contacto de Leonardo Peiti, capitalista de juego clandestino.
Los fiscales descubrieron el presunto vínculo de Peiti con el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, a quien según la investigación le pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales para mantenerlo informado sobre causas en su contra y allanamientos a los casinos clandestinos. Los contactos con Serjal y otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad, se sospecha que los había hecho Traferri, que presuntamente actuaba como intermediario para la protección del delito
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