PROSCRIPCIÓN Y EL HORROR EN NICARAGUA

Una burla a la responsabilidad republicana
Bernardo Saravia Frías
La historia argentina es rica en “proscripciones”. Las hubo personales, como el veto de la fórmula Alvear-Güemes, inaugurando el fraude patriótico y la década infame. Las hubo generales, como la instaurada por Perón a la oposición, algunos perseguidos y ridículamente presos por desacato. Las hubo graves, como la que llegó hasta quitarle el grado militar y el uso del uniforme al propio Perón. Las hubo más subrepticias, como la intentona de proscribir a Menem con la propuesta kirchnerista de prohibir candidatos mayores de 70 años.
Hasta hace no mucho tiempo, la proscripción marcó la vida electoral del país, desde el fatídico golpe de Estado de Uriburu. Con sus distintas caras, su fin siempre ha sido la manipulación electoral ante la posibilidad del resultado adverso. Hacer trampa, digamos, para no perder el poder, especialmente ante temores fundados de volver al llano.
Según el diccionario, en lo que aquí importa, proscribir es “declarar a alguien público malhechor, comúnmente por causas políticas”. Y en lo que aquí importa, porque en los últimos días, el partido oficialista ha argüido que uno de los miembros del triunvirato gobernante no podría presentase a candidato a presidente por estar proscripto.
La historia se repite, decía Marx: la primera vez ocurre como tragedia, la segunda como farsa. Lo que estamos presenciando es la segunda parte, la repetición, que padece el vicio de las malas copias: es esperpéntica y roza el patetismo. Y en esto de forzar los argumentos, lo grave es que está produciendo un darrupción ño institucional mayúsculo, que amenaza causar el salto de la anomia al vacío.
Visto con objetividad el proceso desde el inicio, si hay algo que no se le puede negar es la creatividad, que recuerda las torsiones argumentales de los sofistas. Todo empezó con un anglicismo, el lawfare: para contrarrestar la gravedad de procesos judiciales por corrupción, se sostuvo que eran una persecución judicial. No miren los hechos ni la evidencia; lo que importa es lo que les digo, no el expediente judicial; no hay pruebas, todo es política. Cuando no fue suficiente, cargamos contra las instituciones, recurriendo a la acción directa. Cuando no bastó, sacamos la carta de la proscripción.
Y acá estamos, una vez más intentando cambiar la realidad con palabras. Porque, seamos claros, lo que hay es una condena por code primera instancia, con inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, en un proceso judicial sin vicios. Y lo que importa no es que haya una apelación de por medio, que haga que la pena no esté firme. Lo que importa es que, si se aceptara que un proceso penal por rendir cuentas por actos realizados durante la función pública es proscripción, pues eso significaría una inmunidad impropia, que devendría impunidad lisa y llana. Un nuevo sofisma: una condena por corrupción no sería condena, sino proscripción.
“Todos somos iguales ante la ley” es un dogma jurídico que transformó la historia para bien. Que desde el poder se intente esquivar sus efectos argumentando lo que no es, es una farsa, pero más que nada una burla, una burla a nuestra historia y a la responsabilidad republicana.

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Horror en cárceles de Nicaragua
Después de haber sido desterrados y despojados de su nacionalidad, algunos opositores nicaragüenses narraron lo que sufrieron en prisión por meses o años solo por oponerse o criticar al tiránico régimen de Daniel Ortega.
Los relatos coinciden en describir aspectos aterradores sobre las inhumanas condiciones que tuvieron que padecer privados injustamente de su libertad. Celdas de dimensiones mínimas, completamente oscuras y con un hoyo en el piso como baño.
Los presos políticos no solo son sometidos al aislamiento físico con prolongados períodos de incomunicación, sino también son víctimas de tortura psicológica, sujetos a entrevistas e interrogatorios diarios y, a quienes tienen hijos menores, no les han permitido verlos durante un año.
Los castigos van desde chantaje emocional, amenazas de trasladarlos a celdas más pequeñas y con peores condiciones y entrega discrecional de los alimentos que les llevan sus familiares, privándolos además de medicamentos y bebidas.
En julio de 2022, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió un informe sobre la situación en Nicaragua en el que denunció el maltrato de los detenidos allí.
Según el documento, se sometió a detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se realizaron interrogatorios sin presencia de abogados en los que, en ocasiones, hubo palizas, amenazas y privación de sueño, hasta negarles el acceso a servicios médicos.
Victoria Cárdenas, esposa del líder opositor y precandidato a la presidencia, Juan Sebastián Chamorro, denunció las pésimas condiciones de las cárceles. Su conclusión fue contundente: “Nicaragua es una gran cárcel porque las personas, si no están en las cárceles o en el exilio, dentro de Nicaragua están con terror y silenciadas”.
El matrimonio Ortega-Murillo ha decidido institucionalizar un estado policial en Nicaragua mediante la aprobación de leyes que limitan el ejercicio de derechos fundamentales, la normalización de la vigilancia y el control y el autoaislamiento. Solo una presión internacional firme y sostenida forzará al gobierno de Ortega a adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Aún quedan tras las rejas muchísimos presos políticos de cuya suerte nada no se sabe.

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