INTERNAS

Se completó la cámara que debe definir el caso Hotesur
La camarista Figueroa volvió al país y debe definir si Cristina Kirchner y sus hijos afrontan o no un juicio por lavado de dinero; los otros dos jueces ya emitieron su voto

Hernán Cappiello

La jueza Ana María Figueroa preside la Casación Penal
Luego de un viaje a Roma y a La Haya, la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa regresará hoy a su despacho, por lo que en los tribunales federales se renueva la expectativa de que se resuelva si se confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos en el caso Hotesur y los Sauces o si, por el contrario, el caso se reabre y se ordena realizar el juicio oral y público.
Dos jueces de la Sala I de la Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, ya votaron y la tercera, que es Figueroa, se reincorporará a la actividad judicial luego de haber realizado un viaje al Vaticano, donde se reunió con el papa Francisco, y a La Haya, en los Países Bajos, donde concurrió a una reunión de la Corte Penal Internacional.
La decisión es de alta sensibilidad política, pues Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por fraude al Estado con las obras públicas de Santa Cruz. El tribunal oral estableció en su sentencia que ese delito lo cometió para su beneficio económico, obtenido mediante los negocios con Lázaro Báez que se investigan en el caso Hotesur y Los Sauces. Ya no es una hipótesis de la acusación, es una verdad jurídica establecida en un fallo judicial que, de todas maneras, todavía no tiene carácter de sentencia firme.
En el caso Hotesur y Los Sauces se investigan dos actividades paralelas. Por un lado, la transferencias de dinero de las empresas de Lázaro Báez al patrimonio de Cristina Kirchner y sus hijos mediante contratos de alquiler de servicios y explotación de sus hoteles en El Calafate. La hipótesis de la acusación es que esos servicios no se brindaron, sino que fueron una simulación para justificar la transferencia de fondos.
Por otro lado, en la causa se investiga la trasferencia de dinero al matrimonio presidencial por parte del empresario Cristóbal López mediante el mecanismo de realizar contratos de alquiler de propiedades pertenecientes a los Kirchner.
Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, parte del dinero obtenido por Báez en la obra pública pasó a manos de los Kirchner. Sin embargo, los jueces de otro tribunal oral, Adrián Grümberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la jueza Adriana Palliotti, directamente sobreseyeron a Cristina Kirchner y a sus hijos en el expediente Hotesur y Los Sauces. Tomaron la decisión sin que se celebrara el juicio oral.
Los camaristas de la Sala I de la Casación Barroetaveña, Petrone y Figueroa revisan ese sobreseimiento. Los dos primeros ya emitieron su voto y resta el de la jueza. El máximo tribunal penal podría revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner, y disponer que se realice el juicio que Grümberg y Obligado omitieron.
Apelación fiscal
En su apelación al sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el fallo dictado por Grümberg y Obligado.
Velasco habló de la “gravedad institucional” que conlleva una decisión que, “con un simple análisis dogmático” y sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la primera magistratura durante más de 12 años”.
Villar, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. El fiscal de Casación señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuando menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016.
Este esquema, según el fiscal Villar, tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.
Además, señaló que sus integrantes eran Néstor y Cristina Kirchner como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.
Villar enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.
“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces

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Intentan sacar al Senado de la parálisis con una tregua política
Acuerdo. Oficialismo y oposición avanzan con una lista de proyectos para tratar, tras el fracaso de hace diez días

El kirchnerismo y Juntos por el Cambio parecen haber alcanzado una tregua en el Senado que podría terminar con la parálisis que afecta a una cámara legislativa que no aprueba un proyecto desde la ya lejana última sesión del 16 de noviembre del año pasado.
El acercamiento entre la tropa que responde a Cristina Kirchner y el principal conglomerado opositor quedó reflejado en la exacta coincidencia de los sendos pedidos de sesión especial formulados el último miércoles por ambos interbloques. No solo coinciden en el día y la hora, jueves próximo a las 14, sino que comparten todos y cada uno de los proyectos que proponen debatir.
Si habrá paz o se prolongará la tensión política que paraliza la Cámara alta se terminaría de definir en una reunión de labor parlamentaria, encuentro de los jefes de bloque que ambas bancadas también coincidieron en pedir para el próximo miércoles al mediodía.
El principio de acuerdo viene a poner un manto de piedad luego del papelón que protagonizó el Senado diez días atrás, cuando oficialismo y oposición entraron en una pulseada política por demostrar quién tiene el control de la Cámara alta y no hicieron más que neutralizarse y prolongar la parálisis legislativa.
El eje de la disputa fue la figura de Cristina Kirchner, quien tras bambalinas controla los movimientos de la bancada oficialista que preside el formoseño José Mayans, y que hizo todo lo posible para evitar la dura señal de debilidad política que implicaba que la unión de dos bancadas opositoras (Juntos por el Cambio y los peronistas disidentes de Unidad Federal) terminara manejando la Cámara alta sin necesidad de la bancada oficialista.
Sin embargo, el temor a que aquella unidad opositora se reedite comenzó a diluirse en los últimos días. Casi al borde del inicio de los feriados de la semana santa, los formoseños Mayans y Luis Naidenoff, jefe del bloque radical, hablaron y hubo un principio de acuerdo. El norte que unificó criterios y que obligó a dejar de lado los orgullos políticos que campean a ambos lados de la grieta es la necesidad de terminar con los casi cinco meses sin funcionar que lleva el Senado.
El acuerdo llegó después de que Juntos por el Cambio elevó la tensión política al presentar, con la firma de su presidente, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), y la de todos los miembros de la conducción del interbloque, un pedido de sesión especial.
Desafío y acuerdo
Hasta ese momento, en el oficialismo imperaba la idea de dejar pasar la semana santa “para reflexionar”, como había dicho a un miembro de la conducción de la bancada. Pero la presentación de Juntos por el Cambio fue tomada como un nuevo desafío.
Al final, la sangre no llegó al río. Mayans habló con Naidenoff y todo decantó para el lado del principio de acuerdo, el cual se transparentó cuando el oficialismo presentó su propio pedido de sesión especial con días, horarios y temarios idénticos al del conglomerado opositor.
La jugada de Juntos por el Cambio no fue consultada con los peronistas disidentes, lo cual se notó en el malestar demostrado por el presidente del bloque de Unidad Federal, el exoficialista Guillermo Snopek (Jujuy).
“Que junten el quorum las mayorías, nosotros dimos el puntapié inicial y planteamos cuáles son los temas que queremos que se traten; si están, vamos a bajar al recinto”, afirmó Snopek, dejando en claro que la alianza con Juntos por el Cambio podría haber terminado.
El eventual temario en el que coincidieron el Frente de Todos y Juntos por el Cambio contempla los proyectos reclamados por Unidad Federal salvo uno, del entrerriano Edgardo Kueider, que busca bajar las tarifas eléctricas mediante la baja en el IVA.
Sin embargo, parece que esta vez sí podrán ser aprobados los tres pliegos judiciales para Rosario, zona asolada por la violencia narco, que el oficialismo mantuvo cajoneados desde septiembre pasado. Se trata de las postulaciones de Gastón Salmain para el Juzgado Federal Nº 1, y de Elena Dilario y Eduardo Rodrigues da Cruz como vocales del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de la ciudad santafesina.
Pero la gran sorpresa es la posibilidad de que el Senado sancione la reforma judicial para Santa Fe aprobada por Diputados hace diez días. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio pidieron tratar el tema sobre tablas.
El temario se completa con otros tres pliegos judiciales para Córdoba, uno de ellos en la ciudad de San Francisco, y la denominada ley Lucio, de capacitación a operadores judiciales y del sistema educativo y policial sobre violencia infantil.
A ellos se suman iniciativas como el reconocimiento del lenguaje de señas, el plan nacional de cardiopatías congénitas, la eliminación de la fe de vida para jubilados, la exención de Ganancias para los trabajadores de la salud y la agilización en el trámite del certificado único de discapacidad.

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