País productivo. Hay que unir la ciencia y el desarrollo
El avance tecnológico exige vincular el conocimiento con la innovación
Por Luis Rappoport
Sembradoras inteligentes en el campo argentino
Recientemente, la revista The Economist recordó que, en 2013, Carl Frey y Michael Osborne –dos investigadores de la Universidad de Oxford– pronosticaron que el 47% de los empleos en Estados Unidos estaban en riesgo por la computarización del mercado laboral en ese país.
Para esa época, se consideraban estables cuatro formas de empleo: 1) trabajar siendo parte de la sociedad del conocimiento; 2) con salarios bajos; 3) en la agricultura, la silvicultura, la pesca o la ganadería, con requerimientos de personal menos calificado y, 4) en el comercio y los servicios no transables. Aquellas personas que no estuvieran en alguno de esos cuatro segmentos, con sus más y sus menos serían excluidos. Estos investigadores sostenían que, con la digitalización de oficinas y fábricas, grandes masas estarían condenadas al segmento de la pobreza o la asistencia estatal.
A nivel global, dos cosas cambiaron respecto de aquella visión: la primera es que la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería se sofisticaron tanto como el resto de los procesos productivos, y así como hay una industria 4.0 hay una bioeconomía 4.0. El segundo cambio es que el segmento de trabajadores con salarios bajos está en proceso de desaparición: la robotización va desplazando crecientemente a los trabajadores menos calificados. Ese último cambio explica, junto a las consideraciones geopolíticas, el proceso de reindustrialización de los países desarrollados que habían derivado complejos industriales enteros a países de salarios bajos.
Sin embargo, con la digitalización de los trabajos, la industria y la bioeconomía 4.0, en los países desarrollados no se está verificando aquella visión apocalíptica de grandes masas de excluidos. En cambio, se está viviendo un estrés en los mercados de trabajo por falta de trabajadores, incluso de aquellos con escasas calificaciones, destinados a servicios no transables.
Tres procesos explican ese fenómeno: el envejecimiento de la población, el alto grado de formación profesional de porcentajes crecientes de la población y el aumento de aquellos servicios que no pueden ser sustituidos por robots. En esos países, el porcentaje de la población con alta y media calificación es mayor al segmento de la población con bajos niveles de formación. Por lo tanto, se generan demandas de servicios que son atendidos parcialmente por inmigrantes con menos aptitudes. En ambos segmentos falta gente.
En la sociedad del conocimiento nadie quiere perder posiciones en los procesos de innovación sustentados en la ciencia, pero aplicados a los nuevos productos, nuevos servicios y nuevos procesos productivos y comerciales. La competencia global entre países y regiones pasó a ser una competencia entre sistemas educativos y, en la urgencia, por conseguir talentos científicos y tecnológicos de otros países.
Se redefinió el concepto mismo de desarrollo económico. En este siglo XXI, el desarrollo económico es la integración de la actividad empresarial con la ciencia y la tecnología para crear productos y procesos innovadores. El centro de la acción está en el conocimiento, la creatividad, la innovación y la mejora de la productividad, con especial atención a la preservación del medio ambiente. Todo con una mirada del mercado internacional, no solo de los clientes finales y sus nuevos hábitos de consumo, sino también de los cambios en productos y procesos derivados del ritmo de innovación. Cada vez más, las ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas) son principios ordenadores para los nuevos marcos regulatorios.
Está en juego la velocidad de la innovación y también la velocidad de la difusión de las innovaciones en el entramado productivo y en la gestión pública. Para responder al ritmo de la destrucción creativa, las empresas, países, regiones y ciudades no buscan ser los mejores en todo, sino desarrollar perfiles de especialización. Esa especialización, por un lado, determina la integración del proceso productivo local en cadenas globales de innovación, producción y distribución y, por el otro, abre la posibilidad de desarrollar formas de diversificación dentro de la especialización, lo que a su vez amplía los perfiles de especialización y complejiza el sistema productivo. Por el cambio tecnológico y para preservar el medio ambiente, empresas y países se están alejando del off shoring (la deslocalización de las industrias) para ir al near shoring (la localización próxima) o, por motivos geopolíticos, al safe shoring (localización segura).
Los incentivos, una clave
La gestión pública del desarrollo pone en la arena de la competencia internacional a los Estados, sus capacidades y sus marcos institucionales (formales e informales), que organizan (o desorganizan) el desempeño de las sociedades. Esos marcos institucionales determinan los incentivos de las sociedades para enfrentar los desafíos del desarrollo económico. Por lo tanto, el desempeño de las sociedades depende de las instituciones formales e informales que permitan generar los incentivos adecuados, tanto de las empresas, del sistema científico tecnológico, el educativo, como del sistema político de los países, regiones (provincias) y ciudades. El principal activo para el desarrollo económico es el capital humano: la gente y sus capacidades.
Por ejemplo, la European Education Area de la Unión Europea prendió todas las alarmas porque en las pruebas PISA 2018 muchos de los chicos de 15 años no alcanzaban, en promedio, adecuadas competencias en lectura (22.5%), matemáticas (22.9%) y ciencia (22.3%).
Esa área de la Comisión Europea desplegó, junto con los países miembro, múltiples acciones para mejorar la calidad educativa. Uno de los capítulos centrales de esa política es “Educación para el empleo y el crecimiento”. Se busca garantizar una educación eficaz para adecuar las capacidades de los trabajadores a las necesidades de la economía: mano de obra calificada para aumentar la productividad y seguir innovando.
En los países en desarrollo las cosas son bien distintas. El porcentaje de personas con bajas capacidades, es mayor al de aquellas con calificaciones medias y altas. Se da la paradoja, de que, pese al océano de desocupación, informalidad y planes sociales, las escasas empresas que están en la vanguardia tecnológica no consiguen personal. Esas empresas exportan o venden a empresas exportadoras y demandan altos estándares ambientales y de calidad que solo se alcanzan siguiendo el ritmo del cambio tecnológico. En paralelo, hay un mundo de pequeñas empresas con tecnologías obsoletas, que subsisten porque nadan en la informalidad: no pagan impuestos ni cargas sociales. Esto en un contexto donde es relativamente escaso el número de asalariados que trabaja en la producción de bienes y servicios transables, ya que la mayoría está empleada en el comercio y en servicios no transables.
Brecha de productividad
En la Argentina, la dificultad de las empresas que están en la vanguardia tecnológica para conseguir personal está asociada al rezago en la formación técnica y universitaria que, en muchos casos, no está al día con el ritmo de innovación que esas empresas están siguiendo. Esa carencia golpea al segmento de empresarios y trabajadores, que sostiene directa o indirectamente a toda la economía argentina. Otro contraste con países desarrollados: en Finlandia, por ejemplo, la investigación de la universidad de una región se pone la camiseta de las empresas del lugar; además de formar jóvenes para esas empresas, su investigación científica y tecnológica lidera los procesos de innovación: las empresas se nutren de los centros locales de investigación.
Lo cierto es que, en nuestro país, hay una enorme brecha de productividad entre las grandes empresas y –algunas– medianas respecto de la más pequeñas, sean estas formales o informales. Y potencialmente, aquellas pequeñas empresas industriales, agropecuarias o de servicios transables pueden exportar y crecer, tienen en su ADN la cultura de la producción. Cerrar esta brecha de productividad es un punto central de una política de desarrollo para la Argentina. Es una condición para que el país crezca y para la formalización y el crecimiento del empleo. Más y mejores empresas es la respuesta al problema del empleo, tanto por su demanda de trabajadores calificados como por el aumento que generan en la demanda de empleos que no requieren mayores niveles de calificación. La formalización de las pymes y de sus trabajadores no es tarea policial de la AFIP; la mejora de su productividad es el camino para su formalización.
¿Cómo reducir la citada brecha de productividad? ¿Cómo adecuar la oferta de las escuelas técnicas y las universidades a la demanda de las empresas de punta? La respuesta está en las instituciones: en las normas y en las organizaciones.
El punto central del cambio normativo necesario está en los incentivos de los gobiernos provinciales y municipales: con fondos condicionados o con la sesión a las provincias de un porcentaje del incremento de impuestos nacionales que se recaudan en la jurisdicción se puede dar un salto copernicano, antes de un improbable cambio de las leyes de coparticipación.
Las organizaciones que pueden y deben reducir la brecha de productividad y cooperar en la mejora y la creación de empresas son el INTA, el INTI y el Senasa, a condición de que aprendan bastante de organizaciones como la Fraunhofer de Alemania, el Sebrae de Brasil y la SBA (Small Business Administration) de Estados Unidos. En el caso de la bioeconomía –aunque resta mucho camino por recorrer–, hay organizaciones privadas, como CREA y Aapresid que trabajan con éxito por la productividad, la innovación, la protección del medio ambiente y la interacción con las escuelas agrotécnicas.
Ambas preguntas tienen una respuesta local: el vínculo de las pymes con estas organizaciones y con las escuelas técnicas, universidades y centros de ciencia y tecnología se cimienta cara a cara, no puede ni debe ser competencia nacional, porque se basa en la cooperación voluntaria de los actores. Los gobiernos provinciales y locales son actores ineludibles.
Construir ese espíritu cooperativo requiere de organización, capacidades, fondos y tiempo. La construcción de capacidades públicas y privadas es un problema inmenso que involucra al INTI, INTA y Senasa, empresas, universidades, sindicatos y los tres niveles de la administración pública. Para eso, una respuesta parcial la puede dar la cooperación internacional: aprender de organizaciones similares de países exitosos, viajar, mirar el mundo, acordar investigaciones y trabajos conjuntos.
La adecuación de la oferta de las escuelas técnicas y las universidades a la demanda de las empresas, es parte de esas acciones. Con un detalle que debería ser parte de las responsabilidades de los aglomerados productivos y sobre todo de las autoridades educativas de cada provincia: la creación de un sistema de incentivos para que profesionales que trabajan en las empresas de punta sean profesores en las escuelas técnicas y en las carreras universitarias afines al perfil productivo de cada provincia o municipio.
Ciencia y producción
Un tema no menor que merece un ejemplo: el gobierno de los Estados Unidos lanzó el “CHIP and Science Act” para la investigación en semiconductores y para la industria que los fabrique, así como la Iniciativa Nacional por la Biotecnología y la Biomanufactura. Son ejemplos como para despertar al Conicet, que, junto con nuestras actividades productivas, requiere un cambio organizacional y de incentivos: debe dar un salto para interactuar con el sistema productivo, estudiar sus problemas actuales y adelantarse al futuro de la tecnología que se avecina. Ponerse a disposición del sistema productivo existente y del que está naciendo con los nuevos emprendedores. Incentivos para los científicos, para que cooperen con las empresas.
La gestión del desarrollo económico es urgente para terminar con la pobreza y porque, como recuerda The Economist, los pronósticos de Frey y Osborne fueron a veinte años. La robótica, la inteligencia artificial y la biotecnología están en pañales, y en los próximos diez años seguramente van a tener pantalones largos. Si no se actúa rápido, los peores pronósticos para el 2033 pueden convertirse en una realidad, mucho más dolorosa en nuestros países que en los países desarrollados.
Economista, miembro del Club Político Argentino y de Constituya
Recientemente, la revista The Economist recordó que, en 2013, Carl Frey y Michael Osborne –dos investigadores de la Universidad de Oxford– pronosticaron que el 47% de los empleos en Estados Unidos estaban en riesgo por la computarización del mercado laboral en ese país.
Para esa época, se consideraban estables cuatro formas de empleo: 1) trabajar siendo parte de la sociedad del conocimiento; 2) con salarios bajos; 3) en la agricultura, la silvicultura, la pesca o la ganadería, con requerimientos de personal menos calificado y, 4) en el comercio y los servicios no transables. Aquellas personas que no estuvieran en alguno de esos cuatro segmentos, con sus más y sus menos serían excluidos. Estos investigadores sostenían que, con la digitalización de oficinas y fábricas, grandes masas estarían condenadas al segmento de la pobreza o la asistencia estatal.
A nivel global, dos cosas cambiaron respecto de aquella visión: la primera es que la agricultura, la silvicultura, la pesca y la ganadería se sofisticaron tanto como el resto de los procesos productivos, y así como hay una industria 4.0 hay una bioeconomía 4.0. El segundo cambio es que el segmento de trabajadores con salarios bajos está en proceso de desaparición: la robotización va desplazando crecientemente a los trabajadores menos calificados. Ese último cambio explica, junto a las consideraciones geopolíticas, el proceso de reindustrialización de los países desarrollados que habían derivado complejos industriales enteros a países de salarios bajos.
Sin embargo, con la digitalización de los trabajos, la industria y la bioeconomía 4.0, en los países desarrollados no se está verificando aquella visión apocalíptica de grandes masas de excluidos. En cambio, se está viviendo un estrés en los mercados de trabajo por falta de trabajadores, incluso de aquellos con escasas calificaciones, destinados a servicios no transables.
Tres procesos explican ese fenómeno: el envejecimiento de la población, el alto grado de formación profesional de porcentajes crecientes de la población y el aumento de aquellos servicios que no pueden ser sustituidos por robots. En esos países, el porcentaje de la población con alta y media calificación es mayor al segmento de la población con bajos niveles de formación. Por lo tanto, se generan demandas de servicios que son atendidos parcialmente por inmigrantes con menos aptitudes. En ambos segmentos falta gente.
En la sociedad del conocimiento nadie quiere perder posiciones en los procesos de innovación sustentados en la ciencia, pero aplicados a los nuevos productos, nuevos servicios y nuevos procesos productivos y comerciales. La competencia global entre países y regiones pasó a ser una competencia entre sistemas educativos y, en la urgencia, por conseguir talentos científicos y tecnológicos de otros países.
Se redefinió el concepto mismo de desarrollo económico. En este siglo XXI, el desarrollo económico es la integración de la actividad empresarial con la ciencia y la tecnología para crear productos y procesos innovadores. El centro de la acción está en el conocimiento, la creatividad, la innovación y la mejora de la productividad, con especial atención a la preservación del medio ambiente. Todo con una mirada del mercado internacional, no solo de los clientes finales y sus nuevos hábitos de consumo, sino también de los cambios en productos y procesos derivados del ritmo de innovación. Cada vez más, las ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas) son principios ordenadores para los nuevos marcos regulatorios.
Está en juego la velocidad de la innovación y también la velocidad de la difusión de las innovaciones en el entramado productivo y en la gestión pública. Para responder al ritmo de la destrucción creativa, las empresas, países, regiones y ciudades no buscan ser los mejores en todo, sino desarrollar perfiles de especialización. Esa especialización, por un lado, determina la integración del proceso productivo local en cadenas globales de innovación, producción y distribución y, por el otro, abre la posibilidad de desarrollar formas de diversificación dentro de la especialización, lo que a su vez amplía los perfiles de especialización y complejiza el sistema productivo. Por el cambio tecnológico y para preservar el medio ambiente, empresas y países se están alejando del off shoring (la deslocalización de las industrias) para ir al near shoring (la localización próxima) o, por motivos geopolíticos, al safe shoring (localización segura).
Los incentivos, una clave
La gestión pública del desarrollo pone en la arena de la competencia internacional a los Estados, sus capacidades y sus marcos institucionales (formales e informales), que organizan (o desorganizan) el desempeño de las sociedades. Esos marcos institucionales determinan los incentivos de las sociedades para enfrentar los desafíos del desarrollo económico. Por lo tanto, el desempeño de las sociedades depende de las instituciones formales e informales que permitan generar los incentivos adecuados, tanto de las empresas, del sistema científico tecnológico, el educativo, como del sistema político de los países, regiones (provincias) y ciudades. El principal activo para el desarrollo económico es el capital humano: la gente y sus capacidades.
Por ejemplo, la European Education Area de la Unión Europea prendió todas las alarmas porque en las pruebas PISA 2018 muchos de los chicos de 15 años no alcanzaban, en promedio, adecuadas competencias en lectura (22.5%), matemáticas (22.9%) y ciencia (22.3%).
Esa área de la Comisión Europea desplegó, junto con los países miembro, múltiples acciones para mejorar la calidad educativa. Uno de los capítulos centrales de esa política es “Educación para el empleo y el crecimiento”. Se busca garantizar una educación eficaz para adecuar las capacidades de los trabajadores a las necesidades de la economía: mano de obra calificada para aumentar la productividad y seguir innovando.
En los países en desarrollo las cosas son bien distintas. El porcentaje de personas con bajas capacidades, es mayor al de aquellas con calificaciones medias y altas. Se da la paradoja, de que, pese al océano de desocupación, informalidad y planes sociales, las escasas empresas que están en la vanguardia tecnológica no consiguen personal. Esas empresas exportan o venden a empresas exportadoras y demandan altos estándares ambientales y de calidad que solo se alcanzan siguiendo el ritmo del cambio tecnológico. En paralelo, hay un mundo de pequeñas empresas con tecnologías obsoletas, que subsisten porque nadan en la informalidad: no pagan impuestos ni cargas sociales. Esto en un contexto donde es relativamente escaso el número de asalariados que trabaja en la producción de bienes y servicios transables, ya que la mayoría está empleada en el comercio y en servicios no transables.
Brecha de productividad
En la Argentina, la dificultad de las empresas que están en la vanguardia tecnológica para conseguir personal está asociada al rezago en la formación técnica y universitaria que, en muchos casos, no está al día con el ritmo de innovación que esas empresas están siguiendo. Esa carencia golpea al segmento de empresarios y trabajadores, que sostiene directa o indirectamente a toda la economía argentina. Otro contraste con países desarrollados: en Finlandia, por ejemplo, la investigación de la universidad de una región se pone la camiseta de las empresas del lugar; además de formar jóvenes para esas empresas, su investigación científica y tecnológica lidera los procesos de innovación: las empresas se nutren de los centros locales de investigación.
Lo cierto es que, en nuestro país, hay una enorme brecha de productividad entre las grandes empresas y –algunas– medianas respecto de la más pequeñas, sean estas formales o informales. Y potencialmente, aquellas pequeñas empresas industriales, agropecuarias o de servicios transables pueden exportar y crecer, tienen en su ADN la cultura de la producción. Cerrar esta brecha de productividad es un punto central de una política de desarrollo para la Argentina. Es una condición para que el país crezca y para la formalización y el crecimiento del empleo. Más y mejores empresas es la respuesta al problema del empleo, tanto por su demanda de trabajadores calificados como por el aumento que generan en la demanda de empleos que no requieren mayores niveles de calificación. La formalización de las pymes y de sus trabajadores no es tarea policial de la AFIP; la mejora de su productividad es el camino para su formalización.
¿Cómo reducir la citada brecha de productividad? ¿Cómo adecuar la oferta de las escuelas técnicas y las universidades a la demanda de las empresas de punta? La respuesta está en las instituciones: en las normas y en las organizaciones.
El punto central del cambio normativo necesario está en los incentivos de los gobiernos provinciales y municipales: con fondos condicionados o con la sesión a las provincias de un porcentaje del incremento de impuestos nacionales que se recaudan en la jurisdicción se puede dar un salto copernicano, antes de un improbable cambio de las leyes de coparticipación.
Las organizaciones que pueden y deben reducir la brecha de productividad y cooperar en la mejora y la creación de empresas son el INTA, el INTI y el Senasa, a condición de que aprendan bastante de organizaciones como la Fraunhofer de Alemania, el Sebrae de Brasil y la SBA (Small Business Administration) de Estados Unidos. En el caso de la bioeconomía –aunque resta mucho camino por recorrer–, hay organizaciones privadas, como CREA y Aapresid que trabajan con éxito por la productividad, la innovación, la protección del medio ambiente y la interacción con las escuelas agrotécnicas.
Ambas preguntas tienen una respuesta local: el vínculo de las pymes con estas organizaciones y con las escuelas técnicas, universidades y centros de ciencia y tecnología se cimienta cara a cara, no puede ni debe ser competencia nacional, porque se basa en la cooperación voluntaria de los actores. Los gobiernos provinciales y locales son actores ineludibles.
Construir ese espíritu cooperativo requiere de organización, capacidades, fondos y tiempo. La construcción de capacidades públicas y privadas es un problema inmenso que involucra al INTI, INTA y Senasa, empresas, universidades, sindicatos y los tres niveles de la administración pública. Para eso, una respuesta parcial la puede dar la cooperación internacional: aprender de organizaciones similares de países exitosos, viajar, mirar el mundo, acordar investigaciones y trabajos conjuntos.
La adecuación de la oferta de las escuelas técnicas y las universidades a la demanda de las empresas, es parte de esas acciones. Con un detalle que debería ser parte de las responsabilidades de los aglomerados productivos y sobre todo de las autoridades educativas de cada provincia: la creación de un sistema de incentivos para que profesionales que trabajan en las empresas de punta sean profesores en las escuelas técnicas y en las carreras universitarias afines al perfil productivo de cada provincia o municipio.
Ciencia y producción
Un tema no menor que merece un ejemplo: el gobierno de los Estados Unidos lanzó el “CHIP and Science Act” para la investigación en semiconductores y para la industria que los fabrique, así como la Iniciativa Nacional por la Biotecnología y la Biomanufactura. Son ejemplos como para despertar al Conicet, que, junto con nuestras actividades productivas, requiere un cambio organizacional y de incentivos: debe dar un salto para interactuar con el sistema productivo, estudiar sus problemas actuales y adelantarse al futuro de la tecnología que se avecina. Ponerse a disposición del sistema productivo existente y del que está naciendo con los nuevos emprendedores. Incentivos para los científicos, para que cooperen con las empresas.
La gestión del desarrollo económico es urgente para terminar con la pobreza y porque, como recuerda The Economist, los pronósticos de Frey y Osborne fueron a veinte años. La robótica, la inteligencia artificial y la biotecnología están en pañales, y en los próximos diez años seguramente van a tener pantalones largos. Si no se actúa rápido, los peores pronósticos para el 2033 pueden convertirse en una realidad, mucho más dolorosa en nuestros países que en los países desarrollados.
Economista, miembro del Club Político Argentino y de Constituya
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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