Más de un cuarto de lo que se paga por combustibles son impuestos
Los precios pueden llegar a incluir hasta seis tributos distintos sobre el consumo de naftas y gasoil; hay diferencias entre la Capital Federal y el interior
Carlos Manzoni
A la hora de pagar por la nafta que cargó en su vehículo, un argentino abona específicamente por ese combustible poco menos de tres cuartos de lo que figura en la factura, puesto que más de 25% de ese ticket corresponde a conceptos que jamás entraron ni entrarán en el tanque y que no son otra cosa que impuestos indirectos. No es novedad que en la Argentina la maraña tributaria llega con sus tentáculos a casi todos los rincones de la economía, pero no siempre estos impuestos “invisibles” son palpables por el consumidor cuando saca su billetera para pagar por un bien o un servicio.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), titulado “El peso de los tributos en los combustibles líquidos”, busca poner luz sobre cuánto realmente se paga por el producto y cuánto por impuestos. “El principal objetivo de esta investigación es identificar y presentar la cantidad de tributos indirectos vigentes, así como la carga tributaria indirecta que recae sobre el precio de los combustibles líquidos. En efecto, del análisis surge que en el consumo de este bien pueden pagarse hasta 6 tributos distintos”, se afirma en el estudio mencionado.
De allí se concluye además que hay diferencias entre lo que se paga por impuestos a los combustibles líquidos en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y en el interior del país (que a los efectos del análisis está representado por la ciudad de Córdoba).
En este sentido, el trabajo en cuestión comprobó que “analizando el peso de cada tributo indirecto sobre el valor final, se observa que, para el caso de la ciudad de Buenos Aires, del 100% del valor total de un ticket, la carga tributaria indirecta es de 28%, mientras que para la ciudad de Córdoba los tributos indirectos representan el 27% del valor final”.
Según explicó Nadin Argañaraz, director del Iaraf, en cuanto a la carga nacional, tanto el IVA como el impuesto al cheque tienen el mismo peso en ambas jurisdicciones. “Pero el peso relativo que tiene el impuesto a los combustibles líquidos [ICL] y el impuesto al dióxido de carbono [IDC] sobre el consumo neto difiere, dado que en CABA se paga un precio menor que en Córdoba por el combustible. En CABA, la carga subnacional es del 3%, mientras que en la ciudad de Córdoba es del 3% a nivel provincial y 0,7% a nivel municipal”, especificó el economista.
De esta manera, en CABA, el valor neto de la factura asciende a 72,2%, mientras que el restante 27,8% corresponde a tributación indirecta, compuesta por 15,2% de IVA, 9,2% de ICL, 2,2% de Ingresos Brutos, 0,7% de impuesto al cheque y 0,6% de IDC. Para ponerlo en moneda contante y sonante, el informe del Iaraf exhibe un ticket que indica que de los $283,38 de valor final $204,60 corresponden a valor neto de la factura y $78,78 a tributación indirecta (que a su vez se desgrana en $43 de IVA, $2 de impuesto al cheque, $1,6 de IDC, $26,1 de ICL y $6,1 de Ingresos Brutos).
En el caso de Córdoba, que, como se dijo, representa en este análisis al interior del país, el valor neto de la factura es de 73%, mientras que el 27% restante son impuestos indirectos: 15,2% de IVA, 8,1% de ICL, 2,4% de Ingresos Brutos, 0,7% de impuesto al cheque, 0,5% de tasa de inspección, seguridad e higiene (TISH) y 0,5% de IDC. Otra vez, puesto en pesos, un ticket que tiene un valor final de $322,64 está compuesto por $234,25 de valor neto y $88,39 de tributación indirecta (que a su vez se compone de $49,17 de IVA, $2,34 de impuesto al cheque, $1,57 de IDC, $26,06 de ICL, $7,6 de Ingresos Brutos y $1,6 de TISH).
Según el análisis del Iaraf, a partir de la comparación anterior, se observa que en CABA la carga tributaria nacional representa el 92% del total de la carga tributaria y la subnacional, el 8%. En el interior del país, esta carga por nivel de gobierno está dada por el 90% a nivel nacional, 8% a nivel provincial y 2% a nivel municipal. La incidencia del nivel nacional sobre la carga indirecta total está explicada por la incorporación del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) y el impuesto sobre el dióxido de carbono (IDC).
Por eso, es sabido que en la Argentina la nafta es más barata en la Capital Federal que en el interior. “Dado el diferencial de precios existente entre los diversos lugares del país, cuando un ciudadano compra un litro de nafta en la ciudad de Córdoba, con el mismo dinero, un ciudadano de CABA puede comprar 1,14 litros”, comentó Argañaraz.
La Argentina lidera un ranking de “apoyos negativos” a sus productores agropecuarios
Según la OCDE, es uno de los pocos países donde aportan mucho más dinero de lo que reciben
Pilar Vázquez
La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que presentan “apoyos” negativos al campo. Mientras la mayoría asiste a los productores con transferencias brutas de los consumidores y fondos públicos derivados de las políticas agropecuarias, en el país ocurre lo contrario. Los productores aportan significativamente más dinero hacia el Gobierno y los consumidores de lo que reciben.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hace un seguimiento de las políticas agrícolas de los países que la integran y de una serie de naciones relevantes para el comercio internacional en temas agrícolas. Entre ellos están China, la Argentina, Brasil y Ucrania, por ejemplo, entre otros.
Uno de los aspectos que analiza es el llamado PSE [por sus siglas en inglés] o estimación de apoyos al productor, que es cuánto de lo que el productor recibe de su ganancia bruta proviene de transferencias desde el gobierno o de los consumidores.
En diálogo Nelson Illescas, director de la Fundación INAI, explicó que mientras en la mayoría de los países estos apoyos son positivos, representando entre un 10% y un 20% e incluso hasta un 60% de la ganancia bruta de los productores, la Argentina se destaca por su situación inversa.
“En el caso de la Argentina, con todas las políticas que tiene, principalmente derechos y restricciones a las exportaciones, estas transferencias se vuelven negativas. Esto significa que el dinero se transfiere desde el sector agrícola hacia los consumidores o el Gobierno” y no viceversa, dijo.
Hasta 2001, indicó, estos apoyos en la Argentina eran “positivos o neutros”. Sin embargo, a partir de la implementación de las retenciones a la exportación, en 2002, se volvieron negativos y fueron creciendo de acuerdo con otro tipo de medidas implementadas, como los Registros de Operación de Exportación (ROE), un mecanismo de control de exportaciones, o ahora los volúmenes de equilibrio, que tienen el mismo fin.
El año pasado, el PSE en la Argentina alcanzó un valor negativo de -19%, lo que implicó que los productores transfirieron al Estado la suma de US$10.600 millones. En contraste, el promedio de la OCDE se situó en un 16% de transferencias positivas. Por ejemplo en Brasil desde el gobierno hacia los productores se destinaron aproximadamente US$6800 millones, lo que representó un 3,3% del valor total. Otros países, como Estados Unidos, alcanzaron un 10,5%, el bloque de la Unión Europea, un 17,5%, y Japón un 37,5%.
En consecuencia, la Argentina superó ampliamente los valores negativos de otros países donde los productores aportan más de lo que reciben. Por ejemplo, en la India el porcentaje fue de un 8% negativo, mientras que en Vietnam el año pasado fue en torno del 6% negativo.
Transferencias millonarias
Illescas explicó que es conveniente tener en cuenta los porcentajes para comparar el PSE entre los países, porque el valor nominal varía según la producción de cada uno. En 2014, por ejemplo, los productores argentinos transfirieron un total de US$22.500 millones, registrando la mayor transferencia en valor. Sin embargo, en términos porcentuales el PSE fue de -46% ese año. El peor porcentaje fue en 2008, con un -51%, debido a una significativa reducción en la producción causada por la sequía de entonces.
Según el experto, todo esto es también el reflejo de la falta de previsibilidad con la que cuentan los productores en el país. “Los otros países tienen políticas agrícolas que se mantienen en el tiempo. La Unión Europea desde la década del 60 tiene una política agrícola común que se ha ido reformando cada cierto tiempo, pero ya tiene 60 años. Estados Unidos tiene la FarmBill o ley agrícola, que data de la década del 30. Es decir, son políticas que se van modificando al correr del tiempo, pero le dan certidumbre a los productores. En el caso de Argentina eso no se da”, señaló.
Indicó que la Argentina queda en desventaja frente a sus competidores o clientes. “Para vender a otros países productos agropecuarios, es importante tener en cuenta que los productores allá están muy protegidos. Esta protección puede venir en forma de subsidios o medidas arancelarias en frontera. Entonces, si los productores tienen tantas medidas a su favor, es difícil competir porque ingresás en desventaja”, indicó.
La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que presentan “apoyos” negativos al campo. Mientras la mayoría asiste a los productores con transferencias brutas de los consumidores y fondos públicos derivados de las políticas agropecuarias, en el país ocurre lo contrario. Los productores aportan significativamente más dinero hacia el Gobierno y los consumidores de lo que reciben.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hace un seguimiento de las políticas agrícolas de los países que la integran y de una serie de naciones relevantes para el comercio internacional en temas agrícolas. Entre ellos están China, la Argentina, Brasil y Ucrania, por ejemplo, entre otros.
Uno de los aspectos que analiza es el llamado PSE [por sus siglas en inglés] o estimación de apoyos al productor, que es cuánto de lo que el productor recibe de su ganancia bruta proviene de transferencias desde el gobierno o de los consumidores.
En diálogo Nelson Illescas, director de la Fundación INAI, explicó que mientras en la mayoría de los países estos apoyos son positivos, representando entre un 10% y un 20% e incluso hasta un 60% de la ganancia bruta de los productores, la Argentina se destaca por su situación inversa.
“En el caso de la Argentina, con todas las políticas que tiene, principalmente derechos y restricciones a las exportaciones, estas transferencias se vuelven negativas. Esto significa que el dinero se transfiere desde el sector agrícola hacia los consumidores o el Gobierno” y no viceversa, dijo.
Hasta 2001, indicó, estos apoyos en la Argentina eran “positivos o neutros”. Sin embargo, a partir de la implementación de las retenciones a la exportación, en 2002, se volvieron negativos y fueron creciendo de acuerdo con otro tipo de medidas implementadas, como los Registros de Operación de Exportación (ROE), un mecanismo de control de exportaciones, o ahora los volúmenes de equilibrio, que tienen el mismo fin.
El año pasado, el PSE en la Argentina alcanzó un valor negativo de -19%, lo que implicó que los productores transfirieron al Estado la suma de US$10.600 millones. En contraste, el promedio de la OCDE se situó en un 16% de transferencias positivas. Por ejemplo en Brasil desde el gobierno hacia los productores se destinaron aproximadamente US$6800 millones, lo que representó un 3,3% del valor total. Otros países, como Estados Unidos, alcanzaron un 10,5%, el bloque de la Unión Europea, un 17,5%, y Japón un 37,5%.
En consecuencia, la Argentina superó ampliamente los valores negativos de otros países donde los productores aportan más de lo que reciben. Por ejemplo, en la India el porcentaje fue de un 8% negativo, mientras que en Vietnam el año pasado fue en torno del 6% negativo.
Transferencias millonarias
Illescas explicó que es conveniente tener en cuenta los porcentajes para comparar el PSE entre los países, porque el valor nominal varía según la producción de cada uno. En 2014, por ejemplo, los productores argentinos transfirieron un total de US$22.500 millones, registrando la mayor transferencia en valor. Sin embargo, en términos porcentuales el PSE fue de -46% ese año. El peor porcentaje fue en 2008, con un -51%, debido a una significativa reducción en la producción causada por la sequía de entonces.
Según el experto, todo esto es también el reflejo de la falta de previsibilidad con la que cuentan los productores en el país. “Los otros países tienen políticas agrícolas que se mantienen en el tiempo. La Unión Europea desde la década del 60 tiene una política agrícola común que se ha ido reformando cada cierto tiempo, pero ya tiene 60 años. Estados Unidos tiene la FarmBill o ley agrícola, que data de la década del 30. Es decir, son políticas que se van modificando al correr del tiempo, pero le dan certidumbre a los productores. En el caso de Argentina eso no se da”, señaló.
Indicó que la Argentina queda en desventaja frente a sus competidores o clientes. “Para vender a otros países productos agropecuarios, es importante tener en cuenta que los productores allá están muy protegidos. Esta protección puede venir en forma de subsidios o medidas arancelarias en frontera. Entonces, si los productores tienen tantas medidas a su favor, es difícil competir porque ingresás en desventaja”, indicó.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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