Traspié del oficialismo en la Comisión de Juicio Político contra la Corte
Los cuatro testigos citados y la oposición faltaron a la audiencia; el kirchnerismo quería avanzar en la investigación sobre presunta connivencia en el fallo sobre coparticipación
Laura Serra
El oficialismo sufrió ayer un fuerte traspié en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde impulsa el enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema. No solo se ausentaron los cuatro testigos que fueron convocados a prestar testimonio –entre ellos, el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro– sino que también pegaron el faltazo los miembros de Juntos por el Cambio, en rechazo a los manejos que hizo el oficialismo en la citación de los testigos.
A menos de una semana de las elecciones primarias, los diputados oficialistas habían citado para este mediodía a tres testigos que se desempeñan en la órbita de la ciudad de Buenos Aires, bastión político de Pro. Lo hicieron en virtud de la investigación que llevan adelante sobre el presunto tráfico de influencias en torno al fallo por el cual la Corte ordenó a la Nación que le restituya a la ciudad los recursos coparticipables que el gobierno de Alberto Fernández le había detraído en 2020. Para ello fijó un índice del 2,95%, porcentaje que el Gobierno calificó de arbitrario.
Para avanzar en la investigación, los oficialistas citaron a D’Alessandro –a quien sindican como el funcionario que, en nombre del gobierno porteño, negoció el fallo que dictó la Corte–, al juez de Cámara de Apelaciones Ignacio Mahiques y al procurador general de la ciudad, Gabriel María Astarloa. El cuarto testigo convocado fue Miguel Federico De Lorenzo, funcionario de la secretaría de Jurisprudencia de la Corte. Todos faltaron a la cita.
Desde Juntos por el Cambio acusaron al oficialismo de citar testigos a último momento, ya que –salvo la de D’Alessandro– todas las citaciones habrían sido cursadas ayer.
“Al usar como maniobra burda las citaciones sobre la hora, sin respetar los plazos mínimos y razonables que deben ser observados frente a cualquier citación de testigos en sede judicial y también en el marco del procedimiento de juicio político, se intenta impedir el trabajo del resto de los miembros de la Comisión, aquellos que desde el inicio de este procedimiento hemos asistido a cada de las reuniones controlando la legalidad del procedimiento y hemos denunciado severas y sucesivas irregularidades”, acusaron los diputados opositores en una nota dirigida a la presidenta de la Comisión, la oficialista Carolina Gaillard.
Críticas del oficialismo
El kirchnerismo criticó el faltazo opositor e impuso su mayoría en la comisión para tomar una serie de decisiones. Entre ellas, la de remitir una nota a la Corte en la que le insta a que tome medidas disciplinarias contra Silvio Robles, director de la vocalía de su presidente, Horacio
Rosatti, quien también encabeza el Consejo de la Magistratura.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Juicio Político la semana pasada, Robles se negó a responder buena parte de las preguntas de los miembros oficialistas, que sospechan que el testigo fue quien negoció con D’Alessandro los detalles del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad.
Para no contestar las preguntas del oficialismo, Robles se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, una salvaguarda que tienen los testigos frente a supuestas causas en trámite judicial en las cuales podrían auto incriminarse.
El funcionario también apeló al artículo 8 del Reglamento para la Justicia Nacional para no responder las preguntas vinculadas estrictamente al funcionamiento de la Corte Suprema.
La diputada Gaillard, al leer la nota dirigida a la Corte, calificó a Robles como un “testigo reticente” que invocó ambos artículos de manera “arbitraria”, por lo que, dijo, podría quedar incurso en el delito de falso testimonio.
“Solicitamos a la Corte Suprema evalúe, en uso de sus facultades de superintendencia, iniciar acciones sumariales al Sr. Silvio Robles, atento su conducta como testigo reticente en virtud de la arbitraria invocación del artículo 18 de la Constitución así como del Artículo 8 inc.b) del Reglamento para la Justicia Nacional a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, reza la nota dirigida a la Corte.
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La esposa de Silvio Robles, mano derecha del juez Rosatti, denunció amenazas de muerte
“Soy el que te va a matar”, le dijeron a Laura la Torre desde un teléfono que fue identificado en Mendoza
Hernán Cappiello
Silvio Robles, en la Comisión de Juicio Político
Laura la Torre, la esposa de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que recibió amenazas de muerte en su teléfono celular dos días después de que su marido declarara ante la Comisión de Juicio Político.
En esa audiencia, en un áspero interrogatorio, el kirchnerismo acosó a Robles con preguntas sobre su trabajo y un supuesto intercambio de mensajes con el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
La Justicia identificó el número de teléfono del que provinieron las amenazas como perteneciente a un exconvicto mendocino que estuvo preso varias veces y que fue condenado por tráfico de drogas, robo, hurto, amenazas, y violencia de género y lesiones en perjuicio de su mujer. Recibió diversas penas, que van desde los cuatro años y medio al año de prisión, todas ya cumplidas y en libertad condicional.
“Hola señora Laura, soy el que te va a romper el culo y te voy a matar”, escuchó La Torre el 4 de agosto, cuando atendió una llamada de WhatsApp.
Cuando la mujer denunció el episodio, dijo que no tenía conflictos con nadie, pero “quizás por la actividad pública de su marido la llamaron a ella”.
La Torre denunció que el llamado fue dos días después de que Robles pasara siete horas declarando en el Congreso ante la Comisión de Juicio Político, en medio de varias peleas con diputados del kirchnerismo que lo acusaron de turbio, oscuro, manipulador y mentiroso, y que buscaban evidencias para sostener una acusación contra el juez Rosatti.
Asimismo querían vincular a Robles con una supuesta maniobra para anticipar al exministro D’Alessandro el fallo que iba a sacar la Corte Suprema por la coparticipación federal en contra del Estado nacional y en favor de la Ciudad.
Esos supuestos mensajes entre ambos, sobre los que le preguntaron a Robles, no fueron considerados pruebas válidas para la Justicia, por su origen ilegal, obtenido mediante el hackeo del celular del exministro.
Tras la denuncia de La Torre, la Justicia porteña investigó el caso y la Unidad de Cibercrimen estableció que el número de donde partió la llamada amenazante pertenece a Hugo Orlando Carmona, con domicilio de facturación en la calle Cacique Allayme, en San José, provincia de Mendoza.
Un informe del Registro Nacional de Reincidencias estableció que Carmona fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por venta de drogas en 2013, que fue declarado entonces reincidente; se le dio la libertad asistida pero en 2020 fue condenado además por amenazas y lesiones leves reiteradas, calificadas por el vínculo, cuando golpeó a su exmujer.
Según el expediente, le dio dos trompadas en la cabeza, la tiró al piso y le dijo: “Esta noche te voy a sacar al vuelo, voy a mandar a que te hagan recagar”. Carmona acordó por esos hechos una pena de seis meses de cumplimiento efectivo.
Otro de sus antecedentes señala que en febrero de 2022 fue condenado a un año de prisión por haber robado una garrafa de 10 kilos, luego de escalar una pared en una vivienda en Guaymallén, Mendoza.
“Un típico caso de una persona sin formación, de bajos recursos y antecedentes criminales, que pudo ser reclutada por pocos pesos como mano de obra para este trabajo”, dijo uno de los investigadores del caso.
La Torre denunció las amenazas y se presentó como querellante ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El caso fue judicializado y está siendo investigado por la Fiscalía Penal y Contavencional Nº 7, a cargo del fiscal Matías De Sanctis.
Laura la Torre, la esposa de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que recibió amenazas de muerte en su teléfono celular dos días después de que su marido declarara ante la Comisión de Juicio Político.
En esa audiencia, en un áspero interrogatorio, el kirchnerismo acosó a Robles con preguntas sobre su trabajo y un supuesto intercambio de mensajes con el exministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
La Justicia identificó el número de teléfono del que provinieron las amenazas como perteneciente a un exconvicto mendocino que estuvo preso varias veces y que fue condenado por tráfico de drogas, robo, hurto, amenazas, y violencia de género y lesiones en perjuicio de su mujer. Recibió diversas penas, que van desde los cuatro años y medio al año de prisión, todas ya cumplidas y en libertad condicional.
“Hola señora Laura, soy el que te va a romper el culo y te voy a matar”, escuchó La Torre el 4 de agosto, cuando atendió una llamada de WhatsApp.
Cuando la mujer denunció el episodio, dijo que no tenía conflictos con nadie, pero “quizás por la actividad pública de su marido la llamaron a ella”.
La Torre denunció que el llamado fue dos días después de que Robles pasara siete horas declarando en el Congreso ante la Comisión de Juicio Político, en medio de varias peleas con diputados del kirchnerismo que lo acusaron de turbio, oscuro, manipulador y mentiroso, y que buscaban evidencias para sostener una acusación contra el juez Rosatti.
Asimismo querían vincular a Robles con una supuesta maniobra para anticipar al exministro D’Alessandro el fallo que iba a sacar la Corte Suprema por la coparticipación federal en contra del Estado nacional y en favor de la Ciudad.
Esos supuestos mensajes entre ambos, sobre los que le preguntaron a Robles, no fueron considerados pruebas válidas para la Justicia, por su origen ilegal, obtenido mediante el hackeo del celular del exministro.
Tras la denuncia de La Torre, la Justicia porteña investigó el caso y la Unidad de Cibercrimen estableció que el número de donde partió la llamada amenazante pertenece a Hugo Orlando Carmona, con domicilio de facturación en la calle Cacique Allayme, en San José, provincia de Mendoza.
Un informe del Registro Nacional de Reincidencias estableció que Carmona fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por venta de drogas en 2013, que fue declarado entonces reincidente; se le dio la libertad asistida pero en 2020 fue condenado además por amenazas y lesiones leves reiteradas, calificadas por el vínculo, cuando golpeó a su exmujer.
Según el expediente, le dio dos trompadas en la cabeza, la tiró al piso y le dijo: “Esta noche te voy a sacar al vuelo, voy a mandar a que te hagan recagar”. Carmona acordó por esos hechos una pena de seis meses de cumplimiento efectivo.
Otro de sus antecedentes señala que en febrero de 2022 fue condenado a un año de prisión por haber robado una garrafa de 10 kilos, luego de escalar una pared en una vivienda en Guaymallén, Mendoza.
“Un típico caso de una persona sin formación, de bajos recursos y antecedentes criminales, que pudo ser reclutada por pocos pesos como mano de obra para este trabajo”, dijo uno de los investigadores del caso.
La Torre denunció las amenazas y se presentó como querellante ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. El caso fue judicializado y está siendo investigado por la Fiscalía Penal y Contavencional Nº 7, a cargo del fiscal Matías De Sanctis.
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