El jefe de los fiscales pidió apartar y echar a los jueces que liberaron a Chocolate
Conte Grand requirió un jury contra los camaristas Benavides y Villordo
Hernán Cappiello
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pidió el jury de enjuiciamiento y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los dos camaristas platenses que anularon la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con fondos de la Legislatura bonaerense y que liberaron al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau. La polémica liberación fue luego revocada, por lo que el sospechoso volvió a prisión.
Conte Grand pidió además que, de inmediato, los jueces sean apartados preventivamente.
Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de un cajero automático con 49 tarjetas de empleados legislativos. La presentación del jefe de los fiscales bonaerenses fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El pedido se suma a la investigación disciplinaria que realiza la Suprema Corte bonaerense sobre ambos camaristas.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pidió el juicio político y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los dos camaristas platenses que anularon la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con fondos de la Legislatura bonaerense y que liberaron al puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau.
La polémica liberación de Rigau fue luego revocada, por lo que el sospechoso volvió a prisión.
Conte Grand pidió además que, de inmediato, los jueces sean apartarlos preventivamente.
Rigau fue detenido cuando re tiraba dinero de un cajero automático con 49 tarjetas de empleados legislativos.
El caso puso la atención sobre los fondos de la Legislatura provincial, que siempre estuvo sospechada de ser una caja de la política bonaerense. La presentación del jefe de los fiscales bonaerense fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y por funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
El pedido se suma a la investigación disciplinaria que realiza la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre ambos camaristas.
El fallo de Villordo y Benavides fue revocado por la Cámara de Casación bonaerense y la fiscal Betina Lacki volvió a pedir la detención de Rigau, que finalmente se entregó ante la policía, el sábado a la noche, en la comisaría segunda de La Plata.
El escrito de Conte Grand sostiene que el juicio político de los dos camaristas se basa en “su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal”, ya que los dos jueces dijeron que la policía se extralimitó cuando detuvo aRigau porque lo hizo sin razones.
Los camaristas afirmaron eso a pesar de que estaba sacando plata con 49 tarjetas de débito que no eran suyas, tenía en su poder 1.200.000 pesos y se negó a ser identificado y a explicar lo que estaba haciendo en el cajero automático platense.
La denuncia analiza en profundidad la decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un habeas corpus y en ese marco, declararon la nulidad de la actuación policial contraRigauy de todo lo actuado después en la causa.
Fue por eso que se ordenó que el acusado, que figura como electricista de la Cámara de Diputados bonaerense, fuera liberado y que se le restituyeran el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias, que no eran suyas, sino de supuestos empleados “ñoqu is” de la Legislatura a los que les sacaba la plata de sus cuentas.
Los jueces de Casación que revocaron el fallo de Villordo y Benavides, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, dijeron que se excedieron en su competencia y que actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte Suprema e, incluso, la lógica. “Quedó manifiesto con este fallo que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado de la ley”, dijo el procurador en su presentación.
En su sentencia, los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara era palmariamente nula. Los magistrados afirmaron que ello era así porque que los camaristas Villordo y Benavides actuaron“excediendo los límites normativosquede terminan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.
También destacaron que la Cámara actuó por fuera de su jurisdicción porque, según la ley procesal vi gente, la orden de detención dictada por el juez Federico Atencio no podía ser cuestionada mediante un habeas corpus.
El Procurador, a su vez, afirmó que “la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario –canalizado, además, por una vía improcedente–, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”.
Conte Grand afirmó que en la causa se estaba tramitando una excarcelación, con el juez natural, y que con el habeas corpus presentado en la Cámara, se apartó al juez Atencio y “se lo suplantó por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”, es decir, por Villordo y Benavides.
“No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping”, denunció Conte Grand.
Por otro lado, dijo que el fallo de estos dos jueces “ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”.
Por eso, concluyó que “con su voto, los doctores Ben a vi des y Vil lord o han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”. El procurador ofreció pruebas y solicitó al jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso. Ahora, se deberán sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado, que, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, decidirá si avanza con las destituciones.
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Presión de la Justicia para que la Legislatura entregue la información
Recién ayer, la Cámara de Diputados bonaerense remitió los legajos de los 49 involucrados
LA PLATA.– La causa iniciada contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau comenzó ayer una nueva ronda de declaraciones testimoniales en la Unidad Funcional de Instrucciones N° 2. Los investigadores buscan determinar si los titulares de las 49 tarjetas de débito secuestradas en poder del puntero del PJ eran “ñoquis” y deben ser considerados cómplices de una maniobra de defraudación reiterada a lo largo de los años.
La otra opción es que, efectivamente, trabajaran en la Cámara de Diputados bonaerense. Hasta el momento son considerados “testigos”, pero podrían convertirse en imputados.
Todo el proceso de recolección de información se demoró dado que el cuerpo, presidido por Federico Otermín, se retrasó en enviar los expedientes con los legajos originales y los contratos completos de los más de los supuestos empleados, según fuentes judiciales.
Una delegación de la Justicia debió llevar un oficio en persona a la Dirección de Legales de la Cámara de Diputados para que el cuerpo remitiera la documentación, que finalmente fue enviada en un drive.
En una primera instancia, la Cámara de Diputados solo había mandado fotocopias de las carátulas de los legajos. La fiscal Betina Lacki insistió y pidió: “La remisión de copia de contratos y actos de designación” de los titulares de todas las tarjetas secuestradas en poder de Rigau, a quien se lo vincula con el concejal Facundo Albini, del Frente Renovador, aunque el dirigente lo niega.
La fiscalía no se conformó con las fotocopias que mandó la Cámara de Diputados y solicitó que se detalle “a que se refiere cuando en los legajos personales figura bloque político”, como responsable de cada contrato.
Esa documentación es clave para cotejar no solo la veracidad de las declaraciones de los titulares de las tarjetas de débito citados como testigos, sino también para determinar quiénes fueron los responsables de las contrataciones entre las distintas autoridades de los diferentes partidos políticos.
La Cámara de Diputados finalmente envió toda la información exigida en un drive. “No se está demorando nada, se está entregando todo en los plazos que corresponde”, respondieron en la Legislatura bonaerense.
Ahora, la fiscalía revisa la documentación enviada en formato digital para determinar si complace a todos los requerimientos del oficio presentado ante la Cámara de Diputados.
Mientras la fiscal Betina Lacki revisa la nueva documentación, comenzó una nueva ronda de testigos.
Solo uno de los tres testigos citados ayer se presentó a declarar. Se trata de Arturo Ramírez Falcón.
En cambio, Patricio Pascual Pietro y Diego Berón no asistieron a los tribunales penales.
Mañana está previsto que declaren Ágata Solange Plana, Juan Carlos Vallejos y Rubén Alberto Mindivil.
La fiscal buscará determinar cuánto tiempo llevaban todas estas personas como empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y cómo explican que le entregaron sus tarjetas de débito al puntero detenido el 8 de septiembre en el sector de los cajeros del Banco Provincia.
Algunas de las inconsistencias entre los testimonios ya brindados están relacionadas con las fechas: uno de los testigos declaró que este año se le ofreció trabajo y nunca más supo al respecto, pero en las fotocopias de los legajos figura que era empleado de la Cámara de Diputados desde 2016. También hay sospechas sobre las supuestas tarea que realizaban para la Cámara baja: los titulares de las tarjetas son además propietarios de negocios o empleados de otras dependencias.
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La oposición respaldó al procurador
Dirigentes de Juntos por el Cambio respaldaron ayer al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por pedir el juicio político y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los camaristas platenses que anularon la causa del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau
“Felicitaciones a Julio Conte Grand, el procurador bonaerense”, escribió el exsenador nacional Federico Pinedo, quien forma parte de la campaña de Patricia Bullrich.
“¡Avanzamos!”, celebró, a su vez, María Eugenia Talerico, candidata a senadora de Juntos por el Cambio y exfuncionaria de la UIF, la unidad que debería combatir el lavado de dinero.
Talerico, junto a Ricardo López Murphy y Javier Iguacel fueron precisamente quienes enunciaron a Benavides y Villordo por “mal desempeño”.
El mes pasadao, ellos solicitaron a Conte Grand que ordene una instrucción penal preparatoria para investigar “la legitimidad de los contratos y presentaciones del personal de la Legislatura bonaerense”. También, que “oportunamente, y en caso de determinar que existen motivos suficientes, se promuevan las acciones penales conducentes”
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pidió el jury de enjuiciamiento y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los dos camaristas platenses que anularon la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con fondos de la Legislatura bonaerense y que liberaron al puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau. La polémica liberación fue luego revocada, por lo que el sospechoso volvió a prisión.
Conte Grand pidió además que, de inmediato, los jueces sean apartados preventivamente.
Rigau fue detenido cuando retiraba dinero de un cajero automático con 49 tarjetas de empleados legislativos. La presentación del jefe de los fiscales bonaerenses fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El pedido se suma a la investigación disciplinaria que realiza la Suprema Corte bonaerense sobre ambos camaristas.
El procurador bonaerense, Julio Conte Grand, pidió el juicio político y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los dos camaristas platenses que anularon la causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con fondos de la Legislatura bonaerense y que liberaron al puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau.
La polémica liberación de Rigau fue luego revocada, por lo que el sospechoso volvió a prisión.
Conte Grand pidió además que, de inmediato, los jueces sean apartarlos preventivamente.
Rigau fue detenido cuando re tiraba dinero de un cajero automático con 49 tarjetas de empleados legislativos.
El caso puso la atención sobre los fondos de la Legislatura provincial, que siempre estuvo sospechada de ser una caja de la política bonaerense. La presentación del jefe de los fiscales bonaerense fue realizada ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y por funcionarios de la provincia de Buenos Aires.
El pedido se suma a la investigación disciplinaria que realiza la Suprema Corte de Justicia bonaerense sobre ambos camaristas.
El fallo de Villordo y Benavides fue revocado por la Cámara de Casación bonaerense y la fiscal Betina Lacki volvió a pedir la detención de Rigau, que finalmente se entregó ante la policía, el sábado a la noche, en la comisaría segunda de La Plata.
El escrito de Conte Grand sostiene que el juicio político de los dos camaristas se basa en “su patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal”, ya que los dos jueces dijeron que la policía se extralimitó cuando detuvo aRigau porque lo hizo sin razones.
Los camaristas afirmaron eso a pesar de que estaba sacando plata con 49 tarjetas de débito que no eran suyas, tenía en su poder 1.200.000 pesos y se negó a ser identificado y a explicar lo que estaba haciendo en el cajero automático platense.
La denuncia analiza en profundidad la decisión de los camaristas que, sin tener jurisdicción para hacerlo, admitieron y dieron curso a un habeas corpus y en ese marco, declararon la nulidad de la actuación policial contraRigauy de todo lo actuado después en la causa.
Fue por eso que se ordenó que el acusado, que figura como electricista de la Cámara de Diputados bonaerense, fuera liberado y que se le restituyeran el dinero secuestrado y las tarjetas bancarias, que no eran suyas, sino de supuestos empleados “ñoqu is” de la Legislatura a los que les sacaba la plata de sus cuentas.
Los jueces de Casación que revocaron el fallo de Villordo y Benavides, María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini, dijeron que se excedieron en su competencia y que actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñida con la ley, la jurisprudencia de la Corte Suprema e, incluso, la lógica. “Quedó manifiesto con este fallo que los camaristas Benavides y Villordo se habían apartado de la ley”, dijo el procurador en su presentación.
En su sentencia, los jueces Budiño y Mancini entendieron que la resolución de la Cámara era palmariamente nula. Los magistrados afirmaron que ello era así porque que los camaristas Villordo y Benavides actuaron“excediendo los límites normativosquede terminan su capacidad material de conocimiento y, por tanto, sin tener habilitada su jurisdicción”.
También destacaron que la Cámara actuó por fuera de su jurisdicción porque, según la ley procesal vi gente, la orden de detención dictada por el juez Federico Atencio no podía ser cuestionada mediante un habeas corpus.
El Procurador, a su vez, afirmó que “la decisión de los jueces Benavides y Villordo se apartó abiertamente de las constancias objetivas de la causa. A través de un razonamiento arbitrario –canalizado, además, por una vía improcedente–, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular”.
Conte Grand afirmó que en la causa se estaba tramitando una excarcelación, con el juez natural, y que con el habeas corpus presentado en la Cámara, se apartó al juez Atencio y “se lo suplantó por la Sala III de la Cámara de Garantías y Apelación”, es decir, por Villordo y Benavides.
“No debería pasarse por alto que la maniobra de sacar la causa de su juez natural es una actitud propia del fenómeno denominado forum shopping”, denunció Conte Grand.
Por otro lado, dijo que el fallo de estos dos jueces “ha generado una gran conmoción en el tejido social, el que se enfrenta a una decisión que terminaría por invertir las responsabilidades, diluyendo aquella que potencialmente podía caberle al detenido para, en definitiva, cargar las culpas sobre el accionar policial”.
Por eso, concluyó que “con su voto, los doctores Ben a vi des y Vil lord o han reforzado el estado de desconfianza social en la judicatura”. El procurador ofreció pruebas y solicitó al jurado el apartamiento preventivo de los camaristas mientras se sustancie el proceso. Ahora, se deberán sortear seis legisladores abogados y seis conjueces para integrar el jurado, que, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, decidirá si avanza con las destituciones.
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Presión de la Justicia para que la Legislatura entregue la información
Recién ayer, la Cámara de Diputados bonaerense remitió los legajos de los 49 involucrados
LA PLATA.– La causa iniciada contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau comenzó ayer una nueva ronda de declaraciones testimoniales en la Unidad Funcional de Instrucciones N° 2. Los investigadores buscan determinar si los titulares de las 49 tarjetas de débito secuestradas en poder del puntero del PJ eran “ñoquis” y deben ser considerados cómplices de una maniobra de defraudación reiterada a lo largo de los años.
La otra opción es que, efectivamente, trabajaran en la Cámara de Diputados bonaerense. Hasta el momento son considerados “testigos”, pero podrían convertirse en imputados.
Todo el proceso de recolección de información se demoró dado que el cuerpo, presidido por Federico Otermín, se retrasó en enviar los expedientes con los legajos originales y los contratos completos de los más de los supuestos empleados, según fuentes judiciales.
Una delegación de la Justicia debió llevar un oficio en persona a la Dirección de Legales de la Cámara de Diputados para que el cuerpo remitiera la documentación, que finalmente fue enviada en un drive.
En una primera instancia, la Cámara de Diputados solo había mandado fotocopias de las carátulas de los legajos. La fiscal Betina Lacki insistió y pidió: “La remisión de copia de contratos y actos de designación” de los titulares de todas las tarjetas secuestradas en poder de Rigau, a quien se lo vincula con el concejal Facundo Albini, del Frente Renovador, aunque el dirigente lo niega.
La fiscalía no se conformó con las fotocopias que mandó la Cámara de Diputados y solicitó que se detalle “a que se refiere cuando en los legajos personales figura bloque político”, como responsable de cada contrato.
Esa documentación es clave para cotejar no solo la veracidad de las declaraciones de los titulares de las tarjetas de débito citados como testigos, sino también para determinar quiénes fueron los responsables de las contrataciones entre las distintas autoridades de los diferentes partidos políticos.
La Cámara de Diputados finalmente envió toda la información exigida en un drive. “No se está demorando nada, se está entregando todo en los plazos que corresponde”, respondieron en la Legislatura bonaerense.
Ahora, la fiscalía revisa la documentación enviada en formato digital para determinar si complace a todos los requerimientos del oficio presentado ante la Cámara de Diputados.
Mientras la fiscal Betina Lacki revisa la nueva documentación, comenzó una nueva ronda de testigos.
Solo uno de los tres testigos citados ayer se presentó a declarar. Se trata de Arturo Ramírez Falcón.
En cambio, Patricio Pascual Pietro y Diego Berón no asistieron a los tribunales penales.
Mañana está previsto que declaren Ágata Solange Plana, Juan Carlos Vallejos y Rubén Alberto Mindivil.
La fiscal buscará determinar cuánto tiempo llevaban todas estas personas como empleados de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y cómo explican que le entregaron sus tarjetas de débito al puntero detenido el 8 de septiembre en el sector de los cajeros del Banco Provincia.
Algunas de las inconsistencias entre los testimonios ya brindados están relacionadas con las fechas: uno de los testigos declaró que este año se le ofreció trabajo y nunca más supo al respecto, pero en las fotocopias de los legajos figura que era empleado de la Cámara de Diputados desde 2016. También hay sospechas sobre las supuestas tarea que realizaban para la Cámara baja: los titulares de las tarjetas son además propietarios de negocios o empleados de otras dependencias.
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La oposición respaldó al procurador
Dirigentes de Juntos por el Cambio respaldaron ayer al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por pedir el juicio político y la remoción de Alejandro Villordo y Juan Benavides, los camaristas platenses que anularon la causa del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau
“Felicitaciones a Julio Conte Grand, el procurador bonaerense”, escribió el exsenador nacional Federico Pinedo, quien forma parte de la campaña de Patricia Bullrich.
“¡Avanzamos!”, celebró, a su vez, María Eugenia Talerico, candidata a senadora de Juntos por el Cambio y exfuncionaria de la UIF, la unidad que debería combatir el lavado de dinero.
Talerico, junto a Ricardo López Murphy y Javier Iguacel fueron precisamente quienes enunciaron a Benavides y Villordo por “mal desempeño”.
El mes pasadao, ellos solicitaron a Conte Grand que ordene una instrucción penal preparatoria para investigar “la legitimidad de los contratos y presentaciones del personal de la Legislatura bonaerense”. También, que “oportunamente, y en caso de determinar que existen motivos suficientes, se promuevan las acciones penales conducentes”
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