CORRUPCIÓN A TODO NIVEL

Planes: investigan el papel de funcionarios en los viajes al exterior de beneficiarios
La causa cambió de manos en la Justicia; analizan si Desarrollo Social permitió la maniobra

Cecilia Devanna
La investigación que tiene bajo la lupa 160.000 viajes al exterior de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, el programa de asistencia social más grande de la Argentina, cambió de manos en la Justicia y ahora la pesquisa apunta a determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios que permitieron las irregularidades.
La investigación recayó en la fiscalía de Franco Picardi, que pidió una serie de medidas para identificar los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y determinar cómo se permitió el eventual fraude.
La denuncia identificó que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior desde 2020.
Por ahora, el ministerio solo reconoce problemas en algo más de 1100 beneficiarios y su revisión se acota a destinos de lujo o medios onerosos, como la contratación de cruceros, pero no acepta revisar las salidas a países limítrofes de los beneficiarios.
La investigación que tiene bajo la lupa 160.000 viajes al exterior de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, el programa de asistencia social más grande de la Argentina, cambió de manos en la Justicia y ahora la pesquisa apunta a determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios que permitieron las irregularidades.
Luego de haber sido iniciada a modo de investigación preliminar por el fiscal Guillermo Marijuan, el expediente recayó en la fiscalía de su par Franco Picardi. A su vez, la jueza interviniente en el caso es María Servini. Tras quedar a cargo, Picardi pidió una serie de medidas para identificar los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y determinar cómo se permitió el eventual fraude, según informaron fuentes judiciales
La denuncia identificó que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior desde 2020.
Por ahora, el ministerio reconoce problemas en algo más de 1100. Picardi solicitó a Desarrollo Social las normas que regulan el otorgamiento de los planes sociales y a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo de Marijuan, la información sobre los viajes que están siendo investigados.
Con eso en mano, el fiscal quiere identificar a los posibles beneficiados que hayan cometido algún tipo de defraudación al Estado. Pero Picardi quiere también determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quien o quienes debían controlar los planes, según reconstruyeron fuentes del caso a
Cuando trascendió la denuncia, desde el Ministerio de Desarrollo suspendieron a 1163 usuarios a los que detectaron con viajes onerosos, incluso travesías en cruceros. Pero las cifras difieren ampliamente de las que manejan los investigadores judiciales.
La suspensión de los planes se determinó luego de cruzar a los beneficiarios con la información de Migraciones, algo que tiene vedado el ministerio por la protección de datos personles y que recién fue posible, según argumentan, tras la denuncia judicial. “No existe forma de que el Ministerio de Desarrollo Social o ningún otro ministerio conozca la información migratoria de una persona dado que esa información está protegida por la ley de protección de datos personales y no corresponde a nuestro ministerio investigar a las personas. La investigación judicial es la que accedió a levantar ese secreto migratorio y a partir de una denuncia mediática actuamos de oficio”, explicaron.
En el Gobierno aseguraron que nunca fueron informados o consultados por Marijuan y se enteraron de la denuncia por las noticias. También sostienen que “la mera salida del país no amerita incompatibilidad con el plan” y aluden a la situación de muchos extranjeros nacionalizados argentinos.
En el ministerio aseguran que, por eso, se enfocaron en el entrecruzamiento de salidas a destinos onerosos o con pasajes costosos. No revisaron salidas a países limítrofes. Allí aparece uno de los puntos de controversia.
Los números oficiales
La cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz actuó de oficio en el caso para el entrecruzamiento de esos datos; en el momento de confeccionar los padrones para liquidar el mes de octubre, identificó los 1163 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habrían salido del país entre 2020 y 2023 a destinos considerados “onerosos” y fueron suspendidos.
Tolosa Paz detalló que “34 titulares del Potenciar Trabajo registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce Terminal Cruceros Buenos Aires entre 2020 y 2023”. Y que 1129 titulares registraron entre 2020 y 2023 al menos un movimiento migratorio por Paso Aéreo, cuyo destino fue a países no limítrofes (a excepción de Perú)”. Tras lo que agregó que seguirá analizando los datos aportados por Migraciones “para identificar si hubo titulares que hayan permanecido en el exterior en períodos de tiempo en los cuales sus contraprestaciones laborales hayan sido certificadas aun en ausencia del titular”.
A partir de la suspensión se abre un plazo de 30 días para que las personas alcanzadas se acerquen a las Unidades de Gestión, que a nivel general están a cargo del poderoso líder piquetero Emilio Pérsico, que son las encargadas de controlar la entrega y el mantenimiento de los planes, y expliquen su situación. Se trataría así de una operatoria similar a la que se usó cuando tras una denuncia de la AFIP por los planes, el año pasado, se inició una auditoría interna en el ministerio que impuso la validación de las identidades a través de los datos biométricos.
Esa medida, impulsada por Tolosa Paz y resistida por los movimientos sociales, terminó en la baja de más de 155.000 planes sociales. La implementación de datos biométricos podría convertirse en los próximos días en una pieza clave para el correr de la investigación.
La diferencia fundamental entre la cifra de los investigadores y la que maneja Desarrollo Social puso sobre la mesa la situación de muchos beneficiarios en la frontera o de extranjeros de países limítrofes nacionalizados argentinos.
“La Argentina tiene movimientos migratorios que no necesariamente dan cuenta de un indicador de riqueza o de ingresos. Una persona que vive en La Quiaca y cruza al Yazón todos los días, a vender sus productos de agricultura familiar, cruza el paso fronterizo por tierra y vuelve, o va a visitar a un familiar a Paraguay o a Bolivia”, explicó Tolosa Paz. “Lo que estamos buscando es si hay indicadores de ingresos no declarados”, agregó.
El martes, poco después de conocer lo sucedido, el ministro de Economía anunció que, en caso de ser presidente, desde el 1° de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el programa de inclusión laboral.
Según explicó el ministro, a partir de estos cambios, las personas beneficiarias “van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”.

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El Gobierno pasó el manejo de los planes de cooperativas al Ministerio de Trabajo y genera desconfianza en los piqueteros de izquierda
Con el visto bueno de la UTEP, el Potenciar Trabajo dejará de estar bajo la órbita de Desarrollo Social; “Es un ataque a la organización popular en los barrios”, advierte Belliboni
Federico González del Solar
UTEP y Unidad PiqueteraPolo Obrero
La administración de los casi 1,3 millones de planes sociales pertenecientes al Potenciar Trabajo cambiará de manos el año que viene. Horas después de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara el traslado del programa del Ministerio de Desarrollo Social hacia el de Trabajo, surgió el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y las titulares de ambas carteras –Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos, respectivamente– oficializando una medida cuya profundidad y alcance todavía se desconoce, pero que ya es vista de reojo por las organizaciones sociales opositoras al Gobierno.
Hasta enero de 2024, el programa seguirá estando bajo la órbita de Desarrollo Social y dentro de la secretaria de Economía Social, controlada hoy por Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, la organización social afín al oficialismo que administra la mayor parte de los planes. Con el visto bueno de las agrupaciones más cercanas al Gobierno, como Somos Barrios de Pie y el propio Movimiento Evita –todas ellas nucleadas dentro de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)– los planes pasarán a formar parte de Inclusión Laboral, el programa creado por el mismo decreto con el que se anunció el traslado. La capacitación profesional obligatoria para los beneficiarios del plan fue promovida como la principal novedad de una iniciativa que, por el momento, carece de letra chica.
En rigor, la capacitación era parte esencial de este programa de cooperativas que el kirchnerismo creó en 2009 –entonces se llamaba Plan Argentina Trabaja– luego de ser derrotado en las elecciones legislativas por Francisco De Narváez. El plan fue mutando con los años: las cooperativas perdieron espacio, se dejó de pedir contraprestación laboral a los beneficiarios o se les requirió certificados de formación. Mientras, el número de beneficiarios se amplió geométricamente.
“Es un ataque en regla a la organización popular en los barrios. No estamos de acuerdo”, le dijo Eduardo Belliboni El líder del Polo Obrero, una de las voces opositoras más duras dentro del universo de las organizaciones sociales. Luego de reunirse con Pérsico –que cerró el traspaso en una reunión con el ministro Massa– levantó la guardia y manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista.
Eduardo Belliboni en el Ministerio de Desarrollo Social
“Tiene muy poco para explicar [Pérsico]. Fue una decisión un poco de campaña electoral, un guiño a la derecha que quiere hace mucho golpear a las organizaciones sociales que trabajan en los barrios”, insiste Belliboni. “Están planteando una especie de capacitación como si las personas no estuvieran capacitadas. Lo que falta es trabajo. Es una nueva maniobra, un refrito de todos los programas anteriores con nombres parecidos y ninguno funciona”, sostiene y agrega: “No es ningún puente al trabajo. La posibilidad de que hay trabajo tiene que ver con el desarrollo de la economía, no se maneja con un decreto”.
Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur, una de las organizaciones sociales opositoras que administra planes Potenciar, es más cauta, pero también mira con desconfianza la resolución del oficialismo. “Lo único que tenemos es lo que se publicó”, explica, en alusión a los pocos detalles que se conocieron en torno a la medida. ”Si es bueno o es malo habrá que verlo en la reglamentación. Hay una zona gris con una serie de cuestiones. A priori es importante que se ponga el eje en crear puestos de trabajo. Pero es eso lo que va hacer que bajen los planes sociales”, sugiere, sin ocultar sus dudas sobre la implementación del nuevo programa y sin dejar de destacar la importancia de que el próximo gobierno fortalezca tanto a las “pequeñas y medianas empresas”, como a las “economías regionales”.
Los dirigentes ligados al oficialismo, como el secretario general de Somos Barrios de Pie, Daniel Menendez, respaldan la medida impulsada por Massa, aduciendo que el ministerio de Trabajo es el “lugar natural” para la administración de programas que tienen como norte un empalme con el empleo formal. Antonio Gramajo, que remplazará a Estaban “Gringo” Castro en la conducción de la UTEP, sostuvo: “Abordar este tema desde el Ministerio de Trabajo, reconociendo la economía popular como un actor económico que produce y trabaja, tal cual lo determina la ley de emergencia social votada por unanimidad en ambas cámaras [en 2016], es el camino correcto para encarar una solución integral”.
“Mayoritariamente, vemos que las organizaciones están de acuerdo con que se pase a Trabajo, hay que terminar de discutir la nueva reglamentación y la UTEP debe ser parte de ese proceso”, le dijo Gramajo a este medio.
El programa Potenciar Trabajo -que volverá a cambiar de nombre si Massa accede a la Presidencia- otorga un sueldo atado a la Salario Mínimo, Vital y Móvil y tiene como contraprestación, en los papeles, una jornada de cuatro horas de trabajo. La iniciativa, que no modifica los aspectos estructurales del programa, busca poner el énfasis en la capacitación profesional de los beneficiarios, que volverá a ser obligatoria.
“Las personas del Potenciar Trabajo, ese universo de 1.200.000 personas que hoy tenemos en el padrón, 30.000 tienen estudios secundarios terminados, tienen la calificación por lo menos de la educación obligatoria terminada, se están capacitando y necesitamos ampliar esa capacitación para empezar a unir la demanda laboral con las oficinas de empleo y las que organizan las regiones”, justificó Tolosa Paz, titular de la cartera de Desarrollo Social, sobre la medida impulsada por Massa. “Hay que articular aún mejor la demanda laboral con la oferta laboral, y eso no es competencia del Ministerio de Desarrollo social, sino de Trabajo, en el rol que tiene el trabajo, en la capilaridad territorial, en la cercanía que tiene con los parques industriales, todo lo que ocurra en el mundo del trabajo registrado”, agregó.
Emilio Pérsico y Victoria Tolosa Paz
“Todos saben que quiero ser el presidente del trabajo”, dijo Massa en plena marcha electoral, al anunciar la medida el martes pasado. “Uno de los grandes desafíos que tenemos es poder transformar los programas sociales en empleo formal y protegido, por eso estamos poniendo en marcha un decreto que establece que a partir del primero de enero todos los programas sociales Potenciar pasan al programa de Inclusión Laboral [nuevo]. Se lo asocia a las gerencias de empleo y las bolsas de trabajo de cada uno de los distritos”, sostuvo.
Para Belliboni, detrás de la medida se esconde la intención de recortar el poder de las organizaciones sociales. “Es una idea de ir eliminando programas sociales. Es atacar a las organizaciones que tienen un trabajo en el territorio, que con esto se iría disolviendo. Es dar la idea de que la gente es la responsable de no tener trabajo. Por eso los cursos de capacitación, que es lo único que aparece como novedoso. Seguramente tendrán pensado hacerlo con los sindicatos y eso debilite a las organizaciones en los territorios. En los municipios no hay ninguna bolsa de trabajo. No son agencias de colocaciones”, explica Belliboni.
“Es un decreto que sugiere más de lo que dice. Pero nosotros, que estamos hace muchos años tratando con ministerios, sabemos a lo que se refiere. Seguramente en la reglamentación, en los detalles que le falta, que son muy importantes, estará este problema sobre el cual tendremos que pronunciarnos. Por ahora es un decreto que parece más para la campaña electoral que una solución real”, describe y advierte: “Seguramente vamos a tomar medidas”. Unidad Piquetera, que nuclea a las organizaciones sociales opositoras al Gobierno, se reunirá este lunes.

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Gremios y piqueteros bajan el perfil en un intento por atraer al votante moderado
Las organizaciones afines a Massa militarán con una campaña “en barrios, fábricas y plazas del país
Sergio Massa hace campaña en solitario. Al igual que la noche del 22 de octubre, cuando subió al escenario del búnker ubicado en el barrio porteño de Chacarita sin el acompañamiento de ningún dirigente político para festejar su cómodo ingreso al balotaje, el ministro-candidato evita poner al aparato peronista en escena y trata de mostrarse como si fuera el presidente en ejercicio. Atrás quedaron los masivos actos de campaña junto al sindicalismo y los movimientos sociales oficialistas. En su carrera hacia la presidencia, el tigrense busca los votos del centro y apunta a la moderación para captar al electorado independiente, ajeno a las grandes demostraciones de fuerza que forman parte de la liturgia del Partido Justicialista.
Bajo este esquema, y cuando faltan solo dos semanas para la segunda vuelta electoral, los movimientos sociales y sindicales parecieran haber salido de la escena política. Sin grandes movilizaciones y con un bajo perfil, militarán el voto por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) con una campaña “en barrios, fábricas y plazas del país”.
En la misma línea, la cúpula de la CGT se reunió la semana pasada con Antoni Gutiérrez-Rubí, el catalán que se convirtió en el consultor central de la campaña de Massa, quien les sugirió a los sindicalistas que era conveniente desactivar la organización del acto que tenían previsto hacer en Santiago del Estero antes del balotaje. ¿La razón? La estrategia es evitar que el candidato oficialista se muestre rodeado de gremialistas porque se estima que puede ser una foto que no sume adhesiones en este tramo de la pulseada electoral.
La última imagen de unidad entre el sindicalismo y Massa se dio en la Cámara de Diputados durante la media sanción de la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, a mediados de septiembre.
Los movimientos sociales afines al kirchnerismo, en tanto, también se plegaron a esta estrategia. Una de las últimas marchas que coordinaron fue el 20 de septiembre, impulsada por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP-CCC) en todo el país, en el marco del Día del Jubilado. En la ciudad de Buenos Aires, se movilizaron hacia el Obelisco
porteño. Con la presencia de la CTA y otras organizaciones, el MIJP-CCC reclamó “un aumento del monto de las jubilaciones que saque a esa inmensa cantidad de jubilados y pensionados de la indigencia. Creemos que no se resuelve con bonos, porque hoy lo tenés, y mañana te lo sacan”.
En tanto, las organizaciones de izquierda críticas del Gobierno resolvieron este fin de semana, durante un plenario, no apoyar políticamente a ninguno de los candidatos presidenciales que se disputarán la presidencia el próximo 19 de noviembre. “Combatimos a Milei y llamamos a enfrentar la ‘unidad nacional’ de ajuste de Massa contra los trabajadores”, señalaron en un comunicado.
Cuatro días antes de las elecciones generales, las organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera tenían pensado movilizarse para reclamar la entrega de alimentos a comedores populares. Sin embargo, tras una charla con representantes del Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Victoria Tolosa Paz, la protesta se postergó. “Se comprometieron a solucionar el tema”, destacó a una referente del Polo Obrero. No obstante, frente al incumplimiento de esta promesa, así como por la baja de más de 100.000 planes sociales, se prevé que vuelvan a las calles “a la brevedad”.
La campaña
“Mañana [por este lunes] se lanza la campaña en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Axel Kicillof y Julio Alak [el intendente electo] en La Plata”, indicó a Juan Carlos Alderete, la nacion diputado nacional y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en alusión al trabajo casa por casa que encabezarán los piqueteros.
En declaraciones a Télam, varios dirigentes anunciaron una “intensificación” de la campaña con el objetivo de “dar el empujón final y llevar a Massa a la Casa Rosada”. Los ejes puntales de la participación militante serán, dijeron, la “defensa de la industria nacional y del trabajo de los argentinos”.
El secretario del Consejo de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie, Daniel Menéndez, opinó que en el balotaje que se llevará a cabo en dos semanas “se enfrentan dos modelos de país”. “Vamos a continuar casa por casa, barrio por barrio, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, convocando a cada uno de los vecinos y vecinas a que se acerque a votar”, dijo Menéndez.

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