Retenciones y jubilaciones marcaron el límite para los opositores dialoguistas
Pro, la UCR y el bloque de Pichetto mantienen sus diferencias con el proyecto oficial, que sin sus apoyos no será aprobado en el recinto
Delfina Celichini
Francos protagonizó una serie de negociaciones para destrabar el dictamen
Con negociaciones de último minuto, el oficialismo logró ayer quedarse con el dictamen de mayoría del proyecto de ley ómnibus. A pesar de esta primera victoria legislativa, dos de los bloques que actúan como la llave del quorum para el Gobierno –UCR y Hacemos Coalición Federal– quedaron divididos y se espera que en el recinto el conteo se dé voto a voto en cada artículo. Sin la garantía de contar con la mayoría necesaria para sancionar los puntos nodales del megaproyecto –el incremento de las retenciones y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria–, fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron que esta semana no habrá sesión –pretendían inicialmente que fuera hoy– y analizaban convocarla para el martes próximo.
Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, condicionó la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus en un tuit con tono de advertencia. “Hoy [por ayer] mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
La carencia de adhesiones suficientes quedó expuesta durante el plenario de comisiones, donde el proyecto del oficialismo cosechó 55 votos, aunque con 34 en disidencia parcial. Solo los 19 integrantes de La Libertad Avanza, más José Luis Espert (Avanza Libertad), presidente de la Comisión de Presupuesto, y Paula Omodeo(Creo)firmaroneldictamen de mayoría sin objeciones.
En tanto, en el resto de los bloques el acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo fue parcial y dividió las posiciones intrapartido. Todas las disidencias, no obstante, se concentraron en dos puntos cruciales del proyecto que podrían comprometer el logro del déficit cero, sobre el que el Gobierno cimienta su política económica: la suba de los derechos de exportación para los productos del complejo cerealero y la carne, y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria.
La complejidad de la situación quedó expuesta en el hecho de que hasta ayer a la tarde todavía no se conocía la letra precisa del dictamen por mayoría y tampoco las firmas que quedaron plasmadas en él, un proceso que debería estar concluido antes de la convocatoria a sesión.
En la UCR, ocho diputados votaron en sintonía con el proyecto, aunque con disidencias principalmente en la delegación de facultades, la reforma electoral que aumenta el financiamiento privado de las campañas políticas, así como el paquete fiscal. Los ocho diputados restantes de la UCR, referenciados en Facundo Manes, se abstuvieron y no firmaron ningún dictamen. “Ni por la forma ni por el fondo”, señaló el neurocientífico poco antes del plenario.
Se espera que la división en el partido centenario prevalezca en el recinto y de los 34 integrantes de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo una decena podrían oponerse de plano al megaproyecto. En esa línea, forzarán las modificaciones sobre los puntos que objetaron en la votación particular en el recinto.
El mismo procedimiento adoptarán en la bancada que lidera Miguel Pichetto, donde la heterogeneidad de sus miembros se plasmó en el plenario. De los nueve representantes de este bloque, cuatro –Nicolás Massot (Buenos Aires) y los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Fernando Brugge y Oscar Agost Carreño– adhirieron al dictamen del oficialismo con disidencias, mientras que los tres diputados de la Coalición Cívica –Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto– firmaron un texto propio. La socialista Mónica Fein (Santa Fe) y Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires) también presentaron dictámenes de manera individual.
Se sumaron a las disidencias los 17 diputados de Pro que votaron el texto del oficialismo cohesionados. Su principal cuestionamiento se enfocó en el aumento de las retenciones agroganaderas. Lo mismo hicieron los tres legisladores de Innovación Federal: los misioneros Yamila Ruiz y Carlos Fernández, y Agustín Domingo, de Río Negro.
Bajo la influencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien apuró las tratativas con los gobernadores para apuntalar las mayorías necesarias para convertir en ley el megaproyecto, tres de los cinco legisladores tucumanos acompañarían la iniciativa en el recinto. Se trata de Elia Fernández, Agustín Fernández y Galdys Medina, quienes responden directamente al mandatario provincial, Osvaldo Jaldo (ver aparte).
Por último, el dictamen de minoría fue de Unión por la Patria, con 45 firmas. No solo perdieron la pulseada en comisiones, sino que ahora el bloque quedó con 99 miembros.
Con negociaciones de último minuto, el oficialismo logró ayer quedarse con el dictamen de mayoría del proyecto de ley ómnibus. A pesar de esta primera victoria legislativa, dos de los bloques que actúan como la llave del quorum para el Gobierno –UCR y Hacemos Coalición Federal– quedaron divididos y se espera que en el recinto el conteo se dé voto a voto en cada artículo. Sin la garantía de contar con la mayoría necesaria para sancionar los puntos nodales del megaproyecto –el incremento de las retenciones y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria–, fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados confirmaron que esta semana no habrá sesión –pretendían inicialmente que fuera hoy– y analizaban convocarla para el martes próximo.
Frente a este escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, condicionó la transferencia de las partidas provinciales al acompañamiento de la ley ómnibus en un tuit con tono de advertencia. “Hoy [por ayer] mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación de que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
La carencia de adhesiones suficientes quedó expuesta durante el plenario de comisiones, donde el proyecto del oficialismo cosechó 55 votos, aunque con 34 en disidencia parcial. Solo los 19 integrantes de La Libertad Avanza, más José Luis Espert (Avanza Libertad), presidente de la Comisión de Presupuesto, y Paula Omodeo(Creo)firmaroneldictamen de mayoría sin objeciones.
En tanto, en el resto de los bloques el acompañamiento al proyecto del Poder Ejecutivo fue parcial y dividió las posiciones intrapartido. Todas las disidencias, no obstante, se concentraron en dos puntos cruciales del proyecto que podrían comprometer el logro del déficit cero, sobre el que el Gobierno cimienta su política económica: la suba de los derechos de exportación para los productos del complejo cerealero y la carne, y la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria.
La complejidad de la situación quedó expuesta en el hecho de que hasta ayer a la tarde todavía no se conocía la letra precisa del dictamen por mayoría y tampoco las firmas que quedaron plasmadas en él, un proceso que debería estar concluido antes de la convocatoria a sesión.
En la UCR, ocho diputados votaron en sintonía con el proyecto, aunque con disidencias principalmente en la delegación de facultades, la reforma electoral que aumenta el financiamiento privado de las campañas políticas, así como el paquete fiscal. Los ocho diputados restantes de la UCR, referenciados en Facundo Manes, se abstuvieron y no firmaron ningún dictamen. “Ni por la forma ni por el fondo”, señaló el neurocientífico poco antes del plenario.
Se espera que la división en el partido centenario prevalezca en el recinto y de los 34 integrantes de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo una decena podrían oponerse de plano al megaproyecto. En esa línea, forzarán las modificaciones sobre los puntos que objetaron en la votación particular en el recinto.
El mismo procedimiento adoptarán en la bancada que lidera Miguel Pichetto, donde la heterogeneidad de sus miembros se plasmó en el plenario. De los nueve representantes de este bloque, cuatro –Nicolás Massot (Buenos Aires) y los cordobeses Ignacio García Aresca, Juan Fernando Brugge y Oscar Agost Carreño– adhirieron al dictamen del oficialismo con disidencias, mientras que los tres diputados de la Coalición Cívica –Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Paula Oliveto– firmaron un texto propio. La socialista Mónica Fein (Santa Fe) y Margarita Stolbizer (GEN-Buenos Aires) también presentaron dictámenes de manera individual.
Se sumaron a las disidencias los 17 diputados de Pro que votaron el texto del oficialismo cohesionados. Su principal cuestionamiento se enfocó en el aumento de las retenciones agroganaderas. Lo mismo hicieron los tres legisladores de Innovación Federal: los misioneros Yamila Ruiz y Carlos Fernández, y Agustín Domingo, de Río Negro.
Bajo la influencia del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien apuró las tratativas con los gobernadores para apuntalar las mayorías necesarias para convertir en ley el megaproyecto, tres de los cinco legisladores tucumanos acompañarían la iniciativa en el recinto. Se trata de Elia Fernández, Agustín Fernández y Galdys Medina, quienes responden directamente al mandatario provincial, Osvaldo Jaldo (ver aparte).
Por último, el dictamen de minoría fue de Unión por la Patria, con 45 firmas. No solo perdieron la pulseada en comisiones, sino que ahora el bloque quedó con 99 miembros.
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Con la ley, se pagaría Ganancias a partir de los $1,25 millones
Sería el salario bruto mensual sin cargas de familia; con dos hijos a cargo el piso para pagar sería de $1,42 millones; los montos se reajustarían por inflación; habría nuevas alícuotas
Silvia Stang
XEl jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el ministro de Economía, Luis Caputo, en un anterior viaje a Washington
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para modificar el impuesto que pesa sobre los ingresos personales prevé un piso salarial para empezar a tributar de $1.250.000 en bruto, que equivale a un sueldo neto de $1.053.291, para el caso de un empleado que no declare deducciones por familiares a cargo.
De esa manera, comenzarían o volverían a tener descuentos por esta carga fiscal –antes llamada impuesto a las ganancias y ahora renombrada “a los ingresos personales”– quienes tengan un salario bruto de entre $1.250.000 y $2.340.000 (esta segunda cifra es el umbral actual para la tributación). Ese monto y todas las variables que definen quiénes y cuánto tributan se ajustarían por inflación en abril, julio, octubre y en enero de 2025. Además, el proyecto incluye una disposición por la cual, al hacerse la liquidación final del impuesto de cada período anual (eso ocurre con el sueldo de abril del año siguiente), podrían generarse saldos a favor de los trabajadores; es decir, se devolverían algunos importes.
Por ejemplo, con un salario mensual bruto de $2.340.000 y sin deducciones por familiares, el tributo a pagar sería de $260.791 mensuales. Y si con el mismo sueldo se declaran dos hijos a cargo, el descuento sería de $203.444. Los cálculos, aportados por Florencia Fernández Sabella, del estudio contable Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados, incluyen en la base imponible el monto proporcional del aguinaldo, ya que el tributo sobre esa parte del ingreso se descuenta de manera repartida en todo el año. Y el proyecto exime al aguinaldo de pagar Ganancias solo para quienes tengan una remuneración inferior a $1.250.000. Los montos serían más reducidos si se aplicaran otras deducciones, por conceptos como el pago de salarios de servicio doméstico, de honorarios médicos o de cuotas de colegios.
Conunsueldobrutode$1.300.000, muy cercano al umbral propuesto, un trabajador sin deducciones por familia pagaría un impuesto de $2706 mensuales. Con dos hijos quedaría al margen del tributo.
Deducciones por familia
Para un empleado que deduce dos hijos menores de 18 años, el salario más bajo para estar alcanzado por el impuesto sería, de aprobarse el proyecto, de $1.420.760,5 (un neto de $1.224.051). En tanto, si se trata de alguien que deduce dos hijos y también cónyuge, el menor salario bruto alcanzado sería de $1.590.062 ($1.393.353 en términos netos). Para poder deducir esposa, esposo o conviviente, el familiar en cuestión no debería tener ingresos propios, salvo hasta un monto muy bajo, que por todo 2024 sería de $2.360.829.
La deducción por hijo podría hacerse si son menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la deducción hace que se descuente del ingreso un monto de $92.494 por mes antes del cálculo del impuesto; en el segundo, se deducen $184.988 mensuales.
Para un empleado con un sueldo bruto de $4.000.000 y dos hijos, el impuesto sería de $824.214 mensuales (sin hijos, de $888.960). En el sistema actual, con esa remuneración el tributo es de $647.700, sin importar la situación familiar.
Y con una remuneración de $1.700.000, el descuento sería de $67.441 mensuales sin deducciones, y de $30.983 con dos hijos menores. En el esquema actual, con ese sueldo no se paga el impuesto.
Las deducciones por familiares no rigen en el impuesto cedular vigente, que alcanza a quienes tienen un ingreso de, al menos, el equivalente al salario mínimo, vital y móvil multiplicado por 15 (hoy, $2.340.000), sin diferenciar si la persona tiene hijos a cargo u otros gastos que podrían afectar su capacidad contributiva.
Según el proyecto, volvería también la posibilidad de deducir una serie de gastos, como los de educación de los hijos, los de salarios del servicio doméstico, los de alquiler de la vivienda, cuotas de prepagas y honorarios médicos.
En el esquema actual, en lugar de los aportes a la seguridad social, las deducciones fijadas por ley y las de familiares o gastos, se descuenta del salario bruto, antes de calcular el impuesto, una cifra equivalente a 15 veces el salario mínimo.
El proyecto oficial “tiene una mejor técnica legislativa [que el sistema actual], al eliminar los pisos para tributar y reemplazarlos por la aplicación plena de las deducciones personales” [que son montos que se descuentan del ingreso antes de calcular el tributo y, de esa forma, van determinando el importe alcanzado por la carga], dice César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Mejora en la progresividad
También evalúa que el esquema mejora la progresividad, porque “al empezar a pagar se aplican las alícuotas más bajas”. La progresividad es un rasgo que se fue perdiendo con los cambios de los últimos años.
De hecho, en el ejemplo dado del salario bruto de $1.300.000, se aplicaría la alícuota de 0,5%, que es la más baja de la tabla propuesta.
Fernández Sabella afirma que con la eventual aprobación de la propuesta “volvería a quedar un esquema mucho más ordenado que el de limpuesto a las ganancias”anterior.Loscambios, considera, tendrían en cuenta de manera más adecuada las capacidades contributivas de las personas. “Y se eliminaría la discriminación para quienes no podían ingresar al régimen cedular”, agrega, en relación con que la ley 27.725 deja a un grupo de personas al margen del llamado impuesto cedular y las hace tributar más y a partir de montos mucho más bajos.
Según el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo y, en particular, el Ministerio de Economía, los montos de las deducciones, que definen quiénes tributan, y también los de la tabla de alícuotas, que determinan cuánto se paga, serían actualizados en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. El primer reajuste correspondería en abril próximo, según dice expresamente el texto, y tomaría en cuenta la inflación de noviembre a enero.
Esas actualizaciones trimestrales determinarían el monto de las retenciones de cada mes. Pero está previsto algo más: al hacerse el cálculo final del impuesto anual (por lo general, eso es con el sueldo de abril siguiente), se recalcularía el tributo de todo el período considerando “la actualización dispuesta a octubre”. De allí podría resultar que lo retenido en el año supere el monto del impuesto determinado y, entonces, si se trata de personas que obtienen ingresos solo por su trabajo en relación de dependencia o su jubilación, según aclara el texto, “las retenciones realizadas en exceso, en caso de corresponder, deberán ser restituidas en las modalidades y plazos que establezca la AFIP.”
“Es un beneficio para los asalariados, porque les van a computar deducciones actualizadas en relación a remuneraciones de diferente poder adquisitivo; en la mayoría de los casos habrá devoluciones; podría no haberlas si las remuneraciones del último trimestre son muy superiores a las anteriores”, estima Litvin.
El reclamo de las provincias
“Los montos para empezar a tributar tienen sabor a poco –evalúa el contador–, si se considera que la ley recientemente aprobada fijó un piso de $2.340.000; pero están en línea con la frase ‘no hay plata’ y con la presión de las provincias ante la pérdida de recaudación”.
Ganancias es un impuesto coparticipable (su recaudación se reparte entre la Nación y las provincias). La reforma aprobada en 2023 e impulsada por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en plena campaña electoral excluyó del tributo a muchas personas mejorando su ingreso, pero profundizó distorsiones y no previó una contrapartida por la menor recaudación que implicaría su instrumentación. Apenas vieron resentidos sus recursos, las provincias le reclamaron más fondos al gobierno de Javier Milei (quien, como diputado, votó la ley impulsada por Massa). El Gobierno se negó a un pedido impulsado por el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, quien pretendía que le sacaran a la Anses fondos del impuesto al cheque para derivarlos a las jurisdicciones.
Más allá de las razones, primero políticas y hoy de recaudación, que llevan a las reformas, lo cierto es que el esquema de Ganancias resultó muy distorsionado por la inflación y también por cambios de los últimos años, y requiere de correcciones.
Para Litvin, “la gran asignatura que queda pendiente es la situación de los autónomos”, que seguirían teniendo deducciones más bajas que las de los empleados y jubilados, y el efecto es que pagan más impuesto con igual capacidad contributiva.
Fernández Sabella evalúa que no está mal fijado el piso para pagar el impuesto, pero destaca que una cuestión clave es la definición de cuánto se paga. En ese sentido, sostiene que se podría trabajar más sobre los valores de la tabla.
El proyecto busca disponer que los cambios rijan para todo el ejercicio 2024; eso incluiría los salarios cobrados este mes, aun cuando se habían devengado antes. Litvin dice que los montos que surjan del nuevo cálculo y que no fueron retenidos podrían ser descontados después, pero, advierte, hay un límite para las retenciones del sueldo. “Si lo quieren cobrar, tendría que ser de forma cuotificada”, dice, o podrían considerarse los montos en la liquidación final del impuesto 2024.
Con un sueldo bruto de $2,34 millones y dos hijos menores se descontarían $203.444
Para los tributaristas, lo propuesto le devuelve al impuesto progresividad
Al hacerse la liquidación anual podría devolverse parte de lo retenido
El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para modificar el impuesto que pesa sobre los ingresos personales prevé un piso salarial para empezar a tributar de $1.250.000 en bruto, que equivale a un sueldo neto de $1.053.291, para el caso de un empleado que no declare deducciones por familiares a cargo.
De esa manera, comenzarían o volverían a tener descuentos por esta carga fiscal –antes llamada impuesto a las ganancias y ahora renombrada “a los ingresos personales”– quienes tengan un salario bruto de entre $1.250.000 y $2.340.000 (esta segunda cifra es el umbral actual para la tributación). Ese monto y todas las variables que definen quiénes y cuánto tributan se ajustarían por inflación en abril, julio, octubre y en enero de 2025. Además, el proyecto incluye una disposición por la cual, al hacerse la liquidación final del impuesto de cada período anual (eso ocurre con el sueldo de abril del año siguiente), podrían generarse saldos a favor de los trabajadores; es decir, se devolverían algunos importes.
Por ejemplo, con un salario mensual bruto de $2.340.000 y sin deducciones por familiares, el tributo a pagar sería de $260.791 mensuales. Y si con el mismo sueldo se declaran dos hijos a cargo, el descuento sería de $203.444. Los cálculos, aportados por Florencia Fernández Sabella, del estudio contable Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados, incluyen en la base imponible el monto proporcional del aguinaldo, ya que el tributo sobre esa parte del ingreso se descuenta de manera repartida en todo el año. Y el proyecto exime al aguinaldo de pagar Ganancias solo para quienes tengan una remuneración inferior a $1.250.000. Los montos serían más reducidos si se aplicaran otras deducciones, por conceptos como el pago de salarios de servicio doméstico, de honorarios médicos o de cuotas de colegios.
Conunsueldobrutode$1.300.000, muy cercano al umbral propuesto, un trabajador sin deducciones por familia pagaría un impuesto de $2706 mensuales. Con dos hijos quedaría al margen del tributo.
Deducciones por familia
Para un empleado que deduce dos hijos menores de 18 años, el salario más bajo para estar alcanzado por el impuesto sería, de aprobarse el proyecto, de $1.420.760,5 (un neto de $1.224.051). En tanto, si se trata de alguien que deduce dos hijos y también cónyuge, el menor salario bruto alcanzado sería de $1.590.062 ($1.393.353 en términos netos). Para poder deducir esposa, esposo o conviviente, el familiar en cuestión no debería tener ingresos propios, salvo hasta un monto muy bajo, que por todo 2024 sería de $2.360.829.
La deducción por hijo podría hacerse si son menores de 18 años o si están incapacitados para el trabajo. En el primer caso, la deducción hace que se descuente del ingreso un monto de $92.494 por mes antes del cálculo del impuesto; en el segundo, se deducen $184.988 mensuales.
Para un empleado con un sueldo bruto de $4.000.000 y dos hijos, el impuesto sería de $824.214 mensuales (sin hijos, de $888.960). En el sistema actual, con esa remuneración el tributo es de $647.700, sin importar la situación familiar.
Y con una remuneración de $1.700.000, el descuento sería de $67.441 mensuales sin deducciones, y de $30.983 con dos hijos menores. En el esquema actual, con ese sueldo no se paga el impuesto.
Las deducciones por familiares no rigen en el impuesto cedular vigente, que alcanza a quienes tienen un ingreso de, al menos, el equivalente al salario mínimo, vital y móvil multiplicado por 15 (hoy, $2.340.000), sin diferenciar si la persona tiene hijos a cargo u otros gastos que podrían afectar su capacidad contributiva.
Según el proyecto, volvería también la posibilidad de deducir una serie de gastos, como los de educación de los hijos, los de salarios del servicio doméstico, los de alquiler de la vivienda, cuotas de prepagas y honorarios médicos.
En el esquema actual, en lugar de los aportes a la seguridad social, las deducciones fijadas por ley y las de familiares o gastos, se descuenta del salario bruto, antes de calcular el impuesto, una cifra equivalente a 15 veces el salario mínimo.
El proyecto oficial “tiene una mejor técnica legislativa [que el sistema actual], al eliminar los pisos para tributar y reemplazarlos por la aplicación plena de las deducciones personales” [que son montos que se descuentan del ingreso antes de calcular el tributo y, de esa forma, van determinando el importe alcanzado por la carga], dice César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Mejora en la progresividad
También evalúa que el esquema mejora la progresividad, porque “al empezar a pagar se aplican las alícuotas más bajas”. La progresividad es un rasgo que se fue perdiendo con los cambios de los últimos años.
De hecho, en el ejemplo dado del salario bruto de $1.300.000, se aplicaría la alícuota de 0,5%, que es la más baja de la tabla propuesta.
Fernández Sabella afirma que con la eventual aprobación de la propuesta “volvería a quedar un esquema mucho más ordenado que el de limpuesto a las ganancias”anterior.Loscambios, considera, tendrían en cuenta de manera más adecuada las capacidades contributivas de las personas. “Y se eliminaría la discriminación para quienes no podían ingresar al régimen cedular”, agrega, en relación con que la ley 27.725 deja a un grupo de personas al margen del llamado impuesto cedular y las hace tributar más y a partir de montos mucho más bajos.
Según el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo y, en particular, el Ministerio de Economía, los montos de las deducciones, que definen quiénes tributan, y también los de la tabla de alícuotas, que determinan cuánto se paga, serían actualizados en enero, abril, julio y octubre, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. El primer reajuste correspondería en abril próximo, según dice expresamente el texto, y tomaría en cuenta la inflación de noviembre a enero.
Esas actualizaciones trimestrales determinarían el monto de las retenciones de cada mes. Pero está previsto algo más: al hacerse el cálculo final del impuesto anual (por lo general, eso es con el sueldo de abril siguiente), se recalcularía el tributo de todo el período considerando “la actualización dispuesta a octubre”. De allí podría resultar que lo retenido en el año supere el monto del impuesto determinado y, entonces, si se trata de personas que obtienen ingresos solo por su trabajo en relación de dependencia o su jubilación, según aclara el texto, “las retenciones realizadas en exceso, en caso de corresponder, deberán ser restituidas en las modalidades y plazos que establezca la AFIP.”
“Es un beneficio para los asalariados, porque les van a computar deducciones actualizadas en relación a remuneraciones de diferente poder adquisitivo; en la mayoría de los casos habrá devoluciones; podría no haberlas si las remuneraciones del último trimestre son muy superiores a las anteriores”, estima Litvin.
El reclamo de las provincias
“Los montos para empezar a tributar tienen sabor a poco –evalúa el contador–, si se considera que la ley recientemente aprobada fijó un piso de $2.340.000; pero están en línea con la frase ‘no hay plata’ y con la presión de las provincias ante la pérdida de recaudación”.
Ganancias es un impuesto coparticipable (su recaudación se reparte entre la Nación y las provincias). La reforma aprobada en 2023 e impulsada por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa en plena campaña electoral excluyó del tributo a muchas personas mejorando su ingreso, pero profundizó distorsiones y no previó una contrapartida por la menor recaudación que implicaría su instrumentación. Apenas vieron resentidos sus recursos, las provincias le reclamaron más fondos al gobierno de Javier Milei (quien, como diputado, votó la ley impulsada por Massa). El Gobierno se negó a un pedido impulsado por el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, quien pretendía que le sacaran a la Anses fondos del impuesto al cheque para derivarlos a las jurisdicciones.
Más allá de las razones, primero políticas y hoy de recaudación, que llevan a las reformas, lo cierto es que el esquema de Ganancias resultó muy distorsionado por la inflación y también por cambios de los últimos años, y requiere de correcciones.
Para Litvin, “la gran asignatura que queda pendiente es la situación de los autónomos”, que seguirían teniendo deducciones más bajas que las de los empleados y jubilados, y el efecto es que pagan más impuesto con igual capacidad contributiva.
Fernández Sabella evalúa que no está mal fijado el piso para pagar el impuesto, pero destaca que una cuestión clave es la definición de cuánto se paga. En ese sentido, sostiene que se podría trabajar más sobre los valores de la tabla.
El proyecto busca disponer que los cambios rijan para todo el ejercicio 2024; eso incluiría los salarios cobrados este mes, aun cuando se habían devengado antes. Litvin dice que los montos que surjan del nuevo cálculo y que no fueron retenidos podrían ser descontados después, pero, advierte, hay un límite para las retenciones del sueldo. “Si lo quieren cobrar, tendría que ser de forma cuotificada”, dice, o podrían considerarse los montos en la liquidación final del impuesto 2024.
Con un sueldo bruto de $2,34 millones y dos hijos menores se descontarían $203.444
Para los tributaristas, lo propuesto le devuelve al impuesto progresividad
Al hacerse la liquidación anual podría devolverse parte de lo retenido
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