IMPUESTO INMOBILARIO Y COMEDORES

El impuestazo de Kicillof roza el 300% en boletas del Inmobiliario
Provincia. Aunque la Legislatura bonaerense aprobó subas de hasta un 200%, la quita de algunos beneficios impositivos hizo que la deuda con ARBA se vuelva más abultada
Melisa ReinholdKicillof durante una recorrida en una escuela técnica esta semana
La primera boleta del año del Inmobiliario Urbano llega, en algunos casos, con un aumento de casi el 300 por ciento a contribuyentes bonaerenses. La Legislatura había aprobado un incremento de ese gravamen, pero con un tope del 200 por ciento. Sin embargo, la eliminación de algunos beneficios por buen cumplimiento se traduce, en la práctica, en un alza mayor a la autorizada.
En los últimos días, los vecinos bonaerenses recibieron con sorpresa la boleta del impuesto inmobiliario urbano de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Aunque la legislatura había aprobado aumentos con un tope de 200%, en algunos casos, las facturas llegaron con incrementos cercanos al 300%.
El alza fue confirmada oficialmente, con un matiz: desde ARBA explicaron que ese mayor aumento fue por la caída de beneficios impositivos que rigieron hasta 2023.
A finales de diciembre, la legislatura bonaerense sancionó la ley impositiva 2024. Aunque la propuesta impulsada por el gobernador Axel Kicillof pretendía que el 90% de los contribuyentes tuviera aumentos iguales o menores al 200%, y el 10% restante subas del orden del 300%, el bloque opositor conformado por Juntos (PRO, UCR y CC) negoció que se baje el tope a 200% para los patrimonios más elevados y a 130% el piso, en lugar del 140% propuesto.
Sin embargo, entonces también se decidió discontinuar el descuento a contribuyentes cumplidores. El mismo contemplaba un beneficio del 10% por pago a término y del 10% por adherirse a la boleta electrónica. Es decir, de cumplir ambos requisitos, se podía reducir la deuda en un 20%.
“La bonificación fue una política que definió la provincia el año pasado para generar mayor adhesión al débito automático o a la boleta por mail, para además fomentar el buen cumplimiento. Pero entendimos que estos dos beneficios consiguieron el objetivo que buscábamos, por lo cual no tenía sentido continuarlo”, explicaron desde ARBA 
Eso significó un fuerte golpe al bolsillo de los contribuyentes y explica por qué algunas facturas llegaron este año con aumentos por encima del 200% estipulado por ley. Por ejemplo, una casa que se ubica en la localidad de Pilar pagó el año pasado $27.037 en cinco cuotas bimestrales, mientras que este febrero recibió una cuenta por $102.000. Es decir, un aumento final del 277%.
Otro caso. En octubre pasado, un vecino bonaerense de Beccar recibió una factura de ARBA por $28.540,60: si bien el impuesto era de $35.148,70 (con $421,70 extra por el Fondo Educativo), se aplicó un 10% por pago a término (-$3.514,90) y otro 10% por boleta electrónica (-$3.514,90).
Ese mismo contribuyente recibió este mes una boleta por $108.197,60, de los cuales $106.598,70 correspondieron al impuesto actualizado y $1598,90 al el Fondo Educativo. Aunque el impuesto en sí mismo aumentó un 203,27%, la factura cuesta un 279,1% más revisó media docena de casos similares.
“En un contexto donde todo aumenta, y donde lo único que no suben son los salarios, al gobernador se le autorizó un 200% de aumentos. Y encima, desde ARBA dejaron de aplicar el descuento al buen contribuyente”, dijo la diputada nacional Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica Ari-cambiemos.
La legisladora contó, además, que en los últimos días la diputada provincial Maricel Etchecoin presentó un proyecto de ley en la legislatura para que se aplique siempre este beneficio, “porque no es lo mismo esforzarse para tener las cuentas al día, dejando de consumir determinadas cosas para hacerle frente a la cuota, que no tener el descuento. Realmente los incrementos que llegaron no se explican y están por lo encima de lo estipulado”, afirmó. Campagnoli alertó además sobre las subas en las redes sociales e inició una campaña para revisar las facturas que les llegaron a los contribuyentes.
Los aumentos en el impuesto inmobiliario urbano movilizaron a los vecinos, quienes crearon una petición en Change.org titulada “Exigir a ARBA la revisión del incremento ilegal del impuesto inmobiliario”. Al momento, acumula 15.669 firmas. “¡Hoy vi ARBA y casi muero! La de Talar me la multiplicaron por cuatro y, según salió, no podían subirla más de tres, que ya era un disparate”, explicó una contribuyente. “¿A alguno le vino la boleta de ARBA de Kicillof? Me aumentó más de 300%”, respondió otro.
En diálogo con la nacion, fuentes de ARBA explicaron que “de ninguna manera” se aplicaron aumentos en el impuesto inmobiliario por encima de lo aprobado por la Legislatura. Y señalaron que la suba promedio por este concepto es del 203,5%, el cual “incluye los fondos educativos”.
Según la Ley impositiva, se prevé un tope del 140% de incremento hasta el tramo 4 ($5.054.912 de valuación inmobiliaria), equivalente al 21% de las partidas; del 180% hasta el tramo 8 ($9.310.820), lo que representa el 27% de las facturas; un máximo de 190% hasta el tramo 11 ($17.384.452), que involucra al 28%; y un tope del 200% hasta el tramo 16 ($121.800.000), que abarca al 23% de las partidas.
Por encima de esa escala, que son un total de 30.000 viviendas, se aprobó la aplicación de una “función logarítmica donde los incrementos de aumento libre se reconvierten en aumentos de forma suavizada y progresiva”. En esos casos, sí pueden exhibirse aumentos mayores al 200% del impuesto.
“Suponiendo que un contribuyente pasó de pagar $100 a $300, es un aumento del 200% establecido por la ley. Pero si a esos $100 se le aplicó un descuento del 20% el año pasado, entonces pagó $80. Y, frente a los $300 actuales, es una suba del 275%. Aunque la percepción es que el impuesto aumentó por encima del tope, claramente no es así. Además, la inflación febrero/febrero fue de 280%, así que se estaría pagando el mismo impuesto que el año pasado en términos reales”, remarcaron desde ARBA.
Desde el organismo recaudador agregaron que se puede pedir revisión de boleta en la página web del organismo en la sección “Atención, Reclamos y Consultas”. Además, recordaron que, a partir de la próxima cuota, el ajuste se actualizará por inflación, por lo que hay un “beneficio” para quienes abonen el año completo.
“Ya estaba cubierta toda la inflación con el ajuste de 200% (fue de 211,4% en 2023, según el IPC del Indec). Pero además se arrobaron el derecho de hacer más ajustes durante el año, por lo que son sumamente preocupantes los incrementos que se vienen. Hay que recordar que el impuesto inmobiliario junto con ingresos brutos son dos impuestos esenciales que tienen las provincias para solventar sus gastos. De fondo, esto puede estar ligado a que a las provincias les llega menos dinero del estado nacional. Pero hay que tener en cuenta que el contribuyente no es una vaca lechera y que este tipo de cuestiones pega muy fuerte en los bolsillos”, cerró el tributarista Santiago Sáenz Valiente, socio del estudio SSV y Asociados
Los aumentos en el impuesto inmobiliario urbano movilizaron a los vecinos, quienes crearon una petición en Change.org
Fuentes de ARBA explicaron a la nacion que “de ninguna manera” se aplicaron aumentos por encima de lo aprobado por la Legislatura

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Comedores: limitados por la falta de alimentos solo tienen productos para dos semanas más
Sin asistencia por parte de Nación, muchos de estos espacios cerraron sus puertas, volcando la demanda sobre aquellos que todavía subsisten, pero comienzan a ver límites inminentes
Federico González del Solar
Comedor comunitario de UTEP
“Ya no tenemos nada”. Hasta los primeros días de enero Marcela Juárez manejó un comedor en el partido de Merlo. Junto con una veintena de personas garantizaba una merienda diaria y tres comidas semanales. Fueron ajustando las porciones. Pasaron del gas a la leña. Promovieron algunas ventas para sostener, pero no alcanzó. Su comedor era la rueda de auxilio para más de 100 personas y uno de los tres que la organización William Cooke tenía en el territorio. No hubo donación ni rifa que pudiera reponer la mercadería que falta para su funcionamiento. “No hay plata en la calle. No conseguí nada por ningún lado. Ya no podemos abrir”, explica Juárez. Fin.
Con el objetivo de recortar el poder territorial de las organizaciones sociales e instalar un nuevo esquema de asistencia en los comedores -concluida una auditoría-, el Gobierno discontinuó la entrega de alimentos “secos” apagando algunos de los puntos de una muy ramificada red de contención, que comienza a mostrar signos claros de saturación. Los espacios que siguen asistiendo, sobrecargados por la creciente demanda, recortan los días de asistencia, achican las entregas, y dibujan algunos cálculos.
“Nos queda para 10 o 15 días”, estima Laura Civelli, dirigente de la UTEP, el gremio que nuclea a los trabajadores de la “economía popular”. En el barrio de Constitución tienen uno de sus comedores. Por un gran portón negro se entra a un patio profundo, flanqueado por dos construcciones bajas. En continua marcha, militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) se dividen las tareas que comienzan con las primeras horas de la mañana.
Al calor de 20 ollas –hasta hace poco eran 13- el comedor despacha comida tres veces a la semana para 1700 personas, según afirma Marcos Almada, uno de los encargados. “Son 2400″, corrige, con el cuaderno en la mano. Asegura que muchos de los comedores de la zona cerraron y parte de esa demanda se volcó sobre el comedor de la UTEP. “Estamos como en la pandemia”, grafica Civelli, en alusión a la asistencia que reciben.
Comedor comunitario de UTEP.
Allí, recuentan, administran y estiran lo último que queda de los recursos recibidos a fines del año pasado. Es dinero que el exMinisterio de Desarrollo Social -hoy degradado en Secretaría- bajó a través de convenios a algunas de las organizaciones sociales con el objeto de paliar la urgencia alimentaria y enmendar un problema estructural que heredó la nueva administración: la reticencia de los empresarios a iniciar procesos con un Estado que demora en sus pagos en un contexto de alta inflación.
Es la solución que la última gestión encontró para sortear los tiempos del Estado y no cortar con la entrega de alimentos. Algunas organizaciones lo recibieron en octubre, otras en noviembre. Es lo que, según Civelli, se acaba en algunos días, y parte del desmanejo denuncia el nuevo Ministerio de Capital Humano. “Más del 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia que recibían”, apuntan.
Este viernes, luego de no poder abrir el miércoles, el comedor recibió un nuevo aluvión de vecinos que entre las 11 y las 15 formaron dos largas y sostenidas filas. Por momentos, tocaban las esquinas de la calle Pedro Echagüe. De un lado, se estiraba la hilera de quienes llegan con algún tipo de recipiente para volver con la comida a sus hogares. Del otro, formaban aquellos que reciben una “bandejita” y se acomodan en el alfeizar de alguna ventana, se sientan en el cordón de la vereda, o comen parados.
Comedor comunitario de UTEP.

“¿Hay una ducha libre?”, pregunta, a los gritos, un visitante desde la valla que ordena el ingreso al comedor por el portón. La asistencia no se agota en lo alimentario. El espacio cuenta con peluquería, un centro de primera escucha, una oficina para encauzar trámites, guardería, apoyo escolar y ambulancias con enfermeros. En noviembre del año pasado, la UTEP, que cuenta con casi medio millón de afiliados –la UOCRA, por caso, tiene 800 mil-, celebró sus primeras elecciones y coronó a Alejandro “Peluca” Gramajo como su nuevo secretario general. Hubo acuerdo y presentaron lista única. “Nosotros queremos orden. Está todo bien con la auditoría, no estamos en desacuerdo”, explica un dirigente. “Busquemos los mecanismos que hagan falta, pero ordenemos la entrega. Orden”, repite.
Con todo, las organizaciones sociales miran de reojo la iniciativa “tarjeta” que busca implementar el Gobierno. Es que la medida se cimenta sobre un axioma: debilitar a las organizaciones para eventualmente hacerlas a un lado. Por fuera de ese objetivo, distintos dirigentes observan un problema al resaltar una ley del mercado: atomizar la compra de alimentos en los comedores comunitarios –tal como promueve el Gobierno con la tarjeta– reduce la cantidad de comida que se puede comprar. “Es compra minorista”, señala un dirigente. Es lo que sucede, explican, con los convenios que otorgó el Gobierno anterior. Además, por lo bajo, algunos reniegan de la sobrecarga administrativa que supone el proceso de compra.
Comedor comunitario de UTEP.
Almada, uno de los tres encargados del comedor de Constitución, concluyó su labor por la tarde y partió en su Berlingo camino a la costa. Se fue para Las Toninas, a otro comedor que ofrece alimento a los que emprenden tareas de limpieza y cuidado de la playa. “Todos hacemos un poco de todo”, explica. Entre las ocupaciones diarias, se encuentra la tarea de apagar las tensiones que la espera y los lugares de la fila despiertan en los que asisten al comedor. “Son las mañas de la calle”, desliza un referente.
Sin asistencia
Entre el barrio la Prosperidad y el complejo “Los privilegiados”, se encuentra Manitos Unidas, un merendero que atiende una vez en la semana en el partido de Berazategui.
“Andrea x 6; Daniela x 4; Mirta x 7″, reza el registro que lleva Romina Mereles González de los asistentes y las raciones que llevan. Con ese cuaderno se planean las compras y las entregas, al tiempo que se monitorean las necesidades del barrio. Hace unos pocos meses, incluyeron a “la gente de Marítimo”, un barrio a 30 cuadras del merendero.
La frecuencia de apertura está atada a la recaudación de la semana: a través de un programa municipal, recolectan cartón, vidrio y plástico para, cuando lo permite el volumen acumulado, llamar al camión para su retiro. El cartón “de primera”, a 50 pesos el kilo, es el corazón del negocio que les permite abrir una vez a la semana, en ocasiones dos.
El merendero Manitos Unidas del Barrio Bustillo, Berazategui, funciona con el trabajo de reciclaje que hacen los voluntarios y algunas donaciones de comerciantes vecinos. No recibe ayuda del estado. Hoy comenzaron a trabajar cerca del mediodía para entregar roscas y mate cocido. Algunas mujeres y muchos niños concurren con la bolsa y el envase vacío.

Las roscas de Manitos Unidas
Las encargadas del merendero, militantes del Movimiento Evita, desmienten los señalamientos recurrentes de otras agrupaciones sociales: que el Evita, por sus terminales políticas con el gobierno anterior, siempre recibió más y mejor mercadería. Aseguran que hace un año y medio no tienen auxilio del Estado y que se autosustentan con el negocio del cartón y el apoyo de los comercios barriales. Cuando no se puede abrir siquiera una vez, cada una de las que puede pone mil pesos para sostener la entrega semanal.
Este viernes ofrecieron “roscas”: una masa de harina, cebo y azúcar que fritan en aceite. En 17 minutos entregaron todo lo que planifican desde la mañana entre 8. De tanto en tanto, si pueden superar el guiso, ofrecen una comida. “Tratamos de que sea distinta a la de la casa. Una vez hicimos empanadas”, recuerda González. ”Por como estamos, ahora sí deberíamos pedir ayuda al municipio”, considera.

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