A 48 AÑOS DEL GOLPE ¿?¿?¿?¿

Investigan los pagos a víctimas de la dictadura
El ministro Cúneo Libarona dijo que se detectaron “bandas” que presuntamente falsificaban reclamos; se analizan 900 expedientes y una auditoría de la Sigen alertó sobre la falta de control y posibles pagos por duplicado
Camila DolabjianLa Sigen auditó a la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en la ex-ESMA
Un día después de que negara la cifra de 30.000 desaparecidos, el Gobierno reveló que impulsa una investigación para determinar si durante la gestión del kirchnerismo se duplicaron pagos de indemnizaciones a víctimas de la última dictadura por falta de control de esos procesos. El Ministerio de Justicia tiene en estudio 900 expedientes en los que se detectaron irregularidades, como el pago a un homónimo o a personas inexistentes.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, recibió este fin de semana una información sensible. Cuando faltaban horas para el Día de la Memoria, que conmemoró 48 años del último golpe militar, sus equipos detectaron entre 15 y 20 juicios en los que se procesó a “bandas” que presuntamente falsificaban documentos y testimonios para hacer pedidos de indemnizaciones relativos a las leyes de reparación por desapariciones o nacimientos en cautiverio durante la dictadura. En paralelo, accedió a la la nacion auditoría del gobierno de Javier Milei sobre la gestión kirchnerista en el Ministerio de Justicia, donde se postula la posibilidad de que se hayan realizado pagos por duplicado de indemnizaciones a raíz de la “inexistencia de controles”.
Tanto la auditoría como las supuestas “bandas” apuntadas por el Ministerio de Justicia se conocen un día después de que el Gobierno negara la cifra de 30.000 desaparecidos, reclamara justicia para las víctimas de los grupos guerrilleros de los 70 y saliera decididamente a confrontar con el kirchnerismo al exigir una memoria “completa” sobre la última dictadura y los crímenes de lesa humanidad.
Consultado por la nacion, Cúneo Libarona dijo: “Las denuncias se iniciaron antes y estamos impulsándolas, nos vamos a poner en un rol de querella. Voy a pedir embargos y decomiso de bienes. Son entre 15 y 20 bandas y debe haber muchos más. Todavía tengo tres cuerpos más de expedientes para leer. Estamos readecuando la estrategia”.
Fuentes oficiales aseguraron que existen 22.000 juicios por leyes reparatorias y que se están revisando 900 expedientes, que corresponden a los que fueron firmados en el último año por el exministro Martín Soria y Horacio Pietragalla Corti, exsecretario de Derechos Humanos, denunciado ayer por Patricia Bullrich (ver aparte). Según el análisis al momento, se detectaron irregularidades como el pago a un homónimo e indemnizaciones a personas cuyos expedientes no aparecen.
En 2019, el militar retirado José D’Angelo hizo una denuncia en la que alegó que se habían realizado pagos a desaparecidos que no fueron tales. Dos años después, el juez que entendió en la causa, Ariel Lijo –ahora nominado por el Gobierno para ocupar un asiento en la Corte Suprema–, ordenó al Ministerio de Economía remitir los nombres de los que recibieron una indemnización y los montos abonados para comprobar si efectivamente 13 casos no correspondían. El listado no trascendió. Los casos que se mencionaron en la presentación judicial totalizaban pagos por US$2,4 millones.
A su vez, y con respecto a la falta de control y la posibilidad de que se hicieran pagos de indemnizaciones por duplicado en caso de sustitución de identidad, la Sigen destacó en el informe sobre el Ministerio de Justicia: “Inexistencia de un área que controle y certifique la inexistencia de pagos previos incompatibles con los beneficios de la ley N° 25.914 en el proceso de otorgamiento y pago de los beneficios establecidos por dicha ley, lo que genera el riesgo de pagos duplicados”.
La norma a la que se refiere es la que establece beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de libertad de sus madres o que, siendo menores, hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que hayan estado desaparecidos por razones políticas, con alcance a víctimas de sustitución de identidad. Las indemnizaciones económicas y pensiones están delineadas en seis leyes que aplican sobre desaparecidos, exdetenidos y sus hijos, entre otros.
El problema es general, según la información oficial. Se detectaron “debilidades de control interno en el otorgamiento, seguimiento y control de los subsidios, aportes y transferencias otorgados por el Ministerio de Justicia”. La auditoría encargada por el Gobierno informó que no existían convenios en donde se definieran las áreas responsables de la verificación del cumplimiento del objeto del subsidio y de la revisión y aprobación de sus rendiciones de cuentas, la ausencia de un reglamento para los procedimientos específicos de seguimiento, control y aprobación de sus respectivas rendiciones, y la existencia de rendiciones de cuentas pendientes de presentación por parte de los beneficiarios.
Las irregularidades de control respecto de indemnizaciones se expandieron a otros fondos, como el de asistencia directa a víctimas de trata. Se detectó la “inexistencia de Convenios de Confidencialidad suscriptos por el personal de las áreas involucradas y ausencia de interacción con el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal”. Por otra parte, la Sigen señaló que “el funcionamiento del Fondo Fiduciario resulta oneroso [...] habiéndose constatado que los gastos de administración del fondo superan ampliamente a los montos de beneficios otorgados a las víctimas”.

Uno de los puntos más llamativos destacados por la Sigen son las debilidades de control interno en el área de Tesorería, en donde advirtieron retiros de fondos bancarios en efectivo registrados “con excesiva demora de tiempo”. También la falta de recuento diario de efectivo al finalizar la jornada laboral y de arqueos de fondos y valores con la participación de otras áreas como práctica de control cruzado, y la detección de importantes montos en efectivo en poder de dicha área, que se conservan por un tiempo prolongado sin su debida justificación, con el riesgo que ello trae aparejado a su integridad y seguridad.
Consultó al exministro la nacion de Justicia Martín Soria respecto de estas debilidades, pero no recibió respuesta.
Durante la campaña, Victoria Villarruel había asegurado que tenía en sus planes impulsar una auditoría sobre las indemnizaciones que pagó el Estado a las víctimas de la dictadura y dijo que se haría desde el Ministerio de Justicia. Los informes en manos de Cúneo Libarona apuntan en ese sentido.
Ayer por la mañana, en tanto, el Gobierno volvió a dejar en claro que está a dispuesto a mantener abierta la confrontación con el kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos. “Queda claro quiénes están del lado de la democracia y quiénes del lado de enfrente”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, consultado sobre la frase de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, quien había reclamado hacer “algo para que cambie o que se vaya rápido” el Presidente.

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Lejos de 30.000, la Conadep registró 8961 desaparecidos
El informe lo encabezó Ernesto Sabato en 1984; los informes de la etapa kirchnerista contabilizaron un número inferior de víctimas

Mariano de VediaLa marcha de organizaciones de derechos humanos
Pese a que cada año se reactiva la polémica por la reivindicación del número de 30.000 desaparecidos, las estadísticas oficiales –realizadas incluso durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner– ponen en duda es afirmación.
Mientras el informe de la Comisión Nacional de Personas (Conadep), constituida por el gobierno de Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sabato, registró 8961 desaparecidos (solo recibía denuncias por desconocimiento de paradero), el informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, contabilizó 7089 casos de desapariciones y 1299 muertos. Un total de 8368 víctimas.
El tercer y último cómputo oficial es el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), confeccionado en 2015, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Dio un resultado inferior a los dos registros anteriores: 8631 víctimas (7018 desaparecidos y 1613 muertos).
En los tres relevamientos, basados en la recepción de denuncias y, en algunos casos, la recopilación de causas judiciales, figuran como desaparecidos o víctimas del terrorismo de Estado personas caídas en enfrentamientos con fuerzas militares o policiales, e, incluso, en acciones guerrilleras, como el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Monte 29 de Formosa, en octubre de 1975. Varios militantes de Montoneros caídos en esa operación figuran en los listados oficiales y, además, cobraron indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado.
En todos los informes se recepcionaron casos registrados a partir de 1967. No solo se computan las víctimas de la dictadura militar que se inició el 24 de marzo de 1976. Se tuvieron en cuenta, por ejemplo, las personas caídas en atentados de la Triple A, la agrupación parapolicial atribuida a José López Rega a partir de fines de 1973, durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
El contexto histórico
El propio líder justicialista reaccionó enérgicamente al ataque perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul, en enero de 1974, en un mensaje transmitido por cadena nacional, al llamar a “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”.
Un número diferente aporta el Parque de la Memoria de la Ciudad, donde se registran casos de víctimas del terrorismo de Estado, pese a que incluye nombres de personas que realizaron ataques guerrilleros en democracia. Registra un total de 8751 muertos y desaparecidos.
Los casos ponen en duda el número de 30.000 desaparecidos, como también lo viene haciendo el exdirigente montonero Luis Labraña, quien en el spot oficial del Gobierno difundido el domingo declara “haber inventado” esa cifra para maximizar el impacto y contribuir a la llegada de las organizaciones de derechos humanos a sectores políticos influyentes en Europa.
Más cerca de los 30.000, un informe de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet en Chile, advertía a su gobierno que en el Ejército argentino se admitía un cálculo estimativo de 22.000 víctimas como resultado de la represión entre 1975 y 1978, según documentos desclasificados que se conocieron en Estados Unidos. Pero ni los gobiernos argentinos ni la Justicia durante la vigencia de la democracia tuvieron en cuenta esta versión.

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