EL ESCENARIO, SENTENCIA Y ENCUENTRO

Milei y los empresarios: elogios en público, dudas en privado
José Luis Brea
Los ministros de Economía lo saben. Hay una variable aún más difícil de controlar que la inflación y es la credibilidad. Lo sabe también el Gobierno, que, tras los primeros acercamientos con empresarios en Davos y en el viaje presidencial a Roma, volvió a poner el foco en ellos para que den el primer paso hacia la recuperación económica. “Pónganse optimistas, lárguense, no nos quedemos de brazos cruzados”, arengó el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Un día más tarde, los líderes del G-6 recibieron un mensaje parecido de boca del Presidente: dejen de especular con una nueva devaluación brusca, que no habrá, bajen los precios y empiecen a invertir. En otras palabras: “crean”.
Pero la confianza no es algo que se pueda imponer por decreto o resolución. Son los empresarios los que tienen que empezar a mover la rueda de la economía con inversiones en un mercado que por ahora se encoge.
Hay un dicho anglosajón: “Pon el dinero donde está tu boca”. Por ahora, más allá de algunos elogios públicos y de la afinidad que sienten con las ideas de Javier Milei, son pocos los que creen que estén dadas todas las condiciones para hacerlo. No lo expresan abiertamente, porque pese al entusiasmo genuino que les despiertan las reformas que busca el Gobierno, deberían exteriorizar también sus reparos y nadie quiere quedar expuesto a la ira del Presidente en las redes sociales.
La falta de incentivos a la inversión, las asimetrías impositivas, la continuidad del cepo y la ausencia de crédito, todo en medio de un escenario aún incierto, son trabas que enumeran en privado para explicar por qué les cuesta “largarse”, y que se suman a las de índole política, como las dificultades del Poder Ejecutivo para pasar sus proyectos por el Congreso, alcanzar consensos con los gobernadores o lidiar con la situación social. Caputo acaba de relativizar esas dudas; sugirió que muchas son en realidad lugares comunes. “La gente es hoy la nueva gobernabilidad”, propuso, como garantía de que el Gobierno avanzará con o sin el respaldo de la política tradicional.
No todos lo ven así. “La gente alcanza para ganar las elecciones, pero no para convencer y ganar la confianza de los inversores”, dice uno de los integrantes del G-6 ante la consulta de la nacion. A las idas y venidas de la “Ley de bases” y el incierto devenir del DNU desregulador, el Gobierno contrapone la popularidad de Milei. No obstante, un modelo plebiscitario, apoyado sobre pilares tan volubles como la opinión pública, difícilmente atraiga inversiones que requieren años de previsibilidad. Con ventas en caída y capacidad ociosa en las fábricas, son muchos los que prefieren esperar.
“Los veo un poco ingenuos”, contesta el CEO de un grupo nacional de primera línea cuando se lo consulta sobre el gobierno libertario. “¿Cómo saben que todo va a ser como ellos piensan si yo no sé qué va a pasar el mes que viene? Los demás también juegan. Empresas serias, grandes, sólidas, con presupuestos enormes, le erran bastante”, razona el ejecutivo. “No hay crédito, no hay beneficios fiscales para las empresas como los que dan Brasil, España o Uruguay; no te dan reintegros, no te dan los dólares para importar, ¿dónde está el apoyo a la producción?”, se pregunta otro hombre de negocios. Son, con todo, reclamos que hoy se barren bajo la alfombra; prefieren valorar que –a diferencia del gobierno de Macri– Milei pide acompañamiento luego de haber hecho el ajuste, no antes. “Con un país con 50% de pobreza no podés pedir mucho, simplemente que no nos jodan”, concede.
Los 100 días de gestión encuentran a los libertarios parados en la encrucijada entre los objetivos de largo y corto plazo. Que estos últimos hayan ido avanzando sobre los primeros se explica por la debilidad y el aislamiento político. Obsesionado con las encuestas, el Gobierno tiene la necesidad de mostrar resultados rápidos en la lucha contra la inflación y atemperar la pérdida de poder adquisitivo, las principales preocupaciones de la gente.
La brusca corrección de precios relativos y la caída de ingresos, sin un plan de transición que fuera moderando sus efectos, amenazaban esa estrategia y habilitaron nuevos métodos. Fue en ese punto donde el Gobierno abandonó la neutralidad y convocó a las empresas de consumo masivo para que bajen los precios de lista y no a través de promociones que no impactan en el IPC que mide el Indec. No se trata solo de mostrar una inflación en baja; el objetivo también es desinflar expectativas en las paritarias, otro frente que el Gobierno sigue de cerca en silencio.
Un capítulo aparte es la mejora de las condiciones para la importación de alimentos y medicamentos como herramienta para disciplinar a los fabricantes locales. “Les estás dando a los supermercados un poco más de poder de negociación inmediatamente porque con esto pueden no dejarse presionar tanto por los productores. Esperamos que tenga impacto ya en este mes”, se ilusionan en el Ministerio de Economía.
En el sector privado, en cambio, la ven como una medida más simbólica que efectiva y una señal contradictoria. “Nos dicen que todavía no se pueden bajar impuestos, pero nos ponen a competir con países que tienen menos impuestos que el nuestro”, lamenta un empresario.
El cambio de fórmula para las jubilaciones, que aunque no compensa la licuación no la profundiza, y la decisión de demorar algunos ajustes de tarifas de servicios públicos, de transporte y en los combustibles son parte de la adaptación a esas nuevas necesidades políticas y sociales.
Cuándo abrir el cepo
La salida de los cepos al mercado cambiario y el comercio exterior ha vuelto a instalarse con fuerza como la tierra prometida para el ansiado repunte de la economía y de la inversión. Tanto el líder libertario como su ministro de Economía afirman que es indispensable para lanzar un régimen de libre competencia de monedas que “aniquile la inflación definitivamente”.
Un informe del Ieral compara los requisitos de esa eventual medida con los que precedieron al plan de convertibilidad en 1991. “De lo contrario, habría huida del peso y más inflación”, advierte. Para que eso no suceda habla de dos condiciones fundamentales: contar con dólares suficientes para hacer frente a la demanda inicial sin tener que fijar un tipo de cambio extravagante y una estabilidad económica que haga que los ahorristas se queden en pesos sin necesidad de contar una tasa de interés muy alta que mate el crédito y complique al BCRA. Ahí es donde entran en juego los famosos US$15.000 millones que buscaría el Gobierno mediante préstamos del exterior.
Horacio Tomás Liendo, uno de los padres de la convertibilidad, niega estar asesorando al Gobierno, aunque recomienda una hoja de ruta en la que se declara el curso legal del dólar, se eliminan el cepo y el control de cambios, se deroga el régimen penal cambiario y se modifica la carta orgánica del Banco Central. “También deberían eliminarse el impuesto PAIS y el impuesto al cheque para que el costo transaccional entre monedas sea igual a cero. Si el trabajo en el frente fiscal está bien hecho, el Central solo emite los pesos que la gente demanda; requiere de una gran disciplina y de una mirada de largo plazo”, agrega.
El Gobierno está en pleno desafío de mantener altas las expectativas de salida y, al mismo tiempo, calcular bien para no equivocarse. “Hay que asegurarse de que cuando flotemos no va a pasar nada, que nadie piense que el dólar se escapa”, reconoció Caputo. ¿Quién se atrevería hoy a afirmarlo?

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El Gobierno constituyó una garantía millonaria para apelar un fallo en Londres
Es por el juicio de los cupones por el PBI y la manipulación del Indec; logró que dos bancos emitieran una letra por US$337 millones

Javier BlancoGuillermo Moreno intervino el Indec en 2007
El Gobierno creó ayer por decreto el Fideicomiso Especial de la República Argentina-2024 en Nueva York, con la intención de constituir a través de este instrumento una garantía por US$337 millones.
Así dio el paso previo para estar habilitado a apelar un fallo de la Justicia británica que condenó a la Argentina por el impacto que la manipulación de estadísticas había tenido en el pago de los cupones atados al PBI emitidos junto a los bonos en la reestructuración de 2005 de la deuda y atados al crecimiento de la economía local.
Lo hizo mediante el decreto 277/2024, publicado en el Boletín Oficial, norma por la que aprobó “el modelo de acuerdo de fideicomiso denominado ‘RofA Special Trust 2024” o ‘Fideicomiso Especial de la República Argentina-2024”, en idioma inglés y su traducción al idioma español que obra como anexo del presente decreto y forma parte integrante de esta medida”, rezó su primer artículo resolutivo.
La decisión oficial toma en cuenta lo determinado por el Tribunal de Apelaciones de Londres, que resolvió que la Argentina debía depositar US$337 millones antes del 5 de abril en una cuenta fiduciaria si quería tener la opción de continuar con el juicio que se tramita por el mecanismo de ajuste de los números del PBI y su impacto sobre los “cupones”.
Todo forma parte de la causa “Palladian Partners L.P. and ors vs. The Republic of Argentina and anor (FL2019-000010)”, que inició un grupo de tenedores de estos instrumentos y por la cual el juez Simon Picken declaró al Estado argentino responsable de un pago por más de €1300 millones por el supuesto perjuicio generado a ellos, además de ordenar publicar “una aproximación del PBI en año de precios base 1993 desde 2014 hasta 2034 para aplicar la interpretación de los demandantes sobre las condiciones de pago de los valores negociables”.
A mitad del año pasado (el 30 de junio), el gobierno de Alberto Fernández había solicitado a la Corte de Apelación de Inglaterra permiso para apelar el fallo de Picken.
El 18 de enero último, el juez Stephen Phillips concedió ese permiso, pero hizo lugar a una condición solicitada por los demandantes, representados por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (que tiene entre sus socios a Dennis Hranitzky, el abogado que embargó la Fragata Libertad en 2012), y determinó dos opciones para ello: “Que la República Argentina pague en efectivo la condición en custodia en una cuenta remunerada para que el fiduciario de los valores negociables lo retenga hasta que se resuelva la apelación de la Argentina o que proporcione una garantía en una forma alternativa (como una carta de crédito stand-by), sujeta a que los demandantes y el fiduciario de los valores negociables acuerden dicha modalidad alternativa o, en ausencia de dicho acuerdo, a que la corte lo ordene”.
La señal que deja la respuesta
El Gobierno optó por la segunda opción, según el artículo 2º del decreto publicado ayer, ya que aprueba “el modelo de carta de crédito standby o ‘standby letter of credit’ para otorgar a favor del fiduciario de los valores negociables que obra como anexo II (IF-2024-30505166-APNSLYA#MEC) de la presente medida y forma parte integrante de la misma”.
“En el texto del decreto autoriza la extensión de la jurisdicción a favor de los tribunales estatales y federales de Nueva York. Además, renuncia a objetar la defensa de inmunidad soberana únicamente en relación con la jurisdicción que se amplíe, en los contratos suscritos en el marco de este decreto. Pero lo interesante es que el Rof A Special Trust 2024, creado especialmente para atender este caso, fue constituido bajo ley Nueva York”, explicó Sebastian Maril, director de Latam Advisors.
“¿Eso implica que este fideicomiso podía ser usado para atender otras causas contra el Estado argentino?”, consultó la nacion. “No creo que lo dejen abierto para otros casos; supongo que armarían un fideicomiso similar para empezar a negociar otros fallos. Hay que prestar atención a la estructura: hay dos entidades de Wall Street que toman el riesgo de emitir una letra de crédito por US$330 millones aproximadamente a favor de la Argentina, cuando los mercados internacionales mantienen las puertas cerradas a tomar cualquier tipo de deuda. Hay una señal ahí que no casualmente aparece con el riesgo país en franca caída”, resaltó.
Las entidades internacionales que realizan este tipo de operatoria y accedieron a un pedido del Gobierno para cotizar por constituir un fideicomiso bajo leyes extranjeras y depositar en él el importe necesario “para cumplir con la orden de la condición y solicitar una carta de crédito en favor del fiduciario de los valores negociables” fueron UMB Bank, National Association y Banco Santander

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Caputo se reunirá con Rodrigo Valdés, funcionario del FMI
Continuarán las conversaciones técnicas sobre el avance del programa económico
Rodrigo Valdés


El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá esta semana con Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). La visita del funcionario se dará en el contexto de su participación en el foro IEFA Latam, un seminario financiero que se llevará a cabo hoy y mañana en el hotel Four Seasons.
Valdés, que formará parte del panel inaugural llamado “Una hoja de ruta para la recuperación”, cumplirá con “una práctica habitual”, según fuentes oficiales, en lo que sería una “continuación de las conversaciones técnicas” que vienen llevándose a cabo entre las autoridades argentinas y el personal del Fondo Monetario Internacional. También se reunirá con analistas para mantener el contacto con diversas partes interesadas.
Ya en febrero había llegado al país Gita Gopinath, subdirectora gerente del organismo, quien se reunió con Javier Milei, Caputo y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, además empresarios, sindicalistas y economistas locales.
En su momento, esta visita fue leída como una señal de apoyo e interés por parte del FMI hacia el programa del Gobierno. En su momento, el FMI comentó que la intención era “conocer los difíciles retos económicos y sociales de la Argentina, así como su enorme potencial”.
Además, luego de aquella visita, Caputo también tuvo un encuentro con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en la cumbre de ministros de finanzas del G20, que se llevó a cabo en Brasil
Esta serie de reuniones se da luego de que en enero se llegara a un nuevo acuerdo técnico con el Fondo con el fin de reflotar el programa firmado por la administración anterior, y mientras el equipo económico mantiene negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos y el FMI para conseguir la aprobación de un nuevo programa que permita acelerar el levantamiento del cepo cambiario y avanzar con un esquema de competencia de monedas. La discusión sobre el programa monetario tras la salida del cepo es, sin embargo, una cuestión difícil, ya que el FMI no termina de aceptar el bimonetarismo planteado por Milei.
En Estados Unidos consideran acertadas las medidas que tomó el Gobierno con el fin de encarrilar la economía, aunque mantienen dudas sobre su posible éxito e implementación. Y pese a la precaución del Fondo, han elogiado el nuevo enfoque, tildado de “audaz y ambicioso”, en un giro respecto de la relación que mantuvo con el gobierno de Alberto Fernández, especialmente en el último tramo de su gestión con Sergio Massa como ministro de Economía.
A pesar de esto, ciertas medidas actuales no son bien vistas, como el crawling peg [microdevaluaciones] que mantiene el ancla cambiaria en un 2% mensual, ya que el FMI cree que el BCRA debe acelerar el ritmo devaluatorio del dólar y evitar, así, un salto cambiario brusco.
Además, la idea de que el FMI otorgue dólares adicionales al BCRA se viene planteando desde las últimas entrevistas del Presidente. En las mismas aseguró que podría levantar el cepo si consiguiera la entrada de US$15.000 millones. Sin embargo, hasta ahora el primer mandatario recibió resistencia del Fondo, sobre todo del algunos países que forman parte del directorio del mismo.
En Estados Unidos juzgan acertadas las medidas que tomó el Gobierno

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