EDITORIALES

Fraudes millonarios con los derechos humanos
El indebido otorgamiento de indemnizaciones astronómicas a supuestas víctimas de represión ilegal constituye un escándalo de proporciones históricas
Alarmados ante la exorbitante cantidad de reclamos nacidos al amparo de las llamadas leyes reparatorias para víctimas de la dictadura militar, así como frente a las denuncias por fraudes en su otorgamiento, el Ministerio de Justicia de la Nación ha ordenado detener el pago de indemnizaciones a personas que denunciaron ser víctimas del terrorismo de Estado, perseguir la devolución de las sumas cobradas indebidamente y encarar una amplia auditoría que abarcará tanto los pagos efectuados como los criterios adoptados y las pruebas exigidas actualmente por los funcionarios estatales para la concesión de los millonarios beneficios establecidos en aquellas normas, inexplicablemente vigentes todavía. Al cierre de 2021, se reportaron 7996 casos de indemnizaciones percibidas por familiares de desaparecidos y 14.400 casos de exiliados.
Más allá del descubrimiento de una banda que recaudaba dinero para la formulación de casos falsos, las denuncias judiciales que hoy se tramitan en los juzgados a cargo de Daniel Rafecas y Ariel Lijo demuestran que el Estado viene pagando indemnizaciones millonarias a personas que nunca estuvieron detenidas o desaparecidas; a familiares de abatidos por las fuerzas legales en ataques a cuarteles militares o policiales; a exguerrilleros condenados por asesinatos, atentados o secuestros, y a personas detenidas entonces por delitos comunes, entre muchos otros casos escandalosos.
A estos inexplicables hechos se suma el descubrimiento del pago a extranjeros por detenciones sufridas en el exterior que, no obstante, indemnizó el Estado argentino, o el recientemente descubierto de dos delincuentes comunes uruguayos condenados por el secuestro extorsivo de un gerente de una empresa multinacional, a quienes el Estado argentino les pagó una indemnización de 180 millones de pesos. Uno de ellos vive actualmente en Europa.

La cantidad de casos revela tanto la presencia de una enorme organización criminal en el armado de reclamos fraudulentos o manifiestamente indebidos, como la existencia de funcionarios que autorizaron pagos en los cuales una mínima indagación bibliográfica, judicial o documental hubiera llevado a una decisión contraria al otorgamiento del beneficio. La auditoría que llevará a cabo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hoy a cargo del exjuez de instrucción Alberto Baños, se extendedependiente rá no solo a las pruebas sobre la base de las cuales se abonaron estos episodios escandalosos, sino también acerca de las exigidas para el pago de indemnizaciones a personas por el exilio supuestamente forzado de sus padres. Se trata de personas que, como afirmó el ministro Mariano Cúneo Libarona a modo de ejemplo, exhiben como agravio para recibir una recompensa millonaria del Estado argentino, el haber nacido en París.
Los cientos de casos fraudulentos ya abonados y los miles de dudosos reclamos pendientes son fruto de la vigencia de las denominadas “leyes reparatorias” a casi medio siglo de los hechos. Eso permite la permanente presentación de supuestas nuevas víctimas que guardaron inexplicable silencio durante décadas. Su aceptación y consiguiente reparación da cuenta de una sospechosa ingenuidad en el comportamiento de los funcionarios, al tiempo que la vigencia de estos beneficios otorgados sine die constituye un absurdo legislativo. La auditoría en marcha promete el descubrimiento de otra caja de Pandora que, por la cantidad de indemnizaciones indebidas y la cuantía de sus montos, podría representar uno de los fraudes más grandes sufridos por el Estado argentino en su historia.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Respetar la libertad de prensa
El 3 de mayo fue proclamado el Día Mundial de la Libertad de Prensa por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), junto a asociaciones nacionales de medios de comunicación de nueve países de América Latina y Europa, entre ellos la Argentina, suscribieron ayer en Santiago de Chile la Declaración de Santiago + 30, una exhortación a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.
El libre ejercicio del periodismo demanda garantizar dos condiciones básicas: la protección de la libertad de expresión y el libre acceso a la información, pilares esenciales de la democracia. La prensa libre es una institución imprescindible que se ha destacado como el único instrumento eficaz para limitar los abusos del poder político y para procurar una deliberación pública fundamentada en los hechos.
Sin prensa libre no hay sociedad democrática. Por eso la ola de populismo desatada en el mundo durante los últimos años encuentra un estorbo en el periodismo y en la libertad de expresión. Es fácil para los autócratas presentar a la prensa interroristas como adversaria, acusándola incluso de manipulación cuando nada hay más manipulador que el populismo.
Las relaciones entre la prensa y los gobernantes suelen ser tensas, pues una misión del periodismo es vigilar que quienes ejercen el poder manejen correctamente los recursos públicos, respeten la institucionalidad y no abusen de sus facultades.
Esa libertad de expresión se ha visto amenazada a lo largo de los años tanto por gobiernos militares como democráticos. Basta recordar, por tan solo mencionar algunos casos, la parodia del juicio público contra periodistas llevado a cabo en la Plaza de Mayo en 2009 y los furibundos ataques a la prensa independiente desde el kirchnerismo.
El expresidente Alberto Fernández tampoco dudó en atacar a periodistas y medios de comunicación, denunciando supuestos abusos desmedidos de la libertad de prensa. Tanto fue así que en su último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso afirmó que su gobierno había soportado “una sistemática acción de desinformación” y que muchos de los medios que lo criticaron expresaban “intereses económicos y políticos opositores al Gobierno”.
Alejándose de su proclamada defensa de la libertad, el actual presidente Javier Milei también arremete contra la prensa, asimilándose a sus antecesores en lo que asoma como una peligrosa tendencia. Embiste con demasiada frecuencia contra los periodistas y se enfurece ante cualquier pregunta o análisis que esboce algún nivel de disenso frente a su programa económico. Víctimas de su inconformismo con los medios de comunicación han sido destacados periodistas, tales como Jorge Fernández Díaz, Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, María Laura Santillán y Jorge Fontevecchia, entre otros.
De igual gravedad han sido sus comentarios deseándole la quiebra a una empresa periodística por el simple hecho de que no le satisface su línea editorial. No menos cuestionables fueron sus expresiones cuando afirmó que “los periodistas se volvieron profetas de la verdad a los que no se puede cuestionar” y que “el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”, indebidas generalizaciones frente a las cuales algunos de los afectados ya han confirmado que recurrirán a la Justicia.
La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal. Una prensa activa, vigilante y crítica del ejercicio del poder político es la mejor garantía para impedir excesos o abusos.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA