El Gobierno fracasó en su intento de apurar leyes económicas
El objetivo del oficialismo de firmar el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal naufragó ayer en el Senado por la falta de apoyo del resto de los bloques; debieron postergar el debate hasta la semana próxima
Gustavo Ybarra y Delfina Celichini
Los planes del Gobierno de acelerar la firma del dictamen de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal en el Senado volvieron ayer a frustrarse, luego que desde todas las bancadas de la oposición dialoguista se insistiera con más pedidos de modificaciones a las iniciativas y quedara al desnudo la falta de músculo político de la Casa Rosada y de los senadores libertarios para alcanzar un acuerdo. Esto obligó al oficialismo a pasar para la semana próxima la continuidad de la discusión en comisiones de la Cámara alta.
En un nuevo ejercicio de mala praxis legislativa, el Poder Ejecutivo hizo circular un borrador con una serie de cambios que estaba dispuesto a aceptar con la intención de acelerar la firma de los dictámenes en comisión. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no fue entregada a todos los legisladores, en particular a los que participan de las comisiones que debaten los proyectos y que tienen, con sus firmas, las llaves para abrirles paso a las iniciativas al recinto de la Cámara alta.
El panorama terminó de ensombrecerse cuando desde la oposición dialoguista se siguieron sumando pedidos de modificaciones a las iniciativas ante la mirada azorada de Bartolomé Abdala (San Luis) y Ezequiel Atauche (Jujuy), presidentes de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, respectivamente.
En el debate se escuchan reclamos de modificaciones tan profundas como el planteado por el peronista Edgardo Kueider (Entre Ríos-Unidad Federal), que pidió desguazar la denominada Ley Bases y tratar varios de sus capítulos más polémicos por separado. Hizo especial hincapié en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), casi el corazón mismo del proyecto impulsado por la administración de Javier Milei.
El radical Martín Lousteau (Capital) volvió a la carga con los pedidos de cambios que viene formulando desde hace casi dos semanas. Pero ahora agregó nuevas condiciones, de muy difícil cumplimiento para el Gobierno, como el de incluir en la Ley Bases un capítulo de financiamiento de las universidades y una fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Ambos temas fueron rechazados por el Poder Ejecutivo cuando se discutieron los proyectos en la Cámara baja.
No fueron los únicos que trajeron a la mesa de discusión de la Cámara alta cuestiones discutidas en la Cámara baja. El chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) pidió establecer reglas para que, en caso de privatización, se garantice que Aerolíneas Argentinas mantendrá sus vuelos a destinos no rentables y el sostenimiento de todas las sucursales del Correo Argentino. Además, pidió incluir en la reforma laboral una cláusula que haga voluntarios los aportes sindicales y declarar causal de despido el bloqueo de plantas o fábricas.
Por su parte, la peronista Alejandra Vigo (Córdoba-Unidad-Federal) volvió a la carga con incluir en las iniciativas un porcentaje de corte mayor para los biocombustibles y excluir de las facultades del Poder Ejecutivo para cerrar o rediseñar sus funciones a varios organismos estatales, entre los que incluyó el Incaa y la Coneau.
Ante este panorama y cuando ya no quedaban oradores, Abdala dijo que se iba a pasar a un cuarto intermedio para tratar de buscar un dictamen de consenso ante los gestos de desconcierto de varios senadores.
Entonces, pidió la palabra el fueguino Pablo Blanco (UCR). “Usted dijo que iba a pasar a cuarto intermedio. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta la semana próxima? ¿Hasta junio?”, preguntó, molesto ante la falta de definición del senador oficialista. Fue entonces cuando Abdala terminó por reconocer que esta semana ya no habrá dictamen para el oficialismo. “Calculo que será para martes o miércoles de la semana próxima”, respondió el presidente de Legislación General, poniéndole fin a la tercera semana de debate.
Por la mañana, en un intento fallido de acelerar los tiempos, el oficialismo había hecho circular entre los senadores de la oposición dialoguista un primer borrador de dictamen de los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal que incluiría muchos de los cambios solicitados durante el debate de las iniciativas en comisiones de la Cámara alta.
La intención del Gobierno era apurar ayer un dictamen de ambos proyectos.
Sin embargo, la meta parece complicada ya que los legisladores más activos a la hora de pedir modificaciones, como el radical Martín Lousteau (Capital), aún no tuvieron acceso a la redacción de los artículos que el Poder Ejecutivo habría accedido cambiar y tampoco recibieron.
Además, siguen en rebeldía varios legisladores que no estarían dispuesto a apoyar los despachos de comisión, como el radical Blanco, y la neuquina Lucila Crexell y el santacruceño José María Carambia, quien ni siquiera aparecieron por el plenario de comisiones.
Según los borradores que empezaron a circular, el Gobierno aceptaría excluir a varios organismos públicos de las facultades de intervenir, fusionar o cambiar funciones que le otorgaría el artículo 3 de la Ley Bases. En primera línea, en esa nómina figuran el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Senasa y la Administración de Parques Nacionales (APN), entre otros.
También estaría aceptando cambios en el régimen de blanqueo de activos, excluyendo del programa a quienes hayan sido funcionarios públicos en los últimos diez años, el texto aprobado en Diputados decía 5, y de sus hermanos. Además, se bloquearía el ingreso hasta el año 2038 a planes similares a quienes adhieran al programa, al tiempo que se incrementaría al 20% la alícuota de Bienes Personales a quienes participen del blanqueo.
En el borrador se incluyen cambios en el monotributo social, que el expediente que giró el Senado elimina.
En cuanto al impuesto a las ganancias, habría hasta ahora una modificación para permitir descargar del impuesto el 100% de los intereses de los créditos hipotecarios. En este tema, el Gobierno no aceptó los reclamos de trato preferencial realizado por las provincias patagónicas, por lo que es difícil que pueda evitar que la restitución del impuesto sea eliminada en el Senado.
Confían en que podrán reunir la mayoría necesaria para revertirlo cuando el texto vuelva en segunda revisión e Diputados.
Respecto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se modificará la cláusula que declaraba nula de nulidad absoluta las medidas adoptadas por las provincias que se opongan o vayan en detrimento de los beneficios que otorga el programa y se agregaría una mención a la necesidad de que los emprendimientos fomenten el desarrollo de la cadena de producción local.
El apoyo a la industria local formará parte de los requisitos que deberán cumplir los proyectos al momento de postularse para acceder al RIGI y una cláusula que permitiría rechazar el emprendimiento si este produjeses una distorsión en el mercado local y que los beneficios cambiarios empezarán a regir desde el momento en que se ponga en marcha el proyecto y no desde su inscripción en el programa.
A pesar de la reticencia a acompañar la privatización total de Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino por parte de muchos referentes de la oposición dialoguista, el Gobierno se mostró reacio a dar el brazo a torcer en este punto. No obstante, es probable que en el recinto se fuercen estas modificaciones durante la votación en particular.
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La amenaza de los errores propios y las internas de los aliados
Gustavo Ybarra
La mala praxis y los errores de cálculo de un oficialismo que pretende acelerar a fondo cuando no tiene los votos para hacerlo, más las peleas internas que atraviesan a los restos de lo que fue Juntos por el Cambio, se han convertido en un cóctel explosivo para el gobierno de Javier Milei, que ve cómo desde la oposición dialoguista del Senado empiezan a desguazarle su preciada Ley Bases, al extremo de dejarla al borde del fracaso.
No son los únicos factores que juegan en el tablero de ajedrez en que se ha convertido la Cámara alta desde que los proyectos –además, está la reforma fiscal– fueron aprobados por Diputados el último día de abril. También tienen parte importante en esta historia la feroz y apenas disimulada interna entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los permanentes ataques, aunque un tanto menguados en las últimas semanas, de Milei a la “casta política” de la que depende para sus anheladas leyes.
El pecado original del Poder Ejecutivo fue manejarse en el Senado con el mapa político de la Cámara baja, subestimando el delicado ecosistema político que dejaron las elecciones del año pasado y el peso específico que cada voto tiene en la Cámara alta, sobre todo en las comisiones.
Enojados como están con Villarruel desde la campaña electoral, en los despachos de la Casa Rosada no tomaron en cuenta un dato fundamental y que tiene en la sesión preparatoria del 13 de diciembre pasado su fecha fundacional. Ese día, la vicepresidenta logró sacarle el control del Senado al kirchnerismo a partir de hilvanar una alianza con la oposición, aun cuando tiene solo siete senadores sobre un total de 72.
Sin embargo, aquella fue la construcción de una mayoría circunstancial que un senador peronista del norte calificó de “modular”, que no estaba tallada en piedra y que, por lo tanto, iba a variar según el proyecto que se discutiera. Esto quedó demostrado bien temprano, cuando a fines de enero Villarruel debió resignar su intención de sancionar la ley de boleta única por la negativa de los senadores de fuerzas de Misiones y Río Negro.
Si en aquella oportunidad apenas unos cambios en un par de cláusulas se convirtieron en un obstáculo insuperable, con más razón en el Gobierno debieron calcular que el escenario podría repetirse y hasta multiplicarse con la Ley Bases, que abarca múltiples áreas, que van desde una reforma del Estado hasta cambios en la ley de hidrocarburos, las jubilaciones y las condiciones laborales. Ni hablar de la reforma fiscal y el intento de restituir Ganancias, que puso en pie de guerra a todas las provincias de la Patagonia, que controlan el 25% del recinto del Senado.
A esto se suma la falta de cintura de los senadores oficialistas, que tienen a su cargo ejecutar las jugadas del Poder Ejecutivo. Presionados por Karina Milei y Santiago Caputo, las caras visibles de La Libertad Avanza en este debate, Bartolomé Abdala (San Luis) y Ezequiel Atauche (Jujuy), se vieron atrapados entre los pedidos de acelerar el tratamiento de los proyectos y su falta de gimnasia parlamentaria para llevar adelante un debate tan trascendente. Sus falencias quedaron al desnudo en varias de las reuniones de comisión que debieron encabezar, en las que mostraron una notable endeblez a la hora de defender los proyectos.
Pero no todo es culpa del oficialismo. Las internas no saldadas tras las elecciones del año pasado que atraviesan a la UCR y a Pro también han empezado a jugar un papel importante en esta novela política que ya lleva tres semanas en el Senado.
Es lo que explica la postura de Martín Lousteau (UCR-Capital), que decidió trasladar su pulseada interna con la mayoría de los gobernadores del partido al Senado y exigir cambios en los proyectos. Su postura empieza a generar recelo entre sus correligionarios y también en el oficialismo, que por lo bajo lo acusa de correrle el arco al Gobierno para sumar puntos de cara a los comicios de 2025. En su círculo íntimo, Lousteau sostiene que la disputa no es solo técnica, sino también política e ideológica, y que está dispuesto a pagar el costo de quedar a contramano de su bloque, como lo hizo en la sesión en la que el Senado rechazó el DNU 70/23.
En Pro pasa algo similar con Guadalupe Tagliaferri (Capital), encolumnada con Horacio Rodríguez Larreta y que también quedó a contramano de su bloque, que responde a los mandatos de Mauricio Macri y apoya los proyectos. Aunque ya dijo públicamente que quiere colaborar con la aprobación de las iniciativas, que no se va a convertir en un obstáculo insalvable, la senadora porteña sostiene que no está dispuesta a dejar pasar cuestiones básicas como la habilitación para blanquear bienes en manos de testaferros.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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