La historia del viaje a Brasil que quedó en la mira de los investigadores
Yañez y Mazzina participaron de un encuentro de “mujeres latinoamericanas”; la exmujer de Fernández aseguró que allí le contó a la exministra sobre los golpes
Hugo Alconada Mon
Fabiola Yañez, durante la exposición en Foz de Iguazú
La entonces primera dama Fabiola Yañez y la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación, Ayelén Mazzina, coincidieron en Brasil, la tarde del martes 25 de julio de 2023. Fue en el Rafain Palace Hotel de Foz de iguazú. Allí es donde, según declaró Yañez, le confió a la funcionaria designada por Alberto Fernández que era víctima de violencia de género; Mazzina replicó que eso jamás ocurrió.
Ambas participaban en el Primer Encuentro de integración de Mujeres Latinoamericanas. Organizado por itaipú Binacional, el evento reunió a más de 1400 personas, la mayoría calificadas como “mujeres líderes”, en ocasión del Día internacional de la Mujer negra Latinoamericana y Caribeña. incluyó un cóctel de recepción, presentaciones artísticas y paneles temáticos que comenzaron cerca de las 18.
Mazzina participó en el panel “La importancia de la integración y la cooperación internacional para el logro de los derechos de las mujeres latinoamericanas”, en el que destacó las políticas implementadas en la Argentina para “erradicar las violencias por motivos de género”, según difundió entonces su equipo a través de una gacetilla de prensa. Esas políticas, remarcó entonces Mazzina, formaban parte de “los compromisos políticos de los gobiernos nacionales, populares y feministas como el nuestro, y como lo es ahora el de Brasil”. Es decir, los gobiernos de Fernández y de Luiz inacio Lula da Silva.
Mientras Mazzi nasos tenía en el escenario que“la violencia de género es estructural ”, la escuchaba nYañezy la primera dama brasileña, Rosângela Lula da Silva, además de la entonces ministra de Gestión e innovación de ese país, Esther Dweck, y la presidenta del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, entre otras referentes.
Yañez también brindó un breve discurso durante el evento. De pie, detrás de un atril de acrílico transparente, abogó por una sociedad más igualitaria y celebró la creación del Ministerio de las Mujeres, según posteó entonces en su cuenta oficial de instagram.
“La creación de este ministerio permitió impulsar políticas públicas integrales con alcance federal y una perspectiva de género transversal inclusiva desde una óptica interdisciplinaria, coordinando su implementación con otros ministerios nacionales”, subrayó Yañez, para luego consignar que la gestión que lideraba su marido tenía un objetivo claro: “Mejorar la vida de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo que las mujeres en la política dejemos de ser violentadas, disminuidas, provocadas, injuriadas, juzgadas, víctimas de burlas y de ensañamientos”.
El Ministerio de las Mujeres, en tanto, subió cuatro fotografías de ese encuentro en Foz de iguazú a su cuenta oficial de X, a las 13 horas del día siguiente, 26 de julio del año pasado. En la cuarta imagen, aparece Yañez en el centro, sentada, vestida de negro y aplaudiendo; a su derecha aplaudía Mazzina; a su izquierda, la primera dama brasileña.
Pero el momento decisivo, según el relato de Yañez, ocurrió tras el evento, cuando quedó a solas con Mazzina. “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banco. Y le dije: ‘Tengo que decirte algo’, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se quedó callada. Dijo: ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de las Mujeres”.
Según Yañez, sin embargo, Mazzina “no hizo nada”, aunque tiempo después volvieron a cruzarse. “La encuentro un día, en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté: ¿cómo creía factible que la primera dama se presente ante el edificio que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja, el presidente, para decir lo que estaba viviendo?”.
Sin embargo, Mazzina negó que Yañez le haya confiado los episodios de violencia de género que afrontaba cuando se encontraron en Brasil. “nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama”, posteó Mazzina, el martes, en su cuenta de X. “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar”, añadió, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.
“A mí ayuda no se me pidió. Si hubiera sido así, la hubiera brindado. Primero acompañándola y segundo renunciando a mi cargo porque no sería cómplice de un gobierno hipócrita”, remarcó Mazzina a Página/12 cuando circularon las primeras versiones “La única vez que compartí algo institucional con ella sin el expresidente fue en una conferencia en Brasil invitadas por la compañera de Lula”, precisó. “Fabiola tiene mi teléfono, estoy a disposición de ella como se lo dije, y de la Justicia en caso de ser necesario”.
Ahora, el fiscal Ramiro González, deberá buscar métodos complementarios para verificar las versiones contrapuestas de Yañez y de Mazzina. Desde testimonios de terceros –otros miembros de la comitiva a Brasil, miembros de la custodia, colaboradores de ambas–, a mensajes entre sí o a terceros por WhatsApp o correo electrónico, entre otras opciones. También, eventuales dispositivos electrónicos, como cámaras de seguridad y antenas de telefonía celular.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Piden una pena de entre nueve y 18 años de prisión para Lázaro Báez
Lo solicitaron la fiscalía y la AFIP en un juicio por evasión en Chaco; ocurrió mientras Cristina Kirchner declaraba que el Ministerio Público Fiscal busca favorecer al dueño de Austral Construcciones
Hugo Alconada Mon
Mientras Cristina Fernández de Kirchner afirmó ayer que el fiscal federal Diego Luciani impulsó la acusación en su contra en el caso Vialidad para atacar a todo el peronismo y favorecer a Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones se encuentra, otra vez, contra las cuerdas judiciales. En el juicio oral que afronta en Chaco, la fiscalía pidió que sea condenado a nueve años de prisión. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) duplicó el pedido: reclamó que lo condenen a 18 años.
Báez afronta los dos pedidos de condena efectiva en los tribunales de Resistencia, donde tramita otro juicio oral en su contra por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante los últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner. De ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras investigaciones por lavado de activos, como la “ruta del dinero K”.
El juicio oral que se sustancia en Chaco ingresó ya en su recta final. Tras los pedidos de condena de la fiscalía y de la AFIP, el tribunal oral federal escucha ahora los alegatos de las defensas de los cinco acusados: Báez, su socio y exsenador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani; el expresidente de Austral Construcciones Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos, y Jorge Chueco, el abogado y exadministrador de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani.
Sujeto a prisión domiciliaria en las provincias de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom, a diferencia de Fabio Biancalani, quien sí se presentó para la primera audiencia en la sala dispuesta por el tribunal que integran Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero.
Durante las audiencias, la fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.
“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”, resaltó.
El juicio oral se inició a principios de este año, tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización– con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las ganancias y al valor agregado mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para Báez y Mendoza como para Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, junto a Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez solo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico Nº 3, que debe concretar medidas de prueba suplementarias.
Si Báez es hallado culpable, configurará el delito precedente de otros expedientes
Chaco, eslabón clave
El juicio oral que se acerca a su fin en Chaco se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, en la que Fabio Biancalani continúa como socio minoritario, con el 16% de las acciones.
A pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó en 2020 a Báez y los demás acusados. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones interempresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Para Báez, lo que ocurra en Chaco resultará clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (pena que Casación redujo luego a 10 años) junto a Chueco (seis años), Mendoza (seis años, que se redujo a cinco años) y Bustos (cuatro años y seis meses, que bajó a tres años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
Para la fiscalía, Báez –que a la condena que arrastra por “la ruta del dinero K” suma otra por el “caso Vialidad” junto a Cristina Kirchner– debería afrontar nueve años de prisión como coautor de una evasión agravada; Julio Mendoza y Claudio Bustos, siete años cada uno; Fabio Biancalani, cinco años de prisión, y Jorge Chueco, cuatro años. En tanto, para la AFIP, Báez debería ser condenado a 18 años de prisión, Mendoza y Bustos a 14 años cada uno, y Biancalani y Chueco, a seis años de prisión.
Se investiga si Báez trasladó operaciones a Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuesto
La entonces primera dama Fabiola Yañez y la entonces ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación, Ayelén Mazzina, coincidieron en Brasil, la tarde del martes 25 de julio de 2023. Fue en el Rafain Palace Hotel de Foz de iguazú. Allí es donde, según declaró Yañez, le confió a la funcionaria designada por Alberto Fernández que era víctima de violencia de género; Mazzina replicó que eso jamás ocurrió.
Ambas participaban en el Primer Encuentro de integración de Mujeres Latinoamericanas. Organizado por itaipú Binacional, el evento reunió a más de 1400 personas, la mayoría calificadas como “mujeres líderes”, en ocasión del Día internacional de la Mujer negra Latinoamericana y Caribeña. incluyó un cóctel de recepción, presentaciones artísticas y paneles temáticos que comenzaron cerca de las 18.
Mazzina participó en el panel “La importancia de la integración y la cooperación internacional para el logro de los derechos de las mujeres latinoamericanas”, en el que destacó las políticas implementadas en la Argentina para “erradicar las violencias por motivos de género”, según difundió entonces su equipo a través de una gacetilla de prensa. Esas políticas, remarcó entonces Mazzina, formaban parte de “los compromisos políticos de los gobiernos nacionales, populares y feministas como el nuestro, y como lo es ahora el de Brasil”. Es decir, los gobiernos de Fernández y de Luiz inacio Lula da Silva.
Mientras Mazzi nasos tenía en el escenario que“la violencia de género es estructural ”, la escuchaba nYañezy la primera dama brasileña, Rosângela Lula da Silva, además de la entonces ministra de Gestión e innovación de ese país, Esther Dweck, y la presidenta del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, entre otras referentes.
Yañez también brindó un breve discurso durante el evento. De pie, detrás de un atril de acrílico transparente, abogó por una sociedad más igualitaria y celebró la creación del Ministerio de las Mujeres, según posteó entonces en su cuenta oficial de instagram.
“La creación de este ministerio permitió impulsar políticas públicas integrales con alcance federal y una perspectiva de género transversal inclusiva desde una óptica interdisciplinaria, coordinando su implementación con otros ministerios nacionales”, subrayó Yañez, para luego consignar que la gestión que lideraba su marido tenía un objetivo claro: “Mejorar la vida de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en todos los ámbitos sociales, pero sobre todo que las mujeres en la política dejemos de ser violentadas, disminuidas, provocadas, injuriadas, juzgadas, víctimas de burlas y de ensañamientos”.
El Ministerio de las Mujeres, en tanto, subió cuatro fotografías de ese encuentro en Foz de iguazú a su cuenta oficial de X, a las 13 horas del día siguiente, 26 de julio del año pasado. En la cuarta imagen, aparece Yañez en el centro, sentada, vestida de negro y aplaudiendo; a su derecha aplaudía Mazzina; a su izquierda, la primera dama brasileña.
Pero el momento decisivo, según el relato de Yañez, ocurrió tras el evento, cuando quedó a solas con Mazzina. “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y antes nos sentamos afuera. Había un banco. Y le dije: ‘Tengo que decirte algo’, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Se quedó callada. Dijo: ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de las Mujeres”.
Según Yañez, sin embargo, Mazzina “no hizo nada”, aunque tiempo después volvieron a cruzarse. “La encuentro un día, en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo. Me pregunté: ¿cómo creía factible que la primera dama se presente ante el edificio que era la bandera y mayor conquista política de mi pareja, el presidente, para decir lo que estaba viviendo?”.
Sin embargo, Mazzina negó que Yañez le haya confiado los episodios de violencia de género que afrontaba cuando se encontraron en Brasil. “nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama”, posteó Mazzina, el martes, en su cuenta de X. “Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar”, añadió, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género.
“A mí ayuda no se me pidió. Si hubiera sido así, la hubiera brindado. Primero acompañándola y segundo renunciando a mi cargo porque no sería cómplice de un gobierno hipócrita”, remarcó Mazzina a Página/12 cuando circularon las primeras versiones “La única vez que compartí algo institucional con ella sin el expresidente fue en una conferencia en Brasil invitadas por la compañera de Lula”, precisó. “Fabiola tiene mi teléfono, estoy a disposición de ella como se lo dije, y de la Justicia en caso de ser necesario”.
Ahora, el fiscal Ramiro González, deberá buscar métodos complementarios para verificar las versiones contrapuestas de Yañez y de Mazzina. Desde testimonios de terceros –otros miembros de la comitiva a Brasil, miembros de la custodia, colaboradores de ambas–, a mensajes entre sí o a terceros por WhatsApp o correo electrónico, entre otras opciones. También, eventuales dispositivos electrónicos, como cámaras de seguridad y antenas de telefonía celular.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Piden una pena de entre nueve y 18 años de prisión para Lázaro Báez
Lo solicitaron la fiscalía y la AFIP en un juicio por evasión en Chaco; ocurrió mientras Cristina Kirchner declaraba que el Ministerio Público Fiscal busca favorecer al dueño de Austral Construcciones
Hugo Alconada Mon
Mientras Cristina Fernández de Kirchner afirmó ayer que el fiscal federal Diego Luciani impulsó la acusación en su contra en el caso Vialidad para atacar a todo el peronismo y favorecer a Lázaro Báez, el dueño de Austral Construcciones se encuentra, otra vez, contra las cuerdas judiciales. En el juicio oral que afronta en Chaco, la fiscalía pidió que sea condenado a nueve años de prisión. Y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) duplicó el pedido: reclamó que lo condenen a 18 años.
Báez afronta los dos pedidos de condena efectiva en los tribunales de Resistencia, donde tramita otro juicio oral en su contra por la presunta evasión de decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública a través de una de sus constructoras durante los últimos años de la presidencia de Cristina Kirchner. De ser hallado culpable, la condena configuraría el “delito precedente” de otras investigaciones por lavado de activos, como la “ruta del dinero K”.
El juicio oral que se sustancia en Chaco ingresó ya en su recta final. Tras los pedidos de condena de la fiscalía y de la AFIP, el tribunal oral federal escucha ahora los alegatos de las defensas de los cinco acusados: Báez, su socio y exsenador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani; el expresidente de Austral Construcciones Julio Mendoza; el contador y apoderado de esa constructora, Claudio Bustos, y Jorge Chueco, el abogado y exadministrador de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani.
Sujeto a prisión domiciliaria en las provincias de Buenos Aires y, luego, de Santa Cruz, Báez participó en las audiencias orales a través de la plataforma Zoom, a diferencia de Fabio Biancalani, quien sí se presentó para la primera audiencia en la sala dispuesta por el tribunal que integran Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero.
Durante las audiencias, la fiscalía buscó probar que Báez y sus colaboradores trasladaron las operaciones y parte de la estructura de Austral Construcciones a la provincia de Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuestos mediante el uso intensivo de facturas truchas y otra documentación apócrifa por montos multimillonarios.
“La estructura de Austral Construcciones se trasladó al Chaco para, a través de [la constructora] Sucesores de Adelmo Biancalani, obtener beneficios por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y de direcciones provinciales de Vialidad, cuya ejecución económica les reportó enormes sumas de dinero, justamente por el no pago de los tributos que debían abonar”, argumentó el fiscal Federico Carniel. “Ahí está la maniobra”, resaltó.
El juicio oral se inició a principios de este año, tras tres postergaciones provocadas por las demoras para producir algunas pruebas; entre ellas, un peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según había informado el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno –montos sujetos a actualización– con el fin de cubrir, de ser hallados culpables, la cifra que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estimó que habrían evadido en los impuestos a las ganancias y al valor agregado mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para Báez y Mendoza como para Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, junto a Bahía Blanca y la ciudad de Buenos Aires.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con asiento en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez solo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $70 millones a través de Austral Construcciones, y elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico Nº 3, que debe concretar medidas de prueba suplementarias.
Si Báez es hallado culpable, configurará el delito precedente de otros expedientes
Chaco, eslabón clave
El juicio oral que se acerca a su fin en Chaco se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, en la que Fabio Biancalani continúa como socio minoritario, con el 16% de las acciones.
A pedido del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó en 2020 a Báez y los demás acusados. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones interempresas –controlada y controlante– con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Para Báez, lo que ocurra en Chaco resultará clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (pena que Casación redujo luego a 10 años) junto a Chueco (seis años), Mendoza (seis años, que se redujo a cinco años) y Bustos (cuatro años y seis meses, que bajó a tres años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
Para la fiscalía, Báez –que a la condena que arrastra por “la ruta del dinero K” suma otra por el “caso Vialidad” junto a Cristina Kirchner– debería afrontar nueve años de prisión como coautor de una evasión agravada; Julio Mendoza y Claudio Bustos, siete años cada uno; Fabio Biancalani, cinco años de prisión, y Jorge Chueco, cuatro años. En tanto, para la AFIP, Báez debería ser condenado a 18 años de prisión, Mendoza y Bustos a 14 años cada uno, y Biancalani y Chueco, a seis años de prisión.
Se investiga si Báez trasladó operaciones a Chaco para obtener fondos públicos entre 2013 y 2015, y evadir impuesto
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.