Karina Milei acumula poder y piden duplicar los fondos de la secretaría a su cargo
El incremento va de la mano del aumento de sus funciones en el Gobierno
Laura Serra
Karina Milei extiende también su influencia como armadora política
El proyecto de presupuesto 2025 prevé duplicar los fondos de la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, la hermana del Presidente.
La secretaría recibirá el año próximo una partida de $147.576 millones, el doble del año pasado en términos nominales.
Karina Milei integra el denominado “triángulo de hierro” junto al Presidente y al asesor Santiago Caputo, que conforman la mesa chica de la Casa Rosada.
Su secretaría continúa acumulando funciones, entre las que se sumaron áreas de comunicación e incluso la promoción de exportaciones, que antes estaba en manos de la Cancillería.
Sin embargo, la extensión de la influencia de Karina Milei va más allá de las funciones que sumó la dependencia a su cargo, y participa activamente en el armado político y electoral del oficialismo a nivel nacional.
El proyecto de presupuesto 2025 que presentó el presidente Javier Milei dos domingos atrás en el Congreso contiene algunos puntos que prometen desatar polémica. Por caso, la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei –la hermana del Presidente–, recibirá una partida de $147.576 millones, el doble (103% de aumento nominal) de la actual.
No es un secreto que Karina Milei –quien, en palabras del Presidente, integra el “triángulo de hierro” en la Casa Rosada junto al asesor Santiago Caputo– adquirió a lo largo de este primer año de gestión cada vez más poder. No solo en los aspectos funcionales al frente de la Secretaría General de la Presidencia; también en el armado político y electoral del oficialismo a nivel nacional.
El creciente presupuesto de esta cartera va de la mano de la también creciente influencia de la hermana de Milei.
En efecto, su cartera no solo se limita a la asistencia directa al Presidente y a la coordinación entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo, sino que además controla todos los aspectos referidos a la comunicación oficial del Gobierno, desde la divulgación de la agenda presidencial hasta los medios de comunicación del Estado. Como si esto fuera poco, conduce en todo lo referido a la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, un área que antes pertenecía a la órbita de la Cancillería.
La inyección de presupuesto es una confirmación del papel determinante que tendrá la hermana del Presidente en el futuro del Gobierno.
Al igual que la Secretaría General de la Presidencia, también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida el año próximo respecto de la actual.
Tal como anticipó el organismo que conduce Sergio Neiffert –hombre de Santiago Caputo– trepará a $197,2 mil millones.
Otros puntos que prometen despertar controversia durante la discusión parlamentaria del presupuesto son los siguientes:
Tierra del Fuego. Pese a que distintos sectores de la oposición vienen reclamando que el Gobierno revise y disminuya los gastos tributarios en el presupuesto para compensar el ajuste en las partidas más sensibles, el proyecto presentado por Milei los mantiene prácticamente inalterables.
Los gastos tributarios son los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
Un caso paradigmático es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, por el cual, por distintas exenciones impositivas, el Estado dejará de percibir el año próximo casi $1,3 billones, lo que representa 0,18% del PBI (0,03% más que este año).
Regresividad en la recaudación. El presupuesto prevé un aumento de la presión tributaria el año próximo, que pasará de 22,37% del PBI a 22,92% en 2025. Este incremento obedece a una mayor carga en impuestos como Ganancias y Monotributo, como así también en los derechos de exportación y el impuesto a los combustibles. En cambio, caerá la recaudación en Bienes Personales, uno de los impuestos considerados más progresivos.
Renegociación de la deuda. El artículo 54 del proyecto faculta al Ministerio de Economía a realizar canjes de deuda sin cumplir con los parámetros que establece el artículo 65 de la ley de administración financiera, que dispone que el Poder Ejecutivo podrá llevar adelante una reestructuración de la deuda siempre que esta implique “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
El ministro Caputo intentó insertar este mismo artículo en el proyecto original de la Ley Bases, pero debió excluirlo ante el rechazo de la oposición. Ahora vuelve a la carga. Suspensión de los pisos mínimos para Educación, Ciencia y Técnica y Defensa.
El artículo 27 del proyecto establece que, en virtud de la declaración de emergencia establecida en la Ley Bases, se suspenderá el año próximo la aplicación del artículo 9 de la ley nacional de educación, que establece un piso de 6% del PBI para la educación inicial y media.
Por otra parte, la ley 27.614 establece que, para el año próximo, debe destinarse el 0,45% del PBI para financiar el sistema de nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esto también queda suspendido, al igual que el artículo 1° de la ley 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa, destinado a reequipar a las Fuerzas Armadas.
La norma establecía para el año próximo un piso mínimo del 0,8% de los ingresos del sector público nacional para esta meta, pero su suspensión deja a este sector sin presupuesto garantizado
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Elevan partidas sensibles del gasto para el año electoral
Habrá más fondos para obras públicas, políticas alimentarias y para atender el acuerdo con CABA, pero también drástica caída en los subsidios energéticos
Laura Serra
Cada año electoral los gobiernos se vuelven pródigos a la hora de aumentar el gasto en sus presupuestos. Javier Milei, aunque más moderado, no es la excepción: en el proyecto de ley de presupuesto se anticipa que el gasto total del sector público nacional subirá en 2025 un 4,2% en términos reales respecto de este año, el cual estuvo dominado por un fuerte ajuste en la mayoría de las partidas.
Empero, a diferencia de sus antecesores, el presidente libertario decide abrir el grifo de las erogaciones en un marco estricto de déficit cero, una regla que pretende perpetuar por ley. Confía en que la economía crecerá cinco puntos el año próximo; esta suba –que redundaría en mayores ingresos– le permitiría relajar el ajuste, sobre todo en partidas electoralmente sensibles. Esta laxitud se observa en la caída del gasto en términos del PBI: mientras este año se derrumbó el 4,7% respecto de 2023, en 2025 la reducción será mucho más leve, del 0,2%, según precisa la consultora Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz.
Hay tres grandes rubros en el proyecto que registran un importante incremento en el gasto respecto de este año: la obra pública, los fondos destinados a las políticas alimentarias y la atención de la niñez, y los giros a las provincias.
Por contrapartida, se observa una drástica caída en la asignación presupuestaria destinada a la vivienda y a los subsidios energéticos (-41,3% en términos reales), lo que redundará en nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas. De hecho, en el proyecto el Poder Ejecutivo establece como objetivo para el año próximo que el 84,83% del costo de la energía sea cubierto por los usuarios vía tarifas.
Las principales subas
La obra pública fue una víctima de la motosierra durante el primer año de gestión libertaria –cayó el 83% en términos reales–. El año próximo, empero, las transferencias de capital aumentarán casi un 20% (también en términos reales), considerando todo el sector público, agrega el informe del Iaraf.
Este reverdecer de una de las partidas más castigadas por el ajuste libertario se patentizaría en distintos programas de la Dirección Nacional de Vialidad, como el de construcción de autopistas y autovías (que tendrá una suba del 143% nominal), y el de mantenimiento y rehabilitación de la red vial (80%). Además, se prevén obras de inversión –con incidencia en años futuros– por $255,7 mil millones y la adquisición de bienes y servicios por otros $130.295 millones, sobre todo para la compra de vehículos, helicópteros e insumos a ser destinados a seguridad y defensa.
Otro de los rubros que se desplomaron este año y que en 2025 recobrarán impulso es el de los giros discrecionales a las provincias: según figura en el presupuesto, estas transferencias, que van por fuera de la coparticipación, crecerán el 77% nominal (39,2% real), pero, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, tendrán un destinatario casi exclusivo: la ciudad de Buenos Aires.
En efecto, desde el Ministerio de Economía precisaron a la nacion que buena parte de estas transferencias corrientes se destinarán a cumplir el acuerdo que la semana pasada cerraron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en torno a la medida cautelar que dictó la Corte Suprema, que establece el pago del 2,95% de los recursos de coparticipación a la ciudad. La devolución de esos fondos, que les fueron rebanados a las arcas porteñas en 2020, fue una condición sine qua non de Jorge y Mauricio Macri a la hora de votar el presupuesto.
Según el acuerdo alcanzado, la administración de Milei continuará depositando el 1,4% de los fondos por goteo diario y el 1,55% restante, a través de transferencias semanales: justamente esto último es lo que aparece de aumento en el presupuesto en los giros a provincias y municipios, explica a la Alejandro Pegoraro, de la nacion consultora Politikon Chaco.
“De los $3,2 billones previstos en el presupuesto para provincias, la mayor parte se la llevará la ciudad. El monto restante a repartir entre los demás distritos será muy bajo, tal vez muy parecido al de este año”, indicó Pegoraro, quien advirtió que el presupuesto tampoco prevé un refuerzo sustantivo en el financiamiento que debe realizar la Anses a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.
Esto desatará un conflicto seguro en el Congreso, porque si bien está prevista una partida para atender estos flujos –$254 millones, similar a la actual– el Gobierno viene demorando los pagos ad referendum de auditorías que nunca termina de concretar.
Disparidad en el gasto social
El tercer gran rubro que el gobierno libertario priorizó en volumen de recursos –sobre todo en un año electoral– es el de “servicios sociales”, con un 9% de aumento en términos reales, según se precisa en el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Pero el Gobierno priorizó determinados segmentos. Por caso, el de políticas alimentarias –a cargo del Ministerio de Capital Humano– crecerá el 60% en términos nominales en 2925 ($3,1 billones).
En materia de salud también se observa un incremento sustancial: el 40,3% de suba en términos reales respecto de este año, señala la ASAP. En este rubro las prioridades son dispares, porque si bien se refuerzan en un 65% los fondos para el Plan 1000 Días –que apunta a la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia–, caen en términos reales programas claves del Ministerio de Salud, como “Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles” (con apenas $6 millones de aumento) y “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” (que pasará de $103 a 120 millones).
El presupuesto destinado a seguridad social –que comprende el pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y pensiones por invalidez, entre otros programas–, si bien aumenta un 7,3% en términos reales, muestra también asignaciones dispares. Por caso, las jubilaciones tendrán un aumento del 3,2% real respecto de este año, pero no se prevén refuerzos en la partida que se destina al bono de $70.000 para los haberes mínimos, por lo que en los hechos persistiría la caída del poder adquisitivo de esta franja de jubilados, tal como viene sucediendo este año.
Así lo advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que, en su informe, señala respecto de las asignaciones familiares una paradoja: si bien el presupuesto 2025 les destina un aumento del 7,9% real, en el articulado se deroga el carácter móvil que actualmente tienen estos beneficios en función de la fórmula de movilidad previsional (artículo 68).
“De este modo, el monto de la asignación quedaría a discreción del Poder Ejecutivo, lo cual le permitiría –tal como se hizo con el bono para las jubilaciones mínimas– congelarlas y licuarlas”, advierte el informe del CEPA, que conduce el economista Hernán Letcher.
En educación y cultura también se da una de cal y otra de arena en el presupuesto. El año próximo promete un aumento del 6,5% en términos reales, pero caen las partidas para becas y para las universidades públicas. Estas últimas tendrán un presupuesto de 3,8 billones el año próximo, la mitad de lo que reclamó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y lejos de lo que pretenden los legisladores que impulsaron la ley de financiamiento universitario, a punto de ser vetada por Milei.
El proyecto de presupuesto 2025 prevé duplicar los fondos de la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei, la hermana del Presidente.
La secretaría recibirá el año próximo una partida de $147.576 millones, el doble del año pasado en términos nominales.
Karina Milei integra el denominado “triángulo de hierro” junto al Presidente y al asesor Santiago Caputo, que conforman la mesa chica de la Casa Rosada.
Su secretaría continúa acumulando funciones, entre las que se sumaron áreas de comunicación e incluso la promoción de exportaciones, que antes estaba en manos de la Cancillería.
Sin embargo, la extensión de la influencia de Karina Milei va más allá de las funciones que sumó la dependencia a su cargo, y participa activamente en el armado político y electoral del oficialismo a nivel nacional.
El proyecto de presupuesto 2025 que presentó el presidente Javier Milei dos domingos atrás en el Congreso contiene algunos puntos que prometen desatar polémica. Por caso, la Secretaría General de la Presidencia, comandada por Karina Milei –la hermana del Presidente–, recibirá una partida de $147.576 millones, el doble (103% de aumento nominal) de la actual.
No es un secreto que Karina Milei –quien, en palabras del Presidente, integra el “triángulo de hierro” en la Casa Rosada junto al asesor Santiago Caputo– adquirió a lo largo de este primer año de gestión cada vez más poder. No solo en los aspectos funcionales al frente de la Secretaría General de la Presidencia; también en el armado político y electoral del oficialismo a nivel nacional.
El creciente presupuesto de esta cartera va de la mano de la también creciente influencia de la hermana de Milei.
En efecto, su cartera no solo se limita a la asistencia directa al Presidente y a la coordinación entre las distintas áreas del Poder Ejecutivo, sino que además controla todos los aspectos referidos a la comunicación oficial del Gobierno, desde la divulgación de la agenda presidencial hasta los medios de comunicación del Estado. Como si esto fuera poco, conduce en todo lo referido a la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, un área que antes pertenecía a la órbita de la Cancillería.
La inyección de presupuesto es una confirmación del papel determinante que tendrá la hermana del Presidente en el futuro del Gobierno.
Al igual que la Secretaría General de la Presidencia, también la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) duplicará su partida el año próximo respecto de la actual.
Tal como anticipó el organismo que conduce Sergio Neiffert –hombre de Santiago Caputo– trepará a $197,2 mil millones.
Otros puntos que prometen despertar controversia durante la discusión parlamentaria del presupuesto son los siguientes:
Tierra del Fuego. Pese a que distintos sectores de la oposición vienen reclamando que el Gobierno revise y disminuya los gastos tributarios en el presupuesto para compensar el ajuste en las partidas más sensibles, el proyecto presentado por Milei los mantiene prácticamente inalterables.
Los gastos tributarios son los ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo con el objeto de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.
Un caso paradigmático es el régimen de promoción de Tierra del Fuego, por el cual, por distintas exenciones impositivas, el Estado dejará de percibir el año próximo casi $1,3 billones, lo que representa 0,18% del PBI (0,03% más que este año).
Regresividad en la recaudación. El presupuesto prevé un aumento de la presión tributaria el año próximo, que pasará de 22,37% del PBI a 22,92% en 2025. Este incremento obedece a una mayor carga en impuestos como Ganancias y Monotributo, como así también en los derechos de exportación y el impuesto a los combustibles. En cambio, caerá la recaudación en Bienes Personales, uno de los impuestos considerados más progresivos.
Renegociación de la deuda. El artículo 54 del proyecto faculta al Ministerio de Economía a realizar canjes de deuda sin cumplir con los parámetros que establece el artículo 65 de la ley de administración financiera, que dispone que el Poder Ejecutivo podrá llevar adelante una reestructuración de la deuda siempre que esta implique “un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”.
El ministro Caputo intentó insertar este mismo artículo en el proyecto original de la Ley Bases, pero debió excluirlo ante el rechazo de la oposición. Ahora vuelve a la carga. Suspensión de los pisos mínimos para Educación, Ciencia y Técnica y Defensa.
El artículo 27 del proyecto establece que, en virtud de la declaración de emergencia establecida en la Ley Bases, se suspenderá el año próximo la aplicación del artículo 9 de la ley nacional de educación, que establece un piso de 6% del PBI para la educación inicial y media.
Por otra parte, la ley 27.614 establece que, para el año próximo, debe destinarse el 0,45% del PBI para financiar el sistema de nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esto también queda suspendido, al igual que el artículo 1° de la ley 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa, destinado a reequipar a las Fuerzas Armadas.
La norma establecía para el año próximo un piso mínimo del 0,8% de los ingresos del sector público nacional para esta meta, pero su suspensión deja a este sector sin presupuesto garantizado
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Elevan partidas sensibles del gasto para el año electoral
Habrá más fondos para obras públicas, políticas alimentarias y para atender el acuerdo con CABA, pero también drástica caída en los subsidios energéticos
Laura Serra
Cada año electoral los gobiernos se vuelven pródigos a la hora de aumentar el gasto en sus presupuestos. Javier Milei, aunque más moderado, no es la excepción: en el proyecto de ley de presupuesto se anticipa que el gasto total del sector público nacional subirá en 2025 un 4,2% en términos reales respecto de este año, el cual estuvo dominado por un fuerte ajuste en la mayoría de las partidas.
Empero, a diferencia de sus antecesores, el presidente libertario decide abrir el grifo de las erogaciones en un marco estricto de déficit cero, una regla que pretende perpetuar por ley. Confía en que la economía crecerá cinco puntos el año próximo; esta suba –que redundaría en mayores ingresos– le permitiría relajar el ajuste, sobre todo en partidas electoralmente sensibles. Esta laxitud se observa en la caída del gasto en términos del PBI: mientras este año se derrumbó el 4,7% respecto de 2023, en 2025 la reducción será mucho más leve, del 0,2%, según precisa la consultora Iaraf, que conduce Nadin Argañaraz.
Hay tres grandes rubros en el proyecto que registran un importante incremento en el gasto respecto de este año: la obra pública, los fondos destinados a las políticas alimentarias y la atención de la niñez, y los giros a las provincias.
Por contrapartida, se observa una drástica caída en la asignación presupuestaria destinada a la vivienda y a los subsidios energéticos (-41,3% en términos reales), lo que redundará en nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas. De hecho, en el proyecto el Poder Ejecutivo establece como objetivo para el año próximo que el 84,83% del costo de la energía sea cubierto por los usuarios vía tarifas.
Las principales subas
La obra pública fue una víctima de la motosierra durante el primer año de gestión libertaria –cayó el 83% en términos reales–. El año próximo, empero, las transferencias de capital aumentarán casi un 20% (también en términos reales), considerando todo el sector público, agrega el informe del Iaraf.
Este reverdecer de una de las partidas más castigadas por el ajuste libertario se patentizaría en distintos programas de la Dirección Nacional de Vialidad, como el de construcción de autopistas y autovías (que tendrá una suba del 143% nominal), y el de mantenimiento y rehabilitación de la red vial (80%). Además, se prevén obras de inversión –con incidencia en años futuros– por $255,7 mil millones y la adquisición de bienes y servicios por otros $130.295 millones, sobre todo para la compra de vehículos, helicópteros e insumos a ser destinados a seguridad y defensa.
Otro de los rubros que se desplomaron este año y que en 2025 recobrarán impulso es el de los giros discrecionales a las provincias: según figura en el presupuesto, estas transferencias, que van por fuera de la coparticipación, crecerán el 77% nominal (39,2% real), pero, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno, tendrán un destinatario casi exclusivo: la ciudad de Buenos Aires.
En efecto, desde el Ministerio de Economía precisaron a la nacion que buena parte de estas transferencias corrientes se destinarán a cumplir el acuerdo que la semana pasada cerraron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en torno a la medida cautelar que dictó la Corte Suprema, que establece el pago del 2,95% de los recursos de coparticipación a la ciudad. La devolución de esos fondos, que les fueron rebanados a las arcas porteñas en 2020, fue una condición sine qua non de Jorge y Mauricio Macri a la hora de votar el presupuesto.
Según el acuerdo alcanzado, la administración de Milei continuará depositando el 1,4% de los fondos por goteo diario y el 1,55% restante, a través de transferencias semanales: justamente esto último es lo que aparece de aumento en el presupuesto en los giros a provincias y municipios, explica a la Alejandro Pegoraro, de la nacion consultora Politikon Chaco.
“De los $3,2 billones previstos en el presupuesto para provincias, la mayor parte se la llevará la ciudad. El monto restante a repartir entre los demás distritos será muy bajo, tal vez muy parecido al de este año”, indicó Pegoraro, quien advirtió que el presupuesto tampoco prevé un refuerzo sustantivo en el financiamiento que debe realizar la Anses a las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación.
Esto desatará un conflicto seguro en el Congreso, porque si bien está prevista una partida para atender estos flujos –$254 millones, similar a la actual– el Gobierno viene demorando los pagos ad referendum de auditorías que nunca termina de concretar.
Disparidad en el gasto social
El tercer gran rubro que el gobierno libertario priorizó en volumen de recursos –sobre todo en un año electoral– es el de “servicios sociales”, con un 9% de aumento en términos reales, según se precisa en el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP).
Pero el Gobierno priorizó determinados segmentos. Por caso, el de políticas alimentarias –a cargo del Ministerio de Capital Humano– crecerá el 60% en términos nominales en 2925 ($3,1 billones).
En materia de salud también se observa un incremento sustancial: el 40,3% de suba en términos reales respecto de este año, señala la ASAP. En este rubro las prioridades son dispares, porque si bien se refuerzan en un 65% los fondos para el Plan 1000 Días –que apunta a la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia–, caen en términos reales programas claves del Ministerio de Salud, como “Prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles” (con apenas $6 millones de aumento) y “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” (que pasará de $103 a 120 millones).
El presupuesto destinado a seguridad social –que comprende el pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y pensiones por invalidez, entre otros programas–, si bien aumenta un 7,3% en términos reales, muestra también asignaciones dispares. Por caso, las jubilaciones tendrán un aumento del 3,2% real respecto de este año, pero no se prevén refuerzos en la partida que se destina al bono de $70.000 para los haberes mínimos, por lo que en los hechos persistiría la caída del poder adquisitivo de esta franja de jubilados, tal como viene sucediendo este año.
Así lo advierte el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que, en su informe, señala respecto de las asignaciones familiares una paradoja: si bien el presupuesto 2025 les destina un aumento del 7,9% real, en el articulado se deroga el carácter móvil que actualmente tienen estos beneficios en función de la fórmula de movilidad previsional (artículo 68).
“De este modo, el monto de la asignación quedaría a discreción del Poder Ejecutivo, lo cual le permitiría –tal como se hizo con el bono para las jubilaciones mínimas– congelarlas y licuarlas”, advierte el informe del CEPA, que conduce el economista Hernán Letcher.
En educación y cultura también se da una de cal y otra de arena en el presupuesto. El año próximo promete un aumento del 6,5% en términos reales, pero caen las partidas para becas y para las universidades públicas. Estas últimas tendrán un presupuesto de 3,8 billones el año próximo, la mitad de lo que reclamó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y lejos de lo que pretenden los legisladores que impulsaron la ley de financiamiento universitario, a punto de ser vetada por Milei.
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