OPINIÓN Y EL ESCENARIO

La manta corta y la ventaja de la causa universitaria
Luciana Vázquez
La causa universitaria presenta dos riesgos y una ventaja competitiva. También, una oportunidad para la sociedad, que nunca llega a realizarse. El primer riesgo tiene su antecedente en la causa de los derechos humanos o la del feminismo, que tras años de instrumentalización por el relato kirchnerista quedaron cooptadas por la política facciosa. La causa universitaria puede caer en ese lugar. La marcha fue voluminosa en participación ciudadana, pero en su escenario nacional, la Capital, hubo mucha más presencia del aparato político, sindical y de organizaciones sociales. El kirchnerismo y Pablo Moyano encontraron una plataforma para su regreso.
Los principales dirigentes que movilizaron la marcha están entre los políticos con peor imagen en la opinión pública. De Sergio Massa, fuera de juego tras de la derrota electoral de 2023, a Horacio Rodríguez Larreta, con baja imagen, además de Martín Lousteau, uno de los grandes promotores de la movilización. La última encuesta de Opinaia de principios de septiembre mostró bajísima intención de voto para “el radicalismo de Lousteau y Pullaro” para la elección de 2025: ese espacio quedó penúltimo entre los seis considerados. No lo votaría el 68%. En el último puesto quedó la izquierda, muy presente en la marcha, con un 70% de rechazo para 2025.
La lógica política en relación con la causa universitaria mostró a esa dirigencia como chupados detrás de una ambulancia, listos para subirse a ese envión. Para la causa universitaria, hay un riesgo: en la medida en que cae en la lógica facciosa, corre el riesgo de achicar su alcance y reducir su legitimidad. El estudio de la consultora Monitor Digital, de Diego Corbalán, que analiza la conversación en redes y medios digitales, detectó diferencias relevantes entre la marcha de abril y la de ayer. “En cuanto al sentimiento de las publicaciones sobre las convocatorias, la movilización de octubre tiene un componente negativo mucho más pronunciado”, se detalló. El clima de la conversación sobre la marcha de ayer tuvo un puntaje negativo de 52. En abril, había sido de 18. La de abril tenía un componente “menos partidizado” y mostró conversaciones “más enfocadas en la defensa de la educación pública”. La de ayer estuvo “más perfilada hacia la oposición al gobierno de Milei”.
El otro riesgo nace en el Gobierno. La simplificación sesgada para llevar agua para su molino programático traba la revisión interesante de cuestiones estructurales y necesarias de la universidad. Como le pasó a Cambiemos, Milei carece de una política universitaria y de una visión potente sobre el rol del capital humano en el crecimiento. El tablero de control de su gestión, con el monocomando del déficit fiscal, reduce la cuestión universitaria a una de caja. La comunidad universitaria pone su granito de arena en esa frustración. Ante la crisis salarial, copa la agenda y la calle, pero esquiva deudas estructurales, ya endémicas: poca presencia de sectores pobres, ingreso irrestricto, abandono creciente, baja graduación, falta de transparencia y acceso fluido al tablero estadístico de las universidades. Si el orgullo es la gratuidad, la transparencia del manejo de esos fondos debería ser absoluta. Es lo contrario: ayer, el desconocimiento del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, de su presupuesto fue todo un dato en ese sentido.
La insistencia emotiva en “el orgullo” por la universidad pública y en la actitud defensiva pospone una mejora necesaria de la vida universitaria. La causa universitaria tiene una gran ventaja competitiva frente a otras más urgentes, pero es un arma de doble filo. Ni la causa de los jubilados, que no logró esquivar el veto, ni la de la educación inicial y básica tienen la potencia de la causa universitaria. El contraste entre el grado de movilización de la clase media universitaria en relación con ese tema y la falta de movilización en relación con la educación de la niñez y la adolescencia es un dato político y social.
Las clases medias que creyeron salvarse enviando a sus hijos a la escuela privada, y desatendieron esa agenda, conservan una expectativa en la universidad pública. La última movilización de esa clase por la escuela se vio en pandemia. Padres Organizados se hizo cargo de un reclamo transversal: las escuelas cerradas que impactaba en la vida de pobres, clases medias y ricos.
La caída de los salarios universitarios dispara memorias emotivas de ascenso social. Pero nadie salió a marchar por la caída de los salarios docentes de primaria y secundaria: una pérdida de 100% respecto de 2015 en siete provincias, según el especialista en financiamiento educativo Alejandro Morduchowicz. En las últimas cuatro décadas, el financiamiento aumentó más en educación superior que en la obligatoria: entre 1980 y 2022, creció 226% para las universidades y 163% para el ciclo básico [inicial, primaria y secundaria], según Morduchowicz y otros investigadores para Argentinos por la Educación.
En 2023, el ministerio de Massa redujo el gasto educativo en $70.000 millones. Afectó la infraestructura de jardines de infantes y a Conectar Igualdad. En cambio, el gasto universitario aumentó un 5,4% en términos reales: en el año electoral, nunca cayó por debajo de la inflación. Pero, en medio de esa mejora, no se decidió a encarar sus problemas estructurales.
La Argentina es una manta cortísima. Cada vez que la comunidad universitaria se moviliza por la universidad pública, gratuita y de libre acceso, se acorta más el lado de los más pobres, que intentan salir a flote al menos terminando la escuela básica. La argumentación universitaria debería salir de la nostalgia de su ascenso y abrirse a una revisión más profunda de los dilemas argentinos. Hay una vida que queda fuera de la universidad. Y es todavía más dura

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Nuevos reclamos con nuevos actores
Carlos Pagni


Dos veces no te has de bañar en el mismo río. La movilización universitaria de ayer tuvo un aire de familia con la que se realizó el 23 de abril. Pero solo eso. Un lejano parecido. Los sujetos de la protesta cambiaron y cambiaron sus reclamos.
También el Gobierno es otro ante los problemas de la educación superior. La marcha de ayer fue menos multitudinaria que la anterior. Cinco meses atrás la discusión giraba alrededor de la supervivencia de la universidad pública. En aquel momento, los rectores y decanos encendieron alarmas ante una parálisis derivada de la falta de recursos para el funcionamiento elemental de esos centros de estudio.
En muchos de ellos se apagaban las luces para alertar sobre las dramáticas derivaciones de la falta de fondos. Ese clima motivó a miles de estudiantes, muchísimos de ellos despolitizados, a salir a la calle en defensa de su propio futuro.
Ayer el panorama fue muy distinto. La principal reivindicación fue salarial. Por eso los principales protagonistas fueron los sindicatos. Y la marcha fue más organizada y menos transversal. El reclamo puede ser legítimo, pero es mucho menos interpelante. El economista Fernando Marull consignó que el sueldo de un docente de la UBA diplomado con una maestría, con dedicación exclusiva y 20 años de antigüedad pasó, en términos reales, de 2.973.646 pesos, en noviembre de 2023, a 2.286.009 pesos en julio de este año. Es decir, un recorte del 23%. Conviene recordar que cada universidad tiene su propia escala salarial. Varias de ellas remuneran a sus profesores mejor que la UBA. Pero los docentes con 20 años de antigüedad cobran, promedio, un millón de pesos por mes.
Una encuesta reciente del sociólogo Hugo Haime reveló que el 69% de los consultados están en desacuerdo con que Javier Milei vete la ley que garantiza estabilidad presupuestaria a las universidades nacionales y prefiere que los recortes se hagan en otras áreas del Estado. La educación superior sigue siendo uno de los valores que pretenden custodiar, sobre todo, los sectores medios. Pero ayer no había la indignación de abril. Entre otras razones, porque también el Gobierno cambió de posición y giró los fondos para cubrir los costos de funcionamiento que, en otoño, habían insinuado un colapso.
La Casa Rosada calibraba anoche la dimensión e intensidad de esta última movilización con la mirada puesta en la operación parlamentaria. ¿Qué efecto emocional tendrá sobre los diputados y senadores que deben decidir si reúnen los dos tercios para doblegar el veto del Presidente? El veto está asegurado. La insistencia, tal vez, también.
A última hora de ayer el bloque de diputados radicales adoptó una decisión relevante: sus integrantes votarán qué conducta adoptar y los que pierdan acatarán la decisión de la mayoría. Ganará la oposición al veto y eso complica la aritmética del Poder Ejecutivo. El método elegido por la UCR va más allá de esta discusión. Se aplicará también en el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y allí se impondrá acompañar a Milei. Es una información estratégica. En todo este juego solo queda por despejar una incógnita: qué disciplina está dispuesto a aceptar el tucumano Mariano Campero, en trance de sumarse a las Fuerzas del Cielo. Federico Torrier es otro miembro de la bancada radical, pero como extrapartidario: es un liberal de Corrientes que acompañará al oficialismo, que, de todos modos, quedará acorralado.
La obstinación de Milei para enfrentar la ley universitaria obedece al corazón de su política. El ancla del oficialismo es fiscal. Por lo tanto, lo fiscal se vuelve dogma. No se puede negociar. Una manera bastante obvia de pensar esa rigidez es que el Gobierno les sigue hablando a los mercados, que son los que más aprecian el objetivo del déficit cero. El electorado todavía deberá esperar. Esta visión no es, sin embargo, la del oficialismo.
En el núcleo del gabinete están convencidos de que la preservación del equilibrio fiscal comienza a ser un valor que se generaliza. Una ensoñación que les hace recordar el criterio de Felipe González: “El déficit no es de derecha ni de izquierda. Es malo, en cualquier caso. La derecha se distingue de la izquierda en cómo asigna las prioridades de gasto y en cómo distribuye la carga impositiva. Pero el orden del Tesoro no puede ser materia de discusión”.
En la encuesta de Haime, el 26% apoyaba la posición fiscalista del Gobierno, con un detalle: el 69% que se alineaba con los universitarios admitía que había que hacer recortes, pero de otras partidas. Esa es la razón por la cual Milei y sus colaboradores principales apuestan a enfrentar el reclamo universitario.
Se podrá decir, con un criterio convencional, que la demanda que enfrentan es muy pequeña, mucho más inofensiva que la que comprometía la mejora a los jubilados. Dicho de otro modo: que no cuesta nada ceder. Pero es por eso mismo, por el escaso impacto que tendría sobre las cuentas públicas una concesión, que la obcecación tiene un significado simbólico, político. Milei quiere pararse frente a la corporación universitaria como Carlos Menem lo hizo ante los sindicatos ferroviarios cuando dictaminó “ramal que para, ramal que cierra”. O como el radical Ramón Mestre, por entonces intendente de Córdoba, enfrentó a los empleados municipales que hacían una huelga de hambre frente a su despacho diciendo “se irán muriendo y los iremos enterrando”. Si se prefiere la escala internacional, Milei sueña en colores con aquel Ronald Reagan que enfrentó a los gremios aeronáuticos soportando la paralización de los vuelos, o con Margaret Thatcher, en un duelo con los mineros que duró un año completo. “Cada ciudad recibe su forma del desierto al que se opone”, escribió Italo Calvino.
La batalla que pretende dar Milei en este terreno todavía debe envolverse en un relato. El Gobierno aspira a presentar a su adversario no como una legión de alumnos que buscan en las universidades la vía virtuosa para la promoción social, sino como una burbuja corporativa ajena a las penurias del resto del país.
Por eso la agenda de este conflicto ya no es, visto desde el oficialismo, la gratuidad de los estudios ni el ingreso irrestricto. Lo que se pone en cuestión, acaso por primera vez en décadas, es la autonomía universitaria. Ejemplo: la Sigen, que conduce Miguel Blanco, ya lleva firmados convenios con 26 universidades de un total de 62 para establecer sistemas de controles internos. La UBA, aclaran en esa sindicatura, no quiso suscribir ese acuerdo. La Sigen está avanzando hacia un campo minado. En lo que va del año hizo un relevamiento de los contratos que se celebraron entre las universidades y organismos de la administración pública para establecer distintas modalidades de asistencia técnica. Son 2245 acuerdos, de los cuales 354 corresponden a la UBA. Los auditores pretenden revisar la ejecución de esos convenios, determinar si cumplieron sus objetivos y, sobre todo, si se aplicaron los fondos correspondientes de manera correcta. Son aspiraciones que amenazan un régimen de prácticas muy opaco, que ha dotado a la conducción de las universidades de una recaudación incalculable y ha servido para que muchas dependencias del Estado puedan ocultar la corrupción a través de supervisiones complacientes.
El descontento
Milei encara estas batallas respaldándose en una convicción: no hay fuerza política alguna capaz de capitalizar el descontento social. La presencia de Nayib Bukele en Buenos Aires reforzó esa convicción.
El presidente salvadoreño y su comitiva se reunieron con el gabinete nacional, encabezado por el Presidente. Bukele se presentó allí como un clon de Milei, en el sentido de que ambos son la expresión de un colapso de la clase política tradicional. Por eso, dijo, se puede avanzar en ajustes inconcebibles en otras circunstancias: “Hoy no encuentro a ninguna fuerza política en la Argentina que pueda seducir al pueblo con ideas contrarias a las del Gobierno. Es lo que me sucede a mí en mi país”.
El huésped centroamericano fue más específico: informó a los extasiados funcionarios argentinos que él ha sido el presidente que más leyes vetó en la historia de su país. Milei y Bukele tienen una afinidad muy evidente: un aprecio incondicional por las fuerzas del mercado y un desprecio de la misma dimense sión por los procedimientos institucionales. También en ambos hay un sentimiento nacionalista muy marcado, más común en expresiones populistas que en fuerzas de corte liberal. Esa inclinación quedó registrada con toda claridad en el discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU.
A propósito de esa presentación: ¿a nadie le llamó la atención el extraordinario parecido entre un párrafo de esa pieza y un parlamento del presidente Josiah Bartlet en uno de los capítulos de la serie The West Wing?
Milei: “Creemos en la defensa de la vida de todos; creemos en la defensa de la propiedad de todos; creemos en la libertad de expresión para todos; creemos en la libertad de culto para todos; creemos en la libertad de comercio para todos y creemos en los gobiernos limitados, todos ellos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras; tiene que ser apoyada en los hechos, diplomáticamente, económicamente y materialmente, a través de la fuerza conjunta de todos los países que defendemos la libertad”.
Bartlet: “Estamos a favor de la libertad de expresión en todas partes. Estamos a favor de la libertad de culto en todas partes. Estamos a favor de la libertad de aprender... para todos. Y como en nuestra época, se puede construir una bomba en nuestro país y traerla al mío, lo que ocurra en nuestro país es asunto mío. Por eso estamos a favor de la libertad frente a la tiranía, en todas partes, ya sea bajo la apariencia de opresión política, Toby, o esclavitud económica, Josh, o fanatismo religioso, C.J. Esa idea fundamental no puede afrontar simplemente con nuestro apoyo. Hay que afrontarla con nuestra fuerza. Diplomática, económica y materialmente”.
Es evidente que “el Mago del Kremlin”, Santiago Caputo, responsable último de la comunicación presidencial, tuvo una racha de haraganería en la elaboración del discurso.
Una coartada
El duelo entre el Gobierno y la dirigencia universitaria no debería ocultar que ese conflicto educativo se ha transformado en la coartada para algunas asociaciones imprevistas.
Ayer, en la concentración universitaria confluyeron sectores de la UCR y del peronismo porteños que vienen combinando iniciativas en otros renglones de la agenda política y, sobre todo, parlamentaria. Es un fenómeno que no debería llamar la atención solo del oficialismo. También afecta a los Macri porque podría alterar la configuración del tablero electoral porteño.
Ese mapa se está remodelando por la intervención de otros actores. Jorge Macri debió aprobar el nuevo código urbanístico de la ciudad con la abstención de los legisladores de Patricia Bullrich y la oposición de los que responden a Karina Milei. En la provincia de Buenos Aires, los legisladores de Bullrich se asociaron a los de La Libertad Avanza, tomando distancia del resto de Pro.
Estos movimientos ocasionales podrían multiplicarse por una modificación estructural de gran alcance. El sistema de boleta única para las elecciones nacionales es una bomba de profundidad cuyos importantes efectos sobre el sistema político se irán viendo con el paso del tiempo. Uno de ellos es que desacopla las elecciones de la Nación de las de las provincias. En el caso de la de Buenos Aires las derivaciones pueden ser llamativas.
El peso de los liderazgos nacionales en la formulación de la oferta provincial disminuirá muchísimo. Serán, en cambio, los intendentes, por su peso territorial, los que llevarán la voz cantante en la confección de las listas de diputados y senadores de las legislaturas locales. Al mismo tiempo, como el sistema impide que se vote a un partido en todas las categorías, habrá un festival de votos cruzados. Combinatorias que antes exigían el corte de la boleta ahora se podrán hacer con solo marcar a los cabezas de lista de cada nivel de representación.
Otra novedad: del elenco de candidatos se conocerán solo los primeros de la lista. Los demás quedarán en el misterio. Un paraíso para ciudadanos impresentables que aspiren a capturar una banca. Está lleno de ese tipo de ejemplares. Sin llegar al extremo aberrante de Mario Schechtel, el “Monstruo de Dorrego”, que violó a una chica de 10 años para después prenderla fuego. Compite en una lista cercana a La Libertad Avanza para conducir la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Paradójica encarnación de los ideales del oficialismo: la transparencia universitaria y la emancipación de la política de las garras de “la casta”.

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