La provincia usurpada
Un complejo fenómeno amenaza con reconfigurar el entramado urbano y el ecosistema social y cultural de pueblos del interior bonaerense; la toma de tierras se volvió una metodología sistemática
Luciano Román
Debe ser, seguramente, una mera casualidad cronológica, pero una semana después de que el papa Francisco “empoderó” a Grabois en el Vaticano, reivindicó la protesta callejera e hizo un guiño a la usurpación de una propiedad privada en Entre Ríos, una supuesta Federación de Trabajadores de la Economía Social promovió, en una pequeña localidad bonaerense, el aparente desembarco de más de un centenar de familias en una fracción de campo. Ocurrió en Brandsen, una ciudad de menos de 40.000 habitantes, situada al sudoeste de La Plata, donde el temor a un asentamiento movilizó a la comunidad.
Detrás de ese episodio “pueblerino” asoma un complejo fenómeno que amenaza con reconfigurar el entramado urbano y el ecosistema social y cultural no ya de las grandes ciudades y de las periferias urbanas, sino también de pueblos del interior bonaerense, donde el riesgo de “conurbanización” se vive con miedo y desasosiego.
En la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras se ha convertido en una metodología sistemática, con una pronunciada expansión en los últimos cuatro años, cuando los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof impusieron la política de hacer la vista gorda. Entre 2016 y 2023 hubo más de 6000 casos judicializados, según un relevamiento del Ministerio de Seguridad bonaerense. Se trata de un fenómeno en el que se mezclan el accionar de organizaciones dudosas, la protección política y la inoperancia judicial. Todo, montado sobre el aprovechamiento de sectores en estado de desesperación y extrema vulnerabilidad, y muchas veces conectado con entramados mafiosos.
El caso de Brandsen ofrece indicios de esa metodología: aparece una supuesta organización de la “economía popular” con lazos políticos evidentes. Esgrime confusos documentos que le darían derecho a una tenencia de la tierra, asegura que hace dos años obtuvo fondos y una venia del gobierno nacional para encarar este proyecto y avanza, mientras tanto, con hechos consumados. En este caso, el coraje de algunos vecinos promovió una reacción social que fue reflejada por
Tribuna, un arraigado y tradicional periódico local. Todo eso logró detener, al menos provisoriamente, el desembarco de un asentamiento en una zona semirrural, cercana a barriadas de clase trabajadora.
Pero en las periferias de distintas ciudades, y ahora también de comunidades más pequeñas, conviven con ese peligro en forma cotidiana. Hay sectores políticos que promueven los asentamientos. De hecho, en el caso de Brandsen, se alude a un presunto padrinazgo de La Cámpora. La Justicia, en general, mira hacia otro lado y “duerme” las causas sin ordenar desalojos. La policía tiene orden de intervenir solo para evitar enfrentamientos con vecinos, pero una vez producidos los desembarcos se limita a garantizar el statu quo.
Las usurpaciones crean, alrededor de barriadas humildes, un enclave de “legalidad paralela”. Se empieza por vulnerar el derecho de propiedad y por legitimar la ocupación de tierras por la fuerza. Pero a partir de allí se establece una suerte de “zona liberada” en la que rige otro sistema normativo, otra “autoridad”, otra escala de poder y de valores. Basta mirar, por ejemplo, el caso de la toma de Los Hornos, en la periferia de La Plata: son los “capangas” del lugar los que deciden quién puede instalarse y quién no. Administran la venta clandestina de terrenos, pero también regulan otros “negocios” que encuentran campo fértil en esos asentamientos, desde la venta de drogas hasta los desarmaderos.
Detrás de la angustia y la fragilidad de familias en situación de indigencia o de pobreza extrema, hay organizaciones mafiosas que explotan el estado de necesidad y utilizan como escudo esa dramática situación social que acaba de quedar expuesta en la última meLas dición del Indec. Se crea así un círculo vicioso con evidentes connotaciones perversas: las usurpaciones son avaladas, directa o indirectamente, por sectores políticos y judiciales, y hasta por algunas ONG. Hay quienes lo hacen por réditos electorales; otros tal vez de buena fe, porque ven en esos asentamientos una alternativa, al menos de emergencia, para familias en estado de necesidad. Pero ese aval condena a los sectores más vulnerables a vivir en especies de guetos donde se potencia la marginalidad, y a ser rehenes, además, de organizaciones delictivas que lucran con su desesperación y montan “negocios inmobiliarios” con títulos y papelería trucha.
usurpaciones se han convertido en una suerte de “institución” de lo que se denomina la “economía popular”. Son definiciones que remiten a un diccionario de eufemismos que busca legitimar, con una supuesta jerga inclusiva, una especie de “legalidad blue” donde todo se comercializa o “se transa” en negro. Así se ha creado una cultura que borronea las fronteras de la ley, que naturaliza el uso de la fuerza y que crea nuevas formas de esclavitud y sometimiento a través de organizaciones que lucran con la pobreza.
La angustia de vecinos que se sienten amenazados por la toma de tierras en barriadas suburbanas tiene que ver con ese sistema clandestino que se monta alrededor de las usurpaciones. No es el miedo a la convivencia; es el miedo a una situación que nace de la prepotencia y del quiebre de la norma. En muchos casos, las que reaccionan y se oponen también son familias afectadas por la pobreza y la precariedad laboral. Pero les produce terror la perspectiva de una vecindad con enclaves que se desarrollan al margen de toda legalidad.
Hay que escuchar a vecinos linderos de tomas como la de Los Hornos. Muchos son albañiles, serenos, electricistas, enfermeros. Muchas son mujeres que trabajan en el servicio domésticooquetienenensucasapequeños emprendimientos de peluquería, costura o repostería. Sufren la crisis económica en carne propia, pero hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, mandar a los chicos a la escuela y mantener su vivienda en condiciones dignas. Intentan transmitirles a sus hijos la cultura del trabajo. Tienen pánico a que caigan en la droga y a que se vean tentados por atajos engañosos para comprarse una moto o para ganar “plata fácil”. Cuando defienden su barrio, defienden un sistema de valores en el que la vivienda se paga y se gana con sacrificio. Defienden una cultura de la ley y del esfuerzo.
Sienten que, además, se genera una profunda desigualdad. El mismo gobierno bonaerense que apaña las tomas de tierras amenaza a los usuarios de ABSA (la empresa estatal de agua) con mandarlos al Veraz si no pagan la factura. Frente a su casa, sin embargo, ven extenderse con total impunidad las conexiones clandestinas que debilitan toda la red de servicios.
Alrededor de las tierras tomadas se produce un crecimiento habitacional anárquico, sin desagües ni tratamiento de residuos; muchas veces, sobre superficies inundables, sin forestación ni espacios recreativos. Todo eso degrada las condiciones de vida en los alrededores y crea desde polución ambiental hasta riesgos sanitarios. En definitiva, se produce un deterioro material, pero a la vez cultural, donde la “economía social” funciona como una pantalla que esconde anomia y clandestinidad.
La pregunta de fondo, entonces, es cómo se sale del drama social que representa el 53% de la población en la pobreza y el 18% en la indigencia: ¿dentro o fuera de la ley? ¿Por el camino largo y esforzado del trabajo o por el atajo de la usurpación y de la fuerza? ¿Subordinándose a la norma o al “transa” y al “capanga”? Los discursos que exaltan la “lucha social” y la “economía popular” tal vez deberían preguntarse a quién resultan funcionales. ¿Quién defiende a esas familias trabajadoras que viven de este lado de la ley?
Las usurpaciones son avaladas, directa o indirectamente, por sectores políticos, judiciales y hasta por algunas ONG; hay quienes lo hacen por réditos electorales, otros tal vez de buena fe
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Boleta única: primó la vocación por la transparencia
Debe celebrarse este tan esperado avance para mejorar nuestro sistema electoral, que debe complementarse con la necesaria ficha limpia
La ciudadanía argentina estrenará en las elecciones legislativas nacionales de 2025 una nueva forma de votar que ya rige en distintas jurisdicciones, tras la reforma sancionada anteayer por los diputados, tras las reformas que el Senado le había introducido a la iniciativa aprobada dos años atrás por la Cámara baja.
El acuerdo entre el oficialismo, Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otras fuerzas políticas minoritarias condujo a la tan largamente esperada como demorada aprobación de la boleta única de papel (BUP) con 143 votos a favor y 87 en contra. El kirchnerista bloque Unión por la Patria rechazó el proyecto –con excepción del diputado Guillermo Snopek, que votó a favor– mientras que los cinco legisladores de izquierda se abstuvieron.
A nadie sorprendió que desde el kirchnerismo pudieran disparatadamente argumentar que la democracia argentina se había visto fortalecida por el viejo sistema que felizmente quedará atrás. La diputada Sabrina Selva, cercana a Sergio Massa, llegó incluso a afirmar que los bloques dialoguistas estaban “totalmente disociados de la realidad que a la mayoría nos duele”. Una vez más, su registro distorsionado no sintoniza con el reclamo ciudadano, ese mismo que en las urnas les fue tan esquivo y que hoy celebra la aprobación de la BUP.
La propia Cámara Nacional Electoral promovía desde 2007 este cambio. Silvia Lospennato (Pro) recordó que los intentos por reformar el sistema de votación arrancaron hace 17 años. “El kirchnerismo obstruyó cada intento de impulsar este proyecto”, afirmó y que, aun cuando el sistema no favorece a los oficialismos, tanto Mauricio Macri en su momento, como Javier Milei ahora, optaron por lo correcto y no por lo conveniente.
Cabe recordar el enorme impulso que fue dado a la BUP por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, especialistas de Argentina Debate, Red de Acción Política, Cippec y Poder Ciudadano.
La reforma elimina las papeletas partidarias y aglutina en una sola boleta toda la oferta electoral nacional. Con un diseño similar al mendocino, para la elección de 2025 los partidos se ubicarán en columnas verticales y los cargos en las filas horizontales, con las fotos de los dos primeros candidatos a diputado y senador nacional. El orden de las listas se definirá por sorteo. Si un partido no presenta candidatos en alguna categoría, se incluirá la leyenda “no presenta candidato”. No habrá ya necesidad de disponer de sobres firmados por las autoridades de mesa, pues la boleta se introduce directamente en la urna una vez tildadas las opciones. La firma del presidente de mesa irá en un casillero en el dorso, junto con un instructivo para el votante.
El posible efecto arrastre de las estructuras partidarias nacionales por sobre las provinciales quedó anulado con la eliminación del casillero “lista completa” que había sido motivo de debate y modificación en el Senado. Precisamente este punto, clave para lograr el quorum en Diputados, hundió en la desazón a muchos que debieron renunciar a sus preferencias, evidenciando su temor a que la supresión aumentara el voto en blanco para las categorías inferiores si los electores no tildan el resto de las opciones. La experiencia mendocina, que sí incluye el casillero, confirmaría esta hipótesis pues el 85% de los votantes optó por lista completa en la última elección.
Atrás quedarán los manipulados presupuestos para impresiones partidarias y el negocio de los sellos de goma, los abultados gastos en logística, las prácticas de robo u ocultamiento de boletas en el cuarto oscuro, al tiempo que, en adelante, solo será necesaria una fiscalización simplificada, entre muchas otras ventajas que reiteradamente destacamos desde estas columnas. Urge ahora apurar la ley de ficha limpia que prohíba presentarse como candidatos a quienes tengan condenas confirmadas, situación que tantas veces ha convertido a nuestras instituciones en guaridas de delincuentes. De no aprobarse este año, habrá que aguardar que la iniciativa se vuelva a presentar y recorrer todo el derrotero parlamentario.
Como bien señaló la diputada socialista Mónica Fein, la BUP debe ser el primer paso hacia una reforma integral del sistema electoral que incluya temas espinosos y turbios como el financiamiento de la política. Aprovechar el contexto de un año no electoral para transparentar las distintas aristas del principal mecanismo democrático es una asignatura pendiente que no puede seguir demorándose. La aprobación de la BUP confirma que es posible construir los consensos que la ciudadanía demanda a sus representantes y que deberían convocarse nuevamente para aprobar sin más demoras la ley de ficha limpia, y así mejorar la calidad democrática.
Debe ser, seguramente, una mera casualidad cronológica, pero una semana después de que el papa Francisco “empoderó” a Grabois en el Vaticano, reivindicó la protesta callejera e hizo un guiño a la usurpación de una propiedad privada en Entre Ríos, una supuesta Federación de Trabajadores de la Economía Social promovió, en una pequeña localidad bonaerense, el aparente desembarco de más de un centenar de familias en una fracción de campo. Ocurrió en Brandsen, una ciudad de menos de 40.000 habitantes, situada al sudoeste de La Plata, donde el temor a un asentamiento movilizó a la comunidad.
Detrás de ese episodio “pueblerino” asoma un complejo fenómeno que amenaza con reconfigurar el entramado urbano y el ecosistema social y cultural no ya de las grandes ciudades y de las periferias urbanas, sino también de pueblos del interior bonaerense, donde el riesgo de “conurbanización” se vive con miedo y desasosiego.
En la provincia de Buenos Aires, la toma de tierras se ha convertido en una metodología sistemática, con una pronunciada expansión en los últimos cuatro años, cuando los gobiernos de Alberto Fernández y Axel Kicillof impusieron la política de hacer la vista gorda. Entre 2016 y 2023 hubo más de 6000 casos judicializados, según un relevamiento del Ministerio de Seguridad bonaerense. Se trata de un fenómeno en el que se mezclan el accionar de organizaciones dudosas, la protección política y la inoperancia judicial. Todo, montado sobre el aprovechamiento de sectores en estado de desesperación y extrema vulnerabilidad, y muchas veces conectado con entramados mafiosos.
El caso de Brandsen ofrece indicios de esa metodología: aparece una supuesta organización de la “economía popular” con lazos políticos evidentes. Esgrime confusos documentos que le darían derecho a una tenencia de la tierra, asegura que hace dos años obtuvo fondos y una venia del gobierno nacional para encarar este proyecto y avanza, mientras tanto, con hechos consumados. En este caso, el coraje de algunos vecinos promovió una reacción social que fue reflejada por
Tribuna, un arraigado y tradicional periódico local. Todo eso logró detener, al menos provisoriamente, el desembarco de un asentamiento en una zona semirrural, cercana a barriadas de clase trabajadora.
Pero en las periferias de distintas ciudades, y ahora también de comunidades más pequeñas, conviven con ese peligro en forma cotidiana. Hay sectores políticos que promueven los asentamientos. De hecho, en el caso de Brandsen, se alude a un presunto padrinazgo de La Cámpora. La Justicia, en general, mira hacia otro lado y “duerme” las causas sin ordenar desalojos. La policía tiene orden de intervenir solo para evitar enfrentamientos con vecinos, pero una vez producidos los desembarcos se limita a garantizar el statu quo.
Las usurpaciones crean, alrededor de barriadas humildes, un enclave de “legalidad paralela”. Se empieza por vulnerar el derecho de propiedad y por legitimar la ocupación de tierras por la fuerza. Pero a partir de allí se establece una suerte de “zona liberada” en la que rige otro sistema normativo, otra “autoridad”, otra escala de poder y de valores. Basta mirar, por ejemplo, el caso de la toma de Los Hornos, en la periferia de La Plata: son los “capangas” del lugar los que deciden quién puede instalarse y quién no. Administran la venta clandestina de terrenos, pero también regulan otros “negocios” que encuentran campo fértil en esos asentamientos, desde la venta de drogas hasta los desarmaderos.
Detrás de la angustia y la fragilidad de familias en situación de indigencia o de pobreza extrema, hay organizaciones mafiosas que explotan el estado de necesidad y utilizan como escudo esa dramática situación social que acaba de quedar expuesta en la última meLas dición del Indec. Se crea así un círculo vicioso con evidentes connotaciones perversas: las usurpaciones son avaladas, directa o indirectamente, por sectores políticos y judiciales, y hasta por algunas ONG. Hay quienes lo hacen por réditos electorales; otros tal vez de buena fe, porque ven en esos asentamientos una alternativa, al menos de emergencia, para familias en estado de necesidad. Pero ese aval condena a los sectores más vulnerables a vivir en especies de guetos donde se potencia la marginalidad, y a ser rehenes, además, de organizaciones delictivas que lucran con su desesperación y montan “negocios inmobiliarios” con títulos y papelería trucha.
usurpaciones se han convertido en una suerte de “institución” de lo que se denomina la “economía popular”. Son definiciones que remiten a un diccionario de eufemismos que busca legitimar, con una supuesta jerga inclusiva, una especie de “legalidad blue” donde todo se comercializa o “se transa” en negro. Así se ha creado una cultura que borronea las fronteras de la ley, que naturaliza el uso de la fuerza y que crea nuevas formas de esclavitud y sometimiento a través de organizaciones que lucran con la pobreza.
La angustia de vecinos que se sienten amenazados por la toma de tierras en barriadas suburbanas tiene que ver con ese sistema clandestino que se monta alrededor de las usurpaciones. No es el miedo a la convivencia; es el miedo a una situación que nace de la prepotencia y del quiebre de la norma. En muchos casos, las que reaccionan y se oponen también son familias afectadas por la pobreza y la precariedad laboral. Pero les produce terror la perspectiva de una vecindad con enclaves que se desarrollan al margen de toda legalidad.
Hay que escuchar a vecinos linderos de tomas como la de Los Hornos. Muchos son albañiles, serenos, electricistas, enfermeros. Muchas son mujeres que trabajan en el servicio domésticooquetienenensucasapequeños emprendimientos de peluquería, costura o repostería. Sufren la crisis económica en carne propia, pero hacen un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes, mandar a los chicos a la escuela y mantener su vivienda en condiciones dignas. Intentan transmitirles a sus hijos la cultura del trabajo. Tienen pánico a que caigan en la droga y a que se vean tentados por atajos engañosos para comprarse una moto o para ganar “plata fácil”. Cuando defienden su barrio, defienden un sistema de valores en el que la vivienda se paga y se gana con sacrificio. Defienden una cultura de la ley y del esfuerzo.
Sienten que, además, se genera una profunda desigualdad. El mismo gobierno bonaerense que apaña las tomas de tierras amenaza a los usuarios de ABSA (la empresa estatal de agua) con mandarlos al Veraz si no pagan la factura. Frente a su casa, sin embargo, ven extenderse con total impunidad las conexiones clandestinas que debilitan toda la red de servicios.
Alrededor de las tierras tomadas se produce un crecimiento habitacional anárquico, sin desagües ni tratamiento de residuos; muchas veces, sobre superficies inundables, sin forestación ni espacios recreativos. Todo eso degrada las condiciones de vida en los alrededores y crea desde polución ambiental hasta riesgos sanitarios. En definitiva, se produce un deterioro material, pero a la vez cultural, donde la “economía social” funciona como una pantalla que esconde anomia y clandestinidad.
La pregunta de fondo, entonces, es cómo se sale del drama social que representa el 53% de la población en la pobreza y el 18% en la indigencia: ¿dentro o fuera de la ley? ¿Por el camino largo y esforzado del trabajo o por el atajo de la usurpación y de la fuerza? ¿Subordinándose a la norma o al “transa” y al “capanga”? Los discursos que exaltan la “lucha social” y la “economía popular” tal vez deberían preguntarse a quién resultan funcionales. ¿Quién defiende a esas familias trabajadoras que viven de este lado de la ley?
Las usurpaciones son avaladas, directa o indirectamente, por sectores políticos, judiciales y hasta por algunas ONG; hay quienes lo hacen por réditos electorales, otros tal vez de buena fe
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Boleta única: primó la vocación por la transparencia
Debe celebrarse este tan esperado avance para mejorar nuestro sistema electoral, que debe complementarse con la necesaria ficha limpia
La ciudadanía argentina estrenará en las elecciones legislativas nacionales de 2025 una nueva forma de votar que ya rige en distintas jurisdicciones, tras la reforma sancionada anteayer por los diputados, tras las reformas que el Senado le había introducido a la iniciativa aprobada dos años atrás por la Cámara baja.
El acuerdo entre el oficialismo, Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y otras fuerzas políticas minoritarias condujo a la tan largamente esperada como demorada aprobación de la boleta única de papel (BUP) con 143 votos a favor y 87 en contra. El kirchnerista bloque Unión por la Patria rechazó el proyecto –con excepción del diputado Guillermo Snopek, que votó a favor– mientras que los cinco legisladores de izquierda se abstuvieron.
A nadie sorprendió que desde el kirchnerismo pudieran disparatadamente argumentar que la democracia argentina se había visto fortalecida por el viejo sistema que felizmente quedará atrás. La diputada Sabrina Selva, cercana a Sergio Massa, llegó incluso a afirmar que los bloques dialoguistas estaban “totalmente disociados de la realidad que a la mayoría nos duele”. Una vez más, su registro distorsionado no sintoniza con el reclamo ciudadano, ese mismo que en las urnas les fue tan esquivo y que hoy celebra la aprobación de la BUP.
La propia Cámara Nacional Electoral promovía desde 2007 este cambio. Silvia Lospennato (Pro) recordó que los intentos por reformar el sistema de votación arrancaron hace 17 años. “El kirchnerismo obstruyó cada intento de impulsar este proyecto”, afirmó y que, aun cuando el sistema no favorece a los oficialismos, tanto Mauricio Macri en su momento, como Javier Milei ahora, optaron por lo correcto y no por lo conveniente.
Cabe recordar el enorme impulso que fue dado a la BUP por un amplio frente de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, especialistas de Argentina Debate, Red de Acción Política, Cippec y Poder Ciudadano.
La reforma elimina las papeletas partidarias y aglutina en una sola boleta toda la oferta electoral nacional. Con un diseño similar al mendocino, para la elección de 2025 los partidos se ubicarán en columnas verticales y los cargos en las filas horizontales, con las fotos de los dos primeros candidatos a diputado y senador nacional. El orden de las listas se definirá por sorteo. Si un partido no presenta candidatos en alguna categoría, se incluirá la leyenda “no presenta candidato”. No habrá ya necesidad de disponer de sobres firmados por las autoridades de mesa, pues la boleta se introduce directamente en la urna una vez tildadas las opciones. La firma del presidente de mesa irá en un casillero en el dorso, junto con un instructivo para el votante.
El posible efecto arrastre de las estructuras partidarias nacionales por sobre las provinciales quedó anulado con la eliminación del casillero “lista completa” que había sido motivo de debate y modificación en el Senado. Precisamente este punto, clave para lograr el quorum en Diputados, hundió en la desazón a muchos que debieron renunciar a sus preferencias, evidenciando su temor a que la supresión aumentara el voto en blanco para las categorías inferiores si los electores no tildan el resto de las opciones. La experiencia mendocina, que sí incluye el casillero, confirmaría esta hipótesis pues el 85% de los votantes optó por lista completa en la última elección.
Atrás quedarán los manipulados presupuestos para impresiones partidarias y el negocio de los sellos de goma, los abultados gastos en logística, las prácticas de robo u ocultamiento de boletas en el cuarto oscuro, al tiempo que, en adelante, solo será necesaria una fiscalización simplificada, entre muchas otras ventajas que reiteradamente destacamos desde estas columnas. Urge ahora apurar la ley de ficha limpia que prohíba presentarse como candidatos a quienes tengan condenas confirmadas, situación que tantas veces ha convertido a nuestras instituciones en guaridas de delincuentes. De no aprobarse este año, habrá que aguardar que la iniciativa se vuelva a presentar y recorrer todo el derrotero parlamentario.
Como bien señaló la diputada socialista Mónica Fein, la BUP debe ser el primer paso hacia una reforma integral del sistema electoral que incluya temas espinosos y turbios como el financiamiento de la política. Aprovechar el contexto de un año no electoral para transparentar las distintas aristas del principal mecanismo democrático es una asignatura pendiente que no puede seguir demorándose. La aprobación de la BUP confirma que es posible construir los consensos que la ciudadanía demanda a sus representantes y que deberían convocarse nuevamente para aprobar sin más demoras la ley de ficha limpia, y así mejorar la calidad democrática.
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