El Gobierno confirmó que en diciembre suben la luz, el gas y los combustibles
Según fuentes oficiales, la tarifa eléctrica aumentará 2%; la del gas, 2,7%, y el impuesto a las naftas y el gasoil, 1%
Ignacio Grimaldi
El nuevo aumento en la electricidad llega justo antes del período de mayor consumo
El Gobierno confirmó ayer un nuevo aumento de tarifas. En este caso, a partir de diciembre la luz subirá 2% y el gas, 2,7%. Esto se suma a lo anunciado por AySA para los usuarios en el AMBA, que afrontarán incrementos del 3% en sus boletas.
Además, fuentes oficiales indicaron que también se incrementará 1% el impuesto a los combustibles. ¿Cómo se traslada esto a precios? Según señalaron petroleras y cámaras de estaciones de servicio, eso aún no está definido.
De esta manera, el Gobierno continuará con el sendero de reducción de subsidios y corrección del precio de tarifas para alinear los valores de las boletas a sus costos reales de producción de gas y generación eléctrica. Hasta octubre, el gasto público en esas partidas cayó 34,4% en términos reales comparado con el año pasado. La contracara de esto es lo que pagan los usuarios a fin de mes. Según un informe del Observatorio de tarifas y subsidios de la UBA y el Conicet, hasta este mes la boleta de la luz acumuló una suba de hasta 189% y la del gas, de hasta 564% (varía según los niveles de ingresos).
En paralelo, las boletas de agua en el AMBA se cuadruplicaron durante este año, tal cual informó AySA. El mayor aumento se registró en abril (209%). Luego, los incrementos fueron mensuales y en dosis más bajas. En la compañía esperan terminar 2024 con superávit.
Los aumentos reducen el gasto público, pero conspiran en contra de otro de los objetivos del Gobierno que es la desaceleración de la inflación. De hecho, la última medición del Indec, correspondiente al mes de octubre, reportó que el precio de los bienes subió 89,6% mientras que el de los servicios se ubicó por arriba, con un aumento promedio de 165%.
El incremento del precio de la electricidad llega en la antesala de una de las épocas de mayor consumo por las altas temperaturas y el uso de los aires acondicionados. A su vez, el precio del gas volvió a ratificar un camino de aumentos. En octubre había bajado 5%, en noviembre trepó 2,7% y en diciembre hará lo mismo.
La nafta muestra un comportamiento similar. En octubre, tras la decisión de YPF, su valor se redujo 1%, algo que duró poco, ya que este mes volvió a subir 2,7% y, tras el incremento del impuesto a los hidrocarburos, se espera un nuevo movimiento en su precio en diciembre.
El reparto de los subsidios
Industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras los usuarios residenciales de bajos ingresos, el 26%, y los de ingresos medios, el 41% por el consumo bonificado (y sobre el excedente, un 93% como los de ingresos altos).
En el caso del gas, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos pagan el 64% del valor del servicio; los de ingresos bajos, el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía con subsidios
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Aprueban un plan de retiros voluntarios en el INTA
Lo definieron el Gobierno y entidades del agro; el organismo también venderá dos propiedades
El Gobierno confirmó ayer un nuevo aumento de tarifas. En este caso, a partir de diciembre la luz subirá 2% y el gas, 2,7%. Esto se suma a lo anunciado por AySA para los usuarios en el AMBA, que afrontarán incrementos del 3% en sus boletas.
Además, fuentes oficiales indicaron que también se incrementará 1% el impuesto a los combustibles. ¿Cómo se traslada esto a precios? Según señalaron petroleras y cámaras de estaciones de servicio, eso aún no está definido.
De esta manera, el Gobierno continuará con el sendero de reducción de subsidios y corrección del precio de tarifas para alinear los valores de las boletas a sus costos reales de producción de gas y generación eléctrica. Hasta octubre, el gasto público en esas partidas cayó 34,4% en términos reales comparado con el año pasado. La contracara de esto es lo que pagan los usuarios a fin de mes. Según un informe del Observatorio de tarifas y subsidios de la UBA y el Conicet, hasta este mes la boleta de la luz acumuló una suba de hasta 189% y la del gas, de hasta 564% (varía según los niveles de ingresos).
En paralelo, las boletas de agua en el AMBA se cuadruplicaron durante este año, tal cual informó AySA. El mayor aumento se registró en abril (209%). Luego, los incrementos fueron mensuales y en dosis más bajas. En la compañía esperan terminar 2024 con superávit.
Los aumentos reducen el gasto público, pero conspiran en contra de otro de los objetivos del Gobierno que es la desaceleración de la inflación. De hecho, la última medición del Indec, correspondiente al mes de octubre, reportó que el precio de los bienes subió 89,6% mientras que el de los servicios se ubicó por arriba, con un aumento promedio de 165%.
El incremento del precio de la electricidad llega en la antesala de una de las épocas de mayor consumo por las altas temperaturas y el uso de los aires acondicionados. A su vez, el precio del gas volvió a ratificar un camino de aumentos. En octubre había bajado 5%, en noviembre trepó 2,7% y en diciembre hará lo mismo.
La nafta muestra un comportamiento similar. En octubre, tras la decisión de YPF, su valor se redujo 1%, algo que duró poco, ya que este mes volvió a subir 2,7% y, tras el incremento del impuesto a los hidrocarburos, se espera un nuevo movimiento en su precio en diciembre.
El reparto de los subsidios
Industrias, comercios y hogares de altos ingresos pagan el 93% de lo que cuesta la generación eléctrica; mientras los usuarios residenciales de bajos ingresos, el 26%, y los de ingresos medios, el 41% por el consumo bonificado (y sobre el excedente, un 93% como los de ingresos altos).
En el caso del gas, las industrias, comercios y los hogares de altos ingresos pagan el 64% del valor del servicio; los de ingresos bajos, el 23%, y los de ingresos medios, el 29%. El resto del costo lo cubre el Ministerio de Economía con subsidios
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Aprueban un plan de retiros voluntarios en el INTA
Lo definieron el Gobierno y entidades del agro; el organismo también venderá dos propiedades
Belkis Martínez
El Gobierno llegó a un acuerdo en el Consejo Directivo del INTA, donde entre otros actores están las entidades del agro y las autoridades del organismo que representan a la Secretaría de Agricultura, sobre el destino de tierras en la provincia de Salta, la subasta del edificio de Palermo ubicado en la calle Cerviño y 298 retiros voluntarios. El entendimiento se dio después de que el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, convocara a una reunión de urgencia para ayer a las 8, en un intento por destrabar una dura negociación. Más allá del plan para “modernizar” el INTA anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que dejó deslizar que hay miles de hectáreas subutilizadas, por ahora estos son los tres puntos definidos.
En ese sentido, ayer el Consejo Directivo otorgó 75 días para evaluar los 227 contratos del personal que fue ingresando en planta transitoria en el último tiempo. También se dio el visto bueno sobre un terreno de 41 hectáreas en Cerrillos, Salta, cedidas a esa provincia para la construcción de viviendas. Los fondos se asignarán a reparaciones o mantenimientos edilicios.
Se autorizó también la ejecución de la subasta del edificio de la calle Cerviño en el barrio porteño de Palermo. Se cedió a la Agencia deAdministración de Bienes del Estado (AABE) el poder para subastar el inmueble el 23 de diciembre a las 12: tendrá un precio base de US$6.378.968, los fondos se utilizarían en inversiones de proyectos de investigación. Dentro del inmueble trabajan 140 personas, que serán reubicadas en oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía. El 70% del valor de venta debe tener un fin. El presidente del INTA y Nicolás Pakgojz (AABE) tienen a partir de ahora 15 días para definir un lugar donde se van a trasladar las oficinas. Dentro del edificio funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.
Además, se formó un grupo de apoyo para analizar la estrategia, que estará constituido por cuatro asesores del Consejo Directivo, que son Gonzalo Abaurrea, Matías Nardello, Inés Liendo y Luis Negruchi, según se conoció durante la reunión. La estrategia de modernización se definirá en un plazo de 180 días.
Todos estos “cambios”, fueron aprobados por el Consejo Directivo con la condición de que haya una contraprestación. En el caso de las tierras de Salta, la condición es que se realicen viviendas para INTA o que parte del valor de venta vuelva al organismo. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se acercó finalizada la votación a la sede del INTA en Chile, donde se realizó la reunión.
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía (Audeas),
Entre 2013 y 2015, en el gobierno de Cristina, el plantel pasó de 3400 a 7500 empleados
uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos, un veterinario [Carlos Alberto Vera], su presidente [Nicolás Bronzovich] y la vicepresidenta [María Beatriz “Pilu” Giraudo]. Tanto Bronzovich como Giraudo han tenido un paso por Aapresid. Giraudo, en rigor, llegó a ser presidenta.
Anteayer, el Consejo Directivo estuvo reunido durante 12 horas, en la sede central, en la calle Rivadavia 1439, donde también se llevaron adelante manifestaciones en rechazo al “plan de modernización” que busca el Gobierno. Durante la tarde se planteó la posibilidad de “trabajar en la adecuación de la planta del INTA en 120 días”, para identificar los puntos críticos a solucionar, pero los representantes del Gobierno no aceptaron la ejecución del plan en esos términos, sino que pretenden una puesta en marcha inmediata. Así, los representantes de las entidades decidieron retirarse de la sede. Minutos después fueron convocados a una reunión para ayer. El argumento del Consejo Directivo también fue que los puntos de interés del Gobierno no estaban dentro del temario a resolver.
En este marco se aprobó una segunda tanda de retiros voluntarios. La primera, que abarcó a 154 personas, finalizó a principios de octubre. No obstante, la segunda tanda no se había tratado hasta ayer. En total son 298 trabajadores. Así, también se conoció que se intimará en un lapso de 30 días al personal que esté en condiciones de iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional, según lo que establece el artículo 19 de la ley nacional del sistema integrado jubilaciones y pensiones N° 24.241.
La Federación Agraria Argentina no acompañó ni votó por ninguno de los puntos mencionados. En tanto, la Facultad de Ciencias Veterinarias, que dentro del Consejo Directivo del INTA está representada por el Consejo Nacional de Decanos/as de Ciencias Veterinarias (Conadev) no acompañó la adecuación del personal.
El Consejo Directivo tampoco tomó conocimiento ni recibió solicitud o requerimiento alguno para la venta, cesión o enajenación de 71.000 hectáreas de tierras que tiene el INTA en campos experimentales. Vale recordar que el Gobierno anticipó que analizarán el destino de esas 71.000 hectáreas de tierras que estarán bajo la lupa. Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, se conoció que el INTA tiene 116.000 hectáreas de tierras y de estas solo se usan 45.000 para experimentaciones con fines comerciales y productivos. Hasta ahora, las decisiones sobre la puesta en venta de tierras no están tomadas y en caso de hacerse lo harán con la aprobación del Consejo.
Entre 2013 y 2015, con Cristina Kirchner como presidenta, el INTA pasó de 3400 a 7500 empleados; la planta aumentó más de un 100%. Hoy tiene 6852. Esto en el Gobierno lo ven como un uso político que habría alejado a la entidad del sentido de su existencia y creación. Adorni, en su conferencia de prensa, señaló que el INTA “es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior” con temas como “las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.
El Gobierno llegó a un acuerdo en el Consejo Directivo del INTA, donde entre otros actores están las entidades del agro y las autoridades del organismo que representan a la Secretaría de Agricultura, sobre el destino de tierras en la provincia de Salta, la subasta del edificio de Palermo ubicado en la calle Cerviño y 298 retiros voluntarios. El entendimiento se dio después de que el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, convocara a una reunión de urgencia para ayer a las 8, en un intento por destrabar una dura negociación. Más allá del plan para “modernizar” el INTA anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que dejó deslizar que hay miles de hectáreas subutilizadas, por ahora estos son los tres puntos definidos.
En ese sentido, ayer el Consejo Directivo otorgó 75 días para evaluar los 227 contratos del personal que fue ingresando en planta transitoria en el último tiempo. También se dio el visto bueno sobre un terreno de 41 hectáreas en Cerrillos, Salta, cedidas a esa provincia para la construcción de viviendas. Los fondos se asignarán a reparaciones o mantenimientos edilicios.
Se autorizó también la ejecución de la subasta del edificio de la calle Cerviño en el barrio porteño de Palermo. Se cedió a la Agencia deAdministración de Bienes del Estado (AABE) el poder para subastar el inmueble el 23 de diciembre a las 12: tendrá un precio base de US$6.378.968, los fondos se utilizarían en inversiones de proyectos de investigación. Dentro del inmueble trabajan 140 personas, que serán reubicadas en oficinas de la Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Economía. El 70% del valor de venta debe tener un fin. El presidente del INTA y Nicolás Pakgojz (AABE) tienen a partir de ahora 15 días para definir un lugar donde se van a trasladar las oficinas. Dentro del edificio funcionan la Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.
Además, se formó un grupo de apoyo para analizar la estrategia, que estará constituido por cuatro asesores del Consejo Directivo, que son Gonzalo Abaurrea, Matías Nardello, Inés Liendo y Luis Negruchi, según se conoció durante la reunión. La estrategia de modernización se definirá en un plazo de 180 días.
Todos estos “cambios”, fueron aprobados por el Consejo Directivo con la condición de que haya una contraprestación. En el caso de las tierras de Salta, la condición es que se realicen viviendas para INTA o que parte del valor de venta vuelva al organismo. El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se acercó finalizada la votación a la sede del INTA en Chile, donde se realizó la reunión.
El Consejo Directivo del INTA está integrado, más allá del sector público, por entidades del sector agropecuario como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro. Al ser un órgano colegiado, también está conformado por un representante de la Facultad de Agronomía (Audeas),
Entre 2013 y 2015, en el gobierno de Cristina, el plantel pasó de 3400 a 7500 empleados
uno de la Facultad de Ciencias Veterinarias de universidades nacionales, así como tres de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entre ellos, un veterinario [Carlos Alberto Vera], su presidente [Nicolás Bronzovich] y la vicepresidenta [María Beatriz “Pilu” Giraudo]. Tanto Bronzovich como Giraudo han tenido un paso por Aapresid. Giraudo, en rigor, llegó a ser presidenta.
Anteayer, el Consejo Directivo estuvo reunido durante 12 horas, en la sede central, en la calle Rivadavia 1439, donde también se llevaron adelante manifestaciones en rechazo al “plan de modernización” que busca el Gobierno. Durante la tarde se planteó la posibilidad de “trabajar en la adecuación de la planta del INTA en 120 días”, para identificar los puntos críticos a solucionar, pero los representantes del Gobierno no aceptaron la ejecución del plan en esos términos, sino que pretenden una puesta en marcha inmediata. Así, los representantes de las entidades decidieron retirarse de la sede. Minutos después fueron convocados a una reunión para ayer. El argumento del Consejo Directivo también fue que los puntos de interés del Gobierno no estaban dentro del temario a resolver.
En este marco se aprobó una segunda tanda de retiros voluntarios. La primera, que abarcó a 154 personas, finalizó a principios de octubre. No obstante, la segunda tanda no se había tratado hasta ayer. En total son 298 trabajadores. Así, también se conoció que se intimará en un lapso de 30 días al personal que esté en condiciones de iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional, según lo que establece el artículo 19 de la ley nacional del sistema integrado jubilaciones y pensiones N° 24.241.
La Federación Agraria Argentina no acompañó ni votó por ninguno de los puntos mencionados. En tanto, la Facultad de Ciencias Veterinarias, que dentro del Consejo Directivo del INTA está representada por el Consejo Nacional de Decanos/as de Ciencias Veterinarias (Conadev) no acompañó la adecuación del personal.
El Consejo Directivo tampoco tomó conocimiento ni recibió solicitud o requerimiento alguno para la venta, cesión o enajenación de 71.000 hectáreas de tierras que tiene el INTA en campos experimentales. Vale recordar que el Gobierno anticipó que analizarán el destino de esas 71.000 hectáreas de tierras que estarán bajo la lupa. Tras la conferencia de prensa del vocero presidencial, se conoció que el INTA tiene 116.000 hectáreas de tierras y de estas solo se usan 45.000 para experimentaciones con fines comerciales y productivos. Hasta ahora, las decisiones sobre la puesta en venta de tierras no están tomadas y en caso de hacerse lo harán con la aprobación del Consejo.
Entre 2013 y 2015, con Cristina Kirchner como presidenta, el INTA pasó de 3400 a 7500 empleados; la planta aumentó más de un 100%. Hoy tiene 6852. Esto en el Gobierno lo ven como un uso político que habría alejado a la entidad del sentido de su existencia y creación. Adorni, en su conferencia de prensa, señaló que el INTA “es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior” con temas como “las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”.
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