Detalles de una propuesta que liquida 23 años de historia
Los bancos argentinos le acercaron al Gobierno una iniciativa por escrito para darles un nuevo destino a los dólares; sin presupuesto, la Casa Rosada negocia una a una con las provincias
Pablo Fernández Blanco
Nachito, como lo llamó socarronamente Javier Milei en tiempos de desencuentros, empezó el año a los saltos, pero lo termina casi a velocidad crucero. Se ganó el diminutivo en medio de la pelea de Chubut con la Casa Rosada por el recorte de recursos en la parte más dramática del ajuste libertario, a principios de 2024. Fue cuando Ignacio Torres, gobernador de la provincia, el personaje central de esa pelea, amenazó con dejar de venderle petróleo al resto del país, lo que desató la furia del Presidente.
Días atrás, Chubut firmó con la Nación un mecanismo de compensación de deudas que fue celebrado por la gobernación, y la Casa Rosada aprobó la creación de una zona franca en Trelew que, en el pasado, no habían logrado ni siquiera jefes provinciales del mismo color político que el poder central.
Torres volvió el miércoles pasado de Paraguay, donde vio al presidente Santiago Peña. Viajó para escuchar de primera mano los detalles del programa de alivio fiscal que implementó ese país, donde al Banco Central le sobran los dólares y hay jactancia oficial sobre el estímulo público al desarrollo de la actividad privada, lo mismo que busca recrear en la Argentina la gestión libertaria.
El caso de Chubut es un ejemplo de conversión en dos sentidos. Hay muchos más. Los que hasta hace 15 días se decían cualquier cosa en la discusión por el presupuesto, ahora encauzaron una parte del problema sin “alcahueterías”, según reivindica Torres en sus conversaciones con funcionarios públicos. Lo sabe Santiago Caputo, el vértice del triángulo de hierro con el que el gobernador de Chubut tiene un pasado en común y un tratamiento frontal.
Caputo es la terminal multimodal de reclamos que llegan desde toda la geografía política. Una especie de facilitador del que se sirven quienes tienen acceso a él. Puede recibir llamados de diputados y senadores, gobernadores y hasta atiende derivaciones de su tío el ministro de Economía, Luis Caputo, para cuestiones específicas. Su capacidad de atender temas diversos, sin embargo, es vista por interlocutores oficiales con la Casa Rosada como una dificultad.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se colocó una cucarda anhelada por el resto de sus colegas gobernadores el lunes pasado. Junto a Lisandro Catalán, número dos de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete y encargado de la relación con las provincias, firmó un acuerdo para que la Casa Rosada le girara $2000 millones por mes para su caja de jubilaciones.
La foto dice mucho. El número, que no conformó en absoluto a Frigerio, representa el primer paso para allanar un camino de sinsabores con respecto a uno de los temas que más les molesta a los gobernadores. Muestra, también, las dificultades de dialogar sobre dinero público con un poder distribuido en varias coronas.
Es probable que el gobernador de Entre Ríos, que en las últimas semanas también logró modificaciones al pliego de licitación de la Hidrovía, créditos del Banco Nación y compensaciones de deuda, no pueda afirmar con total seguridad qué funcionario del gobierno nacional tomó finalmente cada una de esas decisiones.
Es un relato repetido entre los gobernadores, que suelen hacer catarsis en el grupo de WhatsApp que reúne a los 24. Quienes mejor amortizan la terapia grupal son Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja). No por su signo político, sino por la contabilidad: conducen las provincias que más dependen de las transferencias discrecionales del Estado, algo que se terminó con la llegada de Milei al poder.
Para que salgan las cosas, entonces, hay que hablar con Luis y con Santiago Caputo, pero también con Francos y Catalán; pasar tangencialmente por Karina Milei o más directamente por sus terminales, Martín y Lule Menem. Casi todos contactan, además, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el principal guardián de la ejecución presupuestaria. En la intersección de ese lobby aparece la potencia para que algo avance.
Los casos de Torres y de Frigerio muestran el manual de la gestión de cara al año próximo. La Casa Rosada mantendrá negociaciones bilaterales con cada una de las provincias, en lugar de poner todos los acuerdos juntos en algo llamado presupuesto.
Milei llega a fin de año con un triunfo en la batalla cultural con la política. El hecho toma mayor relevancia porque no estaba claro, al principio de la excursión libertaria, que el Presidente lograra imponer esas ideas. Hoy, los gobernadores que llegaron a su silla con la escudería de Juntos por el Cambio y los denominados “peronistas con peluca” nunca presentan su lista de pedidos sin antes mostrar todo lo que hicieron para replicar en el pago chico lo que Milei impuso a nivel nacional.
Una planilla de Excel que fue circulada esta semana por las provincias muestra que 13 gobernadores revirtieron en el primer semestre la situación deficitaria del año pasado, a tal punto que ningún distrito terminó con quebranto. El mood Caputo se federalizó.
Así comenzará el año próximo. Será un experimento inédito del que no hay recuerdos recientes en la Argentina: el país arrancaría 2025 con las cuentas equilibradas a nivel nacional y también entre los gobiernos subfederales, que lo usarán como argumento para reclamarle a la Casa Rosada todo lo que creen que ya cobró, pero no les pagó.
El experimento de equilibrio fiscal es la base sobre la que el Gobierno espera armar una estructura
Caputo es la terminal multimodal de reclamos que llegan desde la geografía política
Los casos de Torres y de Frigerio muestran el manual de la gestión de cara al año próximo
más arriesgada que permita continuar normalizando la economía y, al mismo tiempo, alentando la recuperación de la actividad. La semana pasada, Caputo planteó en una reunión cerrada una discusión que comenzó algún tiempo atrás y fue mencionada El tema tomó estado público. Se trata de que los bancos puedan prestar dólares para empresas que no estén directamente vinculadas con la exportación.
El primer capítulo de la saga que se propone cambiar el sistema financiero que nació tras el estallido de 2001 tiene un origen hasta ahora desconocido.
Javier Bolzico, el presidente de Adeba (bancos privados nacionales), recogió el diálogo interno de los bancos locales, un nutrido grupo influyente que tiene entre sus principales exponentes al Galicia (Escasany) y al Macro, cuyo rostro más destacado es Jorge Brito (h), también presidente de River. Lo puso por escrito y se lo mandó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, en una nota que, según reconstruyó vio la luz en la primera quincena de octubre pasado.
Uno de los detonantes de la crisis de 2001 fue el hecho de que los bancos les habían prestado dólares a empresas y a personas que ganaban en pesos. Con la devaluación que siguió a la salida de la convertibilidad, todo empeoró hasta un nivel inimaginado.
La propuesta de los bancos locales, ahora, pasa por flexibilizar parcialmente esos controles. Plantearon dos cosas en concreto: que les permitan prestar algunos de sus dólares a empresas que hayan tomado coberturas cambiarias y que les abran el grifo para darles moneda dura a empresas grandes y pequeñas. Hablan de un 20% de su capacidad prestable.
En cambio, proponen dejar afuera al público en general, quizás una de las patas más débiles del sistema que acompañó la salida de Fernando De La Rúa, y no considerar tampoco a las compañías más chicas. Los dólares que presten los bancos, dicen, tienen que quedar en manos de actores con cierta sofisticación en el manejo de las finanzas.
Hay dos actores económicos a los que hoy no les pueden prestar, pero ya fueron identificados como posibles beneficiarios en caso de que haya una amnistía por los errores del pasado. Se trata de los importadores y de los constructores. No es casualidad. Un teléfono de la manzanita y un departamento porteño se negocian en dólares.
Quienes levantan edificios, además, hoy ya pueden conseguir las divisas de otra manera. Por ejemplo, mediante la colocación de obligaciones negociables en dólares. Es un negocio que los bancos se están perdiendo y puede generar un problema nuevo para la economía.
Desde enero pasado, los depósitos en dólares han venido creciendo. La pregunta que surge ahora es cómo una entidad financiera podrá retener el dinero del depositante si no le paga un premio razonable. Para eso, dicen, deben poder prestar y cobrar por ello.
¿Cuál será el precio de los dólares que se le presten al sector privado? El tema también está en discusión. Si bien el Gobierno niega que vaya a convalidar una devaluación, una parte del mercado todavía desconfía. No saben si en la salida del cepo la cotización oficial no tendrá un salto moderado.
Para disipar esas dudas, el sector financiero propone tomar como tipo de cambio el dólar MEP, que suele estar más arriba que el oficial. El que se lleva dólares, podría venderlos y comprarlos en el mercado de capitales. Pero el ala conservadora del Banco Central cree que esa carambola cambiaria podría llevar a un estrés jurídico innecesario cuando falta menos para la salida del cepo.
La discusión se nutre con conversaciones informales al más alto nivel entre actores del sistema financiero y representantes del Gobierno. Es un tema que despierta algunas diferencias entre Economía y la línea del Banco Central. No necesariamente con su presidente, Santiago Bausili, quien pese a mantenerse cauto, se entusiasma con que cuando los dólares que están en los bancos pasen por su ventanilla engrosarán las reservas netas de la entidad monetaria.
Hay también diferencias entre los propios actores del sector privado. Los bancos locales creen que maduraron tras la explosión de hace 23 años, y así se lo hicieron saber al ministro de Economía y al presidente del BCRA.
En cambio, los internacionales, entre los que se cuentan el Santander, el BBVA y el ICBC, tienen aún fresco el recuerdo de principios de 2002, cuando centenares de ahorristas golpeaban sus edificios protegidos con cortinas metálicas para que les devolvieran sus ahorros. Rechazan la idea.
Todos tendrán un termómetro magnífico para medir las prestaciones del sistema el mes próximo. Los consumidores podrán pagar en dólares en cualquier comercio y estos últimos, depositarlos o volver a gastarlos. El resultado de esa experiencia novedosa dará alguna pista acerca de si el país está interesado y preparado para usar la divisa norteamericana como circulante o seguirá eligiéndola para atesoramiento.
En cualquier caso, correrán dólares, pero los impuestos se seguirán pagando en pesos. Ese detalle, que puede pasar desapercibido, es muy importante. Lo tiene en cuenta, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque hace largar en una posición antes al peso en la competencia de monedas.
Es irónico. El Gobierno que ganó una elección con la promesa de dolarizar, terminó haciendo los cambios necesarios para darle un presente revitalizado al peso, que será caro. El peso estuvo muerto, pero resucitó. Larga vida al peso.
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El foco en la alfabetización y los ajustes, los ejes de la gestión educativa
Desde el gobierno nacional, apuestan por la “inversión inteligente” en el área; los especialistas advierten sobre graves problemas de los estudiantes en comprensión lectora y en matemática
Texto María Nöllmann
Se estima que la mitad de los argentinos de 8 años no comprende lo que lee
Un año de cambios de paradigmas. Un año de grandes debates y conflictos. Un año marcado por el ajuste. Son muchas y variadas las maneras en que los especialistas en educación y las distintas autoridades del área resumen el balance del ciclo escolar 2024, el primero bajo la presidencia de Javier Milei.
Mientras que en la esfera pública el debate fue eclipsado por las marchas y paros universitarios por el recorte presupuestario, la situación de los niveles obligatorios quedó relegada a un segundo plano. En los discursos gubernamentales, sin embargo, la educación primaria y secundaria coparon el centro de la atención.
Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad se avanzó en un cambio del régimen académico del secundario, mientras que a nivel nacional la secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, puso como principal consigna el concepto de “inversión inteligente” y centró el discurso y los acuerdos con las provincias alrededor del Plan Nacional de Alfabetización, al que los expertos califican de embrionario como para poder ser analizado.
Todo esto ocurrió en medio de un escenario educativo crítico. Los últimos resultados de las pruebas Aprender (2023) y las pruebas internacionales PISA (2022) muestran un sistema educativo con problemas cada vez más acentuados, que posicionan a la Argentina en un puesto marginado respecto de la región.
Este escenario tiene como telón de fondo una deuda millonaria, un desfinanciamiento educativo que ocurre año tras año desde 2015, último período en el que el presupuesto asignado a la educación cumplió con los niveles establecidos por ley. Desde la organización Argentinos por la Educación destacan que, lejos de achicarse la deuda, este año ha aumentado, y afirman estar expectantes a lo que sucederá en el ciclo lectivo de 2025, año que comienza sin una Ley de Presupuesto aprobada y, por lo tanto, con incertidumbre sobre los montos y los modos en que se inyectará el dinero a la Secretaría de Educación.
Inversión real
La partida presupuestaria 2024 marca una caída del 40% respecto de la de 2023, que ya presentaba un ajuste respecto de la anterior. A estos recortes se suman los ajustes de los años previos, dado a que, si bien la Ley Nacional de Educación (2006) establece que el presupuesto destinado al área no debe ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), desde la aprobación de esta norma solo se cumplió en tres ocasiones.
“Desde 2015 viene cayendo la inversión real en la educación en todos los niveles educativos. Si calculamos cuánto le damos a educación desde que está esta ley, le debemos una partida presupuestaria completa. Es decir que si en un año quisiéramos saldar la deuda educativa acumulada, tendríamos que invertir un 12% del PBI en vez de un 6%”, afirma Leyre Sáenz Guillén, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación.
“En los últimos 14 años la situación presupuestaria de la educación en la Argentina fue para peor o para mucho peor, dependiendo la época. Pero el ajuste del último año fue tremendo, de los más devastadores del sistema educativo”, afirma el docente y especialista en educación Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembro de la Coalición por la Educación. Destaca, entre los principales efectos, el recorte en la entrega de libros de texto por parte del gobierno nacional.
“El ajuste de este año fue especialmente corrosivo: deterioró el poder de utilización de ciertos recursos didácticos para los maestros, salvo en algunas jurisdicciones donde los gobiernos locales hicieron una inversión propia para la compra de los libros, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires”, afirma.
Desde el gobierno nacional abrazan el concepto de inversión inteligente. “Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. La crisis educativa argentina tiene en uno de sus componentes un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes”, afirmaron a fuentes del Ministerio Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación.
Esta implementó un enfoque de “gasto estratégico”, mediante del que, según las fuentes consultadas, “se logró un ahorro de más de $335.000 millones y US$333 millones mediante la reestructuración de programas y la optimización de recursos”. Y agregan: “Se redujeron 170 programas dispersos para priorizar cinco líneas estratégicas, garantizando así un retorno efectivo a los aprendizajes fundamentales”. Y suman que los convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por 500 y 300 millones de dólares, respectivamente, “reflejan el compromiso de invertir de manera estratégica y sostenible en el desarrollo educativo”.
Siguiendo esta línea, el proyecto de ley de presupuesto 2025, que fue impulsado por el Gobierno y que
El presupuesto 2024 marca una caída del 40% respecto del de 2023, que ya presentaba un ajuste en relación con el anterior
Las 24 jurisdicciones adhirieron al Plan Nacional de Alfabetización
A los altos niveles de falta de comprensión lectora se suman, años después, altos niveles de deserción
aún no fue aprobado, propone en su artículo 27 suspender el compromiso de cumplir con la asignación de no menos del 6% del PBI para la educación.
Alfabetización
La campaña por la alfabetización que encabeza el gobierno nacional comenzó a mediados del año pasado, y fue impulsada originalmente por Argentinos por la Educación. “En 2023 hicimos un informe con el resultado de las pruebas que realiza la Unesco en varios países de América Latina y ahí vimos que en la Argentina, uno de cada dos alumnos de tercer grado no comprende un texto básico. Es decir que la mitad de los argentinos de 8 años no comprende lo que lee. El dato muestra que desde muy temprano empieza la gran brecha en la calidad de los aprendizajes”, afirma Sáenz Guillén.
Fue a partir de este diagnóstico que desde la ONG comenzaron las mesas de diálogo para lograr un compromiso federal por la alfabetización, que fue firmado antes de las elecciones presidenciales por los seis precandidatos, entre ellos, Milei.
Con su llegada al gobierno, esta campaña se convirtió en una de las principales consignas políticas del Ministerio de Capital Humano. Según destacan fuentes de la cartera educativa, el Gobierno adoptó a lo largo del año “medidas clave” para revertir la situación crítica de los aprendizajes durante los primeros años de la educación primaria.
Destacan entre sus principales logros la adhesión de las 24 jurisdicciones al Plan Nacional de Alfabetización (PNA). “El plan se ha articulado con planes provinciales y una inversión de 689 millones de pesos del presupuesto,para consolidarse como un eje fundamental”, afirman.
El proyecto consolidado este año, señalan, incluye la implementación de una hora diaria de clase dedicada exclusivamente a alfabetización en escuelas primarias, la cual todavía no ha comenzado a aplicarse en la mayoría de las provincias. Una excepción es Santa Fe, donde la hora extra ya fue confirmada y comenzó a ser implementada en algunas escuelas el 15 de noviembre.
Los especialistas destacan que todavía no se sabe de qué manera los distintos gobiernos locales implementarán su adhesión al plan nacional de alfabetización ni se conoce el alcance real que tendrá el mismo. “Entiendo que las reformas que se están planteando están bien pensadas, enfocadas en fortalecer cuestiones vinculadas con la lectura, capacitaciones, conexión, pero todo el proyecto es todavía es muy embrionario”, afirma Javier Curcio, especialista en monitoreo y evaluación de políticas públicas y en inversión social.
Entre los principales cuestionamientos que hace a la gestión en educación del gobierno nacional, destaca la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. “Le transfieren esa responsabilidad a las provincias. El problema es que las provincias no tienen fondos adicionales para eso. Al tener menores niveles salariales, tenés menos calidad de la educación, porque hay menos incentivos para el buen desempeño de los docentes”, opina.
Cambios curriculares
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepa), resume el 2024 como un año de inflexión para el sistema educativo argentino, “marcado por un cambio de enfoque y el inicio de nuevas transformaciones”.
El cambio de paradigma incluye, a nivel local, modificaciones en los regímenes académicos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. En ambos casos la nota distintiva es que ya no se repetirá de año, sino por materia. En tanto las antiguas mesas de examen se transformaron en períodos de intensificación o profundización de los saberes.
Según Zurita, el nuevo esquema académico busca reemplazar un sistema que ya no respondía a las necesidades actuales: “Ahora la repitencia es por materia. Los primeros tiempos serán de adaptación al nuevo sistema, pero tenemos la expectativa de que funcionará. Igualmente, es fundamental realizar los ajustes necesarios a medida que se identifiquen oportunidades de mejora”.
En la provincia, los cambios se van a implementar a partir del comienzo del ciclo lectivo 2025. “Nos hemos dedicado este último cuatrimestre a transmitir estos cambios y a trabajar con docentes, preceptores y directivos pensando en su implementación a partir del año próximo”, detallan desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
En la ciudad, el cambio de régimen académico, “Secundaria Aprende”, comenzó a aplicarse en 33 escuelas durante la segunda mitad del año. El 10 de febrero próximo, afirman fuentes gubernamentales, todos los docentes volverán a las aulas y tendrán una serie de capacitaciones y encuentros previos al inicio de las clases: “Las capacitaciones serán para directivos, docentes, profesores de acompañamiento a las trayectorias y preceptores; estarán vinculadas a estrategias y herramientas para el acompañamiento a las trayectorias”.
En la ciudad también se aplicó durante el segundo semestre la prohibición del uso de celulares en las aulas de nivel inicial y primario, tanto públicas como privadas. En las secundarias, los dispositivos están permitidos solo para actividades pedagógicas o por solicitud del docente.
Zurita destaca que, a diferencia de las universidades, donde el clima se mantuvo ríspido durante gran parte del año, en las aulas escolares “se vivió una relativa normalidad, con avances en las relaciones entre gremios y estados”, y destaca que “aunque comenzó con altos niveles de conflictividad, finaliza con los estudiantes en las aulas y en un clima de paz”.
Los especialistas destacan que los menores niveles de acatamiento de los paros docentes que se registraron este año estuvieron ligados a la decisión del Gobierno de descontar de los haberes de los días de paro.
El panorama general tiene casos que se salen de la norma, como es el de Neuquén, donde solo en marzo hubo 12 días de paro, a los que se sumaron jornadas docentes sin clases, razón por la que en el primer mes escolar la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas tuvieron solo seis días de clase. Las clases, además de comenzar tarde, terminaron antes. “Entre el 6 y el 13 de diciembre las escuelas fueron terminando. Cada escuela lo decidió, pese a que se suponía que las clases terminaban el 20”, destaca Zorzoli.
Trayectorias truncadas
Las últimas estadísticas nacionales preocupan a los especialistas. A los altos niveles de falta de comprensión lectora de los primeros años se suman, años después, altos niveles de deserción, mientras que las complicaciones para resolver problemas matemáticos simples y entender textos persiste, lo que se traduce en un panorama general de trayectorias escolares interrumpidas.
Según el último Índice de Resultados Escolares (IRE), publicado a mediados de año, solo 22 de cada 100 chicos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma en el país. El informe posiciona a la Argentina en uno de los puestos más bajos del ranking regional, que es encabezado por Chile, donde el 38% avanza en la escuela en tiempo y forma. Le siguen Uruguay (36%), Perú (28%), Brasil (23%) y México (23%). Debajo de nuestro país (22%), aparecen Colombia (19%) y Paraguay (11%).
Cuando dicen “en tiempo y forma”, los autores del índice se refieren a los alumnos que transitan el período escolar sin haber “repetido ni abandonado la escuela” y habiendo “alcanzando al menos el nivel 2 en las pruebas PISA 2022 en lectura y matemática”, considerado el “desempeño mínimo esperado”.
Esta estadística, elaborada por el Observatorio de Argentinos por la Educación, es la punta de lanza de una radiografía que publicaron la semana pasada sobre la situación actual de la educación en la Argentina, en la que incluyen también datos sobre el porcentaje de alumnos de esta edad que pueden resolver una regla de tres simple (1 de cada 4). “El derrotero y la tragedia educativa están instaladas en el país”, sostiene Curcio.
Lo que se espera
Para el próximo año, según los números que figuran en el proyecto de ley de presupuesto, se observa un aumento del 0,6% del presupuesto en el área, sostienen desde Argentinos por la Educación. “Vemos un gráfico en forma de ‘L’, con una gran caída de 2023 a 2024 y, de 2024 a 2025, un leve aumento, por lo cual básicamente se entiende que se mantiene constante esta decisión de la caída presupuestaria en educación”, sostiene Sáenz Guillén.
Para el año próximo, el gobierno nacional espera contar con los datos de la prueba Aprender 2024, cuyos resultados, afirman, serán fundamentales para ajustar las políticas futuras.
En diálogo , fuentes de la secretaría de Educación plantearon algunos de los desafíos pendientes en términos educativos. Destacaron la mejora de los índices de alfabetización y la de la conectividad escolar, especialmente en zonas rurales
Un año de cambios de paradigmas. Un año de grandes debates y conflictos. Un año marcado por el ajuste. Son muchas y variadas las maneras en que los especialistas en educación y las distintas autoridades del área resumen el balance del ciclo escolar 2024, el primero bajo la presidencia de Javier Milei.
Mientras que en la esfera pública el debate fue eclipsado por las marchas y paros universitarios por el recorte presupuestario, la situación de los niveles obligatorios quedó relegada a un segundo plano. En los discursos gubernamentales, sin embargo, la educación primaria y secundaria coparon el centro de la atención.
Tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad se avanzó en un cambio del régimen académico del secundario, mientras que a nivel nacional la secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, puso como principal consigna el concepto de “inversión inteligente” y centró el discurso y los acuerdos con las provincias alrededor del Plan Nacional de Alfabetización, al que los expertos califican de embrionario como para poder ser analizado.
Todo esto ocurrió en medio de un escenario educativo crítico. Los últimos resultados de las pruebas Aprender (2023) y las pruebas internacionales PISA (2022) muestran un sistema educativo con problemas cada vez más acentuados, que posicionan a la Argentina en un puesto marginado respecto de la región.
Este escenario tiene como telón de fondo una deuda millonaria, un desfinanciamiento educativo que ocurre año tras año desde 2015, último período en el que el presupuesto asignado a la educación cumplió con los niveles establecidos por ley. Desde la organización Argentinos por la Educación destacan que, lejos de achicarse la deuda, este año ha aumentado, y afirman estar expectantes a lo que sucederá en el ciclo lectivo de 2025, año que comienza sin una Ley de Presupuesto aprobada y, por lo tanto, con incertidumbre sobre los montos y los modos en que se inyectará el dinero a la Secretaría de Educación.
Inversión real
La partida presupuestaria 2024 marca una caída del 40% respecto de la de 2023, que ya presentaba un ajuste respecto de la anterior. A estos recortes se suman los ajustes de los años previos, dado a que, si bien la Ley Nacional de Educación (2006) establece que el presupuesto destinado al área no debe ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI), desde la aprobación de esta norma solo se cumplió en tres ocasiones.
“Desde 2015 viene cayendo la inversión real en la educación en todos los niveles educativos. Si calculamos cuánto le damos a educación desde que está esta ley, le debemos una partida presupuestaria completa. Es decir que si en un año quisiéramos saldar la deuda educativa acumulada, tendríamos que invertir un 12% del PBI en vez de un 6%”, afirma Leyre Sáenz Guillén, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación.
“En los últimos 14 años la situación presupuestaria de la educación en la Argentina fue para peor o para mucho peor, dependiendo la época. Pero el ajuste del último año fue tremendo, de los más devastadores del sistema educativo”, afirma el docente y especialista en educación Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembro de la Coalición por la Educación. Destaca, entre los principales efectos, el recorte en la entrega de libros de texto por parte del gobierno nacional.
“El ajuste de este año fue especialmente corrosivo: deterioró el poder de utilización de ciertos recursos didácticos para los maestros, salvo en algunas jurisdicciones donde los gobiernos locales hicieron una inversión propia para la compra de los libros, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires”, afirma.
Desde el gobierno nacional abrazan el concepto de inversión inteligente. “Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. La crisis educativa argentina tiene en uno de sus componentes un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes”, afirmaron a fuentes del Ministerio Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación.
Esta implementó un enfoque de “gasto estratégico”, mediante del que, según las fuentes consultadas, “se logró un ahorro de más de $335.000 millones y US$333 millones mediante la reestructuración de programas y la optimización de recursos”. Y agregan: “Se redujeron 170 programas dispersos para priorizar cinco líneas estratégicas, garantizando así un retorno efectivo a los aprendizajes fundamentales”. Y suman que los convenios con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por 500 y 300 millones de dólares, respectivamente, “reflejan el compromiso de invertir de manera estratégica y sostenible en el desarrollo educativo”.
Siguiendo esta línea, el proyecto de ley de presupuesto 2025, que fue impulsado por el Gobierno y que
El presupuesto 2024 marca una caída del 40% respecto del de 2023, que ya presentaba un ajuste en relación con el anterior
Las 24 jurisdicciones adhirieron al Plan Nacional de Alfabetización
A los altos niveles de falta de comprensión lectora se suman, años después, altos niveles de deserción
aún no fue aprobado, propone en su artículo 27 suspender el compromiso de cumplir con la asignación de no menos del 6% del PBI para la educación.
Alfabetización
La campaña por la alfabetización que encabeza el gobierno nacional comenzó a mediados del año pasado, y fue impulsada originalmente por Argentinos por la Educación. “En 2023 hicimos un informe con el resultado de las pruebas que realiza la Unesco en varios países de América Latina y ahí vimos que en la Argentina, uno de cada dos alumnos de tercer grado no comprende un texto básico. Es decir que la mitad de los argentinos de 8 años no comprende lo que lee. El dato muestra que desde muy temprano empieza la gran brecha en la calidad de los aprendizajes”, afirma Sáenz Guillén.
Fue a partir de este diagnóstico que desde la ONG comenzaron las mesas de diálogo para lograr un compromiso federal por la alfabetización, que fue firmado antes de las elecciones presidenciales por los seis precandidatos, entre ellos, Milei.
Con su llegada al gobierno, esta campaña se convirtió en una de las principales consignas políticas del Ministerio de Capital Humano. Según destacan fuentes de la cartera educativa, el Gobierno adoptó a lo largo del año “medidas clave” para revertir la situación crítica de los aprendizajes durante los primeros años de la educación primaria.
Destacan entre sus principales logros la adhesión de las 24 jurisdicciones al Plan Nacional de Alfabetización (PNA). “El plan se ha articulado con planes provinciales y una inversión de 689 millones de pesos del presupuesto,para consolidarse como un eje fundamental”, afirman.
El proyecto consolidado este año, señalan, incluye la implementación de una hora diaria de clase dedicada exclusivamente a alfabetización en escuelas primarias, la cual todavía no ha comenzado a aplicarse en la mayoría de las provincias. Una excepción es Santa Fe, donde la hora extra ya fue confirmada y comenzó a ser implementada en algunas escuelas el 15 de noviembre.
Los especialistas destacan que todavía no se sabe de qué manera los distintos gobiernos locales implementarán su adhesión al plan nacional de alfabetización ni se conoce el alcance real que tendrá el mismo. “Entiendo que las reformas que se están planteando están bien pensadas, enfocadas en fortalecer cuestiones vinculadas con la lectura, capacitaciones, conexión, pero todo el proyecto es todavía es muy embrionario”, afirma Javier Curcio, especialista en monitoreo y evaluación de políticas públicas y en inversión social.
Entre los principales cuestionamientos que hace a la gestión en educación del gobierno nacional, destaca la eliminación del Fondo de Incentivo Docente. “Le transfieren esa responsabilidad a las provincias. El problema es que las provincias no tienen fondos adicionales para eso. Al tener menores niveles salariales, tenés menos calidad de la educación, porque hay menos incentivos para el buen desempeño de los docentes”, opina.
Cambios curriculares
Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (Aiepa), resume el 2024 como un año de inflexión para el sistema educativo argentino, “marcado por un cambio de enfoque y el inicio de nuevas transformaciones”.
El cambio de paradigma incluye, a nivel local, modificaciones en los regímenes académicos en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad. En ambos casos la nota distintiva es que ya no se repetirá de año, sino por materia. En tanto las antiguas mesas de examen se transformaron en períodos de intensificación o profundización de los saberes.
Según Zurita, el nuevo esquema académico busca reemplazar un sistema que ya no respondía a las necesidades actuales: “Ahora la repitencia es por materia. Los primeros tiempos serán de adaptación al nuevo sistema, pero tenemos la expectativa de que funcionará. Igualmente, es fundamental realizar los ajustes necesarios a medida que se identifiquen oportunidades de mejora”.
En la provincia, los cambios se van a implementar a partir del comienzo del ciclo lectivo 2025. “Nos hemos dedicado este último cuatrimestre a transmitir estos cambios y a trabajar con docentes, preceptores y directivos pensando en su implementación a partir del año próximo”, detallan desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
En la ciudad, el cambio de régimen académico, “Secundaria Aprende”, comenzó a aplicarse en 33 escuelas durante la segunda mitad del año. El 10 de febrero próximo, afirman fuentes gubernamentales, todos los docentes volverán a las aulas y tendrán una serie de capacitaciones y encuentros previos al inicio de las clases: “Las capacitaciones serán para directivos, docentes, profesores de acompañamiento a las trayectorias y preceptores; estarán vinculadas a estrategias y herramientas para el acompañamiento a las trayectorias”.
En la ciudad también se aplicó durante el segundo semestre la prohibición del uso de celulares en las aulas de nivel inicial y primario, tanto públicas como privadas. En las secundarias, los dispositivos están permitidos solo para actividades pedagógicas o por solicitud del docente.
Zurita destaca que, a diferencia de las universidades, donde el clima se mantuvo ríspido durante gran parte del año, en las aulas escolares “se vivió una relativa normalidad, con avances en las relaciones entre gremios y estados”, y destaca que “aunque comenzó con altos niveles de conflictividad, finaliza con los estudiantes en las aulas y en un clima de paz”.
Los especialistas destacan que los menores niveles de acatamiento de los paros docentes que se registraron este año estuvieron ligados a la decisión del Gobierno de descontar de los haberes de los días de paro.
El panorama general tiene casos que se salen de la norma, como es el de Neuquén, donde solo en marzo hubo 12 días de paro, a los que se sumaron jornadas docentes sin clases, razón por la que en el primer mes escolar la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas tuvieron solo seis días de clase. Las clases, además de comenzar tarde, terminaron antes. “Entre el 6 y el 13 de diciembre las escuelas fueron terminando. Cada escuela lo decidió, pese a que se suponía que las clases terminaban el 20”, destaca Zorzoli.
Trayectorias truncadas
Las últimas estadísticas nacionales preocupan a los especialistas. A los altos niveles de falta de comprensión lectora de los primeros años se suman, años después, altos niveles de deserción, mientras que las complicaciones para resolver problemas matemáticos simples y entender textos persiste, lo que se traduce en un panorama general de trayectorias escolares interrumpidas.
Según el último Índice de Resultados Escolares (IRE), publicado a mediados de año, solo 22 de cada 100 chicos de 15 años transitan su escolaridad en tiempo y forma en el país. El informe posiciona a la Argentina en uno de los puestos más bajos del ranking regional, que es encabezado por Chile, donde el 38% avanza en la escuela en tiempo y forma. Le siguen Uruguay (36%), Perú (28%), Brasil (23%) y México (23%). Debajo de nuestro país (22%), aparecen Colombia (19%) y Paraguay (11%).
Cuando dicen “en tiempo y forma”, los autores del índice se refieren a los alumnos que transitan el período escolar sin haber “repetido ni abandonado la escuela” y habiendo “alcanzando al menos el nivel 2 en las pruebas PISA 2022 en lectura y matemática”, considerado el “desempeño mínimo esperado”.
Esta estadística, elaborada por el Observatorio de Argentinos por la Educación, es la punta de lanza de una radiografía que publicaron la semana pasada sobre la situación actual de la educación en la Argentina, en la que incluyen también datos sobre el porcentaje de alumnos de esta edad que pueden resolver una regla de tres simple (1 de cada 4). “El derrotero y la tragedia educativa están instaladas en el país”, sostiene Curcio.
Lo que se espera
Para el próximo año, según los números que figuran en el proyecto de ley de presupuesto, se observa un aumento del 0,6% del presupuesto en el área, sostienen desde Argentinos por la Educación. “Vemos un gráfico en forma de ‘L’, con una gran caída de 2023 a 2024 y, de 2024 a 2025, un leve aumento, por lo cual básicamente se entiende que se mantiene constante esta decisión de la caída presupuestaria en educación”, sostiene Sáenz Guillén.
Para el año próximo, el gobierno nacional espera contar con los datos de la prueba Aprender 2024, cuyos resultados, afirman, serán fundamentales para ajustar las políticas futuras.
En diálogo , fuentes de la secretaría de Educación plantearon algunos de los desafíos pendientes en términos educativos. Destacaron la mejora de los índices de alfabetización y la de la conectividad escolar, especialmente en zonas rurales
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