La chequera de Gildo Insfrán: los polémicos pagos para sostener el poder provincial
accedió a 230 documentos revelan los circuitos de financiamiento provinciales
Camila Dolabjian
Las mismas empresas constructoras se repiten en toda la provincia
FORMOSA.– Del clientelismo, el control político y el feudalismo de Gildo Insfrán en Formosa hay incontables testimonios y denuncias. Lo difícil, en estos 29 años de gobierno, ha sido probarlos. El manejo de las cuentas públicas jamás se transparentó; las licitaciones no son accesibles, y su declaración jurada es inexistente. Insfrán no tiene causas abiertas. Las cuentas públicas financian la política, enriquecen a amigos e incluso al PJ. De eso dan cuenta, por primera vez, unos 230 documentos públicos de distintas dependencias, a los que accedió la nacion.
Estos papeles revelan miles de millones de pesos en ordenes de pago y liquidaciones en la provincia. Todos de este año y exhiben una trama de intereses cruzados.
Entre ellos, se destacan tres pagos fechados entre el siete y ocho de octubre de 2024.
El primero es una orden de pago de la Tesorería General de la provincia que refleja transferencias en concepto de “sueldos beneficiario genérico” por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría General del Partido Justicialista. Ese mismo día, se le solicitó al Banco de Formosa que transfiera de rentas generales unos $5.944.000 al CUIT 30-67137743-1, del Partido Justicialista de Formosa.
El CBU de la cuenta, sin embargo, pertenece a un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Estas decisiones fueron firmadas por la tesorera general, Liliana Noemí Barboza, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinón y la contadora general, Ana María Tesoriere.
Junto a ese pago aparecen otros igualmente desconcertantes.
Al cierre de esta edición, la nacion no había recibido respuesta de las consultas sobre las revelaciones de los documentos.
El 26 de septiembre se elaboró una orden de pago a favor de la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial. No se trata de un órgano estatal, sino de una organización sin fines de lucro destinada a realizar congresos, capacitaciones y otorgar beneficios, por ejemplo, una piscina para sus miembros. También, según su estatuto, debe velar por los intereses de los trabajadores de la Justicia, especialmente, los jueces. Llamativamente se le transfirió, en el noveno mes del año, un monto bruto de $2.961.161.852,66 en concepto de haberes. El ítem tenía un agregado: “beneficiario genérico”.
Los “alojamientos”
Un concepto de gasto llamativo de la provincia es “alojamientos”. Dos ordenes de pago fueron realizadas a favor de Neoformosa SA, una empresa que maneja el hotel más lujoso y grande de la ciudad, en el que además, hay un casino y un spa. Su presidente es Alfredo Ferrari, socio a su vez de Loterjet SA, asociada a Alfredo Yabrán y a la empresa que quedó manejada por su hermano tras su muerte.
En 2020, este empresario de casinos solicitó su concurso preventivo por cesación de pagos. Neoformosa SA recibe montos periódicos por hospedajes y gastronomía.
Las ordenes revisadas po
son por montos que superan la tarifa nocturna y, posiblemente, incluyen una cena o almuerzo para algunos comensales. Los conocedores del lugar relatan encuentros nocturnos ostentosos y bien servidos.
También hay pagos en concepto de hoteles a Juan José Izzo por $5.070.000 y por “vouchers de alojamiento”, por cerca de $7 millones, a una empresa llamada Círculo K
SRL, dueña del Hotel Las Kalas y cercanos al ministro de Economía, Jorge Ibáñez.
Del Ministerio de Economía también salen pagos por “prensa televisiva”, “prensa oral” y “prensa página web” en vez de ir a medios van a personas individuales.
Estos documentos reflejan decenas de incompatibilidades en la actividad de proveedores del Estado, que en muchos casos son familiares de Insfrán.
El caso más evidente es el de Pilaga Construcciones, cuyo presidente es Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, exministro de Obras Públicas y uno de sus principales impulsores en sus inicios. El gobernador estuvo casado con Teresa Baldus, hermana de la mujer de Romay (Carmen Baldus), vicepresidente de la sociedad y esposa de Romay.
En los meses analizados por
hay decenas de pagos en nacion concepto de obras por millones de pesos. En un mismo día, el 24 de septiembre, se le hicieron desembolsos por $52.862.000.
También hay compras, en este caso de combustibles, hechas a María Antonia Alabert, la madre de Jorge Insfrán, un sobrino del gobernador y, a los Baldus, familia de su exmujer y a Raúl Magletti e Hijos, de la familia del exyerno de Insfrán, pareja de Sofía, una de sus hijas, por conceptos como ropa de trabajo.
Fuerza Constructora e Ingeniería Siglo XXI son claros favoritos en las compras del Estado y en sus contrataciones para obras. Múltiples datos indican que son, en realidad, la misma empresa. Comparten domicilio en la avenida Napoleón Uriburu 774, Piso 2.
En cotizaciones solicitadas a la sociedad, esta ha respondido que le resultaría más barata la compra de insumos al cliente si estaría dispuesto a que la factura vaya a nombre de otras personas y no la misma empresa.
Fuerza Constructora SRL tiene nueve empleados, está inscripta en 19 actividades ante la AFIP y es receptora de ordenes para obras. El avance de los proyectos aparece como “terminado”, pero luego se demuestra que es erróneo. Es, por ejemplo, el caso de un polideportivo en el Barrio San Martín. También hay gastos en compras de insumos como mallas de acero, chapa y arcilla, entre otros elementos.
Ingeniería Siglo XXI aparece como clara ganadora, según indica la cartelería de la obra pública, entre las que está una construcción de 5400 viviendas en el barrio Nueva Formosa, como en la documentación.
El gerente es Guido Edgardo Hoyos, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia y esposo de Miriam Adelina Gigli, cuyo empleador es la Universidad de Formosa.
Entre otros recipientes frecuentes de las contrataciones estatales de obra pública está Daniel Adolfo Mendoza, que figura por si mismo como receptor de los pagos. Tiene dos empresas, Sigma SRL y Constructed SRL, que también contratan con la gobernación. Varias fuentes refirieron su cercanía con Ibáñez, que es quien ejerce mayor control sobre las contrataciones estatales.
La dependencia de las asociaciones civiles, las fundaciones, iglesias, escuelas y de la población general de las transferencias del sector público se refleja en las ordenes de pago. Son constantes los conceptos de “múltiples beneficiarios genérico”, con el que se reparten millones por mes.
A modo de ejemplo, una del 27 de septiembre de este año destinó $753.391.983,11 a organizaciones como la Asociación Evita ($1 millón), la Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito de la Asociación de Trabajadores Estatales Formoseños Limitada, por $16 millones, la Asociación Civil Liga de Madres de Familia, por $47 millones, entre decenas de otras.
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Familiares, jueces y funcionarios en un mismo edificio
Los dueños de los departamentos construidos por la familia de la exmujer de Insfrán entrelazan al poder político con proveedores del Estado
FORMOSA (Enviada especial).– Política, economía y familia, en Formosa, son la misma cosa. A tal punto que sus protagonistas parecen vivir todos juntos. En la provincia y en la capital hay pocos edificios. El más alto y uno de los más modernos se llama Torres Costanera, y es de los contados con la mano que tiene seguridad privada y amenities. En sus 15 pisos reside el poder de la provincia y gran parte de la familia del gobernador Gildo Insfrán. Entre los propietarios de sus 47 unidades se encuentran sus hijas, parientes, jueces, amigos y contratistas del Estado.
Todos tienen vista privilegiada al río Paraguay, en un territorio en el que los barrios privados no existen, las declaraciones juradas no son públicas y las tierras son entregadas por el propio gobernador.
Lo curioso es que el lugar es considerado insalubre. A menos de 700 metros del establecimiento hay una empresa de tanino que emite vapores y gases que llegan directamente a los balcones de los edificios. En la noche es notorio el nubarrón gris producto de la quema, que invade las “torres gemelas”, como las llaman.
Las luces de las unidades aparecen apagadas. Ninguno de los propietarios investigados tiene domicilio fiscal declarado allí. Ni el gobernador Insfrán directamente ni su exmujer son propietarios de forma directa.
accedió al listado de las expensas y sus propietarios al mes de noviembre, y así pudo confirmar quiénes tienen departamentos allí. En el piso 11 y 12 de la torre 1, una arriba de la otra, tienen departamentos Sofía y Yanina Insfrán, hijas del gobernador y ambas con cargos públicos. La primera trabaja en la Secretaría General, figura contratada por la Dirección de Administración del Poder Legislativo y tiene monotributo categoría A. La segunda es diputada provincial.
Otros dos miembros del clan Insfrán tienen viviendas allí: Jorge Insfrán, sobrino segundo (dueño de estaciones de servicio con participación en las empresas Estación SA y Surtidor SA, ambas dueñas de departamentos en las torres) y Raúl Maglietti, exyerno del gobernador. Su abogado y exjuez federal con competencia electoral, José Vivas, cuenta con una unidad en el octavo piso.
En las torres también tienen unidades importantes funcionarios como Judith Sosa de Lozina, jueza de la Cámara de Apelaciones de la provincia, y el padre de Jorge Jofré, intendente de la capital. Otro alcalde, Sergio Oliva, de Aguas Blancas, tiene una unidad, como así también la diputada por la Unión Cívica Radical, María Inés Glogger. Entre otros dueños aparecen empleados judiciales, según su inscripción en la AFIP, e hijos de exfuncionarios, como Gabriela Zorrilla, conductora del canal estatal cuyo padre fue ministro de Educación.
La que más departamentos tiene a su nombre es una empresa: Pilaga Construcciones. Es la sociedad que se encargó del proyecto, que se desarrolló entre 2012 y 2015. El presidente es Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán y exministro de Obras Públicas. El gobernador desde hace 39 años estuvo casado con Teresa Baldus. Su hermana, Carmen, es la vicepresidente de la empresa y la pareja de Romay, con quien tiene una hija llamada Malena, también propietaria de un departamento. Los Baldus son, además, quienes lo promocionaron en política en sus inicios, y con quienes continúa teniendo una relación fluida, pese a la separación de Teresa.
Pilaga Construcciones tiene 5 unidades y es dueña de todas las 10 cocheras y 10 bauleras disponibles. Es, además, proveedora del Estado, según documentación pública a la que accedió este medio. Recibe millones por mes de la provincia para provisión de materiales, obras y otros conceptos. Teresa Baldus, la exesposa, es hermana también de José Luis Baldus, que tiene una unidad en la torre 2 del edificio.
La familia se cruzaría en las áreas comunes con los contratistas y proveedores del gobierno de Gildo Insfrán. Entre ellos, algunos de los más beneficiados por la obra pública y las compras públicas: Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa y director de la Sociedad Rural Argentina, y Roberto Rossi, vendedor de insumos varios a la gobernación.
También son dueños Pablo Miño, asesor del Ministerio de Educación, dueño del colegio privado Maradona, las cabañas El Cortijo y concesionario de restaurantes. Entre otros propietarios está Carola Golabek, ingeniera de Obras Públicas, representante de una cadena de café importante y cuyo marido es proveedor de materiales eléctricos a la provincia, y Martín Rodríguez, arquitecto, dueño de Santa Teresa SRL (también propietaria) y cuyo padre fue interventor de Tierras Fiscales de Formosa. Ángel Bobadilla, dueño de corralones y también proveedor estatal, tiene departamento.
Dor SRL es la empresa con la vivienda más cara (uno de los dos PH, el otro en manos de los Romay) y de otras dos unidades. Es otra de las constructoras preferidas por el gobierno. Entre otras obras, llevó adelante el proyecto de acceso al polo tecnológico y de innovación de la provincia con Covasa, que solía ser contratista del Estado, ahora de Stella Maris Manzur, asociada a Insfrán personalmente.
FORMOSA.– Del clientelismo, el control político y el feudalismo de Gildo Insfrán en Formosa hay incontables testimonios y denuncias. Lo difícil, en estos 29 años de gobierno, ha sido probarlos. El manejo de las cuentas públicas jamás se transparentó; las licitaciones no son accesibles, y su declaración jurada es inexistente. Insfrán no tiene causas abiertas. Las cuentas públicas financian la política, enriquecen a amigos e incluso al PJ. De eso dan cuenta, por primera vez, unos 230 documentos públicos de distintas dependencias, a los que accedió la nacion.
Estos papeles revelan miles de millones de pesos en ordenes de pago y liquidaciones en la provincia. Todos de este año y exhiben una trama de intereses cruzados.
Entre ellos, se destacan tres pagos fechados entre el siete y ocho de octubre de 2024.
El primero es una orden de pago de la Tesorería General de la provincia que refleja transferencias en concepto de “sueldos beneficiario genérico” por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría General del Partido Justicialista. Ese mismo día, se le solicitó al Banco de Formosa que transfiera de rentas generales unos $5.944.000 al CUIT 30-67137743-1, del Partido Justicialista de Formosa.
El CBU de la cuenta, sin embargo, pertenece a un domicilio en la provincia de Buenos Aires. Estas decisiones fueron firmadas por la tesorera general, Liliana Noemí Barboza, el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Miguel Antinón y la contadora general, Ana María Tesoriere.
Junto a ese pago aparecen otros igualmente desconcertantes.
Al cierre de esta edición, la nacion no había recibido respuesta de las consultas sobre las revelaciones de los documentos.
El 26 de septiembre se elaboró una orden de pago a favor de la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial. No se trata de un órgano estatal, sino de una organización sin fines de lucro destinada a realizar congresos, capacitaciones y otorgar beneficios, por ejemplo, una piscina para sus miembros. También, según su estatuto, debe velar por los intereses de los trabajadores de la Justicia, especialmente, los jueces. Llamativamente se le transfirió, en el noveno mes del año, un monto bruto de $2.961.161.852,66 en concepto de haberes. El ítem tenía un agregado: “beneficiario genérico”.
Los “alojamientos”
Un concepto de gasto llamativo de la provincia es “alojamientos”. Dos ordenes de pago fueron realizadas a favor de Neoformosa SA, una empresa que maneja el hotel más lujoso y grande de la ciudad, en el que además, hay un casino y un spa. Su presidente es Alfredo Ferrari, socio a su vez de Loterjet SA, asociada a Alfredo Yabrán y a la empresa que quedó manejada por su hermano tras su muerte.
En 2020, este empresario de casinos solicitó su concurso preventivo por cesación de pagos. Neoformosa SA recibe montos periódicos por hospedajes y gastronomía.
Las ordenes revisadas po
son por montos que superan la tarifa nocturna y, posiblemente, incluyen una cena o almuerzo para algunos comensales. Los conocedores del lugar relatan encuentros nocturnos ostentosos y bien servidos.
También hay pagos en concepto de hoteles a Juan José Izzo por $5.070.000 y por “vouchers de alojamiento”, por cerca de $7 millones, a una empresa llamada Círculo K
SRL, dueña del Hotel Las Kalas y cercanos al ministro de Economía, Jorge Ibáñez.
Del Ministerio de Economía también salen pagos por “prensa televisiva”, “prensa oral” y “prensa página web” en vez de ir a medios van a personas individuales.
Estos documentos reflejan decenas de incompatibilidades en la actividad de proveedores del Estado, que en muchos casos son familiares de Insfrán.
El caso más evidente es el de Pilaga Construcciones, cuyo presidente es Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, exministro de Obras Públicas y uno de sus principales impulsores en sus inicios. El gobernador estuvo casado con Teresa Baldus, hermana de la mujer de Romay (Carmen Baldus), vicepresidente de la sociedad y esposa de Romay.
En los meses analizados por
hay decenas de pagos en nacion concepto de obras por millones de pesos. En un mismo día, el 24 de septiembre, se le hicieron desembolsos por $52.862.000.
También hay compras, en este caso de combustibles, hechas a María Antonia Alabert, la madre de Jorge Insfrán, un sobrino del gobernador y, a los Baldus, familia de su exmujer y a Raúl Magletti e Hijos, de la familia del exyerno de Insfrán, pareja de Sofía, una de sus hijas, por conceptos como ropa de trabajo.
Fuerza Constructora e Ingeniería Siglo XXI son claros favoritos en las compras del Estado y en sus contrataciones para obras. Múltiples datos indican que son, en realidad, la misma empresa. Comparten domicilio en la avenida Napoleón Uriburu 774, Piso 2.
En cotizaciones solicitadas a la sociedad, esta ha respondido que le resultaría más barata la compra de insumos al cliente si estaría dispuesto a que la factura vaya a nombre de otras personas y no la misma empresa.
Fuerza Constructora SRL tiene nueve empleados, está inscripta en 19 actividades ante la AFIP y es receptora de ordenes para obras. El avance de los proyectos aparece como “terminado”, pero luego se demuestra que es erróneo. Es, por ejemplo, el caso de un polideportivo en el Barrio San Martín. También hay gastos en compras de insumos como mallas de acero, chapa y arcilla, entre otros elementos.
Ingeniería Siglo XXI aparece como clara ganadora, según indica la cartelería de la obra pública, entre las que está una construcción de 5400 viviendas en el barrio Nueva Formosa, como en la documentación.
El gerente es Guido Edgardo Hoyos, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en la provincia y esposo de Miriam Adelina Gigli, cuyo empleador es la Universidad de Formosa.
Entre otros recipientes frecuentes de las contrataciones estatales de obra pública está Daniel Adolfo Mendoza, que figura por si mismo como receptor de los pagos. Tiene dos empresas, Sigma SRL y Constructed SRL, que también contratan con la gobernación. Varias fuentes refirieron su cercanía con Ibáñez, que es quien ejerce mayor control sobre las contrataciones estatales.
La dependencia de las asociaciones civiles, las fundaciones, iglesias, escuelas y de la población general de las transferencias del sector público se refleja en las ordenes de pago. Son constantes los conceptos de “múltiples beneficiarios genérico”, con el que se reparten millones por mes.
A modo de ejemplo, una del 27 de septiembre de este año destinó $753.391.983,11 a organizaciones como la Asociación Evita ($1 millón), la Cooperativa de Consumo, Vivienda y Crédito de la Asociación de Trabajadores Estatales Formoseños Limitada, por $16 millones, la Asociación Civil Liga de Madres de Familia, por $47 millones, entre decenas de otras.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Familiares, jueces y funcionarios en un mismo edificio
Los dueños de los departamentos construidos por la familia de la exmujer de Insfrán entrelazan al poder político con proveedores del Estado
FORMOSA (Enviada especial).– Política, economía y familia, en Formosa, son la misma cosa. A tal punto que sus protagonistas parecen vivir todos juntos. En la provincia y en la capital hay pocos edificios. El más alto y uno de los más modernos se llama Torres Costanera, y es de los contados con la mano que tiene seguridad privada y amenities. En sus 15 pisos reside el poder de la provincia y gran parte de la familia del gobernador Gildo Insfrán. Entre los propietarios de sus 47 unidades se encuentran sus hijas, parientes, jueces, amigos y contratistas del Estado.
Todos tienen vista privilegiada al río Paraguay, en un territorio en el que los barrios privados no existen, las declaraciones juradas no son públicas y las tierras son entregadas por el propio gobernador.
Lo curioso es que el lugar es considerado insalubre. A menos de 700 metros del establecimiento hay una empresa de tanino que emite vapores y gases que llegan directamente a los balcones de los edificios. En la noche es notorio el nubarrón gris producto de la quema, que invade las “torres gemelas”, como las llaman.
Las luces de las unidades aparecen apagadas. Ninguno de los propietarios investigados tiene domicilio fiscal declarado allí. Ni el gobernador Insfrán directamente ni su exmujer son propietarios de forma directa.
accedió al listado de las expensas y sus propietarios al mes de noviembre, y así pudo confirmar quiénes tienen departamentos allí. En el piso 11 y 12 de la torre 1, una arriba de la otra, tienen departamentos Sofía y Yanina Insfrán, hijas del gobernador y ambas con cargos públicos. La primera trabaja en la Secretaría General, figura contratada por la Dirección de Administración del Poder Legislativo y tiene monotributo categoría A. La segunda es diputada provincial.
Otros dos miembros del clan Insfrán tienen viviendas allí: Jorge Insfrán, sobrino segundo (dueño de estaciones de servicio con participación en las empresas Estación SA y Surtidor SA, ambas dueñas de departamentos en las torres) y Raúl Maglietti, exyerno del gobernador. Su abogado y exjuez federal con competencia electoral, José Vivas, cuenta con una unidad en el octavo piso.
En las torres también tienen unidades importantes funcionarios como Judith Sosa de Lozina, jueza de la Cámara de Apelaciones de la provincia, y el padre de Jorge Jofré, intendente de la capital. Otro alcalde, Sergio Oliva, de Aguas Blancas, tiene una unidad, como así también la diputada por la Unión Cívica Radical, María Inés Glogger. Entre otros dueños aparecen empleados judiciales, según su inscripción en la AFIP, e hijos de exfuncionarios, como Gabriela Zorrilla, conductora del canal estatal cuyo padre fue ministro de Educación.
La que más departamentos tiene a su nombre es una empresa: Pilaga Construcciones. Es la sociedad que se encargó del proyecto, que se desarrolló entre 2012 y 2015. El presidente es Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán y exministro de Obras Públicas. El gobernador desde hace 39 años estuvo casado con Teresa Baldus. Su hermana, Carmen, es la vicepresidente de la empresa y la pareja de Romay, con quien tiene una hija llamada Malena, también propietaria de un departamento. Los Baldus son, además, quienes lo promocionaron en política en sus inicios, y con quienes continúa teniendo una relación fluida, pese a la separación de Teresa.
Pilaga Construcciones tiene 5 unidades y es dueña de todas las 10 cocheras y 10 bauleras disponibles. Es, además, proveedora del Estado, según documentación pública a la que accedió este medio. Recibe millones por mes de la provincia para provisión de materiales, obras y otros conceptos. Teresa Baldus, la exesposa, es hermana también de José Luis Baldus, que tiene una unidad en la torre 2 del edificio.
La familia se cruzaría en las áreas comunes con los contratistas y proveedores del gobierno de Gildo Insfrán. Entre ellos, algunos de los más beneficiados por la obra pública y las compras públicas: Enrique Zanin, presidente de la Federación Económica de Formosa y director de la Sociedad Rural Argentina, y Roberto Rossi, vendedor de insumos varios a la gobernación.
También son dueños Pablo Miño, asesor del Ministerio de Educación, dueño del colegio privado Maradona, las cabañas El Cortijo y concesionario de restaurantes. Entre otros propietarios está Carola Golabek, ingeniera de Obras Públicas, representante de una cadena de café importante y cuyo marido es proveedor de materiales eléctricos a la provincia, y Martín Rodríguez, arquitecto, dueño de Santa Teresa SRL (también propietaria) y cuyo padre fue interventor de Tierras Fiscales de Formosa. Ángel Bobadilla, dueño de corralones y también proveedor estatal, tiene departamento.
Dor SRL es la empresa con la vivienda más cara (uno de los dos PH, el otro en manos de los Romay) y de otras dos unidades. Es otra de las constructoras preferidas por el gobierno. Entre otras obras, llevó adelante el proyecto de acceso al polo tecnológico y de innovación de la provincia con Covasa, que solía ser contratista del Estado, ahora de Stella Maris Manzur, asociada a Insfrán personalmente.
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