Fuerte cruce entre entidades del campo y exportadores por una medida del Gobierno
Una confederación sectorial acusó a los vendedores de incumplir con lo establecido por un decreto sobre el valor del dólar
Belkis Martínez
El valor al que se paga el trigo es un tema de conflicto
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció el “incumplimiento” por parte de los exportadores del decreto 597 de este año, que fijó en un valor equivalente a 50% del dólar oficial y 50% del contado con liquidación (CCL) la cotización de la divisa para las liquidaciones de granos a los productores. Desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) respondieron que están cumpliendo con lo que establece el decreto y sostienen que no existe “ninguna controversia” ingresada a las cámaras arbitrales por esta situación.
A través de un comunicado, desde la Comisión de Granos de Carbap dijeron que el consejo directivo, reunido en Mar del Plata, analizó la situación de productores que hicieron contratos forward (de compraventa a un valor y a una fecha determinada) de trigo y cebada para asegurarse el precio del cereal, y que están siendo liquidados por los exportadores al dólar oficial, hoy en $356,50 el mayorista del Banco Central (BCRA), sin tener en cuenta el mix que fija el decreto 597, que deriva en $600, con un “marcado perjuicio” para el productor.
Advertencias
“Desde Carbap instamos a las autoridades a regularizar esta situación, a los exportadores a concluir con este abuso, y sugerimos a los productores que estén liquidando su producción en estos días reclamar el cumplimiento del decreto 597/23 tal como está estipulado”, se advirtió en el comunicado.
Ante una consulta desde el CEC respondieron que hay “imprecisiones” en el escrito de Carbap. También consignaron que “claramente los contratos forward que están fijados en el tipo de cambio a Banco Nación serían absolutamente legales”.
“Los exportadores están cumpliendo 100% con lo que establece el decreto y están cumpliendo absolutamente con los que establecen los contratos forward de granos, que exigen pagar al tipo de cambio de Banco Nación. Más allá de eso, hasta el día de la fecha no existe ninguna controversia ingresada por los oferentes, básicamente productores o acopios o cooperativas, en las cámaras arbitrarias, que es el lugar al cual se deben dirigir estos conflictos, y no en los medios públicos. La exportación, una vez más, llama a que las partes que se sienten a buscar la mejor solución para tratar de seguir trabajando en conjunto”.
Más descargos
En un comunicado, en línea con el reclamo del sector de la producción, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales señaló que “presentó el problema ante la Cámara Arbitral de Buenos Aires” y que “difundirá el nombre de las empresas que buscan sacar ventajas de las diferencias de tipo de cambio exportador”.
“La Federación de Acopiadores reitera la preocupación ante los perjuicios generados tras la modificación del Poder Ejecutivo Nacional –mediante el decreto 597/23– de pesificar el tipo de cambio al 50% y 50% para liquidar exportaciones. Esto ha ocasionado que los vendedores de granos que hicieron contratos de futuro en condiciones habituales y a precio de mercado estén recibiendo pagos por parte de los compradores a un tipo de cambio de $360, cuando ellos cobran del Estado a un tipo de cambio de $600/650”, dijo.
E indicó: “Ante el reclamo de los vendedores, los compradores argumentan que los contratos estaban pactados al tipo de cambio divisa Banco Nación (BNA) comprador, lo que demuestra a las claras una postura poco ética, injusta e indebida. Es muy conocido en el comercio de granos que la expresión de pagar al tipo de cambio divisa comprador BNA se utiliza para que ningún eslabón usufructúe diferencias en los tipos de cambio a costa de otro eslabón. Los usos y costumbres que, hasta ahora, garantizaban la transparencia y honestidad en el comercio de granos indican que el tipo de cambio que cobra el exportador es el mismo tipo de cambio que este paga al vendedor”.
El comunicado anticipó que, a través de la Bolsa de Cereales, la Federación de Acopiadores presentó hace pocos días un escrito a la Cámara Arbitral de Buenos Aires para que se expidiera “ante esta controversia e incertidumbre imperante y, así, poder darle fin a esta arbitrariedad”.
“En la Federación de Acopiadores entendemos que una situación como esta demuestra la confiabilidad, o no, de las empresas con quienes comercializamos nuestros granos. Informaremos a la brevedad los compradores que han tomado un tipo de cambio del gobierno nacional a $600/$650 y se han dado vuelta y pagan a sus clientes un tipo de cambio de $360”, sostuvo.
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Incógnita sobre el destino del Ministerio de las Mujeres, que Milei prometió disolver
Desde La Libertad Avanza no confirman el cierre o si quedará bajo la órbita de Capital Humano; existen angustia e incertidumbre entre los empleados, que ascienden a 1278
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció el “incumplimiento” por parte de los exportadores del decreto 597 de este año, que fijó en un valor equivalente a 50% del dólar oficial y 50% del contado con liquidación (CCL) la cotización de la divisa para las liquidaciones de granos a los productores. Desde el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) respondieron que están cumpliendo con lo que establece el decreto y sostienen que no existe “ninguna controversia” ingresada a las cámaras arbitrales por esta situación.
A través de un comunicado, desde la Comisión de Granos de Carbap dijeron que el consejo directivo, reunido en Mar del Plata, analizó la situación de productores que hicieron contratos forward (de compraventa a un valor y a una fecha determinada) de trigo y cebada para asegurarse el precio del cereal, y que están siendo liquidados por los exportadores al dólar oficial, hoy en $356,50 el mayorista del Banco Central (BCRA), sin tener en cuenta el mix que fija el decreto 597, que deriva en $600, con un “marcado perjuicio” para el productor.
Advertencias
“Desde Carbap instamos a las autoridades a regularizar esta situación, a los exportadores a concluir con este abuso, y sugerimos a los productores que estén liquidando su producción en estos días reclamar el cumplimiento del decreto 597/23 tal como está estipulado”, se advirtió en el comunicado.
Ante una consulta desde el CEC respondieron que hay “imprecisiones” en el escrito de Carbap. También consignaron que “claramente los contratos forward que están fijados en el tipo de cambio a Banco Nación serían absolutamente legales”.
“Los exportadores están cumpliendo 100% con lo que establece el decreto y están cumpliendo absolutamente con los que establecen los contratos forward de granos, que exigen pagar al tipo de cambio de Banco Nación. Más allá de eso, hasta el día de la fecha no existe ninguna controversia ingresada por los oferentes, básicamente productores o acopios o cooperativas, en las cámaras arbitrarias, que es el lugar al cual se deben dirigir estos conflictos, y no en los medios públicos. La exportación, una vez más, llama a que las partes que se sienten a buscar la mejor solución para tratar de seguir trabajando en conjunto”.
Más descargos
En un comunicado, en línea con el reclamo del sector de la producción, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales señaló que “presentó el problema ante la Cámara Arbitral de Buenos Aires” y que “difundirá el nombre de las empresas que buscan sacar ventajas de las diferencias de tipo de cambio exportador”.
“La Federación de Acopiadores reitera la preocupación ante los perjuicios generados tras la modificación del Poder Ejecutivo Nacional –mediante el decreto 597/23– de pesificar el tipo de cambio al 50% y 50% para liquidar exportaciones. Esto ha ocasionado que los vendedores de granos que hicieron contratos de futuro en condiciones habituales y a precio de mercado estén recibiendo pagos por parte de los compradores a un tipo de cambio de $360, cuando ellos cobran del Estado a un tipo de cambio de $600/650”, dijo.
E indicó: “Ante el reclamo de los vendedores, los compradores argumentan que los contratos estaban pactados al tipo de cambio divisa Banco Nación (BNA) comprador, lo que demuestra a las claras una postura poco ética, injusta e indebida. Es muy conocido en el comercio de granos que la expresión de pagar al tipo de cambio divisa comprador BNA se utiliza para que ningún eslabón usufructúe diferencias en los tipos de cambio a costa de otro eslabón. Los usos y costumbres que, hasta ahora, garantizaban la transparencia y honestidad en el comercio de granos indican que el tipo de cambio que cobra el exportador es el mismo tipo de cambio que este paga al vendedor”.
El comunicado anticipó que, a través de la Bolsa de Cereales, la Federación de Acopiadores presentó hace pocos días un escrito a la Cámara Arbitral de Buenos Aires para que se expidiera “ante esta controversia e incertidumbre imperante y, así, poder darle fin a esta arbitrariedad”.
“En la Federación de Acopiadores entendemos que una situación como esta demuestra la confiabilidad, o no, de las empresas con quienes comercializamos nuestros granos. Informaremos a la brevedad los compradores que han tomado un tipo de cambio del gobierno nacional a $600/$650 y se han dado vuelta y pagan a sus clientes un tipo de cambio de $360”, sostuvo.
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Incógnita sobre el destino del Ministerio de las Mujeres, que Milei prometió disolver
Desde La Libertad Avanza no confirman el cierre o si quedará bajo la órbita de Capital Humano; existen angustia e incertidumbre entre los empleados, que ascienden a 1278
María Nöllmann
El ministerio ejecuta el programa de ayuda económica a víctimas de violencia de género
Si una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández en 2019 era crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las de Javier Milei este año fue erradicarlo. En un set de televisión se lo vio tirando al piso, al grito de “¡afuera!”, el cartel que representaba a este ministerio dentro del esquema figurado del nuevo gabinete. Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, confirmó la intención de suprimir esta institución días más tarde: “Es un embudo de ingresos públicos –opinó durante una entrevista–. No sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”. Y agregó: “La violencia, para mí y para muchos, no tiene género”.
Pero desde que la fórmula libertaria ganó el balotaje del 19 de noviembre pasado, no hubo nuevas declaraciones sobre el futuro de este ministerio y de sus 1278 empleados, ni tampoco sobre qué depara a las políticas vinculadas con la violencia de género que la cartera desempeña alrededor del país desde hace cuatro años. Cuando falta solo una semana para la asunción del mandatario electo, fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –hoy a cargo de Ayelén Mazzina Guiñazú– afirman que todavía no recibieron comunicación por parte del gobierno entrante y que aún no existe un proyecto de transición, por lo que los trabajadores no saben si el próximo 10 de diciembre estarán desempleados.
“No está claro”, comentan distintos voceros de La Libertad Avanza sobre el futuro de la cartera. En medio de la incertidumbre, fuentes del partido mencionan ciertos proyectos, entre ellos, la transformación de este organismo en una nueva secretaría, pero con un “giro ideológico”, hasta su cierre y el redireccionamiento de sus partidas presupuestarias a otros ministerios.
En los últimos meses, hubo dos posibles proyectos que se discutieron dentro de La Libertad Avanza, según pudo reconstruir El último del que se habló, confirmó una fuente cercana a Milei, es trasladar a los empleados de la cartera al futuro Ministerio de Capital Humano, que –como viene anunciando el presidente electo– englobará a los actuales ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Según esta versión, los 1278 empleados pasarían a trabajar, más específicamente, en una secretaría o agencia que llevaría el nombre de Niñez y Familia. Consultados voceros vinculados a la creación de Capital Humano afirman que esto todavía no está definido.
Otra versión, que circula desde septiembre, es que, con la intención de recortar y reorganizar el gasto público, la actual cartera de Mujeres se disolvería y con sus fondos se financiarían los ministerios de Seguridad y Defensa. Esta opción no parecería ser del todo beneficiosa en términos económicos para estos dos últimos organismos, ya que el presupuesto anual de 2023 de la dependencia (81.523,9 millones de pesos) equivale al 2,46% de las asignaciones que recibieron ambos en este mismo período (1.844.283,1 millones de pesos de Seguridad y 1.467.891,2 millones de pesos de Defensa).
“Tenemos una de las plantas de empleados más pequeñas que hay en todo el gobierno, que solo representa el 0,58% de toda la administración pública nacional”, suma la actual jefa de Gabinete del ministerio, Érica Laporte. Por eso, según fuentes de su equipo, la promesa que hizo LLA durante la campaña de cerrar el organismo sería desde su mirada una decisión más “política e ideológica que económica”.
Las funciones que cumple hoy el Ministerio de las Mujeres en materia de prevención de la violencia contra la mujer están reguladas por ley. Actualmente, esta cartera política es la autoridad de aplicación de la ley Nº 26.485, conocida como de “Violencia Contra la Mujer”, vigente desde 2009, cuyo noveno artículo obliga al Estado a “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
Entre sus principales iniciativas, está la atención de las 340 llamadas diarias que llegan a la línea 144, destinada a la atención de víctimas de violencia de género y que funciona desde hace 10 años, cuando el actual ministerio tenía rango de instituto. Pero su función más importante, a la cual se dirige el 80% del presupuesto, es el Programa Acompañar. Se trata de una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres y diversidades que sufren violencia de género. “La independencia económica de las mujeres es clave para que puedan salir de la casa del violento, puedan salir del círculo de la violencia, y así empezar a construir su propio proyecto de vida. El 80% de las mujeres que ayudamos tienen hijos a cargo, así que también se ayuda, de esta manera, a los menores”, describen desde el ministerio, a la vez que aseguran que ayudaron a salir del círculo de la violencia a más de 350.000 de ellas.
El límite legal
“Si vuelan de un plumazo todo lo que estamos haciendo, están desconociendo la ley argentina, así como también los compromisos internacionales a los que adhiere nuestro país”, destacan fuentes de la cartera.
La especialista Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), destaca que, desde su perspectiva, lo primordial es que las actuales políticas del ministerio no se abandonen, ya que las considera de vital importancia. “En caso de que cierre el ministerio, este tendría que tomar, por lo menos, otro formato: convertirse en secretaría o en instituto. El Ministerio de las Mujeres tiene, por ley, delegadas las funciones de atención de las mujeres que consultan por violencia de género. Entonces la pregunta es: si cierra, ¿quién va a atender a las mujeres que ahora están llamando al 144 planteando una necesidad de ellas o de algún familiar por violencia?”, se pregunta.
“Creo que hay un total desconocimiento sobre el funcionamiento del ministerio y sobre qué es lo que hace. Tenemos políticas públicas que transforman la vida de las personas”, sigue Laporte, quien afirma que dentro del organismo el clima es de angustia e incertidumbre.
La principal crítica de Villarruel hacia la dependencia es que, según su perspectiva, “no mejoró la situación de las mujeres”. También criticó, en agosto pasado, el concepto “violencia de género”: “Entiendo que hay situaciones en las que la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Entonces me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.
Bianco se opone a esta postura y afirma: “Son dos cosas diferentes. Que exista la violencia contra hombres, contra niños, no significa que no exista la violencia de género. Desde 2015, cuando la manifestación masiva de Ni Una Menos la visibilizó, nadie duda de que existe. ¿Cómo explican, si no, los femicidios y todas las demandas que hay?”.
Laporte destaca que, según los últimos datos publicados, en 2022 hubo un promedio de un femicidio cada 36 horas. “Desde 2017 a 2022 vemos un leve descenso, con una caída del 13,1%. Esto no nos alegra, pero quiere decir que la inversión para la prevención de la violencia tiene un impacto en la reducción mínima de la violencia”, opina.
La vicepresidenta electa cuestionó también la presunta politización de este organismo estatal: “Están aferradas a este tipo de ministerios las mismas que cuando Cecilia [Strzyzowski] fue despedazada [en Chaco] y tirada a los chanchos no aparecieron en ningún momento. Cuando a Morena [Domínguez] la mataron, con 11 años, para robarle la mochila [en Lanús, provincia de Buenos Aires], estas no levantaron la voz nunca”, dijo en agosto pasado.•
Érica Laporte jefa del gabinete ministerial “Creo que hay un total desconocimiento sobre el funcionamiento del ministerio y sobre qué es lo que hace. tenemos políticas públicas que transforman la vida de las personas”
Mabel Bianco feim “si cierra, ¿quién va a atender a las mujeres que ahora están llamando al 144 planteando una necesidad de ellas o de algún familiar por violencia?”
Victoria Villarruel VICEPRESIDENTA ELECTA “No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”
Si una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández en 2019 era crear un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una de las de Javier Milei este año fue erradicarlo. En un set de televisión se lo vio tirando al piso, al grito de “¡afuera!”, el cartel que representaba a este ministerio dentro del esquema figurado del nuevo gabinete. Victoria Villarruel, vicepresidenta electa, confirmó la intención de suprimir esta institución días más tarde: “Es un embudo de ingresos públicos –opinó durante una entrevista–. No sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”. Y agregó: “La violencia, para mí y para muchos, no tiene género”.
Pero desde que la fórmula libertaria ganó el balotaje del 19 de noviembre pasado, no hubo nuevas declaraciones sobre el futuro de este ministerio y de sus 1278 empleados, ni tampoco sobre qué depara a las políticas vinculadas con la violencia de género que la cartera desempeña alrededor del país desde hace cuatro años. Cuando falta solo una semana para la asunción del mandatario electo, fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad –hoy a cargo de Ayelén Mazzina Guiñazú– afirman que todavía no recibieron comunicación por parte del gobierno entrante y que aún no existe un proyecto de transición, por lo que los trabajadores no saben si el próximo 10 de diciembre estarán desempleados.
“No está claro”, comentan distintos voceros de La Libertad Avanza sobre el futuro de la cartera. En medio de la incertidumbre, fuentes del partido mencionan ciertos proyectos, entre ellos, la transformación de este organismo en una nueva secretaría, pero con un “giro ideológico”, hasta su cierre y el redireccionamiento de sus partidas presupuestarias a otros ministerios.
En los últimos meses, hubo dos posibles proyectos que se discutieron dentro de La Libertad Avanza, según pudo reconstruir El último del que se habló, confirmó una fuente cercana a Milei, es trasladar a los empleados de la cartera al futuro Ministerio de Capital Humano, que –como viene anunciando el presidente electo– englobará a los actuales ministerios de Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. Según esta versión, los 1278 empleados pasarían a trabajar, más específicamente, en una secretaría o agencia que llevaría el nombre de Niñez y Familia. Consultados voceros vinculados a la creación de Capital Humano afirman que esto todavía no está definido.
Otra versión, que circula desde septiembre, es que, con la intención de recortar y reorganizar el gasto público, la actual cartera de Mujeres se disolvería y con sus fondos se financiarían los ministerios de Seguridad y Defensa. Esta opción no parecería ser del todo beneficiosa en términos económicos para estos dos últimos organismos, ya que el presupuesto anual de 2023 de la dependencia (81.523,9 millones de pesos) equivale al 2,46% de las asignaciones que recibieron ambos en este mismo período (1.844.283,1 millones de pesos de Seguridad y 1.467.891,2 millones de pesos de Defensa).
“Tenemos una de las plantas de empleados más pequeñas que hay en todo el gobierno, que solo representa el 0,58% de toda la administración pública nacional”, suma la actual jefa de Gabinete del ministerio, Érica Laporte. Por eso, según fuentes de su equipo, la promesa que hizo LLA durante la campaña de cerrar el organismo sería desde su mirada una decisión más “política e ideológica que económica”.
Las funciones que cumple hoy el Ministerio de las Mujeres en materia de prevención de la violencia contra la mujer están reguladas por ley. Actualmente, esta cartera política es la autoridad de aplicación de la ley Nº 26.485, conocida como de “Violencia Contra la Mujer”, vigente desde 2009, cuyo noveno artículo obliga al Estado a “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”.
Entre sus principales iniciativas, está la atención de las 340 llamadas diarias que llegan a la línea 144, destinada a la atención de víctimas de violencia de género y que funciona desde hace 10 años, cuando el actual ministerio tenía rango de instituto. Pero su función más importante, a la cual se dirige el 80% del presupuesto, es el Programa Acompañar. Se trata de una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para las mujeres y diversidades que sufren violencia de género. “La independencia económica de las mujeres es clave para que puedan salir de la casa del violento, puedan salir del círculo de la violencia, y así empezar a construir su propio proyecto de vida. El 80% de las mujeres que ayudamos tienen hijos a cargo, así que también se ayuda, de esta manera, a los menores”, describen desde el ministerio, a la vez que aseguran que ayudaron a salir del círculo de la violencia a más de 350.000 de ellas.
El límite legal
“Si vuelan de un plumazo todo lo que estamos haciendo, están desconociendo la ley argentina, así como también los compromisos internacionales a los que adhiere nuestro país”, destacan fuentes de la cartera.
La especialista Mabel Bianco, de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), destaca que, desde su perspectiva, lo primordial es que las actuales políticas del ministerio no se abandonen, ya que las considera de vital importancia. “En caso de que cierre el ministerio, este tendría que tomar, por lo menos, otro formato: convertirse en secretaría o en instituto. El Ministerio de las Mujeres tiene, por ley, delegadas las funciones de atención de las mujeres que consultan por violencia de género. Entonces la pregunta es: si cierra, ¿quién va a atender a las mujeres que ahora están llamando al 144 planteando una necesidad de ellas o de algún familiar por violencia?”, se pregunta.
“Creo que hay un total desconocimiento sobre el funcionamiento del ministerio y sobre qué es lo que hace. Tenemos políticas públicas que transforman la vida de las personas”, sigue Laporte, quien afirma que dentro del organismo el clima es de angustia e incertidumbre.
La principal crítica de Villarruel hacia la dependencia es que, según su perspectiva, “no mejoró la situación de las mujeres”. También criticó, en agosto pasado, el concepto “violencia de género”: “Entiendo que hay situaciones en las que la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Entonces me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático”.
Bianco se opone a esta postura y afirma: “Son dos cosas diferentes. Que exista la violencia contra hombres, contra niños, no significa que no exista la violencia de género. Desde 2015, cuando la manifestación masiva de Ni Una Menos la visibilizó, nadie duda de que existe. ¿Cómo explican, si no, los femicidios y todas las demandas que hay?”.
Laporte destaca que, según los últimos datos publicados, en 2022 hubo un promedio de un femicidio cada 36 horas. “Desde 2017 a 2022 vemos un leve descenso, con una caída del 13,1%. Esto no nos alegra, pero quiere decir que la inversión para la prevención de la violencia tiene un impacto en la reducción mínima de la violencia”, opina.
La vicepresidenta electa cuestionó también la presunta politización de este organismo estatal: “Están aferradas a este tipo de ministerios las mismas que cuando Cecilia [Strzyzowski] fue despedazada [en Chaco] y tirada a los chanchos no aparecieron en ningún momento. Cuando a Morena [Domínguez] la mataron, con 11 años, para robarle la mochila [en Lanús, provincia de Buenos Aires], estas no levantaron la voz nunca”, dijo en agosto pasado.•
Érica Laporte jefa del gabinete ministerial “Creo que hay un total desconocimiento sobre el funcionamiento del ministerio y sobre qué es lo que hace. tenemos políticas públicas que transforman la vida de las personas”
Mabel Bianco feim “si cierra, ¿quién va a atender a las mujeres que ahora están llamando al 144 planteando una necesidad de ellas o de algún familiar por violencia?”
Victoria Villarruel VICEPRESIDENTA ELECTA “No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”
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