Confusión y expectativa empresarial por el fin del control de precios
Algunas firmas celebran que con Javier Milei se terminarían las intervenciones, mientras que otras reclaman seguir contando con interlocutores en el gobierno; podría haber más aumentos este mes
Julieta Rumi
Hay una combinación entre expectativa y confusión en los sectores que se dedican a la fabricación de productos de consumo masivo, supermercados y otros puntos de venta de bienes y servicios en la Argentina. El presidente electo, Javier Milei, así como otras de sus principales terminales, confirmaron que la Secretaría de Comercio (cargo para el que suena Pablo Lavigne), dejará de cumplir las funciones que tiene ahora, principalmente vinculadas al control de precios.
Además, se descarta que el gobierno de La Libertad Avanza no desarrollará conductas coercitivas sobre el mercado. De esa manera, una parte de la economía se encamina hacia una situación novedosa: con el fin de una de las principales herramientas del kirchnerismo, sectores que manejan miles de millones de pesos de forma diaria se orientarán de acuerdo con la oferta y la demanda.
Mientras algunos festejan la novedad, otros reclaman seguir contando con interlocutores en el Gobierno como si necesariamente tuvieran que existir. Igualmente, la mayoría de las compañías no está cumpliendo con la pauta vigente del programa Precios Justos y los aumentos en supermercados se aceleran. De hecho, días después del balotaje comenzaron a llegar a las cadenas listas con hasta 40% de aumento.
El primer empresario en expresarse públicamente sobre el virtual fin de la Secretaría de Comercio –en su versión actual– fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. “Nunca creímos en los controles de precios”, dijo el jueves antes de ingresar en la conferencia industrial de la UIA. De esta forma, se adelantó al encuentro de la Copal, que se llevará a cabo mañana para analizar más la cuestión de fondo.
“De los intercambios que tuve con otras empresas, mi interpretación es que la Secretaría de Comercio quizás siga funcionando, pero la parte de regular precios no va más y no nos sorprende que así sea. Nos hubiera sorprendido que, tras el triunfo de Milei, hubieran continuado interviniendo, controlando precios, regulándolos. Así que no nos sorprende y, por supuesto, estamos totalmente a favor de esa decisión”, sumó un representante de una firma que integra la entidad.
Sin embargo, desde otra compañía del sector alimentario dijeron que estaban a la espera de ver quiénes serán los próximos interlocutores del gobierno libertario en cada tema. En el mismo sentido, desde un supermercado señalaron que “falta entender la interlocución” y que eso es clave porque si no “resulta imposible pensar en escenarios”.
“Hay algunos presos a los que les da miedo cruzar la calle cuando salen en libertad”, opinaron otras fuentes del supermercadismo, y remarcaron que “hay que entender que en los últimos 17 años, desde que llegó Guillermo Moreno a la Secretaría de Comercio, se ha vivido en otro régimen”.
“Esto es como la transición en los países donde hubo socialismo real y después se pasa al sistema capitalista. No están preparados. Pero si se produce una desbandada de precios, los que son siempre fronting son los supermercados, porque el acto doloroso sucede en la caja”, continuaron.
En los hechos, desde una cadena de supermercados dijeron que, desde las declaraciones de Milei, más empresas se están adelantando a los ajustes que se esperaban para diciembre, de entre 35 y 40 puntos, que es la diferencia que había entre el canal supermercadista y el canal tradicional (pequeños autoservicios, almacenes, negocios de barrio) sin Precios Justos.
“Hay montones de marcas de todos los rubros y colores que no siguieron la pauta de la Secretaría de Comercio (5% de tope de aumento para los productos básicos y 12% para los no básicos en noviembre, mientras que todos podían aumentar un 8% en diciembre). Ya están yendo a eso o avisaron que es lo que van a hacer en breve”, describieron.
Esta sería solo la primera suba para el caso de los supermercados. Resta ver cuánto más se actualizarían los precios de los productos en todos los canales si se devalúa el tipo de cambio oficial en diciembre, algo que descuentan en otra empresa alimentaria. “Técnicamente, hay que ver a qué tipo de cambio queda el dólar oficial y eso se va a pasar a precios. Nosotros no estamos pasando listas y los supermercados nos llaman porque se quedan sin mercadería. Pero nadie sabe cuáles van a ser los costos el mes que viene. Hay empresas que están tirando listas con números exorbitantes a un tipo de cambio oficial de $1000 porque buscan cubrirse, pero eso es no querer vender”, afirmaron.
El programa Precios Justos fue una de las apuestas de Sergio Massa después de asumir en el Ministerio de Economía. Lanzado en noviembre de 2022, inicialmente consistía en una canasta de 1700 productos de consumo masivo cuyos precios se mantenían congelados en supermercados por 120 días. El resto tenía una pauta de aumento mensual de hasta el 4%, que era el objetivo de inflación mensual de Massa en aquel entonces.
Pero, con el correr de los meses y con la aceleración de la inflación, la canasta congelada dejó de tener tanto peso y se hizo énfasis en el sendero para el resto de los productos, que llegaron a ser 50.000 entre los de consumo masivo y otros rubros.
Según el economista, sociólogo y exsecretario de Programación Económica, Juan José Llach, los llamados controles de precios nacieron durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón con los funcionarios Miguel Miranda y Alfredo Gómez Morales. En todas sus versiones, terminaron fracasando porque no fueron acompañados por políticas fiscales y monetarias claras, solventes y sostenidas.
“La inflación crónica se ha convertido en un hábito pernicioso que es muy costoso y muy difícil de erradicar. Pregúntenle al ministro Massa. Su antecesor, Martín Guzmán, tuvo, redondeando, 50% de inflación anual. Massa terminará con cerca del 200%. ¿No será que Milei llegó a la presidencia por este hartazgo de la inflación?”, apuntó Llach
Hay una combinación entre expectativa y confusión en los sectores que se dedican a la fabricación de productos de consumo masivo, supermercados y otros puntos de venta de bienes y servicios en la Argentina. El presidente electo, Javier Milei, así como otras de sus principales terminales, confirmaron que la Secretaría de Comercio (cargo para el que suena Pablo Lavigne), dejará de cumplir las funciones que tiene ahora, principalmente vinculadas al control de precios.
Además, se descarta que el gobierno de La Libertad Avanza no desarrollará conductas coercitivas sobre el mercado. De esa manera, una parte de la economía se encamina hacia una situación novedosa: con el fin de una de las principales herramientas del kirchnerismo, sectores que manejan miles de millones de pesos de forma diaria se orientarán de acuerdo con la oferta y la demanda.
Mientras algunos festejan la novedad, otros reclaman seguir contando con interlocutores en el Gobierno como si necesariamente tuvieran que existir. Igualmente, la mayoría de las compañías no está cumpliendo con la pauta vigente del programa Precios Justos y los aumentos en supermercados se aceleran. De hecho, días después del balotaje comenzaron a llegar a las cadenas listas con hasta 40% de aumento.
El primer empresario en expresarse públicamente sobre el virtual fin de la Secretaría de Comercio –en su versión actual– fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja. “Nunca creímos en los controles de precios”, dijo el jueves antes de ingresar en la conferencia industrial de la UIA. De esta forma, se adelantó al encuentro de la Copal, que se llevará a cabo mañana para analizar más la cuestión de fondo.
“De los intercambios que tuve con otras empresas, mi interpretación es que la Secretaría de Comercio quizás siga funcionando, pero la parte de regular precios no va más y no nos sorprende que así sea. Nos hubiera sorprendido que, tras el triunfo de Milei, hubieran continuado interviniendo, controlando precios, regulándolos. Así que no nos sorprende y, por supuesto, estamos totalmente a favor de esa decisión”, sumó un representante de una firma que integra la entidad.
Sin embargo, desde otra compañía del sector alimentario dijeron que estaban a la espera de ver quiénes serán los próximos interlocutores del gobierno libertario en cada tema. En el mismo sentido, desde un supermercado señalaron que “falta entender la interlocución” y que eso es clave porque si no “resulta imposible pensar en escenarios”.
“Hay algunos presos a los que les da miedo cruzar la calle cuando salen en libertad”, opinaron otras fuentes del supermercadismo, y remarcaron que “hay que entender que en los últimos 17 años, desde que llegó Guillermo Moreno a la Secretaría de Comercio, se ha vivido en otro régimen”.
“Esto es como la transición en los países donde hubo socialismo real y después se pasa al sistema capitalista. No están preparados. Pero si se produce una desbandada de precios, los que son siempre fronting son los supermercados, porque el acto doloroso sucede en la caja”, continuaron.
En los hechos, desde una cadena de supermercados dijeron que, desde las declaraciones de Milei, más empresas se están adelantando a los ajustes que se esperaban para diciembre, de entre 35 y 40 puntos, que es la diferencia que había entre el canal supermercadista y el canal tradicional (pequeños autoservicios, almacenes, negocios de barrio) sin Precios Justos.
“Hay montones de marcas de todos los rubros y colores que no siguieron la pauta de la Secretaría de Comercio (5% de tope de aumento para los productos básicos y 12% para los no básicos en noviembre, mientras que todos podían aumentar un 8% en diciembre). Ya están yendo a eso o avisaron que es lo que van a hacer en breve”, describieron.
Esta sería solo la primera suba para el caso de los supermercados. Resta ver cuánto más se actualizarían los precios de los productos en todos los canales si se devalúa el tipo de cambio oficial en diciembre, algo que descuentan en otra empresa alimentaria. “Técnicamente, hay que ver a qué tipo de cambio queda el dólar oficial y eso se va a pasar a precios. Nosotros no estamos pasando listas y los supermercados nos llaman porque se quedan sin mercadería. Pero nadie sabe cuáles van a ser los costos el mes que viene. Hay empresas que están tirando listas con números exorbitantes a un tipo de cambio oficial de $1000 porque buscan cubrirse, pero eso es no querer vender”, afirmaron.
El programa Precios Justos fue una de las apuestas de Sergio Massa después de asumir en el Ministerio de Economía. Lanzado en noviembre de 2022, inicialmente consistía en una canasta de 1700 productos de consumo masivo cuyos precios se mantenían congelados en supermercados por 120 días. El resto tenía una pauta de aumento mensual de hasta el 4%, que era el objetivo de inflación mensual de Massa en aquel entonces.
Pero, con el correr de los meses y con la aceleración de la inflación, la canasta congelada dejó de tener tanto peso y se hizo énfasis en el sendero para el resto de los productos, que llegaron a ser 50.000 entre los de consumo masivo y otros rubros.
Según el economista, sociólogo y exsecretario de Programación Económica, Juan José Llach, los llamados controles de precios nacieron durante los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón con los funcionarios Miguel Miranda y Alfredo Gómez Morales. En todas sus versiones, terminaron fracasando porque no fueron acompañados por políticas fiscales y monetarias claras, solventes y sostenidas.
“La inflación crónica se ha convertido en un hábito pernicioso que es muy costoso y muy difícil de erradicar. Pregúntenle al ministro Massa. Su antecesor, Martín Guzmán, tuvo, redondeando, 50% de inflación anual. Massa terminará con cerca del 200%. ¿No será que Milei llegó a la presidencia por este hartazgo de la inflación?”, apuntó Llach
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La Ciudad retoma el planteo ante la Corte por la coparticipación
El cambio de gobierno y la llegada de Milei podrían favorecer las instancias de diálogo, pero el gobierno porteño hará un inminente reclamo ante el tribunal por la quita que dispuso Alberto Fernández
Hernán Cappiello
Felipe Miguel, en una de las ocasiones en las que fue a la Casa Rosada para negociar
La ciudad de Buenos Aires prevé insistir la semana próxima ante la Corte Suprema de Justicia para cobrar un porcentaje de los fondos de coparticipación federal que le quitó el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el inminente cambio de gobierno podría contribuir a la apertura de una nueva instancia de diálogo entre Jorge Macri y Javier Milei, para evitar una sentencia y llegar a un acuerdo.
La Corte Suprema rechazó en los últimos días las recusaciones y excusaciones que presentó el actual gobierno nacional contra los jueces y ahora está habilitada para resolver la medida cautelar. Fuentes porteñas dijeron que la Ciudad insistirá en que se ejecute el fallo y se embarguen las cuentas públicas del Estado nacional por casi $300.000 millones, la suma que –incluidos los intereses– reclama la administración local
Sin embargo, la definición no es automática. “No necesariamente esta decisión implica que salga el fallo antes de fin de año”, dijo una fuente de los tribunales. “No hay nada previsto antes de fin de año”, afirmó otra fuente judicial.
Si se dictara una sentencia implicaría un golpe económico para el gobierno entrante, una situación similar a la que se vivió en 2015 cuando la Corte recibió al flamante presidente Mauricio Macri con un fallo que convalidó el reclamo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba por la restitución de los fondos coparticipables que la gestión de Cristina Kirchner derivaba a la Anses. En caso de que se dicte ahora un fallo, antes de fin de año, podría generar un impacto similar para el gobierno de La Libertad Avanza.
Nuevo escenario
De todos modos, no parecen ser estos los ánimos, especialmente por los cambios de actores, con Jorge Macri y Milei en escena, en un contexto que dejaría de lado la ofensiva contra la Corte que hoy impulsa el gobierno nacional.
Antes de llegar a la instancia de una sentencia, la Corte abrió en los últimos dos años una vía de diálogo entre las dos administraciones. Convocó a audiencias de conciliación, que se realizaron en los tribunales, y las partes debían buscar un acercamiento y ponerse de acuerdo en el monto por descontar o no de la coparticipación federal.
Esas reuniones fracasaron y el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, el alto tribunal dictó una medida cautelar en favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. La Ciudad reclama el 3,5% y antes de la cautelar estaba cobrando 1,4% más una suma especial para solventar la policía porteña.
El entonces presidente Macri aumentó en enero de 2016 los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante la gestión de Juntos por el Cambio, bajó luego al 3,5 por ciento.
Pero el conflicto se generó porque el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se lo concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y los giró a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable).
Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de los fondos de coparticipación. Llevó el porcentaje para la ciudad a 1,4% –el mismo que regía antes de que lo aumentara Macri–, pero agregó, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la policía, una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional. Ese desembolso equivale aproximadamente a 0,55% de la masa coparticipable.
En diciembre pasado, ante el planteo judicial de la Ciudad, la Corte llevó transitoriamente el porcentaje a 2,95% hasta que se definiera la cuestión y suspendió lo dispuesto por la ley de 2020.
En la Ciudad dicen que hoy la Nación solo les paga el 1,4% y dejó de transferirles, incluso, los fondos para la policía que preveía la ley.
Con el cambio de gobierno, la posibilidad de que se restablezca un diálogo entre ambas jurisdicciones puede derivar en que las partes retomen las negociaciones, antes de que llegue un fallo del máximo tribunal.
Si no es así, será el debut del exjuez de la Corte Rodolfo Barra, como futuro procurador del Tesoro, para litigar en defensa del Estado nacional, frente al gobierno de la ciudad. No es tarea fácil para Barra, un abogado que tiene decenas de casos de sus clientes en la Corte, incluida una causa propia, en la que reclama que la Anses le liquide la jubilación como exjuez del máximo tribunal. Una enredada madeja, llena de conflictos de intereses.
La ciudad de Buenos Aires prevé insistir la semana próxima ante la Corte Suprema de Justicia para cobrar un porcentaje de los fondos de coparticipación federal que le quitó el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, el inminente cambio de gobierno podría contribuir a la apertura de una nueva instancia de diálogo entre Jorge Macri y Javier Milei, para evitar una sentencia y llegar a un acuerdo.
La Corte Suprema rechazó en los últimos días las recusaciones y excusaciones que presentó el actual gobierno nacional contra los jueces y ahora está habilitada para resolver la medida cautelar. Fuentes porteñas dijeron que la Ciudad insistirá en que se ejecute el fallo y se embarguen las cuentas públicas del Estado nacional por casi $300.000 millones, la suma que –incluidos los intereses– reclama la administración local
Sin embargo, la definición no es automática. “No necesariamente esta decisión implica que salga el fallo antes de fin de año”, dijo una fuente de los tribunales. “No hay nada previsto antes de fin de año”, afirmó otra fuente judicial.
Si se dictara una sentencia implicaría un golpe económico para el gobierno entrante, una situación similar a la que se vivió en 2015 cuando la Corte recibió al flamante presidente Mauricio Macri con un fallo que convalidó el reclamo de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba por la restitución de los fondos coparticipables que la gestión de Cristina Kirchner derivaba a la Anses. En caso de que se dicte ahora un fallo, antes de fin de año, podría generar un impacto similar para el gobierno de La Libertad Avanza.
Nuevo escenario
De todos modos, no parecen ser estos los ánimos, especialmente por los cambios de actores, con Jorge Macri y Milei en escena, en un contexto que dejaría de lado la ofensiva contra la Corte que hoy impulsa el gobierno nacional.
Antes de llegar a la instancia de una sentencia, la Corte abrió en los últimos dos años una vía de diálogo entre las dos administraciones. Convocó a audiencias de conciliación, que se realizaron en los tribunales, y las partes debían buscar un acercamiento y ponerse de acuerdo en el monto por descontar o no de la coparticipación federal.
Esas reuniones fracasaron y el 21 de diciembre del año pasado, por unanimidad, el alto tribunal dictó una medida cautelar en favor de la Ciudad. Dispuso que hasta tanto se resolviera la discusión de fondo, mientras durara el juicio, el Estado nacional debería entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. La Ciudad reclama el 3,5% y antes de la cautelar estaba cobrando 1,4% más una suma especial para solventar la policía porteña.
El entonces presidente Macri aumentó en enero de 2016 los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75% para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese porcentaje, también durante la gestión de Juntos por el Cambio, bajó luego al 3,5 por ciento.
Pero el conflicto se generó porque el 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, policías bonaerenses rodearon la quinta de Olivos en reclamo de un aumento de sueldo y Alberto Fernández se lo concedió. Para eso, firmó el decreto 735/2020, que le quitó fondos coparticipables a la Ciudad y los giró a la provincia de Buenos Aires. Dejó la coparticipación de la Ciudad en 2,32% (le quitó 1,18% de la masa coparticipable).
Más tarde, ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que incrementaba aún más la quita de los fondos de coparticipación. Llevó el porcentaje para la ciudad a 1,4% –el mismo que regía antes de que lo aumentara Macri–, pero agregó, para solventar los gastos que implicaba el traspaso de la policía, una suma predeterminada que cada año se incluye en el presupuesto nacional. Ese desembolso equivale aproximadamente a 0,55% de la masa coparticipable.
En diciembre pasado, ante el planteo judicial de la Ciudad, la Corte llevó transitoriamente el porcentaje a 2,95% hasta que se definiera la cuestión y suspendió lo dispuesto por la ley de 2020.
En la Ciudad dicen que hoy la Nación solo les paga el 1,4% y dejó de transferirles, incluso, los fondos para la policía que preveía la ley.
Con el cambio de gobierno, la posibilidad de que se restablezca un diálogo entre ambas jurisdicciones puede derivar en que las partes retomen las negociaciones, antes de que llegue un fallo del máximo tribunal.
Si no es así, será el debut del exjuez de la Corte Rodolfo Barra, como futuro procurador del Tesoro, para litigar en defensa del Estado nacional, frente al gobierno de la ciudad. No es tarea fácil para Barra, un abogado que tiene decenas de casos de sus clientes en la Corte, incluida una causa propia, en la que reclama que la Anses le liquide la jubilación como exjuez del máximo tribunal. Una enredada madeja, llena de conflictos de intereses.
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