De cara a la temporada, prohibieron fumar en balnearios marplatenses
La medida rige desde el viernes, pero no alcanza a las playas públicas; los privados deberán generar sectores especiales
Darío Palavecino
MAR DEL PLATA.– ¿Recaerá todo el control en el empleado a cargo del pasillo, para ir de carpa a carpa con la advertencia, allí donde vea el hilo de humo? ¿O será ya más una cuestión entre clientes, en ese momento tan esperado por el que no tiene el hábito y, ahora con más fundamentos, pueda plantearle al vecino que apague ese cigarrillo que le incomoda?
Son algunas de varias dudas que aparecieron en el punto de partida de la flamante implementación en el ámbito de General Pueyrredón de la norma que prohíbe fumar dentro de los límites de los paradores concesionados. La medida llegará a la playa pública recién dentro de un par de años.
Así se perfila la pretendida primera temporada libre de humo en Mar del Plata, que nace con la ampliación a partir del pasado viernes de los alcances de la ordenanza N° 20.104, que desde 2010 alcanzaba a todos los ambientes comerciales y de servicios públicos, tanto bajo techo como al aire libre.
La más reciente ordenanza N° 25.845 modifica aquella y dispone que también “unidades turísticas fiscales administradas por el Estado municipal, concesiones de prestación de servicios turísticos otorgadas por otros niveles jurisdiccionales y los balnearios del sector privado” queden alcanzadas por la prohibición de fumar, al igual que ya regía en plazas, parques, paseos y espacios públicos donde existan áreas de juegos para chicos, areneros y lugares con circuitos aeróbicos y/o sectores para la práctica de deportes y recreación infantil públicos.
La apuesta mayor en estos lugares a cielo abierto se concentra en la información, en particular con una masiva y destacada presencia de cartelería que instale el mensaje “Prohibido fumar”. Por otro lado, la designación de un espacio que cada uno de estos prestadores deberá establecer e identificar para sus clientes fumadores.
“Se deberán instalar al menos dos (2) recipientes adecuados para la disposición de las colillas de cigarrillos cualquiera sea su tamaño o características”, precisa la normativa como exigencia a los concesionarios. Y acota que en esos ámbitos deben instalar en lugar visible y letras de buen tamaño la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud”.
Además de apuntar a proteger la calidad del aire, la norma también busca puntualmente reducir el impacto de los desechos de cigarrillos. Las colillas son, junto a los plásticos, los residuos de mayor presencia sobre la arena, según surge de los resultados de distintas campañas periódicas de limpieza de playas emprendidas por distintas ONG.
Según fuentes que participaron de la redacción de la ordenanza, se empezaría por los sectores concesionados porque el control en manos de privados es más sencillo.
Repercusiones
Fernando Maraude, titular de la Administración de Balnearios de Punta Mogotes, confirmó a que será este un tema inmediato tratamiento con los concesionarios de las 24 unidades que tiene este complejo. “Este lunes [por hoy], en una reunión que teníamos prevista, entre otros temas de temporada veremos esta ordenanza y su implementación”, dijo sobre este sector que pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero también fue incluido dentro de la ordenanza.
El responsable de un parador privado de la zona céntrica también advirtió que llevará tiempo acostumbrar a los clientes a esta restricción, cuando se trata de un ámbito al aire libre. “Creo que más allá de sancionar deberíamos trabajar mucho en la concientización del impacto del cigarrillo en la salud y el medio ambiente, así como en el respeto a los que no fuman”, dijo
“No tenía ni idea de esta ordenanza, pero no creo que haya mayores problemas porque los que fumamos siempre estamos pendientes de si molestamos a un tercero, por más que estemos en la playa”, contó Gastón, que es marplatense y alquila carpa en Playa Grande. “Si hay que correrse a un rincón a fumar, no hay problema”, agregó su esposa, Betiana, también cigarrillo en mano.
Mar del Plata tiene buena parte de su costa, en especial la franja comprendida entre La Perla y el faro, bajo administración de operadores privados. El acceso es exclusivo para clientes que contratan unidades de sombra –carpa o sombrillas– y otros servicios, que van desde piscina hasta gimnasio. La ordenanza N° 25.845 prohíbe fumar dentro de esos límites, donde de acuerdo con la misma norma se debería habilitar un sector exclusivo para fumadores.
Esas unidades tienen en todos los casos un frente de playa pública, que al igual que el resto de todo el corredor costero que no está concesionado ofrecerá todavía libertad para encender un cigarrillo sin riesgo de ser advertido o castigado.
“El Departamento Ejecutivo elaborará un plan de acción para la aplicación gradual de la normativa en las playas públicas, desarrollando acciones tendientes a alcanzar con la misma a la totalidad de las playas públicas del partido de General Pueyrredón”, dice la ordenanza en su artículo 8°.
La buena noticia para los infractores de estos tiempos es que las sanciones llegarán recién a partir del tercer año de vigencia de esta ordenanza, por lo que fumar dentro de las concesiones privadas de playa recién será punible desde diciembre de 2025.
Este tipo de medida tiene experiencias recientes y muy cercanas desde lo geográfico. Es el caso de Pinamar, que implementó la prohibición de fumar en sus playas como medida general, sin distinción entre espacios privados y públicos.
Fue mediante la ordenanza votada en noviembre de 2019, por mayoría, que también estableció la disposición de puntos habilitados para fumar. Era un perímetro de cinco metros con un cenicero como referencia.
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Concordia: evalúan una indemnización para pagar mudanzas
Serviría para relocalizar a familias de la zona inundable; multimillonaria obra pendiente
María Nöllmann
R. La situación es crítica en la ciudad entrerriana
CONCORDIA.– Los habitantes de la Cota 14, la zona costera de Concordia que más sufre las crecidas del río Uruguay, como ahora y desde hace más de un mes, parecen llevar las inundaciones en el ADN. Los adultos que viven y nacieron allí afirman haber transitado entre ocho y 15 inundaciones a lo largo de su vida. Es por lo que ya tienen sus propias rutinas de emergencia: “Mi padre tenía un sistema de sogas enganchadas al techo que usaba para colgar los muebles cada vez que empezaba a subir el agua”, cuenta con una mueca agridulce Andrea, una de las vecinas.
Pero, pese a estar acostumbrados, ella y los demás sostienen que la angustia es cada vez peor. “Esta vez empecé a preocuparme por mis hijos, que están más grandes: ¿qué les voy a dejar? ¿Esta casa que está cada vez peor?”, se cuestiona Roberto Magnin, herrero, de 42 años.
Debido a las inundaciones en la Cota 14, en los 80 el primer gobierno electo tras el retorno de la democracia prohibió la construcción en la zona. Para entonces, destacan fuentes del municipio, ya había unas 350 propiedades formales; muchas de ellas, chalets antiguos. La intención de la medida fue que no se sumaran nuevos vecinos. Pero fracasó: con el paso de los años y el aumento de la pobreza en Concordia, cada vez más familias sin hogar empezaron a asentarse de manera ilegal en este barrio inundable.
En los últimos ocho años, la política de la intendencia para paliar los efectos de las inundaciones fue especialmente la relocalización de los vecinos instalados en la zona. Según datos oficiales, en este lapso más de 600 familias fueron trasladadas a viviendas sociales que se construyeron en el predio de Agua Patito (gestionado e impulsado por los gobiernos nacional y provincial ) y en los terrenos del Banco Municipal de Tierras, ambos en las afueras de la ciudad.
El conflicto al que se enfrentan hoy las autoridades es que los propietarios de las 350 casas históricas, más muchos de quienes se asentaron después, no tienen interés en mudarse a las viviendas sociales. En cambio, hace años exigen a la municipalidad la construcción de la defensa central, un terraplén con bombas de agua que aplacaría el avance del agua y la redireccionaría. Se trata de un proyecto del que mucho se ha hablado en los últimos años, pero del que no hay novedades de ejecución
“La obra es de 50 millones de dólares. Por el monto, para hacerla, se necesita financiamiento internacional”, afirmó el intendente Enrique Cresto (PJ), que dejará su cargo el domingo próximo. En el mismo sentido, el intendente electo, Francisco Azcué (Juntos por Entre Ríos), afirma que no considera viable que el gobierno local pueda financiar dicha obra.
“Con base en los estudios que hagamos, vamos a ir haciendo las cosas correctamente –agrega–. Queremos buscar soluciones de impacto, no tener que estar cada inundación teniendo que evacuar gente”. Una de las posibilidades que se han barajado en los últimos años, recuerda, es indemnizar a las familias con propiedades en esta zona inundable para organizar su mudanza.
Azcué deberá asumir la intendencia en un contexto de crisis humanitaria en la ciudad, con más de 400 familias evacuadas y muchas otras que, a pesar de estar afectadas por el agua, decidieron quedarse en sus casas, principalmente para evitar que sean robadas.
Pero actualmente el problema no es solo el agua, sino su podredumbre. “Esta vez, a muchos, antes de que nos llegara el agua de afuera, nos empezó a salir agua de adentro: rebalsaron las cloacas. Imagínate el olor. Tuvimos que salir corriendo”, cuenta una de las vecinas, que prefirió no dar su nombre; hoy enfrenta la impotencia de haber baldeado y fregado con lavandina hace pocos días, cuando el agua bajó, y ahora ver el piso nuevamente mojado. “El agua llega y se va cuando y como quiere. Es difícil convivir con esta mugre”, lamenta.
CONCORDIA.– Los habitantes de la Cota 14, la zona costera de Concordia que más sufre las crecidas del río Uruguay, como ahora y desde hace más de un mes, parecen llevar las inundaciones en el ADN. Los adultos que viven y nacieron allí afirman haber transitado entre ocho y 15 inundaciones a lo largo de su vida. Es por lo que ya tienen sus propias rutinas de emergencia: “Mi padre tenía un sistema de sogas enganchadas al techo que usaba para colgar los muebles cada vez que empezaba a subir el agua”, cuenta con una mueca agridulce Andrea, una de las vecinas.
Pero, pese a estar acostumbrados, ella y los demás sostienen que la angustia es cada vez peor. “Esta vez empecé a preocuparme por mis hijos, que están más grandes: ¿qué les voy a dejar? ¿Esta casa que está cada vez peor?”, se cuestiona Roberto Magnin, herrero, de 42 años.
Debido a las inundaciones en la Cota 14, en los 80 el primer gobierno electo tras el retorno de la democracia prohibió la construcción en la zona. Para entonces, destacan fuentes del municipio, ya había unas 350 propiedades formales; muchas de ellas, chalets antiguos. La intención de la medida fue que no se sumaran nuevos vecinos. Pero fracasó: con el paso de los años y el aumento de la pobreza en Concordia, cada vez más familias sin hogar empezaron a asentarse de manera ilegal en este barrio inundable.
En los últimos ocho años, la política de la intendencia para paliar los efectos de las inundaciones fue especialmente la relocalización de los vecinos instalados en la zona. Según datos oficiales, en este lapso más de 600 familias fueron trasladadas a viviendas sociales que se construyeron en el predio de Agua Patito (gestionado e impulsado por los gobiernos nacional y provincial ) y en los terrenos del Banco Municipal de Tierras, ambos en las afueras de la ciudad.
El conflicto al que se enfrentan hoy las autoridades es que los propietarios de las 350 casas históricas, más muchos de quienes se asentaron después, no tienen interés en mudarse a las viviendas sociales. En cambio, hace años exigen a la municipalidad la construcción de la defensa central, un terraplén con bombas de agua que aplacaría el avance del agua y la redireccionaría. Se trata de un proyecto del que mucho se ha hablado en los últimos años, pero del que no hay novedades de ejecución
“La obra es de 50 millones de dólares. Por el monto, para hacerla, se necesita financiamiento internacional”, afirmó el intendente Enrique Cresto (PJ), que dejará su cargo el domingo próximo. En el mismo sentido, el intendente electo, Francisco Azcué (Juntos por Entre Ríos), afirma que no considera viable que el gobierno local pueda financiar dicha obra.
“Con base en los estudios que hagamos, vamos a ir haciendo las cosas correctamente –agrega–. Queremos buscar soluciones de impacto, no tener que estar cada inundación teniendo que evacuar gente”. Una de las posibilidades que se han barajado en los últimos años, recuerda, es indemnizar a las familias con propiedades en esta zona inundable para organizar su mudanza.
Azcué deberá asumir la intendencia en un contexto de crisis humanitaria en la ciudad, con más de 400 familias evacuadas y muchas otras que, a pesar de estar afectadas por el agua, decidieron quedarse en sus casas, principalmente para evitar que sean robadas.
Pero actualmente el problema no es solo el agua, sino su podredumbre. “Esta vez, a muchos, antes de que nos llegara el agua de afuera, nos empezó a salir agua de adentro: rebalsaron las cloacas. Imagínate el olor. Tuvimos que salir corriendo”, cuenta una de las vecinas, que prefirió no dar su nombre; hoy enfrenta la impotencia de haber baldeado y fregado con lavandina hace pocos días, cuando el agua bajó, y ahora ver el piso nuevamente mojado. “El agua llega y se va cuando y como quiere. Es difícil convivir con esta mugre”, lamenta.
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