Hallan irregularidades en el 40% de los comedores de Santa Fe
El gobierno provincial verificó inconsistencias en 160 de un total de 400 establecimientos relevados; también denunció un presunto fraude con beneficiarios de la Tarjeta Alimentar
Germán de los Santos
La Justicia investiga a dónde fueron a parar los fondos que debían destinarse a asistencia social
ROSARIO.– De 400 comedores comunitarios que se auditaron en Santa Fe –sobre un total de 900–, en 160 se encontraron irregularidades, una situación que derivó en que la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, presentara una denuncia judicial para que se investigue el destino de los fondos que deberían haber llegado a los que necesitaban la asistencia.
El gobierno de Santa Fe inició desde enero un relevamiento sobre el reparto de la ayuda social a comedores ante la sospecha de que existían desmanejos de la anterior gestión del peronista Omar Perotti.
Con estas medidas, el gobierno del radical Maximiliano Pullaro se puso en sintonía con la gestión libertaria de Javier Milei, que también denunció supuestas irregularidades en el manejo de los comedores comunitarios, algo que derivó en la reciente crisis en el Ministerio de Capital Humano, luego de las denuncias cruzadas que recibió por no entregar alimentos que tenía acopiados en Buenos Aires y Tucumán.
Según el relevamiento que entre febrero y abril realizó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), 1247 (52,3%) establecimientos, sobre un total de 2646, no pudieron validarse como comedores o merenderos.
En el caso de Santa Fe, el relevamiento que realizó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano detectó irregularidades en 160 de las 400 instituciones auditadas, entre las que se encuentran comedores y merenderos. El monitoreo aún no se completó porque existen un total de 900 comedores en la provincia.
Lo que se investiga es el dinero asignado a comedores que no existen y a titulares de tarjetas alimentarias que desconocían la existencia de las credenciales a su nombre. La sospecha es que parte de estos fondos eran manejados por organizaciones políticas y sociales.
Por ahora, el gobierno de Pullaro evitó dar el detalle –ante una consulta de la nacion– de quiénes serían los dirigentes o las organizadenuncia ciones que cometieron estas irregularidades.
La primera denuncia la presentó Tejeda el 21 de febrero, en la que se alerta sobre supuestas “irregularidades advertidas desde las dependencias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en el marco del procedimiento de control del esquema de distribución de fondos que tienen por destino la ayuda social de carácter alimentario”.
En la presentación, a la que accedió , se señala que “se ha procedido a relevar los domicilios denunciados por los responsables de la recepción de fondos como lugar de asiento de las actividades de asistencia social sin que se haya podido verificar la existencia de actividad vinculada a la entrega de víveres”.
Otro tipo de irregularidad detectada se produce a través del cobro de dinero por la tarjeta alimentaria. “Se han recabado declaraciones de responsables de tarjetas institucionales (por las que se canalizan fondos para la compra de alimentos) que manifiestan no haber realizado gestión alguna para acceder a tal programa de asistencia social”, advirtió en la denuncia presentada en la fiscalía de Santa Fe.
El 11 de abril, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano realizó una ampliación de la primera denuncia. Allí constan los testimonios de dos presuntas víctimas que dicen “haber sido afectadas por irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex-Ministerio de Desarrollo Social”.
En una tercera denuncia, la cartera a cargo de Tejeda incluyó irregularidades detectadas en una entidad con sede en San Lorenzo, que se llama Protegiendo Sueños.
“No podemos brindar detalles por la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto de un servicio alimentario que no brindaban”, revelaron.
Desde ese organismo provincial también precisaron que la provincia destina en seguridad alimentaria más de 2000 millones pesos entre las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut para los sectores más carenciados de la población.
El secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile, señaló: “Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado”.
“Tenemos un dato preocupante: de 400 establecimientos ya suspendimos 160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones”, apuntó el funcionario.
Basile aclaró que en el caso de desprolijidades, la provincia no va a cortar la asistencia. Por eso convocaron a los titulares de aquellos lugares para regularizar la situación.
“Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor”, explicó.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La caja alimentaria, una palanca que controló La Cámpora
Durante el gobierno del Frente de Todos, una funcionaria camporista manejó los fondos para la Tarjeta Alimentar y los comedores
Las investigaciones que corren en paralelo a la crisis del Ministerio de Capital Humano rozan de cerca a La Cámpora, aunque por ahora no comprometen a la organización. Grupos con los que compartió la administración del Ministerio de Desarrollo Social entre 2019 y 2023, como el Movimiento Evita, están bajo investigación judicial por presuntas extorsiones para participar en marchas. El camporismo tuvo bajo su control los fondos para asistencia alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández.
La dirigente camporista Laura Alonso fue titular de la Secretaría de Inclusión Social, en cuya órbita gravitaban la Tarjeta Alimentar y las partidas para los comedores.
La Tarjeta Alimentar es un programa que el gobierno del presidente Javier Milei mantiene, y al que apuesta como herramienta para la contención social en medio del ajuste del gasto que implementa desde su asunción. De hecho, ha aumentado su monto de forma periódica. El último incremento que otorgó dejó en $52.250 el monto que cobran las familias con un solo hijo; en $81.936, para quienes tienen dos hijos, y en $108.062, en el caso de tener tres hijos o más.
Según publicó el diario Clarín en su edición digital, la secretaría que estuvo a cargo de Alonso manejó alrededor de US$10.000 millones entre 2020 y 2023 para la política alimentaria y otras áreas vinculadas.
El presupuesto que controló la funcionaria camporista incluyó unos $6000 millones para “políticas alimentarias”, partidas que están bajo análisis judicial por la del Gobierno sobre la presunta existencia de comedores populares truchos.
Según pudo saber la nacion, Alonso no está mencionada en los expedientes que se abrieron en medio del escándalo dentro del Ministerio de Capital Humano, que están a cargo de los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo.
Alonso era la cara principal de La Cámpora dentro del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, que durante el gobierno del Frente de Todos tuvo como titulares a Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
La cartera de Desarrollo Social fue una sede más de una antigua disputa dentro del peronismo, entre la organización que conduce Máximo Kirchner y el Movimiento Evita, cuyo principal referente, Emilio Pérsico, fue secretario de Economía Social del ministerio.
Ambos grupos midieron su poder en la cartera de Desarrollo Social (La Cámpora, desde la política alimentaria; el Evita, desde el control de los planes sociales, como el Potenciar Trabajo, el principal que puso en marcha el kirchnerismo en el gobierno de Fernández).
En la trama de la asistencia alimentaria, que se destapó a partir de la demora en la entrega de mercadería acopiada en los galpones ministeriales de Villa Martelli y Tafí Viejo, quedaron salpicados comedores y asociaciones vinculadas al Movimiento Evita.
Tal como informó la la nacion semana pasada, en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, tramitan 44 denuncias por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones piqueteras. La mayor parte de ellas recaen sobre integrantes del Movimiento Evita en el distrito de La Matanza.
La Corriente Clasista y Combativa, la organización 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y la agrupación Ramón Carrillo, entre otras, también figuran en los expedientes por presuntas extorsiones que tramitan en el Juzgado Federal de Quilmes.
Las denuncias que se judicializaron se iniciaron por llamados anónimos a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para exponer aprietes o extorsiones para participar de cortes o movilizaciones, como los del primer paro general contra el gobierno de Milei.
ROSARIO.– De 400 comedores comunitarios que se auditaron en Santa Fe –sobre un total de 900–, en 160 se encontraron irregularidades, una situación que derivó en que la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, presentara una denuncia judicial para que se investigue el destino de los fondos que deberían haber llegado a los que necesitaban la asistencia.
El gobierno de Santa Fe inició desde enero un relevamiento sobre el reparto de la ayuda social a comedores ante la sospecha de que existían desmanejos de la anterior gestión del peronista Omar Perotti.
Con estas medidas, el gobierno del radical Maximiliano Pullaro se puso en sintonía con la gestión libertaria de Javier Milei, que también denunció supuestas irregularidades en el manejo de los comedores comunitarios, algo que derivó en la reciente crisis en el Ministerio de Capital Humano, luego de las denuncias cruzadas que recibió por no entregar alimentos que tenía acopiados en Buenos Aires y Tucumán.
Según el relevamiento que entre febrero y abril realizó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), 1247 (52,3%) establecimientos, sobre un total de 2646, no pudieron validarse como comedores o merenderos.
En el caso de Santa Fe, el relevamiento que realizó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano detectó irregularidades en 160 de las 400 instituciones auditadas, entre las que se encuentran comedores y merenderos. El monitoreo aún no se completó porque existen un total de 900 comedores en la provincia.
Lo que se investiga es el dinero asignado a comedores que no existen y a titulares de tarjetas alimentarias que desconocían la existencia de las credenciales a su nombre. La sospecha es que parte de estos fondos eran manejados por organizaciones políticas y sociales.
Por ahora, el gobierno de Pullaro evitó dar el detalle –ante una consulta de la nacion– de quiénes serían los dirigentes o las organizadenuncia ciones que cometieron estas irregularidades.
La primera denuncia la presentó Tejeda el 21 de febrero, en la que se alerta sobre supuestas “irregularidades advertidas desde las dependencias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en el marco del procedimiento de control del esquema de distribución de fondos que tienen por destino la ayuda social de carácter alimentario”.
En la presentación, a la que accedió , se señala que “se ha procedido a relevar los domicilios denunciados por los responsables de la recepción de fondos como lugar de asiento de las actividades de asistencia social sin que se haya podido verificar la existencia de actividad vinculada a la entrega de víveres”.
Otro tipo de irregularidad detectada se produce a través del cobro de dinero por la tarjeta alimentaria. “Se han recabado declaraciones de responsables de tarjetas institucionales (por las que se canalizan fondos para la compra de alimentos) que manifiestan no haber realizado gestión alguna para acceder a tal programa de asistencia social”, advirtió en la denuncia presentada en la fiscalía de Santa Fe.
El 11 de abril, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano realizó una ampliación de la primera denuncia. Allí constan los testimonios de dos presuntas víctimas que dicen “haber sido afectadas por irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex-Ministerio de Desarrollo Social”.
En una tercera denuncia, la cartera a cargo de Tejeda incluyó irregularidades detectadas en una entidad con sede en San Lorenzo, que se llama Protegiendo Sueños.
“No podemos brindar detalles por la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto de un servicio alimentario que no brindaban”, revelaron.
Desde ese organismo provincial también precisaron que la provincia destina en seguridad alimentaria más de 2000 millones pesos entre las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut para los sectores más carenciados de la población.
El secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile, señaló: “Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado”.
“Tenemos un dato preocupante: de 400 establecimientos ya suspendimos 160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones”, apuntó el funcionario.
Basile aclaró que en el caso de desprolijidades, la provincia no va a cortar la asistencia. Por eso convocaron a los titulares de aquellos lugares para regularizar la situación.
“Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor”, explicó.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La caja alimentaria, una palanca que controló La Cámpora
Durante el gobierno del Frente de Todos, una funcionaria camporista manejó los fondos para la Tarjeta Alimentar y los comedores
Las investigaciones que corren en paralelo a la crisis del Ministerio de Capital Humano rozan de cerca a La Cámpora, aunque por ahora no comprometen a la organización. Grupos con los que compartió la administración del Ministerio de Desarrollo Social entre 2019 y 2023, como el Movimiento Evita, están bajo investigación judicial por presuntas extorsiones para participar en marchas. El camporismo tuvo bajo su control los fondos para asistencia alimentaria durante el gobierno de Alberto Fernández.
La dirigente camporista Laura Alonso fue titular de la Secretaría de Inclusión Social, en cuya órbita gravitaban la Tarjeta Alimentar y las partidas para los comedores.
La Tarjeta Alimentar es un programa que el gobierno del presidente Javier Milei mantiene, y al que apuesta como herramienta para la contención social en medio del ajuste del gasto que implementa desde su asunción. De hecho, ha aumentado su monto de forma periódica. El último incremento que otorgó dejó en $52.250 el monto que cobran las familias con un solo hijo; en $81.936, para quienes tienen dos hijos, y en $108.062, en el caso de tener tres hijos o más.
Según publicó el diario Clarín en su edición digital, la secretaría que estuvo a cargo de Alonso manejó alrededor de US$10.000 millones entre 2020 y 2023 para la política alimentaria y otras áreas vinculadas.
El presupuesto que controló la funcionaria camporista incluyó unos $6000 millones para “políticas alimentarias”, partidas que están bajo análisis judicial por la del Gobierno sobre la presunta existencia de comedores populares truchos.
Según pudo saber la nacion, Alonso no está mencionada en los expedientes que se abrieron en medio del escándalo dentro del Ministerio de Capital Humano, que están a cargo de los jueces Sebastián Casanello y Ariel Lijo.
Alonso era la cara principal de La Cámpora dentro del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, que durante el gobierno del Frente de Todos tuvo como titulares a Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
La cartera de Desarrollo Social fue una sede más de una antigua disputa dentro del peronismo, entre la organización que conduce Máximo Kirchner y el Movimiento Evita, cuyo principal referente, Emilio Pérsico, fue secretario de Economía Social del ministerio.
Ambos grupos midieron su poder en la cartera de Desarrollo Social (La Cámpora, desde la política alimentaria; el Evita, desde el control de los planes sociales, como el Potenciar Trabajo, el principal que puso en marcha el kirchnerismo en el gobierno de Fernández).
En la trama de la asistencia alimentaria, que se destapó a partir de la demora en la entrega de mercadería acopiada en los galpones ministeriales de Villa Martelli y Tafí Viejo, quedaron salpicados comedores y asociaciones vinculadas al Movimiento Evita.
Tal como informó la la nacion semana pasada, en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, tramitan 44 denuncias por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que concurrieran a movilizaciones piqueteras. La mayor parte de ellas recaen sobre integrantes del Movimiento Evita en el distrito de La Matanza.
La Corriente Clasista y Combativa, la organización 8 de Octubre, Barrios de Pie, el MTR, Libres del Sur y la agrupación Ramón Carrillo, entre otras, también figuran en los expedientes por presuntas extorsiones que tramitan en el Juzgado Federal de Quilmes.
Las denuncias que se judicializaron se iniciaron por llamados anónimos a la línea 134, que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para exponer aprietes o extorsiones para participar de cortes o movilizaciones, como los del primer paro general contra el gobierno de Milei.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.