El cambio prevalece con la buena política
Un error grave es asociar la renovación necesaria a la cuestión etaria o generacional; siempre seduce reproducir en versión autóctona la “revolución de los jóvenes turcos”
Daniel Gustavo Montamat
Cuenta Plutarco en Vidas paralelas que queriendo el padre de Temístocles apartarlo de mezclarse en los asuntos públicos, le mostró en la orilla del mar las galeras viejas maltratadas y abandonadas, para darle a entender que del mismo modo se porta el pueblo con los hombres públicos cuando ve que ya no son de provecho. Temístocles subestimó la lección paterna y se dedicó con vehemencia a los negocios públicos en busca de gloria. Conoció el poder y la fama y fue héroe de los atenienses combatiendo contra los persas. Pero ya en el ocaso de su carrera pública en Atenas las luchas políticas lo condenaron al destierro. Obstinado y resentido, quiso prolongar su vigencia y saciar su sed de venganza pasando a servir a sus antiguos enemigos persas. Según Plutarco, acabó quitándose la vida. Quien pudo ser recordado como un prócer terminó estigmatizado como impostor y traidor.
El oficio de político siempre ha tenido mala fama porque atrae a muchos arribistas y advenedizos a los que el poder corrompe. Sin rigores meritocráticos en la selección, no siempre llegan los mejores, y muchas veces llegan los peores. Pero el oficio también da cuenta de políticos capaces, de líderes honestos, y, excepcionalmente, de estadistas, que lideraron procesos de crisis o transformación que marcaron la historia. Sea con políticos buenos, regulares o malos, capaces o mediocres, la actividad política es imprescindible en la convivencia civilizada de una sociedad democrática. En la democracia es la política la que regula las reglas de acceso al poder, la que articula los mecanismos de mediación que hacen posible la cooperación social, la que discierne el rol del Estado y sus funciones, y la que cimenta las instituciones que dan previsibilidad a la alternancia republicana en el poder.
Todos reconocen que uno de los aciertos de comunicación del actual presidente fue haber hecho campaña presentándose como un
outsider del oficio político, a cuyos practicantes estereotipó como la “casta”. El representante de la antipolítica, frente a una “casta” corrompida por la política. Una “casta” donde todos los políticos quedaban involucrados, casi sin distinción, todos del lado de los “malos”, todos responsables de la decadencia cuasi secular que afecta a la Argentina. La narrativa abría una nueva grieta que en lógica binaria y moralina maniquea establece una nueva divisoria de aguas: si la “casta” se asocia a lo viejo y fracasado; lo opuesto, la “anticasta”, representa lo nuevo, el cambio superador. La retórica antisistema fue útil para patear el tablero y colocar a un
outsider del oficio en la ronda final. Pero ya en la segunda vuelta de las elecciones generales la opción casta/anticasta empezó a flexibilizar sus límites con excepciones, incorporaciones y reivindicaciones de otros militantes del cambio. Sin ese apoyo, la casta se hubiera salido otra vez con las suyas. Una vez en el ejercicio del gobierno, con la llegada de muchos dirigentes de otras fuerzas que también cuentan con antecedentes en el oficio político, se multiplicaron las indulgencias para expiar pecados de “casta”. A su vez, la militancia “anticasta” de LLA que accedió a posiciones legislativas y/o a ejercer el oficio de la política, percibió las fronteras lábiles que separan los espacios de la nueva grieta. El ejercicio del poder y la necesidad de establecer puentes para viabilizar las reformas que el cambio demanda continúan dando nuevo contenido al planteo binario casta/anticasta. Y la resistencia al cambio, “principio de revelación” de por medio, ha puesto de manifiesto que el conjunto “casta” también incluye otros oficios: el sindical, los líderes de movimientos sociales y el corporativo empresario del capitalismo de amigos. Peor, mientras la casta política da cuenta de algunas renovaciones, la casta corporativa ofrece oficios de por vida y promueve sucesiones dinásticas.
Por todo esto la dicotomía original empieza a mutar a una contienda entre “héroes” y “villanos”. Fueron 87 los “héroes” que evitaron al Gobierno la reversión del veto jubilatorio, frente a los “villanos” (“degenerados fiscales”) que quieren frustrar el cambio económico e incluso precipitar una salida política anticipada para preservar el statu quo.
Aunque en lógica binaria lo de “héroes y villanos” puede plantearse como otra reedición del amigo/ enemigo en clave populista de derecha (y algunas diatribas del discurso presidencial parecen confirmarlo, como en el acto del Parque Lezama), cuando se repara en los contenidos de la contienda predominan consignas de la batalla cultural que el cambio debe librar dividiendo aguas entre la “vieja política” y la “nueva política”. La “vieja política” estereotipada en el hartazgo social, la decadencia económica y la corrupción que degeneró en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos, con un Estado quebrado, apropiado por la militancia, que ofrece algunos bienes públicos, algunos y de mala calidad. La “nueva política” encarnada por el cambio, punto de inflexión a la decadencia económica, con nuevo rol del Estado, reformas estructurales que den operatividad a una economía de mercado integrada a la región y abierta al mundo. Un Estado sin dueños, proveyendo bienes públicos de calidad y contribuyendo con sus ahorros a una macroeconomía estable con una moneda sana. Ganar esta batalla cultural hasta institucionalizar un cambio de largo plazo es una tarea ardua que requiere mucho oficio de la nueva y de la buena política.
Para que la nueva política traduzca la buena política debe evitar reincidir en errores pasados de la vieja política. Un error grave es asociar el cambio y la renovación necesaria a la cuestión etaria o generacional. Siempre seduce reproducir en versión autóctona la “revolución de los jóvenes turcos”. Es cierto que muchos políticos no se resignan a su ocaso, como Temístocles, y que nunca dan el requerido paso al costado. También es verdad que hay políticos “viejos” exponentes de prácticas y corruptelas que deben ser erradicadas. Como es verdad que hay políticos “jóvenes” que expresan lo peor de la vieja política. Hay políticos “viejos” con ideas nuevas o renovadas, y hay políticos “jóvenes” que defienden ideas perimidas. Pero también hay políticos viejos y jóvenes con trayectorias avaladas por la coherencia, la decencia y el ejercicio responsable del oficio. Esa confluencia generacional donde se valora la experiencia, y a la vez se reconocen la iniciativa y la impronta de la renovación, tiene que ser catalizadora de los encuentros que demanda la nueva política para consolidar el cambio que demanda una mayoría. Jóvenes y adultos tenemos el desafío común de elaborar un proyecto relevante para nosotros y para las generaciones que vienen. Un proyecto de cambio que nos reconcilie con el futuro.
El otro error de los falsificadores de la nueva política es tratar de divorciar ideología de gestión. El sofisma asocia la vieja política al fracaso de administraciones que resignaron la gestión en aras de la ideología. La nueva política queda identificada con una gestión aséptica de ideas y ocupada de solucionar los problemas cotidianos que prioriza la realidad. Pero cuidado, el divorcio entre ideología y gestión, lejos de pavimentar la ruta del cambio, puede sucumbir en el pragmatismo amoral del viejo refrán: “Roban, pero hacen”. Así nos fue. Toda gestión necesita un rumbo que está condicionado por ideas, metas, planes y valores que deben traducir un programa de gobierno. Hay ideas que han fracasado y rumbos equivocados, y hay gestiones estériles que carecen de rumbo. Prueba y error dan lecciones. En el barco de la metáfora de Séneca, podía haber marineros buenos y gestión eficaz en la nave, pero “nunca soplaban vientos favorables porque el barco no tenía rumbo”. Gestión sin rumbo y rumbo sin gestión reciclan la declinación y el fracaso de la vieja política. Las ideas y los valores deben fijar el norte de un cambio perdurable y de una gestión eficaz. No hay atajos: si queremos cambiar, la nueva política debe asociar su destino a la buena política
La “anticasta” representa lo nuevo, el cambio superador; la retórica antisistema fue útil para patear el tablero y colocar a un outsider del oficio en la ronda final
Doctor en Economía y en Derecho
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dos ejemplos de descomposición institucional bonaerense
La actuación de los camaristas Villordo y Benavides en el caso Chocolate Rigau constituye una clara muestra de desmanejo para ocultar la verdad de los hechos
Los legisladores Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo por la escandalosa anulación del proceso contra Julio “Chocolate” Rigau, decisión que posteriormente revirtió de forma correcta el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Villordo y Benavides, en trámite exprés, tiraron por la borda una investigación que, por las implicancias que tendría sobre sus opacos sistemas de financiamiento, intentaron frenar amplios sectores de la política provincial argumentando de manera simplificada que todo lo hecho había sido un mero caso de abuso de actuación policial. Sostuvieron que la policía había actuado por puro prejuicio, ignorando groseramente las constancias que tenían ante sus ojos en la causa y que demostraban que la intervención policial no había sido espontánea, sino consecuencia de varias denuncias de testigos realizadas en un breve lapso, y que el tiempo utilizado para las extracciones de dinero con tarjetas de seudoempleados de la Legislatura no había sido de menos de 20 minutos (como falazmente consignaron los jueces), sino de 45 (como surge de los tickets de cajero agregados a la causa). Es sabido que consignar hechos falsos para fundar una sentencia constituye el delito de prevaricato, cuya pena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer la judicatura.
Aun contando con profusa prueba documental y testimonial, el fiscal Juan Ignacio Menucci desestimó la denuncia penal contra los camaristas, entendiendo que lo que se atacaba era el contenido de una sentencia, sin reconocer en ella la consumación del prevaricato, y argumentando que el error judicial había tenido un remedio jurisdiccional, pues había sido reparado por el Tribunal de Casación Penal .
Alarma que el fiscal Menucci recurriera también a un dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados que sugería a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento que no admitiera una denuncia en la que se pedía la destitución de los mismos camaristas. Lo curioso es que no consta la forma en la que el fiscal tomó conocimiento de dicho dictamen de la bicameral ni en la causa penal que terminó con su resolución de desestimación ni en el expediente de juicio político en el que se dio dicho dictamen. Menucci no pidió información al jurado ni aclaró cómo accedió al dictamen, ciertamente por canales informales absolutamente impropios. Su conducta se acerca peligrosamente a la de los camaristas Villordo y Benavides: él también resuelve sin sentirse comprometido por las constancias de la causa.
No sorprende encontrar entre los firmantes del dictamen de la comisión bicameral a varios interesados directos en frenar la investigación contra Chocolate Rigau por estar implicados en la misma trama de desvío de fondos públicos. Los diputados provinciales Juan Ariel Archanco, Emiliano Balbín, Juan Pablo de Jesús, Juan Martín Malpeli, Carlos Julio Moreno, Carlos Javier Puglelli y María Florencia Retamoso, y los senadores Agustín Maspoli, Adrián Carlos Santarelli, Jorge Schiavone, Sofía Vannelli y Luis Vivona son los firmantes. El dictamen devuelve a los camaristas el favor que, gracias al Tribunal de Casación Penal, quedó en grado de tentativa.
Pero la bicameral fue más lejos: no solo dictaminó propiciando la desestimación de la denuncia de los diputados contra los camaristas, sino que pretendió dictaminar en sentido similar –dentro del mismo escrito– contra una denuncia por el mismo tema que había presentado la Procuración bonaerense. La ley provincial 13.661 prevé que cuando cualquiera del pueblo denuncia a un magistrado ante el Jurado, tanto la Procuración General como la comisión bicameral –que son partes acusadoras en este tipo de procesos– deben emitir un dictamen propiciando la apertura o desestimación de la denuncia según si los hechos integran o no la competencia del Jurado. Cuando uno de los acusadores legales presenta denuncia, no se le corre al otro traslado para dictaminar, de modo que la comisión bicameral no solo actuó movida por intereses espurios, sino que presentó un desatino jurídico.
También es lamentable que el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo haya decidido hacer oídos sordos al pedido de revisión interpuesto por los denunciantes contra la desestimación de Menucci, pues, aunque criticó su resolución con dureza para salvar las formas, blindó a los camaristas Villordo y Benavides.
Lamentablemente, cuando los episodios y las contradicciones se repiten, se confirma que estamos ante un sistema en evidente descomposición.
El 25 del mes último, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense cerró el trámite de la denuncia que pesaba contra el fiscal platense Álvaro Garganta, denunciado en agosto de 2018 por la madre de un hombre erróneamente acusado de un cuádruple asesinato, quien estuvo en prisión preventiva hasta que, en el juicio oral, lo terminaron absolviendo y condenando al culpable del crimen.
De acuerdo con la denuncia, aparentemente para cerrar el caso y anotarse un éxito en las estadísticas, como si un caso incidiera en los datos generales, Garganta habría actuado sin objetividad en busca de incriminar a este chivo expiatorio, llegando al punto de ocultar pruebas y falsear declaraciones testimoniales.
En su momento, tanto la Procuración bonaerense como la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados dictaminaron promoviendo la apertura del proceso. Estos dictámenes no implican adelantar una posición sobre la culpabilidad, sino que los hechos –si resultan ciertos– integran la competencia del Jurado, es decir, encuadran en las causales de destitución. En definitiva, se debe investigar.
Sin embargo, el expediente estuvo sin movimiento por largos años en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, el órgano dependiente del Senado bonaerense encargado del trámite administrativo de las actuaciones. Ocho años después, y con final predecible, recién en septiembre pasado se convocó al Jurado para decidir si abría el caso o lo rechazaba. Solo votaron por la apertura el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, y la conjuez María Lorena Mandagarán, por lo que se decidió desestimar la denuncia. Votaron por el cierre sin investigar las irregularidades el legislador Walter Torchio (bloque Unión por la Patria) y los conjueces abogados Aldo Fabián D’Annunzio (Junín) y Santiago Silva Trezza y María Fernanda Vázquez (Lomas de Zamora).
No estuvieron presentes en la audiencia el resto de los miembros del Jurado: los legisladores Fernando Compagnoni (Pro), Sergio Berni (Unión por la Patria) y Florencia Arietto (La Libertad Avanza) y los abogados conjueces Enrique Jaime Perriaux (San Isidro) y Ricardo Martín Magnano (San Martín).
Estos y otros comportamientos reflejan la baja calidad institucional que afecta a la provincia más populosa y con mayor producto bruto interno del país desde hace ya demasiados años.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos. Y así terminamos con mafias, mercados ilegales y hasta un jefe de Gabinete que gozó de los beneficios de una escort a bordo de un yate cuyo nombre lo dice todo: Bandido.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos
Cuenta Plutarco en Vidas paralelas que queriendo el padre de Temístocles apartarlo de mezclarse en los asuntos públicos, le mostró en la orilla del mar las galeras viejas maltratadas y abandonadas, para darle a entender que del mismo modo se porta el pueblo con los hombres públicos cuando ve que ya no son de provecho. Temístocles subestimó la lección paterna y se dedicó con vehemencia a los negocios públicos en busca de gloria. Conoció el poder y la fama y fue héroe de los atenienses combatiendo contra los persas. Pero ya en el ocaso de su carrera pública en Atenas las luchas políticas lo condenaron al destierro. Obstinado y resentido, quiso prolongar su vigencia y saciar su sed de venganza pasando a servir a sus antiguos enemigos persas. Según Plutarco, acabó quitándose la vida. Quien pudo ser recordado como un prócer terminó estigmatizado como impostor y traidor.
El oficio de político siempre ha tenido mala fama porque atrae a muchos arribistas y advenedizos a los que el poder corrompe. Sin rigores meritocráticos en la selección, no siempre llegan los mejores, y muchas veces llegan los peores. Pero el oficio también da cuenta de políticos capaces, de líderes honestos, y, excepcionalmente, de estadistas, que lideraron procesos de crisis o transformación que marcaron la historia. Sea con políticos buenos, regulares o malos, capaces o mediocres, la actividad política es imprescindible en la convivencia civilizada de una sociedad democrática. En la democracia es la política la que regula las reglas de acceso al poder, la que articula los mecanismos de mediación que hacen posible la cooperación social, la que discierne el rol del Estado y sus funciones, y la que cimenta las instituciones que dan previsibilidad a la alternancia republicana en el poder.
Todos reconocen que uno de los aciertos de comunicación del actual presidente fue haber hecho campaña presentándose como un
outsider del oficio político, a cuyos practicantes estereotipó como la “casta”. El representante de la antipolítica, frente a una “casta” corrompida por la política. Una “casta” donde todos los políticos quedaban involucrados, casi sin distinción, todos del lado de los “malos”, todos responsables de la decadencia cuasi secular que afecta a la Argentina. La narrativa abría una nueva grieta que en lógica binaria y moralina maniquea establece una nueva divisoria de aguas: si la “casta” se asocia a lo viejo y fracasado; lo opuesto, la “anticasta”, representa lo nuevo, el cambio superador. La retórica antisistema fue útil para patear el tablero y colocar a un
outsider del oficio en la ronda final. Pero ya en la segunda vuelta de las elecciones generales la opción casta/anticasta empezó a flexibilizar sus límites con excepciones, incorporaciones y reivindicaciones de otros militantes del cambio. Sin ese apoyo, la casta se hubiera salido otra vez con las suyas. Una vez en el ejercicio del gobierno, con la llegada de muchos dirigentes de otras fuerzas que también cuentan con antecedentes en el oficio político, se multiplicaron las indulgencias para expiar pecados de “casta”. A su vez, la militancia “anticasta” de LLA que accedió a posiciones legislativas y/o a ejercer el oficio de la política, percibió las fronteras lábiles que separan los espacios de la nueva grieta. El ejercicio del poder y la necesidad de establecer puentes para viabilizar las reformas que el cambio demanda continúan dando nuevo contenido al planteo binario casta/anticasta. Y la resistencia al cambio, “principio de revelación” de por medio, ha puesto de manifiesto que el conjunto “casta” también incluye otros oficios: el sindical, los líderes de movimientos sociales y el corporativo empresario del capitalismo de amigos. Peor, mientras la casta política da cuenta de algunas renovaciones, la casta corporativa ofrece oficios de por vida y promueve sucesiones dinásticas.
Por todo esto la dicotomía original empieza a mutar a una contienda entre “héroes” y “villanos”. Fueron 87 los “héroes” que evitaron al Gobierno la reversión del veto jubilatorio, frente a los “villanos” (“degenerados fiscales”) que quieren frustrar el cambio económico e incluso precipitar una salida política anticipada para preservar el statu quo.
Aunque en lógica binaria lo de “héroes y villanos” puede plantearse como otra reedición del amigo/ enemigo en clave populista de derecha (y algunas diatribas del discurso presidencial parecen confirmarlo, como en el acto del Parque Lezama), cuando se repara en los contenidos de la contienda predominan consignas de la batalla cultural que el cambio debe librar dividiendo aguas entre la “vieja política” y la “nueva política”. La “vieja política” estereotipada en el hartazgo social, la decadencia económica y la corrupción que degeneró en pobrismo distributivo y capitalismo de amigos, con un Estado quebrado, apropiado por la militancia, que ofrece algunos bienes públicos, algunos y de mala calidad. La “nueva política” encarnada por el cambio, punto de inflexión a la decadencia económica, con nuevo rol del Estado, reformas estructurales que den operatividad a una economía de mercado integrada a la región y abierta al mundo. Un Estado sin dueños, proveyendo bienes públicos de calidad y contribuyendo con sus ahorros a una macroeconomía estable con una moneda sana. Ganar esta batalla cultural hasta institucionalizar un cambio de largo plazo es una tarea ardua que requiere mucho oficio de la nueva y de la buena política.
Para que la nueva política traduzca la buena política debe evitar reincidir en errores pasados de la vieja política. Un error grave es asociar el cambio y la renovación necesaria a la cuestión etaria o generacional. Siempre seduce reproducir en versión autóctona la “revolución de los jóvenes turcos”. Es cierto que muchos políticos no se resignan a su ocaso, como Temístocles, y que nunca dan el requerido paso al costado. También es verdad que hay políticos “viejos” exponentes de prácticas y corruptelas que deben ser erradicadas. Como es verdad que hay políticos “jóvenes” que expresan lo peor de la vieja política. Hay políticos “viejos” con ideas nuevas o renovadas, y hay políticos “jóvenes” que defienden ideas perimidas. Pero también hay políticos viejos y jóvenes con trayectorias avaladas por la coherencia, la decencia y el ejercicio responsable del oficio. Esa confluencia generacional donde se valora la experiencia, y a la vez se reconocen la iniciativa y la impronta de la renovación, tiene que ser catalizadora de los encuentros que demanda la nueva política para consolidar el cambio que demanda una mayoría. Jóvenes y adultos tenemos el desafío común de elaborar un proyecto relevante para nosotros y para las generaciones que vienen. Un proyecto de cambio que nos reconcilie con el futuro.
El otro error de los falsificadores de la nueva política es tratar de divorciar ideología de gestión. El sofisma asocia la vieja política al fracaso de administraciones que resignaron la gestión en aras de la ideología. La nueva política queda identificada con una gestión aséptica de ideas y ocupada de solucionar los problemas cotidianos que prioriza la realidad. Pero cuidado, el divorcio entre ideología y gestión, lejos de pavimentar la ruta del cambio, puede sucumbir en el pragmatismo amoral del viejo refrán: “Roban, pero hacen”. Así nos fue. Toda gestión necesita un rumbo que está condicionado por ideas, metas, planes y valores que deben traducir un programa de gobierno. Hay ideas que han fracasado y rumbos equivocados, y hay gestiones estériles que carecen de rumbo. Prueba y error dan lecciones. En el barco de la metáfora de Séneca, podía haber marineros buenos y gestión eficaz en la nave, pero “nunca soplaban vientos favorables porque el barco no tenía rumbo”. Gestión sin rumbo y rumbo sin gestión reciclan la declinación y el fracaso de la vieja política. Las ideas y los valores deben fijar el norte de un cambio perdurable y de una gestión eficaz. No hay atajos: si queremos cambiar, la nueva política debe asociar su destino a la buena política
La “anticasta” representa lo nuevo, el cambio superador; la retórica antisistema fue útil para patear el tablero y colocar a un outsider del oficio en la ronda final
Doctor en Economía y en Derecho
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Dos ejemplos de descomposición institucional bonaerense
La actuación de los camaristas Villordo y Benavides en el caso Chocolate Rigau constituye una clara muestra de desmanejo para ocultar la verdad de los hechos
Los legisladores Ricardo López Murphy, María Eugenia Talerico y Javier Iguacel denunciaron a los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo por la escandalosa anulación del proceso contra Julio “Chocolate” Rigau, decisión que posteriormente revirtió de forma correcta el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
Villordo y Benavides, en trámite exprés, tiraron por la borda una investigación que, por las implicancias que tendría sobre sus opacos sistemas de financiamiento, intentaron frenar amplios sectores de la política provincial argumentando de manera simplificada que todo lo hecho había sido un mero caso de abuso de actuación policial. Sostuvieron que la policía había actuado por puro prejuicio, ignorando groseramente las constancias que tenían ante sus ojos en la causa y que demostraban que la intervención policial no había sido espontánea, sino consecuencia de varias denuncias de testigos realizadas en un breve lapso, y que el tiempo utilizado para las extracciones de dinero con tarjetas de seudoempleados de la Legislatura no había sido de menos de 20 minutos (como falazmente consignaron los jueces), sino de 45 (como surge de los tickets de cajero agregados a la causa). Es sabido que consignar hechos falsos para fundar una sentencia constituye el delito de prevaricato, cuya pena incluye la inhabilitación perpetua para ejercer la judicatura.
Aun contando con profusa prueba documental y testimonial, el fiscal Juan Ignacio Menucci desestimó la denuncia penal contra los camaristas, entendiendo que lo que se atacaba era el contenido de una sentencia, sin reconocer en ella la consumación del prevaricato, y argumentando que el error judicial había tenido un remedio jurisdiccional, pues había sido reparado por el Tribunal de Casación Penal .
Alarma que el fiscal Menucci recurriera también a un dictamen de la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados que sugería a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento que no admitiera una denuncia en la que se pedía la destitución de los mismos camaristas. Lo curioso es que no consta la forma en la que el fiscal tomó conocimiento de dicho dictamen de la bicameral ni en la causa penal que terminó con su resolución de desestimación ni en el expediente de juicio político en el que se dio dicho dictamen. Menucci no pidió información al jurado ni aclaró cómo accedió al dictamen, ciertamente por canales informales absolutamente impropios. Su conducta se acerca peligrosamente a la de los camaristas Villordo y Benavides: él también resuelve sin sentirse comprometido por las constancias de la causa.
No sorprende encontrar entre los firmantes del dictamen de la comisión bicameral a varios interesados directos en frenar la investigación contra Chocolate Rigau por estar implicados en la misma trama de desvío de fondos públicos. Los diputados provinciales Juan Ariel Archanco, Emiliano Balbín, Juan Pablo de Jesús, Juan Martín Malpeli, Carlos Julio Moreno, Carlos Javier Puglelli y María Florencia Retamoso, y los senadores Agustín Maspoli, Adrián Carlos Santarelli, Jorge Schiavone, Sofía Vannelli y Luis Vivona son los firmantes. El dictamen devuelve a los camaristas el favor que, gracias al Tribunal de Casación Penal, quedó en grado de tentativa.
Pero la bicameral fue más lejos: no solo dictaminó propiciando la desestimación de la denuncia de los diputados contra los camaristas, sino que pretendió dictaminar en sentido similar –dentro del mismo escrito– contra una denuncia por el mismo tema que había presentado la Procuración bonaerense. La ley provincial 13.661 prevé que cuando cualquiera del pueblo denuncia a un magistrado ante el Jurado, tanto la Procuración General como la comisión bicameral –que son partes acusadoras en este tipo de procesos– deben emitir un dictamen propiciando la apertura o desestimación de la denuncia según si los hechos integran o no la competencia del Jurado. Cuando uno de los acusadores legales presenta denuncia, no se le corre al otro traslado para dictaminar, de modo que la comisión bicameral no solo actuó movida por intereses espurios, sino que presentó un desatino jurídico.
También es lamentable que el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo haya decidido hacer oídos sordos al pedido de revisión interpuesto por los denunciantes contra la desestimación de Menucci, pues, aunque criticó su resolución con dureza para salvar las formas, blindó a los camaristas Villordo y Benavides.
Lamentablemente, cuando los episodios y las contradicciones se repiten, se confirma que estamos ante un sistema en evidente descomposición.
El 25 del mes último, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense cerró el trámite de la denuncia que pesaba contra el fiscal platense Álvaro Garganta, denunciado en agosto de 2018 por la madre de un hombre erróneamente acusado de un cuádruple asesinato, quien estuvo en prisión preventiva hasta que, en el juicio oral, lo terminaron absolviendo y condenando al culpable del crimen.
De acuerdo con la denuncia, aparentemente para cerrar el caso y anotarse un éxito en las estadísticas, como si un caso incidiera en los datos generales, Garganta habría actuado sin objetividad en busca de incriminar a este chivo expiatorio, llegando al punto de ocultar pruebas y falsear declaraciones testimoniales.
En su momento, tanto la Procuración bonaerense como la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados dictaminaron promoviendo la apertura del proceso. Estos dictámenes no implican adelantar una posición sobre la culpabilidad, sino que los hechos –si resultan ciertos– integran la competencia del Jurado, es decir, encuadran en las causales de destitución. En definitiva, se debe investigar.
Sin embargo, el expediente estuvo sin movimiento por largos años en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, el órgano dependiente del Senado bonaerense encargado del trámite administrativo de las actuaciones. Ocho años después, y con final predecible, recién en septiembre pasado se convocó al Jurado para decidir si abría el caso o lo rechazaba. Solo votaron por la apertura el presidente de la Suprema Corte, Daniel Soria, y la conjuez María Lorena Mandagarán, por lo que se decidió desestimar la denuncia. Votaron por el cierre sin investigar las irregularidades el legislador Walter Torchio (bloque Unión por la Patria) y los conjueces abogados Aldo Fabián D’Annunzio (Junín) y Santiago Silva Trezza y María Fernanda Vázquez (Lomas de Zamora).
No estuvieron presentes en la audiencia el resto de los miembros del Jurado: los legisladores Fernando Compagnoni (Pro), Sergio Berni (Unión por la Patria) y Florencia Arietto (La Libertad Avanza) y los abogados conjueces Enrique Jaime Perriaux (San Isidro) y Ricardo Martín Magnano (San Martín).
Estos y otros comportamientos reflejan la baja calidad institucional que afecta a la provincia más populosa y con mayor producto bruto interno del país desde hace ya demasiados años.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos. Y así terminamos con mafias, mercados ilegales y hasta un jefe de Gabinete que gozó de los beneficios de una escort a bordo de un yate cuyo nombre lo dice todo: Bandido.
Solventamos con nuestros impuestos organismos de control que no controlan, fiscales que no investigan, jueces que no juzgan y políticos que amparan a quienes los protegen, con resultados grotescos, cuando no patéticos
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.