EL ESCENARIO Y CORRUPCIÓN

Una intransigencia que cuesta cara
Claudio JacquelinJavier Milei
El veto a la ley de financiamiento universitario encuentra una singular semejanza con la candidatura a la Corte Suprema del juez Ariel Lijo y con el largo derrotero de la Ley Bases original. El maximalismo le cuesta caro a Javier Milei. En tiempo, dinero y capital político.
Las conversaciones para sostener el rechazo a la norma que dispuso fondos para las universidades se encuentran en esa compleja senda, donde está empantanada la postulación del cuestionado magistrado federal y donde fue amputada la supernorma fundacional. Algo (o bastante) el Gobierno deberá volver a ceder.
Ir por todo, con la rendición incondicional de los oponentes, es una meta ambiciosa que hasta ahora al oficialismo no le está funcionando como pretendía o se ilusionaba con el 56 por ciento de los votos del balotaje y la extensa paciencia social, que, justo ahora, empieza a agrietarse. Los opositores duros, primero, los colaboracionistas, luego, y los aliados, finalmente, pasaron y pasan factura a la intransigencia presidencial.
Las próximas horas serán decisivas para evitar una nueva y costosa derrota en el Parlamento, cuyas consecuencias pueden exceder el impacto en las cuentas públicas.
La negociación para sostener el veto está abierta, pero no tan cerca de cerrarse, como algunos interpretaron ayer al leer el tuit de Mauricio Macri en el que cuestionaba la falta de transparencia en el manejo de los recursos por parte de la dirigencia universitaria. Fue un guiño a medias.
El mensaje del jefe de Pro tenía por fin abrir una rendija pública a la negociación final con un mensaje afín al Presidente en su disputa con la dirigencia del sistema universitario público nacional, pero especialmente con la conducción de la Universidad de Buenos Aires.
No obstante, en las cercanías de Macri rápidamente aclararon que su declaración no significaba un anticipo respecto de la posición de sus legisladores sobre el veto, que la oposición más dura se propone rechazar esta semana en Diputados. Nada es lineal. Ni gratis.
Todavía falta bastante para que Milei pueda dar por descontado el apoyo total del “heroico” bloque de diputados macristas para inmolarse otra vez por su intransigencia. Una decepción para el oficialismo que festejó por anticipado.
“Lo que hizo Mauricio fue desmarcarse y despegarnos de Emiliano Yacobitti-Martín Lousteau y de los kirchneristas con los que el Gobierno y su aparato de propaganda quiere pegarnos para que nos rindamos. Pero no hubo una bajada de línea sobre lo que debe hacer el bloque. Está esperando respuestas del Gobierno después de la reunión que tuvo con Santiago Caputo. Así que esperamos que hoy nos den señales desde la Casa Rosada, antes de la reunión de bloque de mañana”, afirma una de las voces más representativas de Macri en Diputados.
El expresidente, además, se propone sacar algún provecho estratégico de su dedicación part time a la conducción política. “Yo ahora me voy 15 días, así que hablen con Cristian [Ritondo, jefe del bloque de diputados de Pro] y arreglen todo”, le dijo a Caputo, el asesor. La delegación y su funcionamiento a corriente alterna le dan margen al expresidente para demorar compromisos y para revisar principios de acuerdos de sus delegados. Un activo ante las urgencias oficiales.
Por otra parte, al fijar posición respecto de la transparencia en la gestión de los recursos públicos les dice a sus bases que no está traicionando sus principios y, al mismo tiempo, le da señales a la conducción universitaria, sobre la que tiene tantos juicios negativos como prejuicios. “Si quieren nuestro apoyo, que se dejen controlar. Pero no lo van a hacer porque son emires, no rectores”, les ha dicho a sus leales. ¿Qué dirán de esa peyorativa caracterización los jeques árabes que son sus amigos y socios?
El mensaje tiene como principal destinataria a la UBA, donde manda Yacobitti, cuya reticencia a la revisión de contratos y convenios lo caracteriza. Es una de las universidades que componen los dos tercios de las casas de estudios nacionales que aún no suscribieron el acuerdo con el Gobierno para intensificar las auditorías.
El desfiladero por el que transita Pro lo obliga a moverse con más pericia política y sutileza que la que lo ha caracterizado para no ser subsumido por el Gobierno con el riesgo de perder el capital que todavía le queda. O, por otra parte, terminar al lado del dúo formado por el vicerrector de la UBA y el senador radical o cerca del kirchnerismo y el sindicalismo, a quienes sus bases repelen. Eso intenta, con no pocas limitaciones.
La delicada situación, agravada por su debilidad legislativa, también exige al Gobierno, que necesita de los votos macristas en el Congreso, a ser más concesivo de lo que quisiera. Además, todavía no ha logrado mostrar que tiene asegurado el apoyo de alguno de los “héroes” de los otros bloques que respaldaron el veto a la ley previsional.
De continuar avanzando a los empujones, el oficialismo corre el riesgo de que algunos aliados terminen cayendo lejos de ellos y permitan sumar las voluntades que hagan caer el veto a la ley de financiamiento universitario. Real politik. Algo que a los libertarios no les ha faltado para negociar y acordar con representantes de las castas polítiLa ca, sindical, empresarial y judicial. Pero en algunos asuntos no asoma. Ya sea por convicción, por estrategia o por prejuicios.
El argumento, a modo de amenaza, de que los (ex)votantes del macrismo ya son votantes mileístas es más que otra exageración libertaria. Es un error de procedimiento, porque hasta que esos electores se pronuncien efectivamente todavía falta casi un año. Mientras tanto, Milei necesita gobernar. El Congreso, el Poder Judicial y el sistema federal siguen funcionando y no se encuentran en el tolerante estado de excepción que domina en la opinión pública.
A las restricciones institucionales que enfrenta el decisionismo presidencial se suman las propias debilidades, disfuncionalidades y conflictos internos del equipo de gobierno y del espacio político libertario.
En ese terreno, el expansionismo de Caputo (el gurú) genera cada día nuevas rispideces, que parecen estar cerca de estallar. La paciencia de algunos funcionarios importantes está llegando a su límite y no los compensan los apoyos que Milei les dispensa para contenerlos.
El superasesor presidencial es objeto de demasiados malestares y demandas tanto de respuestas como de corrección de procedimientos. Fuera y dentro del Gobierno. reunión que mantuvo con Macri fue la coronación de la saturación que está generando. Así se lo hizo saber el expresidente. Pero también el encuentro desató nuevas molestias internas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que viene dejando girones para darles viabilidad a muchas medidas cruciales del Gobierno, volvió a quedar desairado.
“Yo me enteré de la reunión por los medios, mientras tenía que negociar con los macristas y otros bloques en el Congreso. Así no se puede seguir. Tenemos que ordenarnos y yo lo voy a plantear esta semana. Uno puede admitir que a Santiago le falta experiencia, pero todo tiene un límite”, les dijo a algunos íntimos Francos, sin alterarse (como es habitual en él), aunque con manifiesto hartazgo.
El jefe de Gabinete quedó doblemente en offside. No solo era desautorizado por enésima vez por la interferencia de Caputo, sino que, al mismo tiempo, Macri le reclamaba a él por WhatsApp por haberlo cuestionado públicamente mientras él se dispuso a negociar con el gurú.
Francos había criticado que Macri se quejara de la inefectividad de “la sociedad de la milanesa”, que habían compartido expresidente y Presidente con pocos resultados positivos para el submarino amarillo, al que el oficialismo disfruta de ver en el fondo del océano. Como suele ocurrir, las aclaraciones por chat disiparon poco los malentendidos.
Las expectativas de que el planteo del jefe de Gabinete produzca algún orden interno son escasas, incluso para el mismo Francos.
“Javier es muy particular. Lo banca tanto a Santiago como a mí, que tengo visiones muy diferentes de las de él, o a Sandra [Pettovello, que considera a Caputo su enemigo]. Pero no puedo dejar de decirlo. No es bueno para el Gobierno. Y yo me lo tomo con calma para no enfermarme”, se sinceró el ministro coordinador.
Algunas fuentes que conocen a Francos desde mucho antes de que se sumara a la aventura mileísta creen ver algunas señales en el intenso relacionamiento que despliega en el mundo diplomático, como si deseara ocuparse más de las cuestiones internacionales que de los problemas domésticos, en los que padece con frecuencia el fuego amigo.
“Guillermo intenta consensuar con sectores afines al Gobierno para darles sustentabilidad y viabilidad a sus políticas, pero hay demasiados talibanes que lo complican”, sostiene una de las personas que más lo conocen.
“Todo esto pasa porque al Presidente no le gusta dedicarse a los temas políticos. Él cree que si se ordena la macroeconomía todo lo demás viene por añadidura. Es probable que esto sea así más adelante, pero mientras tanto produce mucho desgaste”, describe un conspicuo ocupante de la Casa Rosada, sin ánimo valorativo y con un dejo de resignación, a la espera de que se alineen los planetas.
Así como con el veto a la ley de aumento a las jubilaciones, que los funcionarios más moderados del gabinete aconsejaban fuera parcial, también en el conflicto universitario hay posiciones menos radicales.
Los que están en este bando defienden el veto no solo por el costo para el Tesoro que tendría la ley de financiamiento de la educación superior, sino, además, por cuestiones formales, como la colisión con disposiciones de la ley de administración financiera y el reglamento del Senado, por no contemplar su impacto fiscal y su fuente de financiamiento. No obstante, consideran que ante el deterioro de los salarios de docentes y no docentes se podría asignar un mayor incremento que el ofrecido para desactivar el conflicto.
“Yo creo que sería una buena estrategia darles algún punto más de aumento. Lo más probable es que los representantes gremiales lo rechacen, pero no les va a ser fácil sostener la presión de las bases, que quieren una recomposición urgente”, admite un colaborador del Presidente. Fracturar el vínculo con los representados y dividir a la dirigencia gremial de docentes y no docentes está en el subtexto de esa posición. Hoy podría haber novedades.
En esa misma línea se ubica el macrismo. “Tienen que dar señales de que están dispuestos a desescalar el conflicto y no echar más leña al fuego. Pero también tienen que comprometerse a cambiar la forma de funcionamiento. No pueden seguir tomando decisiones como quieren con la pretensión de que nosotros en el Congreso oficiemos de escribanía y se las avalemos sin ninguna discusión previa”, dice una de las figuras legislativas amarillas que deben ocuparse en cada sesión de la dura tarea de sumar voluntades.
El problema subyacente es que el Gobierno no está dispuesto a hacer concesiones porque las considera claudicaciones. Pretende doblegar a los macristas y teme perder el atributo de la disrupción y la intransigencia. Mientras tanto, los seguidores de Macri ven en riesgo su supervivencia ante cada donación de sangre. Si no encuentran una diagonal puede resultarles demasiado costoso a ambos. Las líneas contradictorias que habitan dentro del Gobierno y la desconfianza creciente entre las partes hacen todo cada vez más difícil.
En la disputa por el rechazo o la reafirmación del veto a la ley de financiamiento universitario se juega algo más que el 0,14% del PBI o un tercio del superávit fiscal que logró el “mayor ajuste de la historia de la humanidad”.
Al Gobierno, la intransigencia puede salirle, otra vez, muy cara.
“Mauricio no anticipó posición sobre el veto. Se desmarcó de Yacobitti y de los K”, advierten en Pro
Los macristas aprovechan las urgencias oficiales por instinto de supervivencia
Francos supo por los medios de la reunión de Caputo y Macri. Crece el malestar y habrá planteos

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Crece el alcance de la denuncia por la importación de aviones
Se investiga si hubo connivencia entre funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y empresarios para acceder a dólares a precio diferencial y hacer enormes ganancias con la compra de aeronaves
Camila Dolabjian
El 7 de noviembre de 2023, una foto tomada en el aeropuerto Galeão de Río de Janeiro recorrió las redes sociales. Estacionados en territorio brasileño se encontraban decenas de aviones de matrícula argentina a la espera del regreso de sus pasajeros fanáticos de Boca que asistieron a la final de la Libertadores con Fluminense. Lo que pasó desapercibido fue que de las 33 aeronaves identificadas (listado que fue publicado en Twitter por un “spotter” de vuelos) por lo menos seis de ellas se encontraban investigadas por la Justicia bajo sospecha de que habían sido importadas al país de contrabando.
Confirmó este dato a partir de acceder a documentación oficial de la Administración Nacional de Aviación Civil, la Secretaría de Comercio, la Aduana y el Banco Central, incluidos dos listados integrados a causa penal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.
Estos documentos permiten entender la magnitud de la maniobra alrededor de la importación de aeronaves durante la gestión de Alberto Fernández, que reveló una semana atrás y que involucra a exfuncionarios y empresarios.
Entre 2020 y 2023, se aprobó la llegada a la Argentina de 949 aviones. Aun considerando que algunos de ellos ya tenían matricula local, el crecimiento es sugestivo: de los 2428 aviones matriculados entre 2010 y 2024, el 40% fueron importados durante la gestión de Alberto Fernández.
Es decir, en cuatro años de mandato de Unión por la Patria se matricularon casi el doble de vehículos que en los 10 años previos.
Del total de importaciones, 173 se concretaron en 2020, 352 en 2021, 274 en 2022 y 149 en 2023.
En 2021, el año de mayor cantidad, fue el que disparó la investigación preliminar del fiscal Guillermo Marijuan y la posterior denuncia de Santiago Dupuy de Lome, un abogado habitué de los pasillos de los tribunales, cuyo planteo recayó en la fiscalía de Eduardo Taiano y el juzgado de Ariel Lijo.
Luego de años de paso cansino de la causa en el juzgado de Lijo, la semana pasada se sumó una denuncia presentada por miembros de la Coalición Cívica en el fuero penal económico. Esta nueva presentación recayó en el juzgado N° 9, a cargo de Javier López Biscayart, quien ya solicitó algunos detalles procesales a los denunciantes.
De los listados evaluados por la AFIP, el de aviones a hélice con peso al vacío inferior a 2000 kilogramos es el que más ingresos tuvo.
Se trata de aviones livianos, categoría en la que se encuentran grandes disparidades de valores: desde un Cessna 150M reportado a US$9000 hasta aviones de pasajeros por US$1,5 millones. El total importado asciende, según este listado, a unos US$4.019 millones de valor FOB (el costo de los bienes en el punto de carga) declarado.
Los números sorprenden al tener en cuenta los altos niveles de restricción a las importaciones que hubo durante la gestión anterior, especialmente en los últimos dos años. Proliferaba la importación sospechosa de aviones, mientras no había dólares para comprar medicamentos.
El negocio fue hijo de la brecha cambiaria. Por si solo, no implica un ilícito. Este se configura de comprobarse que los importadores incurrieron en sobrefacturación o subfacturación (declarar un monto distinto al que realmente vale la aeronave), no trajeron efectivamente el bien a la Argentina o existieron coimas para la aprobación de la autorización para importar. Para los funcionarios públicos, se evalúan incumplimiento de los deberes y posible cohecho, en estas maniobras, al facilitar millones y millones de dólares a valor oficial, que luego generaban ganancias siderales entre los empresarios importadores.
La operatoria
Al acceder a autorización para comprar dólares oficiales baratos mejoraban las condiciones para hacer las importaciones. La brecha cambiaria generaba incentivos para hacer diferencias entre ambas cotizaciones.
Los permisos (SIMI, SIRA, régimen de licencias automáticas o no automáticas) cambian periódicamente, pero generalmente involucran a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía, la AFIP, Aduana y el Banco Central.
La aprobación sucesiva de estos organismos siempre presentó algún grado (variable) de discrecionalidad.
En general, el importador iniciaba el trámite y presentaba elementos como facturas comerciales, montos, plazos y detalles de la operación. Luego se le autorizaba o no a hacer la importación. Para concretar una operación de estas características, el bien se declaraba a un valor superior al que realmente cotizaba. Así, los beneficiarios accedían a más dólares de los necesarios para comprar.
Como el valor real del avión era menor, los involucrados se quedaban con dólares sobrantes que habían conseguido con los permisos del gobierno. Esas ganancias se triangulaban al exterior y quedaban a disposición para, por ejemplo, obtener beneficios en el mercado financiero.
Los aviones que realmente se compraban se podían vender a dólar billete y se generaba una ganancia por encima del valor real de compraventa.
Estas operaciones usualmente son encuadradas en el delito de contrabando y/o lavado de activos.
De las 955 importaciones efectuadas, la AFIP reportó haber bloqueado cuatro, lo cual puede deberse a incumplimientos fiscales como previsionales del importador, y denunció específicamente a tan solo 14 entre esos años.
Entre las sociedades y personas a las que se les abrió un expediente se encuentran: Aerotec SA (que tiene cuatro importaciones en esas condiciones), Brise Servicios Aéreos, Sazaza SRL, AF Charter SAS, Flying America SA, A1-TEC SA, Juan Francisco Paganini, Pablo Hernán Yelpez, Grupo Obras Servicios y Desarrollos, la aerolínea Andes y Aviaser SA.
Cuando se realizan estos contratos, se hacen importaciones temporarias al país que pagan menos impuestos que una compra definitiva. Se otorgan por períodos determinados, pero es frecuente que no se ejerza control posterior para verificar que el bien importado salga del país cuando se le descuenta el tiempo. Daniel Scioli, por caso, se subía en noviembre de 2016 a un Learjet 60 matrícula LV BZJ que figura importado entre 2020 y 2021, según el listado inicial enviado por Anac al juzgado de Ariel Lijo.
Un dato adicional: horas después de que tomara vuelo, allanaron a la empresa Aerorutas (que operaba el tramo) por una denuncia de Elisa Carrió por lavado de dinero.
De acuerdo con las observaciones de uno de los listados elaborados para la causa, este avión habría sido reimportado a causa de una venta frustrada.
Otra de las hipótesis de la investigación, y sospecha fuerte en el sector, es que algunos de estos aviones comprados nunca ingresaron efectivamente a la Argentina y habrían sido vendidos fuera del país a un mayor valor final o bien fueron ingresados al país, pero prácticamente no vuelan.
El beneficio allí sería haber comprado barato con dólares oficiales y luego vendido a un precio igual o mayor, pero a dólar billete, cuando terminan los plazos de mantenimiento en el régimen. Las diferencias, gracias a la brecha, eran enormes. El costo lo pagaba el Estado.
No se descarta que incluso se hayan vendido en el país, a dólar billete. En algunos casos, las operaciones fueron registradas durante la investigación, como surge del listado de la ANAC, que observa que una Tecnam P2006T matrícula LV-JUW fue vendida en zona aduanera primaria a AF Charter SA por US$550.009. El precio de adquisición original fue de €419.194,23. Hoy, esa aeronave vuela mayormente desde y hacia Santa Fe y está publicitada como parte de la flota de una empresa llamada XFlight.US.•

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