ASAMBLEA LEGISLATIVA 2

Una crisis social silenciada en el mensaje presidencial
Jorge Ossona El autor es historiador e investigador en temas económicos y sociales
No se puede pedir realismo a una administración disfuncional, ensimismada en su microclima palaciego. La liviandad superficial sobre los problemas sociales del último discurso del presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa confirma que su gobierno no cuenta con más instrumentos que los paliativos ensayados durante las últimas décadas, cada vez más estresados por el estancamiento y sus secuelas sociales.
No obstante, el abordaje de la pobreza requiere de ciertos cuidados históricos distribuidos en tres tiempos: uno largo, otro mediano y el contemporáneo. En 1974, constituía el 6% de una población de unos 25 millones de habitantes; es decir un millón y medio de personas. Su arranque estructural poco después fue correlativo con el carácter anómico del agotamiento de la industrialización protegida desde los años 30. Durante los 80, cuando oscilamos entre los 27 millones y 32 millones, ascendió al 20%; esto es, unos seis millones de personas. Durante los 90, el crecimiento recuperado la estabilizó entre el 20 y el 30 por ciento.
A la salida de la depresión de 2000-2001, la reactivación entre 2002 y 2011 nunca logró perforar el piso de una cuarta parte de la población. Desde la larga recesión comenzada en 2012 no hizo más que ascender. Hemos ahí el tiempo mediano. El actual remite a la crisis cambiaria de 2018, agravada por la cuarentena con su concomitante recuperación de 2021, para volver a desplomarse en el curso del año pasado. Hoy comprende al 40% de la población urbana y afecta a dos de cada tres niños y adolescentes: más de un 60% de ese segmento crucial.
Cifras, no obstante, solo estimativas por defectos metodológicos en las mediciones. El indec no evalúa la pobreza y el desempleo en términos nacionales, sino mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de productos básicos que definen la “línea de pobreza”, en una muestra de 31 aglomerados urbanos.
La administración de Fernández experimentó un sube y baja desde la herencia del gobierno anterior y su agravamiento por la cuarentena, el rebote de 2021 y la recaída desde 2022. Las razones remiten al flagelo inflacionario. Hacia mediados de 2022 su proyección anual era del 65%, pero trepó en el mes de enero último al 99 por ciento.
Y como los ingresos de los hogares oscilan según el alza de los precios, solo se podría esperar una mejora acotando la inflación como lo prometió el actual ministro de Economía, Sergio Massa, a no más de 3% en marzo. Una meta procurada mediante toscos dispositivos probadamente fallidos que parece cada vez más lejana.
El desempleo afectó a los trabajadores formales peor remunerados y favoreció a los informales de menores ingresos. Ello contribuyó a agrandar la brecha entre ambos segmentos, aunque explicando el rebote de la pobreza. El único igualitarismo del que entonces puede jactarse el cuarto kirchnerismo son sus resultados perdidosos para todos.

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