ASAMBLEA LEGISLATIVA 3

Lucha de poder, el objetivo real del juicio a la Corte
Hugo Wortman Jofre El autor es presidente de la fundación Poder Ciudadano
En su mensaje al Congreso, el Presidente dejó en evidencia que el juicio político a la Corte es solo una lucha de poder. No interesa en absoluto el servicio de justicia que se debe brindar a la ciudadanía. El discurso se produce a 40 años del regreso de la democracia, en el último año de mandato del actual gobierno, lo que le daba transcendencia institucional. Pero fue una oportunidad perdida.
En 2022, el Presidente había fijado como horizonte bajar la inflación controlando la economía, mejorar los índices de inseguridad abordando la lucha contra el crimen organizado y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial, al considerar necesaria “una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”.
Los últimos dos temas suscitaban mayor tensión institucional y confluían en el funcionamiento del Poder Judicial. incluso, el mejoramiento de la economía dependía en alguna medida de la Justicia: cuanto mayor seguridad jurídica, mayor confianza para motorizar el circulo virtuoso de las economías en crecimiento.
En 2023, el discurso presidencial se centró en los ataques a la Justicia, tergiversando o dejando de lado los hechos que podrían justificarlos. La gravitación de un buen funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y de los provinciales es enorme para la fortaleza institucional de un país.
En varios gobiernos posdictadura, la solución al problema pareció encontrarse al descabezar a la Corte Suprema de Justicia, ya sea ampliando su número (Carlos Menem lo logró mediante una ley) o promoviendo el juicio político a sus miembros (Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner). Luego de ese cometido, el Poder Judicial continuó funcionando con las mismas deficiencias de siempre y los índices de aceptación de la ciudadanía siguieron siendo muy bajos.
Hoy la política no logra consensos mínimos -y esa es parte de la responsabilidad que le cabe al Presidente- para solucionar los problemas que interesan a la ciudadanía en relación con la justicia. Hace 14 años se encuentra vacante el cargo constitucional de defensor del Pueblo de la Nación. Hace casi seis años que no se ha podido designar a un nuevo titular del Ministerio Público Fiscal (ni siquiera, el candidato nominado por el propio Presidente) y hace casi una década se sancionó la ley de un sistema de enjuiciamiento acusatorio, para dotar de eficacia y celeridad a los procesos penales, y todavía no se logró su implementación a nivel nacional.
Ahora, cuando el Presidente planteó sus quejas sobre el contenido de los fallos, el gran número de puestos vacantes en la Justicia o la parálisis del Consejo de la Magistratura, no asumió las responsabilidades que le corresponden. Ello se debe a que el objetivo es otro: descabezar la Corte Suprema de Justicia y controlar una nueva composición. El interés se agota en esa lucha de poder.
Este nuevo intento por descabezar la cúpula de la Justicia no va en el sentido correcto y el discurso del Presidente evidencia que parte de la política continúa alejada de los intereses de los ciudadanos.

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