EDITORIAL

La mano K en la lata
Quienes imparten justicia están siendo sometidos a maniobras extorsivas por quienes buscan seguir apropiándose impunemente de dineros públicos
Los argentinos nos resistimos a acostumbrarnos a una realidad que, día tras día, supera nuestra capacidad de asombro. Es que los hechos en sí mismos son cada vez más increíbles y vertiginosos, además de ser reveladores de la creatividad desplegada para ocultar, robar, dañar y mentir sin temor a castigos ni represalias en un país donde campea la impunidad.
Meses atrás tomábamos conocimiento de la alarmante irrupción en la oficina del Consejo de la Magistratura de desconocidos que revisaron y fotografiaron el contenido de 24 sobres lacrados con información reservada sobre las familias, propiedades, cuentas, tarjetas e inversiones de magistrados.
La información patrimonial de los particulares solo debe exponerse a los fines impositivos, asistiendo a cada ciudadano el derecho a preservar su confidencialidad. En el extremo opuesto, los fondos de las arcas nacional y provinciales deben manejarse sin secreto y con la más absoluta transparencia, al tiempo que es deber de los funcionarios rendir cuentas a los ciudadanos.
Vale traer a colación el pésimo ejemplo de Santa Cruz, emblema de una provincia cooptada desde 1991 por sucesivas gestiones kirchneristas en las que la transparencia ha sido y sigue siendo una cualidad casi exclusiva de algunos de sus ríos. Invocando la reconversión económica, aun cuando más del 60% de la población vive directamente del empleo público, la provincia se benefició durante años con millonarios fondos extrapresupuestarios, derivados del favoritismo que las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner tuvieron por este distrito.
En 1992, Santa Cruz recibió unos 630 millones de dólares por regalías de petróleo mal liquidadas. El entonces gobernador Néstor Kirchner depositó esos fondos en el exterior, operación que no quedó documentada y, por tanto, no fue objeto de control de ningún organismo provincial ni nacional durante una década.
Desde la presidencia y antes de que asumiera en la gobernación Sergio Acevedo, Kirchner logró, en 2003, sin documentación respaldatoria, que la mayoría legislativa kirchnerista aprobara el blanqueo de ese enorme agujero negro: lo hizo a través de una la ley que sostuvo que, en esos años, ingresaron a las cuentas públicas de la provincia 532 millones de dólares de sus ahorros originales y que aún había un restante de 529 millones de dólares. El fallecido presidente dispuso, así, de un total de 1061 millones de dólares; la mitad, sin rendición alguna en ningún organismo oficial.
Numerosos errores y “distracciones” del Tribunal de Cuentas jalonan el seguimiento y oscuro destino de estos fondos. Así y todo, los gobernadores Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta dieron más explicaciones sobre los fondos restantes que el propio Kirchner. En 2008, lo que quedaba de los fondos fue repatriado y Peralta fue ingresándolos para el pago de sueldos a razón de 100 millones por año, en promedio.
Desde 2004 en adelante, los sucesivos vocales radicales por la minoría no aprobaron las rendiciones aludiendo que se partía de información incompleta, en tanto que Elisa Carrió denunció que parte se había utilizado para garantizar el crédito bancario que permitió la compra del 25% de YPF por parte de los Eskenazi. Seis denuncias y una investigación judicial claramente insuficiente expiraron cuando la causa, iniciada en el fuero federal porteño, fue archivada por la genuflexa Justicia de Santa Cruz en 2005.
Tiempo atrás, nuevamente por mayoría, una resolución del referido Tribunal de Cuentas, a 30 años de la errónea registración de las anteriormente mencionadas regalías petroleras, detalló que al 31 de diciembre de 2021 quedaban apenas 9295 dólares. Hablamos de un 0,0014% de aquellos mil y pico de millones.
Quienes deben impartir justicia se ven extorsionados por quienes pretenden seguir robando los dineros públicos con la más absoluta impunidad. Violentar el derecho a la confidencialidad de un patrimonio, armar “carpetazos” y amenazar a las familias son solo algunos de los mafiosos métodos empleados. Es menester no cejar en los reclamos, así como apoyar y defender las decisiones de una Justicia independiente, caiga quien caiga. Los que hoy desesperadamente y más que nunca persiguen su impunidad son los mismos que delante de nuestras narices llevan años de fugar el esfuerzo y el trabajo de una sociedad que ya ha perdido, más que justificadamente, la confianza en buena parte de quienes, lejos de servir al bien común, solo procuran salvar su pellejo de cualquier manera.

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