Conmoción en Lanús: la pelea política en el municipio donde mataron a una niña de 11 años antes de entrar a la escuela
Néstor Grindetti es el intendente desde 2015 y aspira a dejar a Kravetz como su sucesor; el PJ busca recuperar un bastión histórico, pero tiene una interna que protagonizan cuatro aspirantes, entre ellos, un aliado de Massa y un ultrakirchnerista
Javier Fuego Simondet
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La conmoción que causó la muerte de una nena de 11 años que fue atacada por motochorros antes de ingresar a la escuela puso otra vez bajo la lupa al municipio de Lanús, un distrito caliente del conurbano bonaerense donde el domingo electoral se jugarán allí muchas cosas. Néstor Grindetti, el intendente desde 2015, buscará ganar la interna de Juntos por el Cambio para ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la coalición opositora, alineado con Patricia Bullrich. Llegó hace ocho años tras desbancar al PJ, que gobernó durante décadas con Manuel Quindimil y Darío Díaz Pérez.
En su pago, Grindetti apoya a Diego Kravetz, a cargo de la seguridad en el distrito, como su eventual sucesor. Grindetti y Kravetz conformaron un tándem político que desembarcó en el distrito hace ocho años y articuló alianzas con sectores diversos, entre ellos, referentes del peronismo. Grindetti ganó la intendencia producto de la ola de recambio en los municipios del conurbano que protagonizaron también otros dirigentes enrolados en Cambiemos, que luego tuvieron suerte diversa, como Martiniano Molina, Nicolás Ducoté, Ramiro Tagliaferro, o Diego Valenzuela. En 2019, Grindetti fue uno de los intendentes que sobrevivieron al cambio de rumbo que marcó el Frente de Todos.
El intendente de Lanús, que estuvo de licencia por su rol como presidente del Club Independiente, confió buena parte de la gestión en Kravetz, que ejerció como jefe de Gabinete y tomó a su cargo el área de seguridad municipal, cuyo eje central son las incursiones en operativos policiales o medidas de alta repercusión, como la compra de armas no letales para las fuerzas locales.
Grindetti bendijo a Kravetz como su sucesor mucho antes de convertirse en candidato a gobernador. Kravetz es el esposo de Soledad Acuña, ministra de Educación del gobierno porteño y candidata al Parlasur en la lista de Larreta. Pero el dirigente que se transformó en la mano derecha de Grindetti no tendrá el escenario totalmente despejado. La interna a nivel nacional de Juntos por el Cambio repercute en Lanús y Kravetz deberá enfrentar al candidato apadrinado por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Se trata de Ignacio Moroni, un dirigente del partido Tercera Posición bonaerense que en 2021 fue candidato a concejal desde la boleta de Florencio Randazzo. Es el partido de Graciela Camaño, aunque la diputada no lo controla a nivel provincial.
En Lanús se vive también una dura interna dentro de Unión por la Patria. Compiten por la candidatura a intendente el exsecretario de Justicia Julián Álvarez, identificado con los seguidores de Cristina Kirchner; el diputado bonaerense y expresidente del Club Atlético Lanús Nicolás Russo, alineado con Sergio Massa; el funcionario de la Jefatura de Gabinete Agustín Balladares, de las filas del Movimiento Evita, y el concejal y dirigente sindical Víctor de Gennaro, apoyado por el sector político del exdirector del Banco Nación Claudio Lozano.
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Una pared invisible evita avanzar contra la modalidad de delito más temida
Daniel Gallo
La inseguridad no se mete en el tramo final de las campañas electorales. Está siempre ahí. No es casualidad que un tema de alta preocupación pública “irrumpa” en la agenda política. Si se piensa solo en el efecto del azar, habrá que creer que alguien está jugando a los dados. Es que pasó lo mismo mientras candidatos pedían el voto de confianza en la elección legislativa de 2021. Pocos días antes de la votación un asesinato conmocionó a todos: el kiosquero Roberto Sabo fue baleado en Ramos Mejía. Las escenas se repiten. Tensión e incidentes frente a una comisaría. Un mayor detenido por ese crimen en el que estaba acompañado por una menor de 15 años, que no fue juzgada por ser inimputable. Ayer otros delincuentes mayores fueron imputados por el atroz homicidio de Morena Domínguez. Tenía solo 11 años y estaba por entrar en la escuela cuando fue atacada por motochorros. También sobrevuela el caso la sombra de otro menor inimputable. Nada cambia, pero todos se sorprenden.
Los motochorros también salen de cacería sin que nada los detenga. Todo intento de frenar esa modalidad choca contra una pared invisible. Incluso se aprobaron leyes especiales. Nadie se molesta en cumplirlas. En mayo de 2019, la Legislatura bonaerense promulgó una norma para prohibir en forma parcial que dos personas circulen en una moto. Quedó a criterio de los municipios definir zonas y horarios de la veda. Nada se avanzó desde ese momento, pese a que se trata de la forma de atraco más temida. Quizá la más violenta, también. Al menos cuando se pensó esa ley antimotochorros se estableció que esos delincuentes causaban 4 de cada 10 homicidios en ocasión de robo. Sin embargo, la promesa más fácil de cumplir estaba grabada en el mítico anillo de Julio Humberto Grondona: todo pasa.
Ese pensamiento deja sin resolver dos debates en cuestiones de seguridad: motochorros y menores inimputables. No hay nada de asombro en que esos temas aparezcan cuando se mira hacia otro lado. El tiempo solo trae urgencia. Y hoy se llega a nivel de emergencia.
Los motochorros no son un invento argentino. Hace varios años, una conversación en España con venezolanos que dejaron para siempre su país puso en claro lo que podía provocar esa modalidad de robos. Contó ese inmigrante que le había costado muchos meses no sentir en las rutas europeas el miedo que le provocaba escuchar una moto acercándose cuando manejaba un automóvil. Ese temor se siente ahora en el conurbano. Así lo relataron ayer madres de los compañeros de escuela de Morena. Tienen pánico cuando escuchan una moto. Robos hay en cualquier lado y de todas formas. Pero pocos generan ese sentimiento de alerta como los realizados con una moto.
Los antecedentes internacionales marcan que prohibir la circulación de dos personas en una moto causa un impacto en el delito. Esa fue la fórmula aplicada en Bogotá por Antanas Mockus en su tiempo de alcalde por el Partido Verde.
En una conversación en 2012 explicó las variantes que utilizó para no quedar atrapado en un debate entre derecha e izquierda a la hora de trazar un plan de seguridad. Dejó entonces una frase interesante: “Creo que primero hay que combatir directamente a la violencia y después las condiciones de ilegalidad”.
Aquí importa más formar una comisión para analizar el tema. Hace siete años motochorros mataron a Brian Aguinaco en Flores. Tenía 14 años. Poco cambió desde entonces; nada, en realidad.
Permiso para matar
Algo similar ocurre con la edad de imputabilidad de los menores. Y con las penas que corresponden a los adolescentes punibles de 16 y 17 años, con condenas limitadas incluso en casos de homicidios.
El menor de 14 años que fue demorado en la búsqueda de los asesinos de Morena no quedó implicado directamente en ese crimen. Su expediente delictivo señala que poco puede faltar para que uno de sus robos derive en una muerte. Tiene 21 arrestos en menos de dos años. Por su edad, entra y sale de comisarías. En un caso claro de la llamada puerta giratoria. Sin una reforma legal, tiene por delante algo más de un año en el que puede matar gratis. Y parece que le gusta empuñar un arma. No es un caso aislado.
En el asesinato de Aguinaco fue condenado el delincuente que conducía la moto. Es mayor de edad. El tirador fue un adolescente de 15 años y 9 meses. Por solo tres meses mantenía ese raro permiso para matar que se da a los adolescentes argentinos. Esa protección legal alcanzó también a los dos motochorros de 15 años que en abril pasado asesinaron en Villa Soldati a Lourdes Avendaño Rojas. Los casos se suman, pero nada cambia. No es azar ni sorpresa que menores formen parte de bandas de motochorros. Es un vacío legal que aprovechan estos grupos para descargar las culpas si alguna vez sus integrantes son descubiertos. Por eso los episodios no disminuyen, sino que aumentan.
La inseguridad puede no resolverse solo con reformas que apunten a frenar la actividad de motochorros y que definan nuevos márgenes de imputabilidad. Pero son los temas prioritarios, porque en cada caso de fuerte conmoción social aparecen motochorros o menores.
En mayo de 2019, se aprobó en Buenos Aires una ley para prohibir en forma parcial la circulación de dos personas en una moto, pero no se definen zonas ni horarios de la veda
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