REVÉS PARA EL OFICIALISMO

Cristina perdió otro aliado y se le complica la maniobra para mantener a Figueroa
El senador rionegrino Weretilneck no viajará a Buenos Aires y el kirchnerismo no alcanza el quorum para darle un nuevo acuerdo a la camarista que debe definir en la causa Hotesur-Los Sauces

Gustavo YbarraRobles, ayer, entre los diputados kirchneristas Herrera y Gaillard
El oficialismo no tendrá esta semana el número necesario para poder llamar a sesión en el Senado y la camarista Ana María Figueroa, cuyo pliego para extender su permanencia por cinco años más en el cargo reclama Cristina Kirchner, quedaría condenada a jubilarse el próximo 9 de agosto, cuando cumplirá 75 años y se vería compelida a retirarse de la magistratura, tal cual lo establece la Constitución Nacional.
Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación Penal y miembro de la sala del tribunal que debe definir si la causa Hotesur-Los Sauces, en las que están acusados Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero, permanece cerrada, como lo dictaminó un fallo de primera instancia antes de que se realizara el juicio oral, o si las acusaciones en contra de la vicepresidenta y su familia deben ventilarse en un juicio oral y público.
El pliego que le extiende a la jueza su permanencia en el cargo hasta los 80 años iba a tratarse en una sesión en la que trabajaba el kirchnerismo con la intención de aprobar otros 75 acuerdos judiciales que la oposición considera como parte de un plan de la vicepresidenta para colonizar la Justicia antes de abandonar el poder, el próximo 10 de diciembre.
El golpe de gracia a la jugada del kirchnerismo se lo dio el senador Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), quien le confirmó a que no está dispuesto a la nacion viajar a Buenos Aires esta semana y aportar al quorum para la sesión que venía intentando armar José Mayans (Formosa), jefe del bloque oficialista del Frente de Todos.
“No voy a ir”, afirmó, escueto, el senador aliado del oficialismo y gobernador electo de Río Negro en diálogo con este diario. Sin su presencia, los esfuerzos de Mayans por alcanzar al quorum serán en vano ya que ni siquiera podrá garantizar la presencia de los 34 legisladores (31 propios más tres aliados) con los que contaba para forzar el inicio de una sesión.
La ausencia de Weretilneck da por tierra, también, con las negociaciones del kirchnerismo para lograr la asistencia de otros tres peronistas díscolos del bloque Unidad Federal, que le hubieran permitido alcanzar los 37 miembros presentes que conforman el quorum.
Con la puntana María Eugenia Catalfamo decidida a prestar su apoyo, el oficialismo buscaba convencer al presidente de Unidad Federal, Guillermo Snopek (Jujuy), y a Edgardo Kueider (Entre Ríos) para que se sumaran a la sesión. Estos dos legisladores fueron responsables del fracaso del primer intento del kirchnerismo por darle acuerdo a la camarista.
Aquella vez, Snopek se negó a bajar enojado con el oficialismo por diversos motivos. Uno de ellos, y que todavía persiste, es la negativa del oficialismo a tratar un proyecto que declara la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy que, considera, responde a las órdenes de su archienemigo político, el gobernador radical Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta.
Kueider, en tanto, quedó molesto luego de que el kirchnerismo se negara a darle dictamen a un proyecto que busca reducir las tarifas eléctricas en el interior del país a partir de la rebaja del IVA y de otros impuestos que gravan el consumo domiciliario.
Así fue como ambos senadores se negaron a bajar y el oficialismo quedó en soledad en el recinto de la Cámara alta haciendo catarsis en una expresión en minoría en la que responsabilizaron a Juntos por el Cambio, que se niega abiertamente a tratar los pliegos judiciales, por la parálisis del Senado, que en lo que va del año sólo pudo sesionar una vez.
A último momento, el oficialismo convocó de urgencia para hoy, a las 11.30, a la Comisión de Minería, con el único objetivo de tratar el proyecto reclamado por Kueider y eliminar así uno de los obstáculos que se interponen con la concreción de la sesión.
Tal como informó la nacion, las negociaciones con Snopek y Kueider se encontraban estancadas, ya que los legisladores se mantenían firmes en sus exigencias para apoyar la apertura de una sesión.
El rechazo al pliego de Figueroa se convirtió en una cruzada para Juntos por el Cambio. El jefe del interbloque opositor, Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), anunció desde un principio que la bancada no iba a darle acuerdo a la camarista para que continuara en el cargo. Le imputan a la jueza tener fuertes vínculos con el kirchnerismo.
Además, la principal bancada opositora sostiene que el kirchnerismo esconde detrás del pliego de Figueroa otras intenciones. Denuncian que la aprobación de los 75 acuerdos que tienen dictamen busca modificar la relación de fuerzas al interior de la Asociación de Magistrados –ya que la mayoría de los candidatos se sumarían a la Lista Celeste, expresión kirchnerista de la entidad que reúne a los jueces nacionales y federales–, con el objetivo de ganar un escaño más para el Consejo de la Magistratura en las elecciones de noviembre próximo.
La sala de la Cámara de Casación que debe definir el futuro de la causa Hotesur-Los Sauces está integrada por Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. A fin del año pasado trascendió que Barroetaveña y Petrone votarían por reabrir el caso y ordenar la realización del juicio oral, y que Figueroa votaría en disidencia, apoyando el cierre del asunto.
Luego de una espera de casi siete meses, Figueroa votó última y el 28 de junio pasado trasladó la causa a sus colegas. Desde entonces, la sentencia está en condiciones de compaginarse, ser firmada y notificada a los acusados y al fiscal del caso, Mario Villar, quien solicitó que la causa se ventile en un juicio oral y público.ß
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Juicio político a la Corte: Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, acusó al oficialismo de “construir una historia sobre fantasías y calumnias”
El director de la vocalía del presidente del alto tribunal se negó a responder preguntas referidas a los supuestos chats con funcionarios del gobierno porteño; cruces entre diputados
Laura Serra
Silvio Robles en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados

Con los brazos cruzados y gesto adusto, Silvio Robles, director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se enfrentó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y, sin responder a las preguntas más incisivas del oficialismo, lo acusó de “construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias” para perjudicarlo a él y a Rosatti.
“Todo esto, todo, para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, enfatizó Robles en alusión al proceso de juicio político que inició el oficialismo contra el juez Rosatti por mal desempeño en sus funciones, acusación que extienden a sus colegas Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Robles, mano derecha del titular de la Corte, fue citado a la comisión a instancias del oficialismo, que sospecha que el funcionario judicial fue quien intermedió entre Rosatti y funcionarios del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta para que finalmente el máximo tribunal resolviera en diciembre pasado en favor de la ciudad en una causa sobre coparticipación. En esa medida cautelar, la Corte ordenó a la Nación que le restituya a la ciudad los recursos coparticipables que el gobierno de Alberto Fernández le había detraído en 2020. Para ello fijó un índice del 2,95%, porcentaje que el Gobierno calificó de arbitrario.
Previo a recibir las preguntas de los legisladores, Robles ratificó su lealtad hacia el presidente del máximo tribunal. “Admiro su honestidad, su carácter, su integridad de principios, más cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, arrancó.
“Desde la creación de esta comisión, en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos -continuó Robles, en alusión a los miembros oficialistas-. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias.”
Leopoldo Moreau, uno de los referentes del oficialismo que llevó adelante el interrogatorio a Silvio Robles
“Han dicho, por ejemplo, que tengo un departamento en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la Justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira”, insistió.
Luego se refirió a los supuestos chats que él habría mantenido con Marcelo D’Alessandro, exministro de Seguridad y Justicia porteño, previo al fallo sobre coparticipación que dictó la Corte. El oficialismo pretende utilizar esas conversaciones -que Robles dice desconocer- como prueba para demostrar la presunta connivencia entre el gobierno porteño y el máximo tribunal.
D’Alessandro también fue citado por el oficialismo a la comisión, pero el exfuncionario solicitó postergar su testimonio “por razones personales”.
Silvio Robles y Horacio Rosatti
“Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, sostuvo, para luego agregar que luego de esos episodios su familia recibió diversos “ataques”.
“Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal donde cobraba 58 mil pesos por mes, figura en los fundamentos de este juicio político. Mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil, que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación ésta que ya fue denunciada en una causa penal”, indicó.
“Han dicho que una SRL en la que participé antes de ingresar a la Corte, que en la actualidad tiene el CUIT inactivo, y que por ende no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva”, enfatizó. “Todo esto, todo, para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, asestó.
“Como dije anteriormente, algunos miembros de la Comisión ya me han acusado falsamente -insistió-. De esta manera, me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra, o aquellas que me hagan el día de hoy, hayan sido o no judicializadas. Me amparo, presidenta, en lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de ejercer mi defensa en sede judicial”.
La Comisión de Juicio Político avanza con el proceso contra los jueces de la Corte Suprema
Robles insistió: “Esto incluye toda pregunta dirigida a indagar respecto de supuestas vinculaciones y presuntos contactos personales y/o telefónicos, que como dije, cuya veracidad, existencia o legalidad desconozco, dado el tenor de las acusaciones que han realizado en mi contra”.
Indignación oficialista
Iniciada la etapa de las preguntas, los diputados oficialistas arremetieron contra Robles quien, sin embargo, se mostró incólume en su decisión de no responder, amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
“¿Usted se reunió con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y con José Torello (ambos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri) previo a que la Corte emitiera el fallo 2x1 (fallo que benefició a condenados por delitos de lesa humanidad)? ¿Usted conoce a Marcelo D’Alessandro? ¿Qué destino le dio al informe de auditoría sobre las presuntas irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial?”, preguntaban y repreguntaban los oficialistas, encabezados por Leopoldo Moreau, Mara Brawer y Germán Martínez.
No hubo caso. Robles, impertérrito, mantenía sus brazos cruzados. “En atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esta pregunta”, repetía, seco. “Vine como testigo, no soy abogado, no manejo temas jurisdiccionales”, insistía, como una letanía, ante el asedio de los legisladores oficialistas.
“Nos está tomando el pelo este señor”, reaccionó indignado el kirchnerista Rodolfo Tailhade.
Fastidiados ante la cerrazón del testigo, los oficialistas advirtieron a Robles que, de mantener su actitud reticente, la situación sería informada ante sus superiores.
“No existe ninguna causa en trámite que esté imputado Robles; todas fueron archivadas en el juzgado de Sebastián Ramos. No hay razón para que insista en ampararse en el artículo 18″, advirtió Tailhade.
Los diputados opositores Pablo Tonelli y Juan López salieron en defensa del testigo. “Efectivamente las causas fueron cerradas, pero no hubo sobreseimiento ni falta de mérito. Por cualquier hecho esas causas pueden ser reabiertas, tiene razón en ampararse en el artículo 18″, enfatizó López.

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