EL ANÁLISIS Y REPUDIO

Cerca de una grosería institucional

Joaquín Morales SoláCristina Fernández de Kirchner
La debilidad política es un estado ingrato, incómodo. Lo que antes sucedía como un mero trámite, se convierte de pronto en la tarea de llegar a una cima inalcanzable. Es lo que le sucede en estas horas a la vicepresidenta Cristina Kirchner con los acuerdos para nombrar 75 jueces y fiscales nuevos; quiere, al mismo tiempo, postergar la jubilación de la jueza Ana María Figueroa, miembro de la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país.
Los senadores kirchneristas no lograron convencer por ahora a sus aliados, que antes los contaban como propios, para que den el quórum indispensable a la reunión del Senado que aprobaría esos acuerdos. Figueroa integra la sala que debe decidir si habrá juicio oral y público en la causa Hotesur y Los Sauces, que investiga el delito de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner, y si irá también a un debate público el caso del memorándum con Irán.
Cristina Kirchner y sus hijos fueron absueltos en la causa de Hotesur y Los Sauces por increíbles jueces de un tribunal oral sin que se haya hecho el juicio. Hay jueces dispuestos a firmar cualquier cosa. Versiones confiables de los tribunales señalan que la jueza Figueroa ya escribió su voto en la causa Hotesur y Los Sauces.
Esa sala está integrada por otros dos jueces: Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que tienen prestigio de independientes en el Poder Judicial. Al revés, Figueroa exhibió varias veces su simpatía por el kirchnerismo.
El pliego de Figueroa forma parte de un paquete mucho más grande: el Gobierno le está pidiendo al Senado el acuerdo para 75 jueces y fiscales nuevos y que le dé entrada al requerimiento de acuerdo para 18 jueces más. De esta manera, el pedido por esos 18 eventuales magistrados podría ser tratado por la comisión de Acuerdos y después por el plenario del cuerpo. Si ambos pedidos lograran el acuerdo de la cámara alta, el Gobierno habrá sumado 93 jueces y fiscales nuevos. Semejante número estaría en condiciones de modificar sustancialmente la relación de fuerzas dentro de la Asociación de Magistrados y, como consecuencia, la representación de los jueces ante el Consejo de la Magistratura, que es la institución constitucional que designa y destituye a los magistrados. Cristina Kirchner pone siempre la mirada en lugares decisivos, sobre todo cuando se trata de la Justicia.
Hasta ayer, los senadores de la oposición no habían recibido ningún llamado de los oficialistas para convocarlos a una reunión del cuerpo. Mala señal. Por lo general, es el jefe del bloque oficialista, José Mayans, quien dialoga con la oposición para organizar las reuniones del cuerpo. Jamás Cristina Kirchner ni la presidenta provisional del cuerpo, Claudia Abdala de Zamora, hablan con los senadores de la oposición. Para empeorar las cosas, la vicepresidenta, que es la presidenta natural del Senado, se limita a abrir las sesiones y después deja la conducción del debate en manos de Abdala de Zamora. Ella es así; no pierde tiempo en escuchar a propios ni ajenos.
Sucede ahora que el kirchnerismo no logró convencer todavía a los senadores peronistas Guillermo Snopek, Carlos “Camau” Espínola y Edgardo Kueider para que asistan a la reunión del Senado, cuando el otrora aliado todoterreno Alberto Weretilneck anunció que no viajaría esta semana desde su natal Río Negro a la Capital.
Weretilneck, líder de un partido provincial, es ya gobernador electo de Río Negro, pero en octubre competirán sus candidatos a diputados nacionales; quiere ganar esa elección también. La condición que pone Snopek, a su vez, es realmente incumplible para el gobierno nacional, mucho más en tiempos de elecciones. Reclama que el Poder Ejecutivo y el Congreso dispongan la intervención del Poder Judicial de Jujuy; Snopek sostiene que la justicia jujeña está controlada por su eterno enemigo político, el gobernador Gerardo Morales.
Por su parte, el correntino Espínola se fue del kirchnerismo y cayó en brazos del cordobés Juan Schiaretti, y el entrerriano Kueider no transige con el reclamo de que las provincias generadoras de energía eléctrica reciban regalías como las provincias petroleras.
El futuro de la camarista
Si finalmente no hubiera reunión del Senado esta semana, como parece, la suerte de la jueza Figueroa estaría echada. Ella cumplirá los 75 años que estipula la Constitución para la jubilación el próximo miércoles 9 de agosto, el mismo día de la semana en que suele sesionar el Senado.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señala que los jueces deben tener el trámite de la renovación del acuerdo y el nombramiento terminado cuando cumplen los 75 años. Resulta imposible imaginar que el Senado le conceda el acuerdo y el Presidente firme el nombramiento el mismo día en que la jueza Figueroa cumplirá esa edad. Sería, por lo demás, una grosería institucional si el Gobierno y el Senado corrieran de esa manera detrás de la continuidad de una jueza cuatro días antes de las primeras elecciones presidenciales, que se realizarán el domingo 13 de agosto.
Sin embargo, Cristina Kirchner podrá seguir insistiendo hasta diciembre, cuando ocurrirá el cambio de gobierno, con los 75 nuevos y fiscales que requieren el acuerdo del cuerpo y con los otros 18 que esperan que el cuerpo les dé ingreso formal a sus pliegos. Si eso ocurrirá -o no- dependerá en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales. Dependerá, en definitiva, de si la actual debilidad política de Cristina Kirchner se agravará aún más después de los comicios.
Patrulla perdida
Como una patrulla perdida de una guerra perdida, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuó ayer con el juicio a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los líderes de esa comisión son los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, dos expresiones del extremismo cristinista. Los sentaron como testigo a Silvio Robles, un cercano colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a quien Cristina Kirchner detesta porque contribuyó de manera decisiva a derrumbar la conformación que ella imaginó para el Consejo de la Magistratura. La Corte declaró inconstitucional esa integración, porque no respetaba los equilibrios que estipula la Constitución, y repuso la ley sobre el Consejo de la Magistratura que había hecho derogar la actual vicepresidenta en sus tiempos de senadora. Robles leyó primero un escrito en el que acusó a la comisión de Moreau y Tailhade de haberlo “acusado falsamente” y de intentar “crear una historia sobre la base de fantasías o calumnias”.
Robles aseguró que “es mentira” que tenga un departamento en Nueva York; que nunca estuvo prófugo de la Justicia (estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial); que no tiene propiedades en Miami, como dijeron en esa comisión, ni tampoco visitó esa ciudad durante este año, y que un hijo suyo recibió en su casa la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que, según adelantó ante los diputados, ya fue denunciada penalmente. “Todo para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema de Justicia”, dijo en clara alusión al juez Rosatti. Robles denunció que él y su familia fueron “objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”; se refirió así a la pinchadura de sus teléfonos y a la difusión de supuestas conversaciones suyas.
Versiones insistentes en medios judiciales aseguran que la nueva marea de presiones a la Corte Suprema de parte de la inmoderada comisión de Juicio Político de Diputados tiene como propósito prorrogar una sentencia sobre el fondo de la cuestión en la denuncia del gobierno de la Capital por la quita de una parte importante de la coparticipación, decisión que tomó el Presidente mediante un simple decreto.
La Corte Suprema ya firmó una cautelar sobre el pedido de la Capital, por la que no solo congeló la dejueces cisión de Alberto Fernández; también obligó al gobierno nacional a restituirle parte de los recursos que le sustrajo al gobierno capitalino. Pero la administración nacional jamás cumplió con esa orden del máximo tribunal de justicia del país y este nunca dispuso el embargo de las cuentas del gobierno federal. Para el kirchnerismo, en cualquiera de sus variantes, las decisiones de la Corte Suprema son de cumplimiento optativo desde que gobernaban Santa Cruz,
En algunos papeles de la comisión de Juicio Político apareció también el nombre del juez Daniel Petrone, el mismo magistrado de la Cámara de Casación que tiene que decidir si se hará el juicio contra la familia Kirchner por supuesto lavado de dinero en hoteles y edificios de su propiedad. Funcionarios judiciales dijeron que esa mención busca del mismo modo demorar la decisión del tribunal que integra Petrone sobre el juicio por lavado, cuya resolución se espera desde que terminó la feria de enero último. ¿Qué tiene que ver Petrone, juez de la Cámara de Casación, con un juicio político a la Corte Suprema, que es otra instancia, distinta y superior? Nada.
Una de las más grandes derrotas de Cristina Kirchner en sus mandatos presidenciales sucedió cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la llamada ley de “democratización de la justicia”. Otra enorme derrota reciente de la vicepresidenta fue cuando la Corte declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura que ella diseñó para el señorío de la política y no de la justicia. Todo indica que vive las vísperas de una nueva derrota, que podría ocurrir si le resultara imposible alargar la permanencia de la jueza Figueroa en la Justicia y nombrar a cerca de 100 nuevos jueces y fiscales. La debilidad política es más amplia y vasta que el mero hecho de asomarse a un fracaso electoral.
Versiones insistentes aseguran que la nueva marea de presiones tiene como propósito prorrogar una sentencia sobre la quita de la coparticipación de la ciudad
El Gobierno viene incumpliendo la restitución de esos fondos

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Repudian el intento de Quintela para limitar el mandato de los jueces
El gobernador de La Rioja impulsa una reforma constitucional; “son los únicos vitalicios”, dijoGabriela Origlia

CÓRDOBA.– “Lo más antirrepublicano son los jueces. Son los únicos vitalicios, no se los puede remover, no pagan ganancias”, dijo el gobernador riojano Ricardo Quintela. En la reforma constitucional que impulsó en su provincia uno de los puntos de debate es “la periodicidad de las tres funciones del Estado: Ejecutiva, Legislativa y Judicial” para avanzar en limitar la temporalidad en los cargos.
El gobernador redobló ayer la apuesta. Sostuvo en la emisora Futurock que espera que los convencionales “debatan, discutan”. La reforma de la Constitución que rige desde 1986 será tratada por 36 convencionales, entre los que el oficialismo tiene mayoría absoluta con 27; hay ocho de Juntos por el Cambio (JxC) y uno del partido Lealtad y Dignidad.
Otro punto a debatir que genera polémica es el de “la libertad de expresión y la gobernanza”. Quintela sostuvo que “la Justicia va a interpretar si el mensaje es de odio o no”, aunque remarcó que “la libertad de expresión está “resguardada, pero muchas veces no está en vigencia el derecho a réplica cuando hay información no veraz”.
La Asociación de Abogados y Abogadas de la República Argentina (ARA) se pronunció sobre la reforma, “en defensa de la inamovilidad de los jueces y juezas y de la libertad de expresión”. Su presidente, Miguel Piedecasas, entiende que el planteo del proyecto de reforma, al atentar contra la inamovilidad, afecta la garantía de la independencia de la Justicia.
Hace referencia al artículo 110 de la Constitución nacional, que establece: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
“La inamovilidad constituye una garantía objetiva y funcional atribuida a los miembros del Poder Judicial en miras a sustentar uno de los principios constitucionales fundamentales del sistema republicano, como es la independencia de la Justicia respecto de cualquier otro poder político, institucional, social, económico, mediático, religioso o de otra índole”, apunta Piedecasas.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, tres de los cinco integrantes fueron designados por el actual gobernador: Claudio Nicolás Saúl; Ana Karina Becerra (sobrina de Quintela y presidenta del Consejo de la Magistratura riojano), y Gabriela Irina Asís. Además, están Luis Alberto Nicolás Brizuela y Claudio José Ana.
Rechazos
Gustavo Canteros, convencional de Juntos por el Cambio por el partido Unite, sostiene que Quintela “tiene como fin ir por el litio de la provincia; quiere conseguir por la reforma la licencia social para la minería; la población judicializa los casos y él va por los jueces. Van a discutir quién se queda con la plata del litio; pone la renta básica universal en la reforma y se pagará con las regalías del litio”. Para ratificar su planteo, señala que el mismo día que se votó la necesidad de reforma constitucional “se votó la ley del litio”.
La radical Cristina Salzweder, presidenta del bloque de convencionales de JxC, profundiza que la reforma riojana “atenta contra la Constitución nacional, los pactos internacionales y contra uno de los pilares del sistema constitucional; ya hay un proceso determinado para la remoción de los jueces”.
“En una provincia donde la Justicia está sitiada y dominada por Quintela –añade– será él quien determine el término del mandato de un juez. Todavía, por lo que declaró, no lo sabe; podrán ser 5, 7 o 10 años. Ya usan la figura de los ‘jueces transitorios’, que los designan por seis meses y los prorrogan por otros seis; los usan políticamente”.
Salzweder comenta que los jueces, según fuentes del oficialismo, se podrían reelegir: “¿Van a hacer campaña con las sentencias? ¿Quién va a determinar cómo es el mecanismo? No está mal tomarles examen a los jueces, pero sí ponerle temporalidad al cargo”.
Ricardo Quintela
GOBERNADOR DE LA RIOJA
Al día siguiente de ser reelecto, el gobernador de la rioja, Ricardo Quintela, blanqueó sus intenciones de activar una reforma constitucional que prevé cambios en la justicia y en los medios de prensa

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