De fábrica de toallas a edificio autogestionado y con internet
Selsa quebró en los 90; fue usurpado en 2004; años más tarde fue subastado y el propietario actual quiere recuperar el inmueble
Mauricio Giambartolomei
Tras varias horas de tensión, quedó sin efecto el desalojo de Santa Cruz 140
“¡Hay que defender la puerta, hay que defender la puerta!”, gritaban. La puerta es una pequeña estructura de chapa por donde se ingresa al edificio de la calle Santa Cruz 140, en Parque Patricios, la misma que hace 20 años atravesaron unas 40 familias para tomar posesión de una construcción abandonada y convertirla en su casa después de una ardua tarea de recuperación.
Máquinas abandonadas, restos de telas, serpientes, ratas, murciélagos. Todo eso encontraron en el lugar los primeros habitantes de la exfábrica de toallas Selsa, que quebró en los 90. No tenían casa o vivían en condiciones deplorables, y vieron allí una oportunidad de tener un techo propio. Fueron cuatro meses de sanear el edificio olvidado y convertirlo en un sitio digno, donde hoy viven unas 500 personas en 107 familias; entre ellos, 130 niños y adultos mayores. Algunas estimaciones elevan el número hasta los 4500 habitantes: algunos sectores de la gran construcción no pudieron ser censados.
“Nosotros, como grupo de vecinos, intentamos comprar el edificio. Hicimos una colecta y pedimos créditos, pero nadie nos prestó ayuda y nos dieron vuelta la cara. Hasta ofrecimos pagar un alquiler mensual entre todos, pero ni eso”, se lamentaba Marcela Rodríguez, que vive en Santa Cruz 140 hace 17 años con su hija y dos nietas.
“Ganó el empresario, que se quedó con todo y nos quiere sacar. Ahora se encontrará con un edificio remodelado, todo impecable, nada que ver a lo que estaba”, cuestionó Carolina M.H.. Las dos mujeres pasaron la noche de anteayer en la vereda en la vigilia para frenar el desalojo.
La exfábrica Selsa tenía una planta baja y cinco pisos. Cuando entraron los primeros ocupantes se encontraron con el primer piso tomado por la maleza, serpientes, ratas, murciélagos y alimañas. “Trabajamos cuatro meses para dejarlo en condiciones con nuestras propias manos”, recordó Félix Cáceres, un albañil de 67 años con un carnet de discapacidad colgado del cuello. Tiene problemas en la columna, por eso no se movía de su silla.
Acuerdo entre vecinos
Esa planta se convirtió en una zona habitable con la creación de 19 departamentos que ocuparon las familias que se sumaron más tarde, producto del boca en boca. El resto se fue acomodando en los departamentos de los pisos superiores, que también necesitaron un mantenimiento. Hoy todo funciona perfecto, dijeron los residentes desde la vereda, aunque no se pueda ingresar para comprobarlo. Se ven, eso sí, las cámaras instaladas en la fachada como parte de un sistema de seguridad diurno y nocturno, en el que trabajan habitantes del edificio.
Las cámaras no son los únicos logros. Los departamentos también tienen medidores de energía eléctrica y gas, internet y agua potable. “Todo legal”, presumió María Prada, que llegó al edificio hace 20 años y ahora vive con sus tres hijos y su esposo. Es empleada doméstica, como Marcela, una de las ocupaciones más comunes de los habitantes del lugar. Albañil, vendedor ambulante, soldador, carpintero y gastronómico son las otras.
El funcionamiento del edificio está organizado en una especie de consorcio/cooperativa. Así se pagan las expensas, se diagrama la limpieza general de la semana (tres días de barrido, dos días de baldeo) y se reparten los turnos de las jornadas de seguridad. Todos los trabajadores pertenecen al complejo: por lo general, adultos mayores, gente fuera del sistema laboral tradicional que pudo encontrar un empleo en el mismo lugar de residencia.
Lo que ocurre en la ex-Selsa se replica en otros inmuebles de la manzana formada por las calles Santa Cruz, Uspallata, Monasterio y la avenida Caseros, a pocas cuadras de la sede central del gobierno porteño. De los seis edificios situados en ese perímetro, al menos cuatro están tomados, lo que se presenta como un obstáculo para las negociaciones. “Primero, no tenemos casas para darles a las 107 familias; segundo, si les damos casas como solución inmediata, después vendrá todo el resto a pedirnos lo mismo”, analizaba una fuente oficial.
Pero los vecinos no quieren nada regalado. “Queremos pagar por lo que nos den, un terreno o una vivienda. Así como intentamos comprar el edificio en la subasta, podríamos hacer lo mismo con un plan de pagos”, sostuvo Marcela. Lo mismo dijo Félix.
Como parte del operativo, se rumoreaba en el Parque Ameghino, que el propietario del inmueble había ofrecido camiones para trasladar a los habitantes de Santa Cruz 140 y sus pertenencias al lugar que indicaran por la Justicia o la Ciudad. Se quejó por la falta de acción e intentó apurar el trámite
“¡Hay que defender la puerta, hay que defender la puerta!”, gritaban. La puerta es una pequeña estructura de chapa por donde se ingresa al edificio de la calle Santa Cruz 140, en Parque Patricios, la misma que hace 20 años atravesaron unas 40 familias para tomar posesión de una construcción abandonada y convertirla en su casa después de una ardua tarea de recuperación.
Máquinas abandonadas, restos de telas, serpientes, ratas, murciélagos. Todo eso encontraron en el lugar los primeros habitantes de la exfábrica de toallas Selsa, que quebró en los 90. No tenían casa o vivían en condiciones deplorables, y vieron allí una oportunidad de tener un techo propio. Fueron cuatro meses de sanear el edificio olvidado y convertirlo en un sitio digno, donde hoy viven unas 500 personas en 107 familias; entre ellos, 130 niños y adultos mayores. Algunas estimaciones elevan el número hasta los 4500 habitantes: algunos sectores de la gran construcción no pudieron ser censados.
“Nosotros, como grupo de vecinos, intentamos comprar el edificio. Hicimos una colecta y pedimos créditos, pero nadie nos prestó ayuda y nos dieron vuelta la cara. Hasta ofrecimos pagar un alquiler mensual entre todos, pero ni eso”, se lamentaba Marcela Rodríguez, que vive en Santa Cruz 140 hace 17 años con su hija y dos nietas.
“Ganó el empresario, que se quedó con todo y nos quiere sacar. Ahora se encontrará con un edificio remodelado, todo impecable, nada que ver a lo que estaba”, cuestionó Carolina M.H.. Las dos mujeres pasaron la noche de anteayer en la vereda en la vigilia para frenar el desalojo.
La exfábrica Selsa tenía una planta baja y cinco pisos. Cuando entraron los primeros ocupantes se encontraron con el primer piso tomado por la maleza, serpientes, ratas, murciélagos y alimañas. “Trabajamos cuatro meses para dejarlo en condiciones con nuestras propias manos”, recordó Félix Cáceres, un albañil de 67 años con un carnet de discapacidad colgado del cuello. Tiene problemas en la columna, por eso no se movía de su silla.
Acuerdo entre vecinos
Esa planta se convirtió en una zona habitable con la creación de 19 departamentos que ocuparon las familias que se sumaron más tarde, producto del boca en boca. El resto se fue acomodando en los departamentos de los pisos superiores, que también necesitaron un mantenimiento. Hoy todo funciona perfecto, dijeron los residentes desde la vereda, aunque no se pueda ingresar para comprobarlo. Se ven, eso sí, las cámaras instaladas en la fachada como parte de un sistema de seguridad diurno y nocturno, en el que trabajan habitantes del edificio.
Las cámaras no son los únicos logros. Los departamentos también tienen medidores de energía eléctrica y gas, internet y agua potable. “Todo legal”, presumió María Prada, que llegó al edificio hace 20 años y ahora vive con sus tres hijos y su esposo. Es empleada doméstica, como Marcela, una de las ocupaciones más comunes de los habitantes del lugar. Albañil, vendedor ambulante, soldador, carpintero y gastronómico son las otras.
El funcionamiento del edificio está organizado en una especie de consorcio/cooperativa. Así se pagan las expensas, se diagrama la limpieza general de la semana (tres días de barrido, dos días de baldeo) y se reparten los turnos de las jornadas de seguridad. Todos los trabajadores pertenecen al complejo: por lo general, adultos mayores, gente fuera del sistema laboral tradicional que pudo encontrar un empleo en el mismo lugar de residencia.
Lo que ocurre en la ex-Selsa se replica en otros inmuebles de la manzana formada por las calles Santa Cruz, Uspallata, Monasterio y la avenida Caseros, a pocas cuadras de la sede central del gobierno porteño. De los seis edificios situados en ese perímetro, al menos cuatro están tomados, lo que se presenta como un obstáculo para las negociaciones. “Primero, no tenemos casas para darles a las 107 familias; segundo, si les damos casas como solución inmediata, después vendrá todo el resto a pedirnos lo mismo”, analizaba una fuente oficial.
Pero los vecinos no quieren nada regalado. “Queremos pagar por lo que nos den, un terreno o una vivienda. Así como intentamos comprar el edificio en la subasta, podríamos hacer lo mismo con un plan de pagos”, sostuvo Marcela. Lo mismo dijo Félix.
Como parte del operativo, se rumoreaba en el Parque Ameghino, que el propietario del inmueble había ofrecido camiones para trasladar a los habitantes de Santa Cruz 140 y sus pertenencias al lugar que indicaran por la Justicia o la Ciudad. Se quejó por la falta de acción e intentó apurar el trámite
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Suspendieron el desalojo de 107 familias en Parque Patricios
Ante el riesgo que podía implicar el operativo, el juez que lo había ordenado decidió posponerlo al menos por seis meses
Mauricio Giambartolomei
El desalojo de 107 familias de una exfábrica abandonada en el barrio porteño de Parque Patricios finalmente fue suspendido por el juez que lo había ordenado, tras horas de tensas negociaciones entre los habitantes, los oficiales de Justicia y el gobierno de la ciudad. Según supo la nacion, se trataría de una prórroga por seis meses, plazo durante el que funcionaría una mesa de diálogo tendiente a encontrar alternativas habitacionales para los ocupantes actuales del inmueble, situado en la calle Santa Cruz 140.
Alrededor de las 9 y luego de extensas conversaciones, oficiales judiciales, representantes del gobierno porteño, familias y el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informaron que se había alcanzado un principio de acuerdo por el cual se iba a abrir una mesa de negociación para que, en el plazo de cinco días, se pudiera encontrar soluciones alternativas a la situación habitacional de los habitantes. La novedad fue informada por la abogada de las familias, Iliana Llanos, que consignó que los oficiales de Justicia aguardaban el aval del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60, a cargo de Fernando Cesari.
“Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado”, dijo a Télam Llanos, que vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
Ayer al mediodía, delante del edificio había 14 oficiales de Justicia en el lugar monitoreando la situación y siguiendo las directivas que se habían impartido desde el despacho del juez Cesari.
Según comprobó el magistrado elevó dos órdenes de avanzar con las fuerzas hacia la propiedad de la calle Santa Cruz, pero los oficiales consideraron que no estaban dadas las condiciones de hacerlo. La presencia de más de 100 niños y adultos mayores, y el clima desfavorable elevaron la adversidad para el operativo.
Si el juez Cesari seguía ayer adelante con la orden del desalojo, la Ciudad había propuesto al menos una especie de cuarto intermedio de un mínimo de cinco días para organizar la logística y reubicación de las familias que habitan ese inmueble.
No obstante, la Justicia tenía, en ese momento, todas las herramientas legales para avanzar contra el acceso de Santa Cruz 140 donde se abroquelaban habitantes del edificio y militantes de organizaciones sociales.
“No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto? ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, se había preguntado más temprano Llanos.
Desde anteayer, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven –algunas– desde 2004 en el edificio, un grupo de unas 600 personas resistieron el desalojo, que no se concretó. Afuera del inmueble acompañaban organizaciones y manifestantes, en tanto que en el edificio de seis pisos se encontraban gran parte de sus habitantes.
Sentencia firme
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N°60.
Según la resolución de Cesari, el desalojo podía realizarse de forma “escalonada” y se autorizó a la Ciudad a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de ser necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña. En ella, se advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” por “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”. Y se sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.
Fuentes oficiales informaron ayer a que “si bien la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y ordena el desalojo es de abril de 2016 (sentencia confirmada por la Cámara en diciembre de 2017, quedando así firme), y que el lanzamiento fue decretado en mayo de 2018, confirmado por la Cámara en agosto de ese año; dicha medida aún no se ha ejecutado por las reiteradas presentaciones efectuadas por asociaciones, legisladores, demandados y la Procuración General de la CABA solicitando la suspensión del lanzamiento, debido a la complejidad en su ejecución y las situaciones sobrevivientes como la emergencia sanitaria”, cada una de las cuales fue rechazada por el juzgado, y su decisión ratificada por la Cámara.
“Con fecha 25 de octubre el juzgado desestimó la presentación de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo tendiente a buscar una solución habitacional y a la posibilidad de la ejecución del lanzamiento en un corto periodo de tiempo. Y fijó fecha para el desalojo el 31/10”, señalaron los voceros.
Se abrirá una mesa de negociación para hallar soluciones alternativas
El desalojo de 107 familias de una exfábrica abandonada en el barrio porteño de Parque Patricios finalmente fue suspendido por el juez que lo había ordenado, tras horas de tensas negociaciones entre los habitantes, los oficiales de Justicia y el gobierno de la ciudad. Según supo la nacion, se trataría de una prórroga por seis meses, plazo durante el que funcionaría una mesa de diálogo tendiente a encontrar alternativas habitacionales para los ocupantes actuales del inmueble, situado en la calle Santa Cruz 140.
Alrededor de las 9 y luego de extensas conversaciones, oficiales judiciales, representantes del gobierno porteño, familias y el asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informaron que se había alcanzado un principio de acuerdo por el cual se iba a abrir una mesa de negociación para que, en el plazo de cinco días, se pudiera encontrar soluciones alternativas a la situación habitacional de los habitantes. La novedad fue informada por la abogada de las familias, Iliana Llanos, que consignó que los oficiales de Justicia aguardaban el aval del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 60, a cargo de Fernando Cesari.
“Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado”, dijo a Télam Llanos, que vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
Ayer al mediodía, delante del edificio había 14 oficiales de Justicia en el lugar monitoreando la situación y siguiendo las directivas que se habían impartido desde el despacho del juez Cesari.
Según comprobó el magistrado elevó dos órdenes de avanzar con las fuerzas hacia la propiedad de la calle Santa Cruz, pero los oficiales consideraron que no estaban dadas las condiciones de hacerlo. La presencia de más de 100 niños y adultos mayores, y el clima desfavorable elevaron la adversidad para el operativo.
Si el juez Cesari seguía ayer adelante con la orden del desalojo, la Ciudad había propuesto al menos una especie de cuarto intermedio de un mínimo de cinco días para organizar la logística y reubicación de las familias que habitan ese inmueble.
No obstante, la Justicia tenía, en ese momento, todas las herramientas legales para avanzar contra el acceso de Santa Cruz 140 donde se abroquelaban habitantes del edificio y militantes de organizaciones sociales.
“No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto? ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?”, se había preguntado más temprano Llanos.
Desde anteayer, cuando se realizó un festival y vigilia en apoyo a las 170 familias que viven –algunas– desde 2004 en el edificio, un grupo de unas 600 personas resistieron el desalojo, que no se concretó. Afuera del inmueble acompañaban organizaciones y manifestantes, en tanto que en el edificio de seis pisos se encontraban gran parte de sus habitantes.
Sentencia firme
El jueves pasado, las familias fueron notificadas de la orden de desalojo, en la causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil N°60.
Según la resolución de Cesari, el desalojo podía realizarse de forma “escalonada” y se autorizó a la Ciudad a pedir la colaboración de las fuerzas federales “ante la complejidad del caso”, de ser necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña. En ella, se advirtió que “la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años” por “la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión”. Y se sostuvo que “no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan”.
Fuentes oficiales informaron ayer a que “si bien la sentencia de primera instancia que hace lugar a la demanda y ordena el desalojo es de abril de 2016 (sentencia confirmada por la Cámara en diciembre de 2017, quedando así firme), y que el lanzamiento fue decretado en mayo de 2018, confirmado por la Cámara en agosto de ese año; dicha medida aún no se ha ejecutado por las reiteradas presentaciones efectuadas por asociaciones, legisladores, demandados y la Procuración General de la CABA solicitando la suspensión del lanzamiento, debido a la complejidad en su ejecución y las situaciones sobrevivientes como la emergencia sanitaria”, cada una de las cuales fue rechazada por el juzgado, y su decisión ratificada por la Cámara.
“Con fecha 25 de octubre el juzgado desestimó la presentación de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo tendiente a buscar una solución habitacional y a la posibilidad de la ejecución del lanzamiento en un corto periodo de tiempo. Y fijó fecha para el desalojo el 31/10”, señalaron los voceros.
Se abrirá una mesa de negociación para hallar soluciones alternativas
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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