EL ESCENARIO Y LA EDUCACIÓN

Una disputa en la que se juega el poder real
Claudio JacquelinFederico Sturzenegger

Un profundo debate conceptual con importantes implicancias prácticas transcurre por debajo de la discusión y las opiniones que la dirigencia política, sectorial y profesional ha expresado respecto del mega decreto desregulador, privatizador y, sobre todo, refundacional que el Presidente anunció anteanoche en su primera cadena nacional.
Javier Mil ei está convencido deque el decreto de necesidad y urgencia es la auténtica y más eficaz motosierra con la que está cortando el nudo gordianoque ha venido estrangulando al país “desde hace 100 años” para liberarlo de las ataduras y terminar con la decadencia nacional. El titulo del DNU es suficientemente elocuente: “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
Para los críticos, en cambio, la extensísima norma es, lisa y llanamente, un sablazo ala institucional id ad, a los principios republicanos y a la legalidad, dado que el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas en materias de fundamental importancia económica, laboral y civil, cuando no rigen ni están fundamentados los supuestos de necesidad y urgencia.
El hecho constituiría, desde esa perspectiva, un avance de inédita extensión sobre el Poder Legislativo y, en consecuencia, sobre la Constitución. En definitiva, todo se reduce a una discusión sobre el poder, su naturaleza, su alcance, sus límites y su ejercicio, antes que a cuestiones instrumentales y políticas públicas puntuales. Ni más ni menos.
Por eso, parece ir gestándose en las primeras horas un clima de tensión y oposición en el Congreso que excede a la discusión sobre la profunda reforma que establece el DNU y esa reacción podría derivar en la reunión de una mayoría legislativas capaz de rechazar el decreto de manera completa, ya que la ley vigente no permite aprobaciones ni enmiendas parciales. Se aprueba o se rechaza como llegó.
Sin embargo, el trámite que se abre no es nada sencillo y se trataría de un hecho sin precedente. Hay 800 DNU que precedieron a este y todos quedaron firmes gracias a la singular norma vigente para limitar su aplicación, que exige que sean rechazados por las dos cámaras.
Eso les ha dado amplias facultades de hecho a los poderes ejecutivos de las dos últimas décadas. La autora intelectual de esa norma, sancionada en 2006, fue la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Años de hegemonía kirchnerista. Todo tiene que ver con todo, diría la anterior vicepresidenta.
Allí puede encontrarse la clave de un debate muy difícil de saldar en términos políticos, ya que si el decreto no es frenado en el Parlamento lo más probable es que termine dirimiéndose en sede judicial, por las innumerables demandas y recursos que ya están preparando los muchos que se consideran afectados por el DNU. No sería lo que el Gobierno se propuso. La urgente aplicación, en función de la emergencia planteada, fue expuesta como una prioridad absoluta por el Presidente.
El fondo de la cuestión, es decir, la reforma estructural, podría pasar de esa manera a un segundo plano, relegada por la disputa de poder. Salvo que, como algunos presuponen, el Gobierno esté disimulando una jugada menos audaz (o temeraria), pero, tal vez, de mayor consistencia legal y más soporte político.
Esa tesis dice (o sospecha) que el DNU es un punto de llegada antes que una norma blindada, con el que Milei busca trazar el camino para que el debate respecto del ordenamiento económico, comercial y laboral y la estructura del Estado transcurra sobre nuevas bases, dejando atrás viejos paradigmas y categorías, y facilite el avance de las reformas en el ámbito parlamentario.
Se trataría de igual manera de un verdadero cambio de régimen, pero con más sustento jurídico y político que el que le dotaría un cuestionado decreto, capaz de instalar un nuevo sentido común. Lo que importa es conseguir los fines y no los medios utilizados para alcanzarlos, diría Maquiavelo.
La falta de fijación de la fecha de entrada en vigor del superdecreto aporta elementos a quienes presumen que aquella sería la táctica establecida para lograr el estratégico fin. Más aún cuando por la aplicación del artículo 5 del Código Civil y Comercial el decreto solo estaría vigente a partir del próximo 29 de diciembre, al filo de la feria judicial, lo que complicaría la discusión y aplicación sin riesgos de una costosa marcha atrás. La norma dice que “las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”, lo que por extensión se aplicaría a este caso.
Sin embargo, otra es la opinión de quienes conocen el derrotero del decreto en su fase de creación y discusión, el sistema de toma de decisiones del flamante gobierno y las características personales de Milei y del gran autor intelectual del megadecreto, Federico Sturzenegger. Descreen profundamente de la existencia de tal visión política estratégica, cuya táctica podría traducirse en el viejo lema de “golpear para negociar”, instaurado en los años 60 por el asesinado del sindicalista metalúrgico Augusto Timoteo Vandor.
Los baches o vacíos legales y, en especial, la falta de una fecha de entrada en vigor del DNU son producto “de que la autoría del proyecto es de Sturzenegger y su equipo, pero después consultaron a varios estudios de abogados sobre distintos aspectos y se le hicieron cambios y agregados. Así salió lo que salió”, afirma uno de los profesionales consultados por el Gobierno. En tal caso, la torpeza podría costar muy cara.
Más plafón para las reformas
De todas maneras, si no existió la estrategia mencionada de ampliar el marco de discusión, el anuncio sí permitió comprobar que el oficialismo podría tener más plafón político para avanzar con sus reformas que el que algunos presuponían o le adjudicaban a un gobierno en franca minoría parlamentaria y territorial.
Desde el triunfo de Milei y más aún desde su asunción, la política tradicional mayoritariamente transita entre el aturdimiento, la culpa y una flamante admisión pública de la necesidad de reformas estructurales. Pero en los detalles están Dios y el Diablo. ¿Y “las fuerzas del cielo”?
Conviene reparar en las primeras reacciones de sectores moderados, no aliados del oficialismo, entre los que se encuentran la mayoría de Pro, buena parte del radicalismo y hasta algunos desprendimientos del pero nismo.La mayoría de ellos han expresa do más rechazo salas formas que al fondo del decreto. Incluso son numerosos los que han expresado su apoyo a la gran mayoría de reformas.
Sería ese el primer triunfo de Milei. Y se trataría de una victoria de naturaleza más cultural que política. Salvo que el Presidente estuviera seducido (o atrapado) por las presuntas bondades de legislar por decreto, confiara en demasía en su supuesta eficacia y en la velocidad de aplicación y desconfiara aún más de su poder para lograr la aprobación parlamentaria. Como para no buscar formatos alternativos y entablar negociaciones. El temor a poner en cuestión el poder propio puede debilitar lo in voluntariamente.
El flamante titular de la UCR, Martín Lousteau, expresó con claridad, en un posteo en la red social X, que el eje del cuestionamiento pasa por la legalidad del DNU antes que por la finalidad desregulatoria, privatizadora, ajustadora y aperturista de las medidas que la norma contiene.
Antes, había ido un poco más lejos su correligionario y también economista Martín Tetaz, con un tuit. “A muchos nos gusta más del 90% del contenido del DNU, pero la pregunta institucional clave, la regla de juego sobre la que nos tenemos que poner de acuerdo, es si aceptaríamos que el próximo presidente de un signo político distinto haga por DNU una reforma que nos parezca mala”, planteó el diputado.
No son expresiones irrelevantes. El radicalismo se ubica casi en el medio justo (que no es el justo medio) entre los que adhieren con más o menos fervor a la pulsión liberalizadora y antiestatista de Milei y quienes, como el perokirchnerismo y la izquierda, están en las antípodas y defienden posiciones estatistas casi sin ambages, tanto como rechazan cualquier liberalización.
Otro tanto han dicho en público y en forma reservada, con algunos matices diferenciales, dirigentes y legisladores de Pro y de la Coalición Cívica. Estos últimos, con la inspiración de su líder Elisa Carrió, son los que más fuerte han levantado la voz en contra de lo que entienden es un avance de tinte autocrático.
La diatriba contra “los políticos”, como “la causa de nuestros problemas” sin más precisiones, ni excepciones, que el Presidente expresó el miércoles como responsables de la larga decadencia, no solo resulta una acción sin precedente en boca de un mandatario constitucional, sino que expresa la fijación de posición, destinada a resaltar su ubicación por fuera del sistema. O de la casta. Es lo que lo trajo hasta acá.
Milei reafirmó de esa manera que se trata de un gobierno de outsiders. A pesar de que algunos de quienes lo acompañaron en la foto de anteayer tienen una extensa carrera política, a lo largo de casi dos tercios de su vida adulta, como es el caso de Patricia Bullrich, Guillermo Francos y Luis Petri. Además, dos de los autores y ejecutores de sus más importantes políticas, como Luis Caputo y Sturzenegger, ya acreditan pasos (y fracasos) por la administración pública.
En ese posicionamiento se halla otra de las justificaciones de su decreto, que, a entender del mandatario libertario, tiene sustento y apoyo en la contundente mayoría que lo impulsó a la Casa Rosada y relegó al establishment político.
Esa mayoría del 56% es la que el presidente contrapone, a modo de advertencia (o amenaza) a quienes se opongan a un proyecto para el que “no hay solución alternativa” y que consiste en “un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas y, como contrapartida, un programa general de desregulación de la economía que saque al país del pozo en el que lo sumió la administración anterior”. Así lo dijo y así quedó en el texto del decreto publicado en el Boletín Oficial. Una verdad única que explica el “drástico cambio de rumbo”. Se trata del cumplimiento de una misión superior.
Las “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” parten de la premisa de que el voto popular implicó una validación total de su propuesta de cambio radical, que en el fondo contiene y se basa en la impugnación que él expresa al sistema desde categorías prepolíticas. La condena de Milei es moral y fisiológica: el sistema político ha sido hasta ahora corrupto e ineficaz. Y eso es lo que ha producido la decadencia. Ese ha sido el eje de su supersónica y exitosa carrera política desde que la inició. Por eso ha atacado, como dijo ayer en su discurso, los males de raíz.
Los aplausos que recibió en la Plaza del Congreso cuando, en el discurso tras su asunción, hace 12 días, reafirmó esos principios y anticipó el rumbo de su gestión, corroborado anteayer con el decreto, le dieron esa legitimación.
Los cacerolazos y manifestaciones contra el paquete de medias anunciadas en forma de decreto, así como la críticas de la dirigencia política y las objeciones jurídicas al instrumento utilizado para formalizarlas y ejecutarlas, son demostraciones de que no hay una verdad única para todos y que existe una disputa por saldar.
En definitiva, se trata de la disputa por el poder. La esencia de la política. De su resolución dependerán demasiadas cosas. Muchas más cosas que las que están en el megadecreto. No solo un rumbo económico. Sino lo más parecido a un cambio de régimen. ¿Una nueva era comienza?

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Educación: una medida necesaria que dependerá de las provincias
Lo señalan padres y educadores; rechazo gremial al DNU

Guillermina Leudesdorf
“Celebramos que la educación se jerarquice como servicio o actividad esencial. Este año hicimos una juntada de firmas pidiendo eso, luego de un paro docente nacional convocado en solidaridad por un conflicto en de Jujuy”, plantearon ayer desde la agrupación Padres Organizados, creada en la pandemia para reclamar por el regreso de la presencialidad. Respondía así a la consulta sobre el capítulo educativo  del DNU presidencial que busca asegurar una cobertura del 75% de la prestación escolar. “Es fundamental la adhesión urgente de las provincias a este principio”, sumaron al aclarar que “los problemas son más profundos y las respuestas deben ser pensadas de manera integral”.
Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires y miembro de la Coalición por la Educación, integrada por expertos, padres, docentes y representantes de organizaciones sociales para pensar en conjunto la educación, opinó: “La norma debería haber sido tratada en el Congreso, pero es cierto que nunca decidió hacerlo; así, por ejemplo, Chubut tuvo el equivalente a un ciclo lectivo a lo largo de los últimos cinco años. También hay que analizar su compatibilidad con normas internacionales a las que la Argentina adhiere a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Y explicó: “Cada jurisdicción debería adherir o no a esta norma porque la educación está a cargo de las provinciales. Deberían establecerse protocolos de actuación ante medidas de fuerza de los gremios que garanticen el servicio educativo”.
Indicó que “también carga sobre los gobiernos garantizar las vacantes para todos los niveles obligatorios de educación –especialmente para el inicial– y condiciones edilicias acordes para el desarrollo del servicio, lo que no ocurre en muchos lugares”.
Para Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación, “el tema es cuál es el derecho más importante, si el de los chicos pobres a tener una buena clase o el de un líder sindical de cerrar la escuela por un conflicto que puede ser legítimo”.
Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, afirmó: “Los países sudamericanos que declararon servicio esencial a la educación lo hicieron como contrapartida de una política de desfinanciamiento del sistema educativo, falta de inversión y bajo salarios docentes”. Y especificó: “El concepto ahora es declarar servicio esencial para reducir el presupuesto y a eso nos vamos a oponer rotundamente”.

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