Femicidio de Marianela Rago: prisión perpetua para el exnovio
el cRimen de las 23 puñaladas. Francisco Amador fue hallado culpable de haber asesinado a la joven estudiante de periodismo en su departamento de Balvanera, en junio de 2010
Un tribunal condenó a prisión perpetua a Francisco Amador por el crimen de su expareja Marianela Rago Zapata, la joven de 19 años hallada asesinada de 23 puñaladas y degollada en su departamento del barrio porteño de Balvanera en junio de 2010.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, que condenó a Amador, de 36 años, por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía”, y ordenó su inmediata detención, que se concretó en la sala de debate. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de febrero de 2024.
“Hoy volvemos a vivir”, dijo Matías Rago Zapata, hermano de la víctima, pocos segundos después de haber escuchado la sentencia, según informó la agencia Télam.
Antes de que el tribunal, integrado por los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner, se retirara a deliberar, Francisco Amador hizo uso de su derecho a decir las palabras finales. Sostuvo: “Señores, yo no maté a Marianela Rago. Se pudo haber comprobado que existieron los hechos de violencia, pero eso no me convierte en un asesino”.
Minutos antes, su abogado, Luis Ricca, había terminado su alegato de una hora, en la que enumeró las razones por las cuales consideró que su defendido no fue el asesino de la joven estudiante de periodismo.
“Creo que en esta causa lo único que se probó es la violencia de género. Pero eso no significa que el acusado haya sido el autor de un homicidio”, afirmó Ricca.
Durante el debate, tanto familiares de la víctima como amigas y allegados que declararon como testigos pusieron en evidencia situaciones de violencia física y psicológica que la joven habría sufrido por parte de su expareja, a quien había conocido en la ciudad fueguina de Río Grande en 2008. Todos calificaron la relación como “tóxica”.
Ricca profundizó en las pruebas de huellas dactilares y perfiles genéticos hallados en la escena del crimen, en una lata de gaseosa, una colilla de cigarrillos y en un cigarrillo de marihuana.
”Aparece una lata de gaseosa sobre la mesa que todos los testigos de la previa manifiestan que no estaba en ese momento. Había una remera XXL, colillas de cigarrillos y un porro de marihuana. En una de esas colillas aparece el ADN de un masculino, que no es Amador, y de Marianela. Se encontró sangre en el pantalón de Marianela, que se estableció que poseía dos perfiles genéticos de origen masculino. Ninguno de esos perfiles coincide con el de Francisco Amador. Tampoco con las colillas de cigarrillos analizadas”, sostuvo el abogado defensor en su alegato.
El lunes había sido el turno del fiscal general Sandro Abraldes, representante del Ministerio Público en el juicio. “El plan desarrollado por Amador fue dirigido para provocar la muerte de Marianela Rago Zapata. Sorprendió a la víctima, se valió de su superioridad física, utilizó un cuchillo mientras que la víctima se resistió al ataque. La autopsia estableció que violencia ejercida por Amador fue causante de la muerte de Marianela”, sostuvo el representante del Ministerio Público en su alegato, antes de pedir la pena de prisión perpetua.
Según informó en su momento Télam, el fiscal Abraldes enfatizó que el hecho “fue producido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género”, lo que evidenció “un claro femicidio”, ya que para Amador su expareja “era objeto de su pertenencia”.
El representante del Ministerio Público Fiscal había pedido que Amador fuera condenado por el delito de “homicidio agravado por hacer sido cometido con ensañamiento y alevosía” y afirmó que la causa “se investigó sin perspectiva de género”, tras lo cual solicitó que, en caso de que sea una sentencia condenatoria, se le revoque su excarcelación y se disponga su prisión preventiva, lo que efectivamente se produjo en la jornada de ayer.
Amador llegó al debate oral sin prisión preventiva, luego de ser sobreseído cinco veces entre 2013 y 2018. La víctima, que tenía 19 años, fue asesinada el 27 de junio de 2010 en su departamento del barrio porteño de Balvanera.
El crimen fue descubierto al día siguiente, cuando Matías, hermano de la víctima, fue al departamento porque la chica no le respondía. La joven yacía en el piso del living. Según se determinó con la autopsia, tenía 23 puñaladas y fue degollada; todas las heridas habrían sido efectuadas con una cuchilla, que desapareció del cajón de la cocina de la casa.
Abraldes alegó durante casi cinco horas y se apoyó en imágenes y videos de la víctima que se proyectaron sobre una pantalla ubicada frente a los jueces.
“La fiscalía invita al tribunal a ponerse los anteojos de una perspectiva de género. La persona que asesinó a Marianela dejó un mensaje. La primera parte de este mensaje está en el cuerpo de Marianela. Sintió enojo, furia y celos; eso dicen las 23 puñaladas y el degüello que sufrió la víctima”, afirmó Abraldes.
Luego, el fiscal trazó una línea de tiempo para explicar “el tiempo y entorno” de Amador, al hacer mención a que el padre del acusado fue condenado por asesinar a golpes a un hermano de Francisco, de apenas 20 días de vida, un hecho que le causó un “psicotraumatismo” al imputado, según un informe psiquiátrico, según informó Télam
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Extorsiones: detienen a un barrabrava y al jefe de la Uocra
RosaRio. Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la tribuna en Rosario Central, y Carlos Vergara, acusados de presionar a constructoras
Germán de los Santos
ROSARIO.– El jefe de la barrabrava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en esta ciudad, Carlos Vergara –interventor en La Plata cuando entró en problemas Juan Pablo “Pata” Medina–, fueron detenidos, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer extorsiones en obras de construcción.
El fiscal Miguel Moreno, que ya había detenido a Bracamonte a mediados de 2020, ordenó diez allanamientos en distintas localidades de la región y la detención de ocho personas, entre las que se encuentran barras y gremialistas.
Según la información inicial, Bracamonte era la “fuerza de choque” que usaba la Uocra para presionar a desarrolladores inmobiliarios para que contrataran un servicio de viandas que manejaba el sindicato.
Bracamonte fue detenido hace tres años por una causa que investigó el mismo fiscal, pero por lavado de dinero. Salió en libertad en noviembre de 2021 y volvió a vivir a su mansión en el country Los Álamos, en Ibarlucea, donde ayer fue detenido por efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP).
En esa causa, el hijo del barrabrava fue imputado e investigado por Moreno, porque sus ingresos no se correspondían con los bienes que estaban registrados a su nombre. Según la investigación el único ingreso de Andrés Guillermo, de 20 años, era como empleado de la empresa Dragados y Obras Portuarias SA, con un sueldo de 25.589 pesos en ese momento. Pero el 22 de agosto de 2019, el hijo de Pillín adquirió un Chevrolet Prisma valuado en 576.000 pesos; el 21 de septiembre de 2017 compró, por 820.000 pesos, un VW Scirocco; también, un Chevrolet Classic que funciona como taxi.
Moreno puso el foco en Pillín por los negocios que manejaba, con la estrategia de armar empresas que, en muchos casos, vendían servicios o productos al club. Esas firmas, como Vanefra SRL, Ruffino SAS, SerEco SRL y Kabrasi SRL, estaban a nombre de supuestos testaferros y eran consideradas “fantasmas”.
La defensa de Bracamonte, en manos del abogado Carlos Varela, apeló la prisión preventiva al cuestionar la imputación de lavado de activos. En dos oportunidades se la denegaron, pero la tercera fue la vencida: a mediados de noviembre de 2021 presentó documentos y pericias contables que –según su postura– daban indicios de que las cuatro empresas tienen actividad y movimientos de dinero justificables.
El líder de la barra de Rosario Central comenzó a ser investigado por el fiscal Moreno cuando su nombre apareció mencionado en una trama de sicarios que ejecutaron al policía narco Cristian Ibarra, asesinado por Ariel Cantero, alias Chanchón, uno de los hijos de Máximo, el histórico líder de Los Monos.
La relación entre Pillín y Los Monos proviene desde hace dos décadas, cuando empezó a capitanear la hinchada, tras desplazar a tiros y trompadas a Los Chaperos, que compartían el liderazgo en el Gigante de Arroyito.
Estos antecedentes y la vinculación con la mafia de los taxis fueron herramientas fueron usados por el fiscal para dar contexto a su imputación.
En su mansión en Ibarlucea, la ACP secuestró 600.000 pesos y carpetas con el logo del gremio.
Uno de los puntos que profundizó el fiscal Moreno en la investigación es una serie de extorsiones en el sector de la construcción por el control de las viandas de almuerzo de los obreros en las obras.
En octubre pasado, uno de los integrantes de Los Monos, Cristian Avalle, acusado de instigar ataques contra sedes de la Uocra y Camioneros, dijo en la audiencia imputativa que deberían llamar a declarar a Vergara y a Bracamonte.
Según lo que se descifró en la acusación, la disputa era por el control de la entrega de unas 400 raciones de comida en las obras de Rosario. Otras tantas estaban destinadas a la ciudad de Santa Fe. Tanto en Rosario como en la capital provincial los edificios del gremio fueron baleados.
Lo que se presume es que Avalle podría ser el brazo ejecutor de Bracamonte, que a su vez había sido contratado por Vergara como “fuerza de choque” para controlar el suministro de comida en las obras.
La violencia entorno ala Uocr aligadaalas mafia s por el abastecimiento de vi andas para los obreros no es nueva. En 2018, dos sicarios fueron a matar a Julio Galván, dirigente de confianza de Vergara, que manejaba la distribución de comida que brindaba el propio gremio. Los sicarios no lograron asesinar a Galván, que resultó herido, pero sí a su cuñado Juan Garcilazo, de 44 años, que también estaba dentro de la Uocra
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Allanamientos y 42 detenidos por robo y contrabando de vehículos
Desguazaban coches y los de alta gama los enviaban a Bolivia
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Más de un centenar de allanamientos en varias provincias, 60 imputados y 42 detenidos es el resultado, hasta el momento, de un megaoperativo puesto en marcha por la Justicia Federal que permitió desbaratar una banda que se dedicaba al robo, desguace y contrabando de autos. Además, se investiga un presunto lavado de dinero.
Según explicó el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, se concretaron 115 allanamientos y aún quedan personas por detener, ya que hay órdenes de 60 arrestos. En los operativos se secuestraron autopartes, vehículos y dinero. “Esto es el cierre de una investigación bastante compleja que llevó adelante la policía durante bastante tiempo. Trabajamos junto con el Ministerio Público Fiscal de la provincia. Gracias a ese trabajo se pudo llegar a este resultado”, sostuvo Hairabedian, en diálogo con Canal 10.
Los delincuentes operaban de forma diferente según el tipo de ro dado. Las unidades de alta gama se sacaban del país hacia Bolivia. Los vehículos comunes, en cambio, eran desguazados en un descampado de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en Villa la Tela.
La banda retiraba las patentes y borraba los números de identificación de los autos; después los desarmaban; las partes descartadas eran quemadas en una zona alejada. Los detenidos integraban distintas células: estaban los que robaban, los que desarmaban y los que vendían los rodados o los sacaban del país.
Los efectivos del Departamento Sustracción de Automotores, de la Dirección General de Investigaciones Criminales, siguen llevando adelante la llamada Operación Fénix. El comisario Carlos Palaver explicó que se retomaron investigaciones iniciadas años atrás.
“Son varias células que tienen en común a los cabecillas. Cualquier patio de casa podía convertirse en un desarmadero. Se podían ‘empapelar’ los vehículos para ser guardados. Las modalidades que existen en las distintas fases delictivas son variadas. Salían en grupos de tres o cuatro vehículos a levantar [robar] otros vehículos y los escondían en distintos barrios”, precisó.
Una parte de la causa es federal porque hay vehículos que se contrabandean a Bolivia. Por la magnitud de las operaciones, también se está investigando el eventual lavado de dinero.
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Detuvieron a tres policías que protegían a una banda de ladrones
presos. Los efectivos se desempeñaban en la comisaría de San Fernando
Gustavo Carabajal
En la seccional de San Fernando nadie podía comprender cómo el oficial principal, a cargo del servicio de calle de la comisaría pudo solventar la compra de un Audi Q 3 usado, con valor de mercado de US$25.000, con un sueldo de $350.000 que percibía por mes.
Aunque, en las últimas horas, los compañeros del oficial principal, tuvieron una respuesta a esa pregunta. Fue cuando un grupo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro irrumpió en la comisaría y se llevó detenido al responsable del servicio de calle de la seccional.
No fue el único efectivo de la comisaría de San Fernando en ser detenidos. Los detectives de la DDI de San Isidro también apresaron a dos compañeros del oficial principal. Se trata de una sargento y de otro oficial. Durante los allanamientos en sus viviendas, los investigadores encontraron el mencionado vehículo de alta gama, un Peugeot 308, $790.000 y US$200, en efectivo.
Los tres policías fueron detenidos a raíz de una investigación en la que aparecen como acusados de pedirles coimas al integrante de una banda que se dedicaba a robar motos en la zona norte del Gran Buenos Aires. Los uniformados fueron imputados por presunto cohecho, incumplimiento de los deberes del funcionario público y encubrimiento agravado.
La investigación que terminó con las detenciones de los tres policías comenzó hace más de un año, cuando el fiscal Andrés Zárate recibió una denuncia en la que se mencionaba a un tal “NN Maxi” como el presunto jefe de una banda de ladrones de motos.
Cruces de llamados
Cuando el representante del Ministerio Público del Departamento Judicial San Isidro, comenzó a revisar los cruces de llamados telefónicos y los mensajes que intercambiaban los distintos integrantes de la organización delictiva, estableció que el mencionado “NN Maxi”, era un oficial principal, a cargo del servicio de calle de la comisaría de San Fernando.
En realidad, ese policía recibía dinero de los miembros de la banda a cambio de liberar a los “gatilleros” que robaban las motos a mano armada. En las últimas horas, después de completar las pruebas, el fiscal Zárate ordenó las detenciones de urgencias de los tres policías y de tres delincuentes, uno de ellos, de 19 años.
Además del dinero en efectivo, durante los allanamientos, los detectives de la DDI de San Isidro secuestraron documentación, celulares y dispositivos móviles. Mientras que en la seccional en la que se desempeñaban los policías acusados, los investigadores se llevaron las computadoras y las armas reglamentarias de los tres uniformados detenidos.
Con respecto a la documentación hallada en la mencionada comisaría, los investigadores policiales y judiciales pusieron el foco de la búsqueda en los libros de guardia y las actas en las que se consignan los ingresos de detenidos registrados entre el 24 y 25 de octubre pasados, cuando habría sido llevado a la seccional uno de los miembros de la banda que robaba motos y al que liberaron después que uno de sus cómplices llevó el dinero requerido por los tres efectivos acusados.
Debido a que la investigación sigue en pleno desarrollo, los responsables de la pesquisa solicitaron que las identidades de los policías y de los tres asaltantes detenidos se mantuvieran en reserva. Se estima que mañana, los seis imputados serán trasladados a la fiscalía para ser indagados.
Las detenciones de los tres uniformados no constituyeron un hecho aislado en la fuerza de seguridad bonaerense. En los últimos meses, las capturas de efectivos de la policía bonaerense se convirtieron en algo habitual.
Hace poco más de veinte días, una fiscalía de San Nicolás apresó a ocho efectivos, acusados de proteger a una banda de narcotraficantes que operaba con la banda de Los Monos, en Rosario.
La pyme para el delito que armaron los policías acusados, que se desempeñaban en comisarías de San Nicolás y Ramallo incluyó la venta de protección a los cargamentos de droga que las bandas narco de Rosario acopiaban en San Nicolás, la distribución de la marihuana que robaban de los operativos contra las organizaciones dedicadas al narcomenudeo y la liberación de barrios para que los delincuentes roben a los vecinos
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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