EL ESCENARIO, SÓLO EN EL CONGRESO, Y LOS KK

Milei, obligado a la campaña permanente
Carlos Pagni

Como los antiguos matemáticos, Javier Milei anda en busca de la cuadratura del círculo. Aspira a llevar adelante una revolución. La que expuso en Davos, donde se presentó como lo que sueña ser: un reformador social que va detrás de una utopía. Pero esa alteración radical del orden existente debe ser republicana. Es decir, tiene que alcanzarse respetando el trabajoso ritual de las instituciones.
Con una dificultad adicional: su escasísimo poder parlamentario. El desafío es enorme y se está advirtiendo en estas horas. El conflicto con una mayoría de la Cámara de Diputados ha puesto en riesgo la aprobación del corazón de su gestión: el ajuste fiscal que permita reducir el déficit, prescindir de la emisión monetaria y, por esa vía, reducir la inflación.
La aprobación del dictamen de la ley de 664 artículos que la Casa Rosada envió inicialmente al Congreso es una exhibición clarísima del reto que enfrenta el oficialismo. Para lograrla, el Poder Ejecutivo debió resignar capítulos enteros del proyecto: del cambio de reglas electorales a la reforma del proceso penal, pasando por la reescritura de los códigos. Sin embargo, esa jibarización no es el rasgo más importante de la encrucijada que plantea el Legislativo. Cuando se examina la operación con mayor detenimiento, se advierte que el dictamen fue aprobado sin disidencias solo por 20 diputados: 18 de La Libertad Avanza; José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Álvaro Martínez, de Unión Mendocina, la agrupación de Omar de Marchi.
El texto hubiera naufragado si no fuera por los votos de 35 legisladores que adhirieron, pero con disidencias: 17 de Pro; 8 de la UCR; 4 de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Pichetto; 3 de los provinciales de Innovación Federal; 1 del tucumano Creo; 1 del sanjuanino Producción y Trabajo, y otro de Agustín Fernández, peronista que pertenece a la fracción de Unión por la Patria que hizo rancho aparte siguiendo instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo. Estos diputados exigen que se modifiquen cláusulas importantísimas de la ley imaginada por el Ejecutivo.
El Ejecutivo consiguió que se apruebe su dictamen. Es una victoria. O, como diría el vicealmirante O’Connor, una modesta victoria. La consiguió gracias a una oposición que colabora con él y, al mismo tiempo, lo condiciona. Sin ella, la ley se hubiera hundido. Es decir, el Gobierno hubiera quedado desprovisto de herramientas indispensables para ejecutar su plan fiscal. ¿Qué significa esta aritmética? Que Milei no cuenta con los votos necesarios para aprobar la norma en el recinto. Salvo que incorpore los criterios de esos rivales que son, a la vez, incómodos aliados. Es la lección de Jair Bolsonaro: sin entenderse con ese “centrão” argentino, el Presidente está condenado a la impotencia.
El Presidente debe controlar la relojería de un dilema. Para alimentar su popularidad necesita mantener un enfrentamiento incesante con “la casta”. Cuando la popularidad no le sonría, su poder estará desfondado. Por eso para Milei gobernar no es poblar, ni educar, ni explicar. Gobernar es hacer campaña. Así se explica la gravitación excepcional del Mago del Kremlin, Santiago Caputo, equivalente o acaso superior a la de su tío segundo, Luis Caputo, el ministro de Economía. Viejos zorros del Congreso ya captaron esa prelación, y los diferencian, invirtiendo las edades, como “Caputo grande” y “Caputo chico”.
La otra cara del dilema es que para que el encanto en las encuestas no decline se deben alcanzar los principales objetivos de gestión. Por lo tanto, se hace indispensable componer mayorías parlamentarias. En otras palabras, negociar y acordar con “la casta”.
Milei ha privilegiado hasta ahora la confrontación proselitista. A tal punto que, para desconcierto de numerosos diputados, envió al Congreso como principal negociador a Santiago Caputo. Este discípulo de Jaime Durán Barba buscó lo que busca todo experto en marketing: proyectar una imagen. Intentó que la Cámara tratara la ley ayer, para contraponer esa sesión con la marcha de la CGT. Cuando vio que era imposible, trató de que los diputados se reunieran durante el fin de semana. El problema estaba en otro lado. No en la escenografía. En los números.
En los próximos días pasará al primer plano una figura importantísima de La Libertad Avanza, Martín Menem. Como titular de la Cámara baja, es el responsable de que el Gobierno cuente con los instrumentos de su programa fiscal. Es un reto inquietante, porque, dadas las disidencias de los bloques que colaboraron en las comisiones, serían rechazados capítulos cruciales de la ley. Uno de ellos es el del incremento de las retenciones. Representaría el 0,5% del PBI.
Luis Caputo, el ministro, informó ayer por su cuenta de X que estuvo estudiando los recortes que hará en las partidas provinciales “si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Repitió lo que le escuchó a Milei en la reunión de gabinete del día anterior: “Nuestro objetivo no es sacar la ley, sino llegar al déficit cero. Por lo tanto, si no tenemos ley, lo lograremos ajustando a diestra y siniestra”. Sin embargo, es probable que Caputo sepa que no es lo mismo ordenar las cuentas a través de leyes que hacerlo con resoluciones que pueden, en cualquier momento, revertirse. Los inversores están atentos a lo que pasa en el Congreso. Más allá de la avalancha de reclamos que ingresarían en la Corte, procedentes de las provincias afectadas.
Caputo dijo que lo suyo no era una amenaza. Era la confirmación de que el Gobierno está dispuesto a cumplir con el mandato popular. Jefes de provincia como el cordobés Martín Llaryora aclararon ante Guillermo Francos, el ministro del Interior: “A mí también me votó la gente, para impedir una mayor presión impositiva”.
La “confirmación” de Caputo significa, en su intransigencia, que él ya rechazó una oferta de los gobernadores: suplantar el aumento de las retenciones por la eliminación de seis exenciones impositivas, de las cuales las más importantes son la del IVA a los honorarios de directores de empresas y el reintegro a los exportadores. Esa propuesta federal representaría, según sus autores, un aumento de ingresos de 0,8% del PBI.
En el Congreso se debaten otras alternativas al aumento de las retenciones. Una de ellas consta en el dictamen de minoría que votaron Juan Manuel López, Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Allí se propone cancelar la exención del IVA para las empresas que se benefician del generoso régimen promocional de Tierra del Fuego. Esos diputados calculan que a esas compañías se les perdonan impuestos por 1000 millones de dólares al año, lo que representa el 0,33% del PBI. Si pagaran el IVA, estarían aportando 0,1% del PBI. Como el incremento del impuesto podría trasladarse a precios, López, Oliveto y Ferraro proponen bajar la protección que tienen los productos importados que se ensamblan en la isla. Sobre todos los electrónicos. Esos dispositivos pagan 9,5% de impuestos internos, contra 19% de los que se importan ya ensamblados en el exterior. Los teléfonos celulares disfrutan, además, de una barrera arancelaria del 16%. Para las notebooks, que no tributan impuestos internos, el arancel alcanza el 32% cuando son usadas. Esta fenomenal reserva de mercado explica que el mismo modelo de teléfono Samsung, que en Estados Unidos se paga 875 dólares y en España se paga 1400 dólares, el consumidor argentino lo tenga que pagar 2420 dólares.
Una de las opacidades más llamativas del gobierno de Milei es el empeño con que un fundamentalista del mercado evita discutir este costosísimo nivel de protección. Era un ejemplo inigualable para ilustrar a la audiencia de Davos sobre las miserias del estatismo. Pero el Presidente, que en 2022 señaló al régimen de Tierra del Fuego como “una ofensa a los argentinos de bien”, descubrió en el tramo final de la campaña que esos privilegios estaban basados en derechos adquiridos. Injustificable en una administración tan fóbica a las distorsiones intervencionistas que hasta se propone arremeter conNo las bibliotecas populares. Perplejidades del libertarismo realmente existente.
Para el ministro Caputo debería ser un dolor de cabeza la propuesta de la Coalición Cívica: uno de los principales beneficiarios de esa cobertura estatal es, además del opulento Rubén Cherñajovsky, su primo Nicolás Caputo, hermano de la vida de Mauricio Macri. Tal vez por eso, en la sesión de anteayer, el diputado López bromeó sobre el riesgo de una “caputolandia”.
Existe otra zona del presupuesto susceptible de ser ajustada, donde se cruzan innumerables intereses: la de decenas de fondos fiduciarios que no son sometidos al escrutinio público. Cajas alimentadas con ingresos de asignación específica, que tienen sus propios sistemas de contratación. El Poder Ejecutivo pidió una delegación para remodelar esas alcancías. Los gobernadores ya plantearon restricciones: no quieren que se toque el fideicomiso de desarrollo provincial ni el de infraestructura regional. ¿Serán las fuentes de dinero que mencionó Caputo en su “confirmación?
La otra columna del programa fiscal del Gobierno que está bajo la amenaza del “centrão” es la licuación de las jubilaciones. Por la inflación de 2023. Contra lo que podría esperarse de alguien que consagró su vida a “los abuelos”, durante la gestión de Sergio Massa los jubilados que ganaban, en enero del año pasado, 230.000 pesos cobraron en diciembre, en moneda constante, 130.000 pesos. Es decir, perdieron casi el 60% de su poder adquisitivo. La oposición admite que no se recupere la totalidad de lo perdido. Pero exige que se ajusten los haberes con la inflación de diciembre y que, a partir de abril, lo hagan cada dos meses por el índice de precios al consumidor. Esa fórmula llevaría las jubilaciones en diciembre de este año, si la inflación baja según los pronósticos oficiales, a unos 220.000 pesos de enero de 2023. El Gobierno prefiere no incorporar la inflación de diciembre, con lo que a fines de este año esas prestaciones serían de 170.000 pesos de enero de 2023. Es difícil que Caputo consiga ese nivel de licuación.
Massa rompió el silencio anteayer para quejarse por las que, interpreta, son inequidades del plan económico oficial. Habló de la eliminación de la devolución del IVA, de la reducción de Bienes Personales, del blanqueo. mencionó las jubilaciones. Hizo bien. En cambio, se refirió ala reimplanta cióndelim puesto alas ganancias, que él había re cortado en su desenfrenadae infructuosa búsqueda de votos. Esa reposición de Ganancias fue una exigencia que le plantearon al ministro Francos los cínicos gobernadores que habían apoyado la medida cuando la propuso Massa. El encargado de recordar el daño fiscal de esa decisión de Massa fue su antecesor, Martín Guzmán.
El excandidato; su esposa, Malena Galmarini, y su Frente Renovador salieron del letargo para castigar al Gobierno. Apoyaron la marcha de la CGT. Y Massa se mostró con Pablo Yedlin, alter ego de Juan Manzur, que no se sumó al bloque tucumano impulsado por Jaldo para negociar con el Ejecutivo. Estas manifestaciones opositoras de Massa agigantan una incógnita: por qué Milei ha sido tan respetuoso con la herencia de su rival en el balotaje. Sobre todo en áreas como AySA, el reino de Galmarini, o la Aduana.
No es lo único que llama la atención: en estas horas el Gobierno está por incorporar a un hombre de Massa en el manejo de las empresas Trenes Argentinos y Trenes Argentinos Infraestructura. Es Adrián Luque, quien durante la administración anterior fue responsable del área legal de esas reparticiones, que estaban al mando de Martín Marinucci. Es verdad que Massa no es el único jefe de Luque. También está Fabián Carballo, dueño de varias ferias del conurbano, muchas de ellas instaladas en terrenos ferroviarios. Son las llamadas “saladitas”. Massa se benefició muchas veces de la pasión de Carballo por el transporte: pero el exministro no iba en tren, iba en avión. El feriante Carballo es uno de los tantos nexos grises entre Massa y Milei: aseguran que financió varias listas de La Libertad Avanza en el Gran Buenos Aires. Fernando Cerimedo, el experto en redes sociales, conocería bien esas convergencias.
El tratamiento de la ley ómnibus ha sido la playa de maniobras de infinidad de lobbies. Entre los más recientes está el de China: Milei estaría pensando en ahorrar recursos renegociando el contrato de las polémicas centrales hidroeléctricas de Santa Cruz. Puede ser la chispa que encienda el conflicto con los chinos. Otros frentes diplomáticos se van cerrando. Por ejemplo: Diana Mondino piensa tener definido el nombre del embajador ante el Vaticano antes de que su jefe pise Roma. Sería un profesional de la Cancillería.
La revolución de Milei se encuentra con este inventario de accidentes. Él no se muestra preocupado, aunque su programa económico pende de un hilo delgadísimo. Apuesta a que, con una economía floreciente en el segundo semestre, la dirigencia política será más dócil frente a sus reformas. Esa profecía es el espejo inverso de la de sus opositores. Desde los piqueteros, que encienden alarmas por la falta de mercadería que se registra en los comedores populares, cada vez más concurridos. Hasta los sindicalistas que ayer fracasaron con el paro, pero consiguieron una victoria en tribunales: un fallo puso a salvo sus palancas corporativas ante la reforma de Milei. Ellos conocen como nadie el funcionamiento de “la casta”.

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Otro fallo frena una parte de la reforma laboral
Fue por pedido de la CGT; dispuso que los cambios solo tendrán validez con el aval del Congreso

Camila Dolabjian
Solo una hora después de la marcha de la CGT en el Congreso, la Justicia nacional hizo lugar a parte del reclamo de la central obrera contra el megadecreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. La jueza Liliana Rodríguez Fernández declaró “la invalidez de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023 en el marco de este juicio de amparo y de las circunstancias fácticas vigentes”.
Previamente, se habían otorgado medidas cautelares contra las reformas a las que refiere el fallo, que incluyen las modificaciones en los componentes del recibo de sueldo, los cambios en cuanto a la no obligatoriedad de los aportes a los sindicatos, el derecho a realizar asambleas “sin perjudicar las actividades normales de la empresa” y el artículo referente a interpretar como causal de despido bloquear o tomar el lugar de trabajo perjudicando el normal funcionamiento de las actividades laborales.
En el fallo se aclara que esos artículos recobrarían “validez formal en el caso de ratificación [del DNU] por ambas Cámaras dentro del período de las sesiones extraordinarias en curso, o su vigencia cesará de pleno derecho en caso contrario”. De acuerdo a la interpretación de la normativa vigente, el criterio aplicado ha sido el contrario: los DNU en la Argentina requieren del rechazo de ambas cámaras para ser invalidados. Con el desacuerdo entre ellas o el silencio del Congreso en general, el DNU mantendría su vigencia. El criterio de la jueza apunta a lo contrario.
La jueza Rodríguez Fernández, por otra parte, señaló que habrían “varias razones” para no avanzar con el trámite ni dictar sentencia definitiva hasta finalizada la feria judicial. “Por un lado, dispuesta una medida cautelar desapareció la urgencia –al menos desde la pretensión de la parte actora– para tratar la cuestión de fondo; por el otro, la garantía del juez natural debe incluir el mayor celo en el respeto de la prosecución del trámite ante el juzgado de radicación, reservando para las actuaciones en feria”.
El fallo incluye una crítica al tratamiento del DNU en el Congreso. “En el marco fáctico descripto, la única interpretación posible es que las Cámaras deben (digo ‘deben’ porque la manda constitucional no admite alternativas) en estas sesiones extraordinarias abocarse al tratamiento del DNU 70/2023, dado que el plazo de la Comisión Bicameral se encuentra vencido”.
Entre los artículos “invalidados” se encuentra el 73, que requería el "consentimiento explícito" del empleado para que se le detraigan de sus sueldo los aportes sindicales. También el 79, que flexibilizaba las convenciones colectivas de trabajo para adecuarlas "a los cambios en las modalidades de producción. El 86, es el que señala que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas y hasta tanto entre en vigor una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue. El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia solo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.
El artículo 87 condicionaba el llamado a asambleas a que no perjudicaran "las actividades normales de la empresa o a terceros”. El 88 enumera las conductas que “están prohibidas y serán consideradas infracciones muy graves”. Entre ellas, “afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza”. El artículo 97 prohibía que un paro afectara más del 75% de los servicios que sean definidos como esenciales.

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Jugada del kirchnerismo en el Senado para rechazar el DNU
Gustavo Ybarra
El bloque kirchnerista del Senado pidió una sesión especial para el próximo jueves 1º de febrero con el objetivo de rechazar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 del gobierno de Javier Milei, ambicioso intento desregulador de la economía que se encuentra suspendido por la Justicia en áreas como la laboral, pero que todavía mantiene vigencia en varios aspectos.
La jugada encendió las alarmas en el tablero de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del Poder Ejecutivo, que tendrán que extremar negociaciones para evitar que la bancada que preside el formoseño José Mayans pueda asestarle un golpe político a una de las primeras medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
No obstante, existen artilugios legales que podrían beneficiar a la vicepresidenta. Por lo pronto, el Reglamento del Senado le concede a Villarruel la facultad de fijar el día y la hora de la sesión, por lo que podría desestimar la fecha reclamada por el kirchnerismo.
La movida del principal bloque de la oposición de la Cámara alta fue decidida luego de que en la reunión que celebraron los senadores kirchneristas en la tarde del martes se acordara buscar votos para avanzar con el pedido de sesión y derogar el decreto. Sin embargo, las negociaciones para buscar masa crítica no prosperaron, a pesar de lo cual la conducción de Unión por la Patria ordenó seguir adelante aun cuando no tiene garantizado el quorum.
Según la ley, para derogar un decreto de necesidad y urgencia hace falta el rechazo explícito de ambas alas del Congreso.

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