La defensa del exjuez Bento pide su libertad, tras un fallo polémico
Está detenido acusado de cobrar sobornos; sin embargo, Casación pidió que se vuelva a dictar otra sentencia
Hernán Cappiello
Walter Bento
El destituido exjuez federal de Mendoza Walter Bento recibió ayer en prisión una noticia que le devolvió la expectativa de dejar la cárcel. La Cámara de Casación, en un fallo dividido, anuló la resolución que dictó la prisión preventiva del magistrado acusado por corrupción. A renglón seguido, su abogado defensor reclamó su inmediata libertad.
Ahora, el tribunal oral federal de Mendoza que juzga a Walter Bento por graves delitos, deberá decidir si lo deja en libertad hasta que resuelva el caso, como lo pidió su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, o si sigue en la cárcel.
Esto finalmente lo deben resolver las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra.
De todos modos, el fallo de Casación no ordena la libertad, sino dictar una nueva sentencia.
La defensa sostuvo que “debe mantenerse la situación de libertad de Walter Ricardo Bento hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación”.
Bento fue destituido de su cargo tras un jury, mientras se lo juzga por la acusación de recibir sobornos de imputados para beneficiarlos, lavado de dinero y por sus bienes.
A Bento le han dictado ocho veces la prisión preventiva, que está firme.
El juicio penal puede que termine a fin de año.
Con su destitución a fin del año pasado, el juez perdió sus fueros, por lo que el tribunal oral federal de la provincia de Mendoza ordenó su inmediata detención en prisión preventiva.
Bento recurrió ese fallo a la Cámara de Casación y ahora los jueces Carlos Mahiques y Javier Carbajo, con la disidencia del juez Gustavo Hornos, hicieron lugar a su pedido y anularon la decisión que dispuso la prisión preventiva.
Esa decisión reabrió el debate sobre su futuro.
Contradicción constitucional
El argumento del juez Mahiques es que el fallo del jury de enjuiciamiento no está firme porqué aún no se pronunció al respecto la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el propio texto de la Constitución nacional señala que las decisiones del jury son irrecurribles.
Esta indicación de la Constitución fue en ocasiones soslayada por la doctrina cuando se entendió que había habido graves violaciones al derecho de defensa.
Justamente en este puntos se paró la defensa de Bento para recurrir a la Corte Suprema.
Sin embargo, el recurso extraordinario ya fue rechazado por el propio jury y ahora le queda por esperar que se resuelva el recurso de queja. Es cuestión de tiempo para que sea rechazado.
El juez Carbajo también anuló la prisión preventiva pero por otros motivos. Dijo que no se había dado intervención al fiscal antes de ejecutarla. Se amparó en el espíritu del nuevo Código Procesal Penal Federal.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Piden que se aparte un funcionario del juicio de YPF El subprocurador De la Cruz estuvo vinculado a los Eskenazi
Andrés de la Cruz
Los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López le reclamaron ayer a la Oficina Anticorrupción que intervenga para que el subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, deje de participar en el juicio que la Argentina afronta en Nueva York por la estatización de YPF.
Tal como informó ayer la nacion, De la Cruz estuvo vinculado a la familia Eskenazi, que participó de los negocios de YPF y el Estado que derivaron en el juicio y podría beneficiarse con su sentencia. El martes, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que es el jefe de los abogados del Estado, fue relevado de intervenir en la causa que se sigue en el tribunal neoyorquino de Loretta Preska. Es por eso que el caso quedaría en manos de De la Cruz.
En ese juicio, el fondo Burford reclama un resarcimiento con el argumento de que en la estatización se violó el estatuto de la compañía. Burford se convirtió en demandante porque adquirió los derechos de Petersen Energía, la sociedad española de la familia Eskenazi. Barra se excusó de intervenir en el expediente porque participó del caso como consultor jurídico. la nacion reveló que De la Cruz integró durante varios años el staff de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y se encargaba, entre otros asuntos, de defender los intereses del Grupo Petersen, es decir, de la familia Eskenazi. Están en juego 16.000 millones de dólares y los Eskenazi podrían cobrar un 30% de ese monto.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Renunció otro juez en la Corte bonaerense y ya son cuatro los lugares vacantes
Genoud se jubilará; el tribunal solo tiene tres miembros y deberá llamar a una jueza de Casación para los fallos
El juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud renunció a su cargo ayer, para jubilarse a partir del 1º de junio, y con su dimisión se produjo una nueva vacante en el tribunal, que ahora tiene cuatro cargos por cubrir.
Con solo tres integrantes activos sobre siete, a partir de la fecha de cese de Genoud la Corte provincial deberá convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño, para poder firmar sentencias.
Genoud presentó la renuncia en el acuerdo ordinario del tribunal provincial de ayer. El magistrado se había incorporado a la Corte bonaerense en 2002 y en tres ocasiones fue su presidente (2009-2010; 2016-2017, y 2021-2022).
Con la salida de Genoud (que fue ministro de Seguridad provincial en el gobierno de Felipe Solá), la Corte bonaerense quedó integrada solo por tres jueces: el exjuez federal Sergio Torres (presidente del tribunal), Hilda Kogan y Daniel Soria. Los tres expresaron “su reconocimiento al estimado colega, por su destacada trayectoria en el tribunal”, según informaron en un comunicado oficial.
La Corte bonaerense, que tiene siete integrantes, sufrió bajas en los últimos años y, por falta de acuerdos con la oposición, el gobernador Axel Kicillof no logró hacer avanzar ningún nombramiento. La última incorporación fue la de Torres, que llegó al cargo en 2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
En 2020, falleció Héctor Negri, que era vicepresidente del tribunal provincial. En febrero de 2021, renunció para jubilarse Eduardo de Lazzari (fallecido en abril de ese año); en agosto de 2021, se retiró para acogerse a la jubilación Eduardo Pettigiani. A esas vacantes no cubiertas se suma ahora la de Genoud.
El destituido exjuez federal de Mendoza Walter Bento recibió ayer en prisión una noticia que le devolvió la expectativa de dejar la cárcel. La Cámara de Casación, en un fallo dividido, anuló la resolución que dictó la prisión preventiva del magistrado acusado por corrupción. A renglón seguido, su abogado defensor reclamó su inmediata libertad.
Ahora, el tribunal oral federal de Mendoza que juzga a Walter Bento por graves delitos, deberá decidir si lo deja en libertad hasta que resuelva el caso, como lo pidió su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, o si sigue en la cárcel.
Esto finalmente lo deben resolver las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra.
De todos modos, el fallo de Casación no ordena la libertad, sino dictar una nueva sentencia.
La defensa sostuvo que “debe mantenerse la situación de libertad de Walter Ricardo Bento hasta tanto recaiga decisión definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que confirme el pronunciamiento del tribunal de enjuiciamiento de Magistrados de la Nación”.
Bento fue destituido de su cargo tras un jury, mientras se lo juzga por la acusación de recibir sobornos de imputados para beneficiarlos, lavado de dinero y por sus bienes.
A Bento le han dictado ocho veces la prisión preventiva, que está firme.
El juicio penal puede que termine a fin de año.
Con su destitución a fin del año pasado, el juez perdió sus fueros, por lo que el tribunal oral federal de la provincia de Mendoza ordenó su inmediata detención en prisión preventiva.
Bento recurrió ese fallo a la Cámara de Casación y ahora los jueces Carlos Mahiques y Javier Carbajo, con la disidencia del juez Gustavo Hornos, hicieron lugar a su pedido y anularon la decisión que dispuso la prisión preventiva.
Esa decisión reabrió el debate sobre su futuro.
Contradicción constitucional
El argumento del juez Mahiques es que el fallo del jury de enjuiciamiento no está firme porqué aún no se pronunció al respecto la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el propio texto de la Constitución nacional señala que las decisiones del jury son irrecurribles.
Esta indicación de la Constitución fue en ocasiones soslayada por la doctrina cuando se entendió que había habido graves violaciones al derecho de defensa.
Justamente en este puntos se paró la defensa de Bento para recurrir a la Corte Suprema.
Sin embargo, el recurso extraordinario ya fue rechazado por el propio jury y ahora le queda por esperar que se resuelva el recurso de queja. Es cuestión de tiempo para que sea rechazado.
El juez Carbajo también anuló la prisión preventiva pero por otros motivos. Dijo que no se había dado intervención al fiscal antes de ejecutarla. Se amparó en el espíritu del nuevo Código Procesal Penal Federal.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Piden que se aparte un funcionario del juicio de YPF El subprocurador De la Cruz estuvo vinculado a los Eskenazi
Los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López le reclamaron ayer a la Oficina Anticorrupción que intervenga para que el subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, deje de participar en el juicio que la Argentina afronta en Nueva York por la estatización de YPF.
Tal como informó ayer la nacion, De la Cruz estuvo vinculado a la familia Eskenazi, que participó de los negocios de YPF y el Estado que derivaron en el juicio y podría beneficiarse con su sentencia. El martes, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que es el jefe de los abogados del Estado, fue relevado de intervenir en la causa que se sigue en el tribunal neoyorquino de Loretta Preska. Es por eso que el caso quedaría en manos de De la Cruz.
En ese juicio, el fondo Burford reclama un resarcimiento con el argumento de que en la estatización se violó el estatuto de la compañía. Burford se convirtió en demandante porque adquirió los derechos de Petersen Energía, la sociedad española de la familia Eskenazi. Barra se excusó de intervenir en el expediente porque participó del caso como consultor jurídico. la nacion reveló que De la Cruz integró durante varios años el staff de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y se encargaba, entre otros asuntos, de defender los intereses del Grupo Petersen, es decir, de la familia Eskenazi. Están en juego 16.000 millones de dólares y los Eskenazi podrían cobrar un 30% de ese monto.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Renunció otro juez en la Corte bonaerense y ya son cuatro los lugares vacantes
Genoud se jubilará; el tribunal solo tiene tres miembros y deberá llamar a una jueza de Casación para los fallos
El juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Luis Genoud renunció a su cargo ayer, para jubilarse a partir del 1º de junio, y con su dimisión se produjo una nueva vacante en el tribunal, que ahora tiene cuatro cargos por cubrir.
Con solo tres integrantes activos sobre siete, a partir de la fecha de cese de Genoud la Corte provincial deberá convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, Florencia Budiño, para poder firmar sentencias.
Genoud presentó la renuncia en el acuerdo ordinario del tribunal provincial de ayer. El magistrado se había incorporado a la Corte bonaerense en 2002 y en tres ocasiones fue su presidente (2009-2010; 2016-2017, y 2021-2022).
Con la salida de Genoud (que fue ministro de Seguridad provincial en el gobierno de Felipe Solá), la Corte bonaerense quedó integrada solo por tres jueces: el exjuez federal Sergio Torres (presidente del tribunal), Hilda Kogan y Daniel Soria. Los tres expresaron “su reconocimiento al estimado colega, por su destacada trayectoria en el tribunal”, según informaron en un comunicado oficial.
La Corte bonaerense, que tiene siete integrantes, sufrió bajas en los últimos años y, por falta de acuerdos con la oposición, el gobernador Axel Kicillof no logró hacer avanzar ningún nombramiento. La última incorporación fue la de Torres, que llegó al cargo en 2019, durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
En 2020, falleció Héctor Negri, que era vicepresidente del tribunal provincial. En febrero de 2021, renunció para jubilarse Eduardo de Lazzari (fallecido en abril de ese año); en agosto de 2021, se retiró para acogerse a la jubilación Eduardo Pettigiani. A esas vacantes no cubiertas se suma ahora la de Genoud.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Rechazan citar a Barra para que declare en una de las causas de Cristina
La Cámara de Casación Penal, que revisa la condena de Cristina Kirchner a seis años de cárcel por corrupción, rechazó la pretensión la expresidenta de citar a declarar como testigo al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien como abogado particular firmó en 2023 un dictamen que sostiene su inocencia. Sin embargo, los jueces admitieron incorporar ese documento en el expediente.
El asunto se planteó en el tramo final del trámite de revisión de la sentencia que realizan los jueces de la Sala IV de Casación Gustavo Hornos –presidente del tribunal–, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Los magistrados escucharon ayer a los últimos abogados argumentar en favor de mantener las absoluciones de sus clientes y establecieron que habrá cinco días hábiles para que la fiscalía presente por escrito unas breves notas y la defensa haga lo propio en el mismo lapso.
El Código Penal prevé una audiencia “de visu”, de conocimiento, para que los jueces conozcan cara a cara a los acusados antes de decidir sobre sus condenas. Por ejemplo, para conocer su edad, su educación, su familia o su salud antes de fallar. Ya tuvo esa audiencia el ingeniero Nelson Periotti y pidió tenerla ahora Raúl Pavessi.
No se sabe si el tribunal dispondrá que Cristina Kirchner participe de esta audiencia antes de decidir si agrava su condena o no.
Cuando se cumplan esos plazos, los jueces tendrán desde entonces 20 días hábiles para decidir si confirman la pena; la elevan a 12 años, como pidió el fiscal Mario Villar; la disminuyen o disponen la absolución, como pidió la defensa. Una estimación permitiría arriesgar un fallo para junio o después de la feria judicial de invierno, analizan en tribunales. El tribunal admitió, no obstante, incorporar el dictamen de Barra por escrito.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.