PERONISMO Y LA VIDA DEL PRÓCER.......EDITORIALES

Espinoza y un blindaje escandaloso
Laura Di Marco
El peronismo tiene un enorme talento para blindar a personajes oscuros y, a la vez, señalar que la oscuridad habita en los otros. Es parte de su exitosa narrativa. Como afirma en Juicio al peronismo el exembajador Diego Guelar, que pasó por varias encarnaciones del PJ: “Me fui porque lo único que había quedado era la asociación ilícita”. El caso más paradigmático fue el de Carlos Menem, que tuvo que anclarse en una banca del Senado hasta los 90 años, ante la posibilidad de afrontar nuevamente una prisión domiciliaria.
Esta semana le tocó blindaje justicialista al jefe del peronismo matancero, Fernando Espinoza, acostumbrado, al parecer, a disponer de las personas como si fueran sus esclavos. Y también, cómo no, de los cuerpos de las mujeres, como ha sucedido a lo largo de las últimas cuatro décadas en varios feudos peronistas. Una de las formas que asumió el amago de blindaje fue una foto de esta semana del propio gobernador Axel Kicillof, tan sensible a los temas de género, junto con Espinoza inmediatamente después del procesamiento. Una de las características del populismo es que, más allá de las reglas, están los amigos. Ante todo, defender a los miembros de la propia tribu, aunque sus delitos sean aberrantes.
Aspirante a heredero de la corona peronista, en lucha con su hermano político Máximo –hijo biológico de la reina Cristina–, Kicillof parece mareado en la era Milei. Un día se abraza con Nacho Torres, que hace apenas unos meses era integrante de la derecha cipaya; al otro, con Maximiliano Pullaro y esta semana con un intendente procesado. Busca el apoyo de los intendentes del PJ. Las cosas que uno hace por necesidad. El procesamiento de Espinoza refleja el modus operandi de los señores feudales. No se trata de un caso aislado. Es parte de la cultura de somemartes timiento de esas formaciones predemocráticas que son los feudos, cuyo motor radica en las extorsiones y el clientelismo. La sexualidad y su control siempre están presentes donde se juega el poder, mucho más entre los autócratas.
El caso de María Soledad en Catamarca, el doble crimen de La Dársena en Santiago del Estero y el más reciente de Cecilia Strzyzowski tuvieron algunos componentes similares al caso por el cual fue procesado Espinoza, aunque en una escala aumentada. La matriz, sin embargo, es la misma. Se trata de mujeres humildes o de una posición inferior a los que controlan los resortes del poder en su territorio, devenidos hostigadores, abusadores o asesinos.
En los últimos tres casos se trató de femicidios con traducción política. En una palabra, aquellos delitos lograron tumbar a los clanes gobernantes del momento.
Con un peronismo en crisis y a la intemperie, ¿tendrá alguna traducción política el procesamiento del amo de La Matanza en la causa que lo investiga, desde hace tres años, por abuso sexual y, a la vez, por haber violado la restricción judicial de acercarse a quien sería su víctima, su exsecretaria privada?
El caso Espinoza atravesó este una sesión caliente de la Cámara de Diputados, en la que Silvia Lospennato condenó el feminismo fake de las sororas kirchneristas, aunque no lo llamó así.
Más políticamente correcto, lo consideró un silencio inadmisible y pidió que, al menos, la Legislatura bonaerense, le exigiera una licencia a Espinoza ante el escándalo. Sería lo normal en un país normal. Fue entonces cuando Cecilia Moreau, feminista ella, en lugar de asociarse al reclamo de Lospennato, sacó a relucir el caso de Manuel Mosca, exdirigente de Pro procesado por abuso sexual. Como en una tragicomedia en vivo, las redes comentaban la pelea en el barro entre ambas mujeres. Un famoso tuitero @ Bobmacoy, cuyo nick es Doctor House, deducía: “Silvia Lospennato y Cecilia Moreau se están tirando degenerados por la cabeza”. Guerra de guerrillas en X.
La sexualidad y su control, siempre atravesados por la política. Esta semana también les tocó el turno a los libertarios. O, más bien, a las contradicciones libertarias. El secretario de Culto, Francisco Sánchez, otro oscuro personaje de la política, arremetió en Madrid contra derechos liberales consagrados –algunos, desde hace décadas– en las democracias más consolidadas del mundo desarrollado: las que el propio Milei suele poner como ejemplo.
Por increíble que parezca, el funcionario “libertario” propuso, palabras más, palabras menos, volver al oscurantismo de 1492. En un discurso opaco y anacrónico, arremetió contra el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo y el matrimonio gay. ¿Habrá alguna libertad mayor para un ser humano que las decisiones sobre la propia vida? En la Argentina, algunos que se autoperciben liberales son, en el fondo, rotundos conservadores. Más que Alberdi, Torquemada.

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San Martín, un gobernador amante de la libertad
Alejandro Alberto Díaz Bessone General (R)

Ningún hecho puede ser análogo a otro, pero cuando se lee la vida del Libertador, encontramos que lo que vivió San Martín como intendente gobernador de Cuyo es similar, en muchos aspectos, a lo que hoy sucede en nuestra patria. Eran épocas muy difíciles, como las actuales: sin dinero, con compatriotas enfrentados que no le facilitaban sus planes de libertad. Sin embargo, afirmaba: “Seamos libres, que lo demás no importa nada”. A fines de 1814, los españoles habían recuperado Chile. Ejercían un gobierno déspota, sin libertad, muy agresivo hacia los nativos, con grandes limitaciones en la vida diaria, que los impulsaban huir a Mendoza. Esto afectó muchísimo a Cuyo.
Este aluvión de chilenos fue recibido por los mendocinos con afecto, y alojado en sus casas. Respecto de la economía, la situación era gravísima, podemos decir que tanto o más difícil que lo que vivimos en nuestros días. Se debía administrar un gobierno sin fondos, desorganizado; además, preparar y equipar un Ejército libertador. Los ingresos de la banca de Cuyo disminuyeron en una tercera parte por haberse cortado el comercio con Chile. Ante estas circunstancia, el General tomó medidas antipopulares y organizó un sistema de rentas ordinarias y extraordinarias. Ante la urgencia del momento, se veía en la obligación de no seguir los pasos establecidos (aprobación del Cabildo), como hoy lo solicita el gobierno actual.
Infatigable en el trabajo, el Libertador no dejaba de dictar resoluciones, redactadas de puño y letra. Buscaba reducir gastos. Ordenó donar la mitad de su sueldo al erario. Los artesanos en forma voluntaria servían en los talleres militares para armar equipos de combate (sables, fusiles, munición, monturas, etc.). Los uniformes eran preparados por las mujeres en forma gratuita. Su ejemplo era su virtud. Era respetado y admirado. Firme en su acción, exigente con la disciplina y el cumplimiento de las leyes. Fomentaba el libre comercio. Valoraba la propiedad privada. Afirmaba: “La seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad deben construir una de las bases de todo buen gobierno”.
Supervisaba la formación e instrucción del Ejército de los Andes, adonde concurría todas las tardes. Con un trabajo ordenado, disciplinado y constante, en poco tiempo se empezaron a reflejar mejoras importantes. Los Cabildos de Cuyo aumentaron sus recaudaciones. El Ejército de los Andes se completaba en personal y material. La ciudad de Mendoza se embellecía con su alameda y paseos. El sistema de riego implementado, admirado en el mundo por sus diques, represas y acequias, permitía la adecuada distribución del agua para mejorar los cultivos y pastizales.
Afirmaba que la libertad era el bien más preciado y que el primer interés de la vida es vivir, el único bien de los mortales. El Padre de la Patria lo hizo posible. Fue un gobernador ejemplar. Logró la libertad de los pueblos americanos. Los cuyanos hicieron su máximo sacrificio por la Patria, que quizá no es valorado como corresponde por la historia. Como dice la zamba: “Cuna de eternos laureles, con que se adorna mi Patria, es Mendoza la guardiana, por ser la tierra más gaucha”. Hoy, la nación respira nuevos aires. Necesitamos transparencias de conducta. Recuperar los valores de nuestros próceres. Defendamos el bien más preciado que nos dejó el General San Martín, la libertad.

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Drogas y adicciones en los jóvenes
La alarmante facilidad con que se puede acceder a los estupefacientes obliga al Estado y a la sociedad civil a redoblar los esfuerzos en materia de prevención
Dos entidades vinculadas con la problemática del consumo de drogas han alertado sobre el elevado uso de estupefacientes por menores, cada vez más jóvenes, y por la extensión generalizada en su consumo.
Según la ONG La Plata Solidaria, en los barrios vulnerables de la ciudad de La Plata, dos de cada tres adolescentes tienen vínculo con las drogas. El relevamiento se centró en 70 jóvenes de entre 12 y 16 años de una zona donde la cercanía a los puestos de venta de drogas ilegales aparece como un constante factor de riesgo.
Al carecer de políticas públicas dirigidas a la atención y contención de los adictos, como también insuficientes iniciativas municipales en materia de prevención y detección de la comercialización de drogas, no pocos de estos jóvenes terminan siendo “soldaditos” de los barrios, víctimas del narcomenudeo. Desde la ONG señalan que el consumo se ha incrementado notoriamente y que la edad de los consumidores es cada vez más baja.
Por otra parte, un relevamiento realizado por la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA) señala que hay un total de seis millones de adictos a diversas drogas, algunos de los cuales presentan conductas violentas, roban e incluso matan para comprarlas.
Al respecto, Claudio Izaguirre, titular de la AARA, manifestó: “Si hablamos de adictos a pastillas y drogas ilegales, son seis millones las personas afectadas. Y con mayor gravedad, tres y cuatro millones que están en muchísimo riesgo”.
Según Izaguirre, se trata de personas que no obtienen ningún tipo de atención y que, en su mayoría, por su estado mental, no pueden pedir ayuda, no se presentan a espacios de asistencia y cuando pueden concurrir no encuentran respuesta inmediata.
Cada vez más, el mundo de las drogas está al alcance de los jóvenes. Y muchos son los factores de riesgo que los tornan vulnerables, como la crisis económica o la falta de educación y de información adecuada sobre los efectos de los estupefacientes.
La prevención y la rehabilitación no solo requieren una decisión política, sino también una coordinación de alto nivel técnico que, además de hacer compatibles los programas de las distintas áreas de incumbencia –lo que podría evitar duplicidades en la acción, ineficiente uso de recursos, espacios vacíos en la acción pública–, debería articular las políticas de salud, promoción del deporte, seguridad ciudadana y, por supuesto, educación.
La cantidad de muertos que provoca, las discapacidades aparejadas, los circuitos de criminalidad conexos, la pérdida de recursos y el fomento de una cultura no sostenible en términos económicos y sociales hacen del consumo de drogas un factor en el que todos, Estado y sociedad civil, desde distintos niveles y con grados de responsabilidad diversos, estamos implicados.
El Estado no puede desfallecer en la creación y la aplicación efectiva de políticas educativas de prevención para las nuevas generaciones y de salud pública para quienes ya están atrapados por la adicción, ni debe claudicar en la difícil lucha contra el narcotráfico y los barones de la droga. No se trata solo de aplicar con rigor los criterios sanitarios, sino también políticas de prevención más efectivas.
Las consecuencias de las adicciones a las drogas deben hacernos recapacitar sobre la necesidad de emprender un esfuerzo conjunto para poner de relieve su gravedad. Todos los actores de la sociedad debemos asumir nuestras responsabilidades con absoluta claridad y firmeza, al igual que el compromiso de estimular los valores que engrandecen al ser humano, no los vicios que lo degradan y dañan.
La prevención y la rehabilitación no solo requieren una decisión política, sino también una coordinación de alto nivel técnico
El Estado no debe claudicar en la difícil lucha contra el narcotráfico y los barones de la droga

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Venezuela: represión y torturas

Los últimos informes de organismos nacionales e internacionales sobre ejecuciones, violaciones, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro han sido demoledores. Lamentablemente, estos delitos son prácticas sistemáticas en ese régimen.
Según el informe anual de la organización no gubernamental Provea, en los primeros diez años del gobierno de Maduro, las fuerzas de seguridad asesinaron a 10.085 personas, 1652 fueron víctimas de torturas y 7309 sufrieron tratos crueles o degradantes. En 2023, la organización documentó 53 víctimas de torturas y, por primera vez, el número de mujeres casi duplicó al de hombres: 35 contra 18.
En ese estudio, titulado “Maduro: una década oscura para los derechos humanos en Venezuela”, Provea reveló que la inmensa mayoría de los casos de abuso policial continúan sin ser investigados. Buena parte de ellos conforman el dossier de la investigación de la Fiscalía del Tribuentre nal Penal Internacional (TPI) sobre las aberraciones cometidas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó al Estado de Venezuela de violar sistemáticamente los derechos humanos con la finalidad de desalentar la participación política en vistas de las próximas elecciones.
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 418 ataques e incidentes contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024, un 85% más con respecto al mismo período de 2023. De esos casos, 301 fueron por estigmatización; 62, por intimidación y hostigamiento, y hubo 45 de amenazas, entre otros.
Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas registró un alarmante aumento en estas nefastas prácticas y precisó que las personas desaparecidas son tanto integrantes del principal partido político de la oposición como militares. Ante la proximidad de las elecciones presidenciales de julio, se observan también una serie de medidas de gobierno tendientes a obstaculizar el derecho de la población a votar libremente.
Todo lo anterior deja en claro que las violaciones no responden a excepciones o desviaciones de los cuerpos de seguridad o de sus miembros; por el contrario, son parte de una estrategia integral para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad en un clima de total impunidad cuya responsabilidad llega hasta la cúpula del poder. Maduro controla el Estado y evita sanciones penales contra su aparato represivo.
Las libertades fundamentales de expresión, participación política y acceso a la información han sido socavadas de manera constante, dejando a la población vulnerable y sin voz.
Ante la clara posibilidad de que en comicios libres perdería estrepitosamente, Maduro no solo se ha dedicado a bloquear candidaturas y a dividir a la oposición, sino también a incrementar brutalmente la represión.

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