Avanza el proyecto para que las escuelas no cierren durante los paros
Declara a la educación servicio “esencial” y obliga a mantener las puertas abiertas y una guardia mínima en los días de huelga
Laura Serra
En una sesión tensa y conflictiva desde el arranque, la Cámara de Diputados se aprestaba esta madrugada a dar media sanción al proyecto de ley que declara a la educación “servicio estratégico esencial” para garantizar el dictado de clases durante los días de paro. La iniciativa, promovida por el oficialismo y buena parte del arco opositor dialoguista, es rechazada por el kirchnerismo y los bloques de izquierda, que despotricaron contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y alegaron que con esta iniciativa se vulnera el derecho constitucional a la huelga.
El proyecto establece que tanto la Nación como las provincias y la ciudad de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo escolar y que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.
Para ello, la iniciativa dispone un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garanticen la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, como también el servicio de alimentación escolar.
Ante una medida de fuerza gremial, el proyecto dispone que si se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes; si se prolonga por más de tres días continuos o discontinuos, esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todos los niveles y modalidades educativas.
Asimismo, la iniciativa dispone que cada establecimiento educativo deberá prever e informar a las autoridades competentes, al inicio del ciclo lectivo, el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento en caso de medidas de fuerza gremiales.
El diputado Alejandro Finnochiaro (Pro), presidente de la Comisión de Educación, elogió la iniciativa. “Esta ley beneficia a la sociedad toda y no perjudica a nadie. Pone en el centro del debate educativo, por primera vez en muchos años, a los chicos, jóvenes y adolescentes, que son el corazón del sistema educativo”, destacó.
“Con este proyecto vamos a regular el derecho de huelga en la educación obligatoria, que es materia federal –sostuvo–. Hay una colisión entre dos derechos: el de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse. Tenemos que buscar un equilibrio. Ningún derecho de la Constitución es absoluto”, señaló.
Desde la vereda contraria, la diputada kirchnerista Blanca Osuna enfatizó que, de aprobarse, esta ley violará el pleno derecho de huelga de los docentes y despotricó contra las políticas educativas del gobierno nacional.
“Al presidente Javier Milei no le interesa la educación pública; eliminó el Fondo de Incentivo Docente para, con esos recursos, financiar la educación privada por medio de vouchers”, cuestionó Osuna. Sus pares Hugo Yasky e Itai Hagman coincidieron.
“Prohibir el derecho de huelga a los docentes es como decir que encontramos la respuesta a la diarrea y usamos un tapón”, aseguró Yasky, secretario de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA).
Tras aprobar esta iniciativa, los legisladores tenían previsto debatir el financiamiento a las universidades. En medio de una semana de paro de los docentes del sector, los diputados de la UCR lograron incluir este tema en la sesión pese a la renuencia inicial del bloque oficialista. Los libertarios accedieron ante la amenaza cierta de no alcanzar el quorum en el recinto para discutir los proyectos de su mayor interés, como el de la esencialidad del servicio educativo.
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Postergan la discusión por los gastos secretos de la SIDE: ya usó el 80%
Un sector de la UCR apoyó al oficialismo, que logró posponer una semana la sesión convocada para hoy
Laura Serra
El oficialismo ganó un primer round en la Cámara de Diputados y, con el guiño de un sector del radicalismo, logró que el resto de la oposición postergue para la semana próxima la sesión especial que había sido convocada para hoy, con el fin de rechazar el decreto de necesidad y urgencia por el cual Javier Milei aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así, los libertarios lograron ganar tiempo para mantener en pie el decreto y ejecutar el presupuesto asignado.
De hecho, en solo tres semanas la SIDE ya gastó el 80% de esos fondos: $80.000 millones, a razón de US$3 millones diarios, según denunció la Coalición Cívica (CC).
La sesión especial para rechazar el polémico DNU prevista para hoy había sido convocada por Encuentro Federal, la CC y el sector de la UCR más crítico del Gobierno. El oficialismo y sus aliados se negaron a incluir el tema en la sesión de ayer, que se extendió en la madrugada de hoy. Ante el riesgo cierto de que fracase por falta de quorum, los impulsores del rechazo del decreto decidieron posponer el debate para la semana próxima.
Un sector de la UCR, el más dialoguista con el Gobierno, fue clave para este desenlace. El oficialismo lo disuadió de rechazar el decreto con la promesa de que convocaría a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, encargada de auditar los gastos reservados de la SIDE. La comisión se reunirá el próximo martes, a las 14.
La convocatoria a la Comisión Bicameral de Inteligencia está demorada desde hace meses por las diferencias en el seno del propio oficialismo sobre quién debería presidirla. Tal como contó la nacion, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promueve al senador de Pro Martín Goerling; Santiago Caputo, asesor estrella de Milei y mencionado como el artífice del rediseño del sistema de inteligencia, auspicia al senador peronista (y aliado) Edgardo Kueider.
“Ese asunto todavía no está resuelto”, indicaron a fuentes la nacion del bloque Pro, que insisten en postular a Goerling pese a las presiones de la Casa Rosada.
De no definir las autoridades, la comisión será una cáscara vacía. La jugada del Gobierno es estirar lo máximo posible los tiempos para evitar que el Congreso rechace el DNU. La semana pasada, el kirchnerismo, junto al diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), intentaron avanzar en el rechazo del dictamen en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero no obtuvo mayoría porque los dos representantes de la UCR acompañaron al oficialismo.
Mientras tanto, la SIDE consume de manera acelerada los gastos reservados asignados por decreto. Así lo denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica: “En solo tres semanas, se ejecutó el 80% de los $100.000 millones asignados a gastos reservados y secretos de la SIDE, fondos que el Gobierno se autoasignó. Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad”.
“Están dilapidando US$3 millones por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral. Ningún bloque del Congreso puede ser dubitativo ni complaciente. Es urgente declarar la invalidez y nulidad absoluta e insanable del DNU, no solo para frenar este derroche de recursos, sino también para que ninguna operación realizada bajo su amparo tenga validez y deba retrotraerse”, agregó Ferraro.
El oficialismo ganó un primer round en la Cámara de Diputados y, con el guiño de un sector del radicalismo, logró que el resto de la oposición postergue para la semana próxima la sesión especial que había sido convocada para hoy, con el fin de rechazar el decreto de necesidad y urgencia por el cual Javier Milei aumentó en $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Así, los libertarios lograron ganar tiempo para mantener en pie el decreto y ejecutar el presupuesto asignado.
De hecho, en solo tres semanas la SIDE ya gastó el 80% de esos fondos: $80.000 millones, a razón de US$3 millones diarios, según denunció la Coalición Cívica (CC).
La sesión especial para rechazar el polémico DNU prevista para hoy había sido convocada por Encuentro Federal, la CC y el sector de la UCR más crítico del Gobierno. El oficialismo y sus aliados se negaron a incluir el tema en la sesión de ayer, que se extendió en la madrugada de hoy. Ante el riesgo cierto de que fracase por falta de quorum, los impulsores del rechazo del decreto decidieron posponer el debate para la semana próxima.
Un sector de la UCR, el más dialoguista con el Gobierno, fue clave para este desenlace. El oficialismo lo disuadió de rechazar el decreto con la promesa de que convocaría a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, encargada de auditar los gastos reservados de la SIDE. La comisión se reunirá el próximo martes, a las 14.
La convocatoria a la Comisión Bicameral de Inteligencia está demorada desde hace meses por las diferencias en el seno del propio oficialismo sobre quién debería presidirla. Tal como contó la nacion, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promueve al senador de Pro Martín Goerling; Santiago Caputo, asesor estrella de Milei y mencionado como el artífice del rediseño del sistema de inteligencia, auspicia al senador peronista (y aliado) Edgardo Kueider.
“Ese asunto todavía no está resuelto”, indicaron a fuentes la nacion del bloque Pro, que insisten en postular a Goerling pese a las presiones de la Casa Rosada.
De no definir las autoridades, la comisión será una cáscara vacía. La jugada del Gobierno es estirar lo máximo posible los tiempos para evitar que el Congreso rechace el DNU. La semana pasada, el kirchnerismo, junto al diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), intentaron avanzar en el rechazo del dictamen en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, pero no obtuvo mayoría porque los dos representantes de la UCR acompañaron al oficialismo.
Mientras tanto, la SIDE consume de manera acelerada los gastos reservados asignados por decreto. Así lo denunció Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica: “En solo tres semanas, se ejecutó el 80% de los $100.000 millones asignados a gastos reservados y secretos de la SIDE, fondos que el Gobierno se autoasignó. Estos fondos se están utilizando sin control ni justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad”.
“Están dilapidando US$3 millones por día en espionaje. Esto, además de peligroso, es profundamente inmoral. Ningún bloque del Congreso puede ser dubitativo ni complaciente. Es urgente declarar la invalidez y nulidad absoluta e insanable del DNU, no solo para frenar este derroche de recursos, sino también para que ninguna operación realizada bajo su amparo tenga validez y deba retrotraerse”, agregó Ferraro.
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