LAS HIPÓTESIS DE LA KK Y LA JUSTICIA, Y LOS JUICIOS LABORALES

¿Complot o paranoia?La hipótesis de Cristina y las conclusiones de la Justicia sobre el atentado
Paz Rodríguez Niell
Cristina Kirchner declaró esta semana como testigo en el juicio oral contra los tres acusados de haber intentado asesinarla y marcó episodios que, a su juicio, acreditan que hay otros responsables de ese atentado, supuestos actores en las sombras a quienes ella llamó los “autores intelectuales” y “los financiadores”. La expresidenta hizo referencia en su declaración a episodios que no habrían sido debidamente interpretados en la causa y a conexiones a las que no se les dio la importancia que, según ella, tienen. Son cuestiones que ya planteó en los tribunales y que la Justicia descartó o sigue investigando sin haber llegado a las conclusiones que expone la expresidenta. Para el fiscal que investigó el atentado y llevó el caso a juicio, Carlos Rívolo, el ataque no requirió financiamiento alguno y las pruebas que hay hasta el momento en el expediente “revelan que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos” sin que haya existido una organización que haya “financiado, planeado, encubierto o contribuido de cualquier forma con el atentado”.
La violencia previa
Lo que dijo Cristina Kirchner La primera pregunta que respondió Cristina Kirchner en la audiencia de este miércoles se la hizo uno de sus abogados, Marcos Aldazabal, que le consultó si creía que hubo “una exacerbación de la violencia política” previa al atentado. Cristina Kirchner dijo que sí. Enumeró distintos hechos, pero focalizó en uno: el ataque a su despacho del Senado cuando la Cámara de Diputados debatía el acuerdo con el FMI, el 10 de marzo de 2022. “Ese día se discutía en Diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo, a punto tal de que el presidente del bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente. (…) Apedrearon mi despacho, que además fue marcado. Está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente, porque fue exactamente las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación. Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho, y ni la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ni la Policía Federal intervinieron.”
Lo que figura en la Justicia

Para investigar esos hechos de violencia contra el Congreso se abrió una causa penal que está elevada a juicio con diez personas procesadas. De acuerdo con ese expediente, no fue un ataque dirigido exclusivamente contra la entonces vicepresidenta (las imágenes de ese día dan cuenta de que además atacaron las ventanas de José Mayans y Claudia Ledesma Abdala). En esa causa la fiscalía, por la gravedad de los hechos, se opuso a que el caso se resolviera con una probation (una suspensión del juicio a prueba) y el caso espera el juicio oral. El fiscal de primera instancia fue Carlos Rívolo; el de juicio es Diego Luciani. En cuanto a la demora para intervenir de la Policía de la Ciudad, que también se advierte en los registros fílmicos de ese día, en aquel momento  consultó con voceros del gobierno porteño que admitieron la demora y la justificaron así: “Tardaron 18 minutos en ingresar porque tenían que hacerlo de tal manera que no se provocara una estampida y terminaran lesionando a las más de 15.000 personas que había en la plaza; muchas de ellas, mujeres y chicos. Se hizo un operativo quirúrgico”.Arriba: el interior del despacho de Cristina Kirchner después del ataque. Abajo: marcas de las bombas de pintura en el exterior de las oficinas de Claudia Ledesma Abdala (en la planta baja, la parte gris del edificio) y de Cristina Kirchner (primer piso).
El rol “determinate” del fiscal Luciani
Lo que dijo Cristina KirchnerJosé Manuel Ubeira, el otro abogado de Cristina Kirchner, le preguntó si creía que el alegato del fiscal Luciani en el caso Vialidad había sido “determinante” de la “exacerbación previa al atentado”. Ella contestó: “Sin lugar a dudas”. Destacó además que “uno de los acusados” pidió que Luciani fuera nombrado como su defensor [Fernando Sabag Montiel incluyó ese pedido insólito en una de las cartas que escribió desde la cárcel]. Sobre el alegato, la expresidenta dijo: “Fue el desencadenante que culminó”. En su declaración, ella les adjudicó además responsabilidad a lo que llamó el “partido judicial” y a los medios de comunicación. “Luciani tuvo prime time durante 22 días. Además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba la puerta de mi casa, insólito. La puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizara fuera gente, de la gente que siempre iba y que era cuidada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a insultar y agraviar”.
Lo que figura en la JusticiaEl 22 de agosto de 2022, el fiscal Luciani terminó su alegato –que tuvo enorme repercusión- y pidió una pena de 12 años de cárcel para Cristina Kirchner, que meses después fue condenada. Si bien eran habituales los elogios a Luciani entre quienes se manifestaban frente a la casa de la expresidenta en contra de ella, en los tribunales tienen pruebas de que Sabag Montiel venía planteando su ataque desde mucho antes del alegato del fiscal. Una de ellas es el testimonio de Lidia Alejandra Benítez, que el 15 de diciembre de 2002 declaró y dijo que lo trató a Sabag ese año y que “entre abril y julio” él hablaba de que “deberían asesinarla [a Cristina Kirchner]” y lo decía “con un tono frío que demostraba que lo quería hacer”. Benítez relató que en esas mismas reuniones sociales en las que trató a Sabag estaba Nicolás Carrizo, otro de los acusados, que hablaba de matarla, pero “por chiste”.
El fiscal federal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner; hubo manifestaciones a favor y en contra en la puerta de la casa de Recoleta de la entonces vicepresidenta
El papel de la Policía de la Ciudad
Lo que dijo Cristina KirchnerLa expresidenta dijo que los manifestantes que iban a insultarla a su casa, en la esquina de Juncal y Uruguay, eran “cuidados” por la Policía de la Ciudad, que, en cambio, agredía a los “peronistas, kirchneristas” que se reunían para apoyarla, y relató que uno de los atacados por esa fuerza -que dependía del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta- fue su hijo, Máximo Kirchner. También dijo, en alusión a la Policía de la Ciudad: “No solamente eso, sino que me hicieron tareas de inteligencia (…). Hacían tareas de inteligencia. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires también. Está comprobado. Sí, sí.”
Lo que figura en la JusticiaEn la causa por el atentado se determinó qué miembros de la Policía de la Ciudad participaron de los operativos en lo de Cristina Kirchner los días previos al ataque y se cruzaron sus comunicaciones con las de los acusados, pero no surgieron contactos. La noche del atentado no había policías porteños porque dos días antes el juez Andrés Gallardo le había ordenado a Larreta que retirara a su policía y dijo que era a las fuerzas federales las que debían custodiar a Cristina Kirchner (el entonces ministro Aníbal Fernández había anunciado ese mismo día que estaban “ampliando la custodia” de ella). Del espionaje que la expresidenta le atribuye a esa policía no hay registros en los tribunales, donde sostienen que las filmaciones que se hicieron de la zona eran las habituales en estos casos y estaban autorizadas.
Incidentes entre manifestantes y la Policía de la Ciudad en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner. En la última foto, Máximo Kirchner
Milman, el “Nostradamus contemporáneo”
Lo que dijo Cristina KirchnerCristina Kirchner aludió en varias oportunidades de su declaración al diputado Gerardo Milman (Pro), exmano derecha de Patricia Bullrich. La primera referencia fue por un proyecto de resolución que Milman presentó en el Congreso dos semanas antes del atentado. “Casi como un Nostradamus contemporáneo, [Milman] presenta, deben ser las fuerzas del cielo a lo mejor, un proyecto, presenta un proyecto, si mal no recuerdo, el 17 o 15 de agosto pidiendo o criticando la custodia… y dice en una parte, y esto es un documento público así que es absolutamente comprobable (…), [Milman] dice: “No sea cosa que alguien intente matarla y después quieran presentarla como una víctima”, algo así. Y termina con la frase que decía algo así como: “Sin Cristina hay peronismo y sin peronismo hay Argentina”.
Lo que figura en la JusticiaEl proyecto al que aludió Cristina Kirchner está incorporado como prueba al caso del atentado y buscaba saber cómo se protegía “a los protagonistas de causas judiciales de resonancia pública”. Lo firmó Milman con seis “cofirmantes”. Mencionaba al fiscal Alberto Nisman (encontrado muerto en su departamento) y además de la frase de “Sin Cristina”, decía: “No vaya a ser cosa que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia con un falso ataque a Cristina Kirchner”. Los investigadores no le adjudican la trascendencia que le da la expresidenta y advierten que Milman no era el único que hablaba por entonces de la posibilidad de un ataque. Tienen constancias de que, por ejemplo, cuatro días antes del atentado, Ubeira, hoy abogado de la expresidenta en este juicio, le dijo a C5N: “Tengo miedo por la vida de Cristina”.El proyecto que presentó Milman en la Cámara de Diputados
Un vuelo compartido
Lo que dijo Cristina KirchnerTambién en alusión a Milman, Cristina Kirchner habló de un viaje que ella consideró que la Justicia no investigó debidamente. “Su jefe de gabinete [de Milman] hizo un viaje al Perú con el dirigente de ultraderecha Carrol. Una información que se debió haber pedido a Migraciones desde el primer momento porque fue solicitada por nuestra parte”, dijo. “Carrol fue identificado viajando a Perú con el jefe de gabinete del diputado Gerardo Milman, cuando era secretario de Seguridad de la entonces ministra”, agregó, en alusión a Patricia Bullrich. La expresidenta recordó además que en una de las cartas que escribió Sabag Montiel desde la cárcel “había pedido” por Carrol (solicitó que Carrol le eligiera abogado defensor).
Lo que figura en la JusticiaEl viaje fue investigado y la fiscalía corroboró que, en efecto, Hernán Carrol (que hizo un “vivo” de Instagram con Brenda Uliarte, que está siendo juzgada por el atentado, y compartió con ella luego a una fiesta) había coincidido con el entonces jefe de gabinete de Milman en un vuelo a Perú. De acuerdo con el expediente, el viaje fue en 2016 y si bien los dos pasajeros compartieron vuelo, llegaron separados a Migraciones y volvieron a la Argentina en fechas diferentes. Para los investigadores no hay elementos para creer que estuvieran juntos y bien podría haberse tratado de una casualidad. Además, sostienen que Carrol (a quien se le secuestró su teléfono) no tuvo relación con el atentado.​​Hernán Carrol, instructor de musculación y dirigente de la agrupación Nueva Centro Derecha
Milman en Casablanca
Lo que dijo Cristina KirchnerCristina Kirchner reiteró su argumento central contra Milman, un supuesto hecho que según la querella acreditaría que el diputado sabía de antemano del atentado. “Después nos enteramos de lo que había pasado con esta persona en el bar Casablanca -dijo la expresidenta en su declaración-. En forma totalmente accidental y comprobado posteriormente todo lo que había dicho, se lo escucha decir [a Milman] en la mesa de al lado: ‘Cuando la maten voy a estar en la Costa”. Cristina Kirchner aludía así a una supuesta frase que Jorge Abello, un asesor del kirchnerismo, dijo haberle escuchado pronunciar a Milman un día antes del atentado, en un bar frente al Congreso, donde el diputado estaba con dos asesoras, y Abello, con un cuñado, a un par de mesas de distancia. En su declaración, Cristina Kirchner aludió a una supuesta prueba: un mensaje que Abello dijo haberle enviado, una hora y media después del atentado, al diputado kirchnerista Marcos Cleri, contándole lo que había escuchado en Casablanca. “Creo que están los registros en los teléfonos de cuándo fue que le dijo al diputado Marcos Cleri, del cual era asesor, en la misma pantalla. Es imposible modificar fechas”, declaró la expresidenta frente al tribunal oral.
Lo que figura en la JusticiaLa versión de Abello se investigó, pero para los investigadores no se corroboró que la frase haya existido y Abello enfrenta ahora una causa por falso testimonio en el juzgado de Julián Ercolini. Sí se acreditó que Milman estuvo ese día en Casablanca con dos secretarias, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz (quien primero negó haber estado en el bar, pero se corrigió cuando le mostraron las imágenes de las cámaras). Las dos negaron haber escuchado a Milman decir la frase que se le adjudicó. Además, fue citada otra gente que estuvo en el bar –incluido el cuñado de Abello, que estaba con él y dijo que no escuchó nada y que Abello no le hizo comentario alguno-. Según los investigadores, quedó claro que a la distancia que estaban las mesas y con la TV prendida no es verosímil que Abello hubiera escuchado algo así. La versión de que Milman pronunció esa frase llegó a los tribunales semanas después del atentado. El diputado Cleri se presentó en la causa para decir que Abello le había mandado un mensaje, minutos después del ataque, contándole lo que había escuchado. Cleri entregó en los tribunales la constancia de una escribana que dijo que vio, en un teléfono Blackberry que le mostró Cleri, un mensaje con ese contenido. En la causa por falso testimonio se secuestró el teléfono de Abello, se lo peritó y no apareció ese mensaje. Ahora están haciendo un nuevo peritaje del teléfono, buscando también mensajes borrados.
El diputado Gerardo Milman y la fachada del bar Casablanca, frente al Congreso
La secretaria y el teléfono borrado
Lo que dijo Cristina KirchnerEn su declaración, Cristina Kirchner dijo: “A las secretarias de ese diputado [por Milman] que después fueron a testificar, sus celulares le fueron borrados por el actual Director de Tecnología del Ministerio de Seguridad, en lo que fue en ese momento el estudio de la entonces ministra Patricia Bullrich y actual también. Bueno, ese perito que una de las secretarias dice que le borraron los celulares, precisamente es actualmente director de Tecnología Informativa, creo, en el Ministerio de Seguridad como se ve. Todo hace juego con todo”. Las secretarias de las que hablaba la expresidenta son las dos que estaban con Milman en Casablanca y, por eso, la Justicia las citó. La primera vez que ellas declararon, los abogados de Cristina Kirchner le pidieron a la jueza María Eugenia Capuchetti que les secuestrara sus teléfonos, pero ella se negó porque se trataba de testigos. La Cámara Federal, después, revirtió esa decisión.
Lo que figura en el JusticiaEl fiscal Rívolo les solicitó los teléfonos a las dos secretarias durante una declaración en la que Gómez Mónaco le dijo que había cambiado de celular y Bohdziewicz, que lo había borrado porque tenía “fotos íntimas”. Pero Bohdziewicz volvió a declarar –después de que Milman la despidió, según ella contó- y dijo que la decisión del borrado la tomó Milman y que ella accedió por el miedo a las filtraciones. Relató que el “perito” que borró su teléfono lo hizo en las oficinas de Av. De Mayo 953, 3er. Piso (oficinas de Patricia Bullrich). La testigo dijo que pese al borrado, recuperó todo y lo entregó a la fiscalía. La Justicia también tiene en su poder un teléfono de Milman, que aún no peritó. Fuentes judiciales dijeron que no se pudo abrir porque es un modelo de IPhone demasiado avanzado para la tecnología disponible. La fiscalía advirtió que el aparato que entregó Milman no es el mismo que tenía en el momento del atentado porque este modelo, en aquel entonces, no existía. La jueza y el fiscal pidieron al Congreso autorización para allanar a Milman y buscar otros dispositivos, pero no obtuvieron respuesta.
Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, secretarias de Milman
Los nexos con Revolución Federal
Lo que dijo Cristina KirchnerUna queja central de la querella de Cristina Kirchner contra la causa es que no se unificó con el expediente contra los miembros de la agrupación Revolución Federal, procesados por incitación a la violencia colectiva. Según la querella, este grupo (que se manifestaba con bolsas mortuorias, antorchas y guillotinas frente a la Casa Rosada) tenía múltiples lazos con los autores materiales del atentado. “La unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal con la causa de mi atentado fue rechazada, pese a que se la pedía el magistrado que la llevaba en instrucción, fue rechazada por la doctora Capuchetti. Y la decisión de la doctora Capuchetti fue ratificada por la Cámara Penal. Con lo cual no es solamente la doctora Capuchetti, es el partido judicial”, afirmó Cristina Kirchner en el juicio oral. El juez al que aludió primero es Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye el caso contra los dirigentes de Revolución Federal y en el inicio de las investigaciones vinculó las dos causas cuando dijo que los imputados de su caso “agitaron en la sociedad un clima de violencia social cuyo acto de mayor gravedad institucional” fue el atentado.
Lo que figura en la JusticiaPara la Justicia, no hay pruebas de que Revolución Federal haya participado del atentado. Por eso, las dos causas se tramitan por separado. Luego de lo manifestado inicialmente por Martínez de Giorgi, en su causa un informe sostuvo que “no se dio con archivos” que acreditaran vínculos relevantes entre los acusados de un caso y los del otro. En el mismo sentido, el fallo de la Cámara Federal que confirmó los procesamientos de cuatro miembros de Revolución Federal dijo: “La prueba producida no permite tener por corroborado efecto alguno derivado de la conducta [de los procesados]”. La querella alega que antes del atentado, dos de los líderes de Revolución Federal hablaban de la posible muerte de Cristina Kirchner y que Uliarte fue a una marcha de Revolución Federal (publicó en sus redes una foto), dialogó vía Instagram con una integrante del grupo y fue elogiada por la agrupación, que subió un video de ella en Crónica. Para la Justicia, estos contactos obedecerían a que Uliarte había ganado cierta fama por haber salido en Crónica TV criticando a los “planeros”. Los investigadores afirmaron que revisaron teléfonos, redes y movimientos y no encontraron ningún vínculo significativo.Brenda Uliarte en una movilización que organizó Revolución Federal
Los pagos de Caputo Hermanos
Lo que dijo Cristina KirchnerLos abogados de Cristina Kirchner sostienen que Revolución Federal está ligada al atentado y que esa agrupación contó con el financiamiento de Caputo Hermanos, la empresa de Flavio y Hugo Caputo (hermanos de Luis Caputo, actual ministro de Economía y exministro de Mauricio Macri). Sostienen que es un dato clave para entender el ataque. Pero en la audiencia de esta semana Cristina Kirchner no habló del tema y sus abogados no le preguntaron. Quien sí le preguntó fue Alejandro Cipolla, defensor de Brenda Uliarte, que le dijo: “¿Qué rol le atribuye a la familia Caputo en el atentado?” La expresidenta contestó: “El que han presentado pruebas y escritos mis abogados defensores. Usted las debiera conocer”. El abogado le dijo que no las conocía y ella dio por cerrado el tema.
Lo que figura en la JusticiaLos pagos de Caputo Hermanos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, se investigan en la causa de Martínez de Giorgi, donde Morel es uno de los procesados. Él declaró en indagatoria haber cobrado unos $13 millones de Caputo Hermanos ($6,9 para él, que facturaron entre él, su pareja y su socia, cada uno con su primera factura como monotributista; y el resto para tercerizar compras). Morel fue contratado como carpintero para construir muebles para un emprendimiento en Neuquén por Rossana Caputo, hermana de los titulares de la empresa, que dijo haber conocido el taller de Morel, en Boulogne, un día que pasaba por allí. Ella no solía ocuparse de estas compras –lo hacía un empleado que declaró como testigo- y Morel nunca había recibido un encargo de tal volumen. El fiscal Gerardo Pollicita y Martínez de Giorgi investigan estos pagos (el juez encargó un peritaje vinculado con la ruta del dinero, informaron), pero esta investigación -igual que toda la causa de Revolución Federal- corre por un carril que no se toca con el caso del atentado.
Jonathan Morel y Rossana Caputo

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Los intereses de los juicios laborales dividen a una Cámara del Trabajo condicionada políticamente
La Corte Suprema acaba de revocar dos fallos que calculan indemnizaciones “desproporcionadas”; se trata de un tribunal con influencia del kirchnerismo; el debate por el criterio a aplicar
Hernán Cappiello
El palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia
La aplicación de una tasa de interés justa para calcular los valores en las indemnizaciones de los juicios laborales jaquea a la Cámara de Trabajo, porque la Corte Suprema ya anuló dos veces por “desproporcionados” cálculos donde los jueces aplicaron en un principio, intereses sobre intereses no previstos en la ley y luego una tasa de interés que multiplicó por 20.000 los montos establecidos en los fallos de primera instancia.
Tal es el desconcierto entre los camaristas que se reunieron el jueves pasado que la mayoría de los jueces (deberían ser 30, pero con las vacantes hay 22 efectivos) en una reunión informal en la que no llegaron a ningún acuerdo, por lo cual ahora cada sala aplicará lo que le parezca. Allí hubo posiciones encontradas: están los jueces que creen que hay que declarar inconstitucional la prohibición de indexar, los más cercanos al kirchnerismo, y del otro lado, hay quienes piensan que hay que aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y nada más para calcular el interés.
La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT de Hugo Moyano y su abogado el exdiputado Héctor Recalde maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores. La camarista Graciela Craig es la esposa de Recalde, que integra el Consejo de la Magistratura. Diana Cañal es camarista cercana al kirchnerismo y denunciada por el macrismo, y lo mismo es Gabriel de Vedia, cercano al kirchnerismo, son algunos ejemplos de esta influencia. Quien tenía ascendencia sobre sus colegas en la cámara era Gregorio Corach, juez que llegó a la edad límite para la jubilación y a quien no le dieron un nuevo acuerdo en el Senado.
El primer reproche de la Corte por los intereses se dio en el caso Oliva, donde el máximo tribunal anuló un acta de la Cámara que había establecido que se podía aplicar el cobro de intereses sobre intereses. En ese caso el abogado patrocinante de la demanda era Leandro Recalde, hijo de Héctor, representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, y hermano de Mariano, senador nacional de Unión por al Patria.
Allí los jueces Mario Fera, Alvaro Balestrini y Roberto Pompa aplicaron lo resuelto por toda la Cámara en el acta 2764 de 2022, que permitía aplicar los intereses de los intereses, un mecanismo no previsto en la ley para hacer crecer la indemnización un 7745%, lo que implicaba un “incremento desproporcionado de la condena”.
Tras ese fallo, los camaristas se reunieron y firmaron otra acta donde establecieron un nuevo mecanismo de indemnización, que fue nuevamente esta semana anulado por la Corte. Ese mecanismo, ahora anulado fue el acta 2783 de 2024. Allí se estableció aplicar como mecanismo de indemnización el CER más el 6 por ciento.
Con este cálculo, los jueces de la Sala X Daniel Stortini y Leonardo Ambesi aplicaron el acta 2783 en una causa donde Jonatan Daniel Lacuadra demandó a DirecTV Argentina S.A por despido en 2013. La cuenta les daba que el trabajador percibiera más de 137 millones de pesos de indemnización por despido y elevaba en casi un 20.000 por ciento el monto de condena de primera instancia.
En primera instancia se hizo lugar a su reclamo, se estableció pagar $687.735,12 en concepto de capital, e intereses de acuerdo a la tasa activa prevista en las actas 2601/2014, 2630/2016 y 2658/2017 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). La Sala X de dicha Cámara confirmó lo resuelto, pero ordenó que al monto de condena se le adicionaran los accesorios previstos en su acta 2783/2024.
Esto implica imponer desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, el CER sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización -exclusivamente sobre esa tasa pura- a la fecha de notificación de la demanda.
El juez Stortini de la Sala X es uno de los empleados del fuero laboral más antiguos y de los camaristas más prudentes. Su colega que firma con él Leonardo Ambesi, en cambio, viene de la política. Fue director de jurídico del Ministerio de Trabajo con Néstor Kirchner, asesor de Gabinete del ministro Carlos Tomada y subgerente de asuntos legales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo hasta 2003.
Tras el último fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Cámara quedó desconcertada.
“Nos piden que fallemos menos, para abajo, pero ¿con que criterio?” se preguntó uno de los camaristas consultado  que entendió que la solución es que ese coeficiente de ajuste de las sentencias sea fijado por ley.
Los intereses a aplicar son de dos tipos, moratorios, por las demoras en el pago de la sentencia y compensatorios, por el tiempo transcurrido. El DNU 70 de 2023, de Milei fijaba un tope para el cálculo de interés: el 3 % mas el Índice de Precios al Consumidor. Pero ese DNU en el capítulo laboral fue declarado inconstitucional por los camaristas del trabajo Manuel Diez Selva; Héctor Guisado y Mario Fera. Otra sentencia con el mismo efecto fue firmada por Diana Cañal y Alejandor Peruggini.
En la Ley Bases, en cambio, no quedó establecido cuál es el índice a aplicar, lo fue fue interpretado por alguno de los camaristas como una señal de que los empresarios quieren algo por debajo de lo que menciona el DNU.
Para tratar de ponerse de acuerdo en un interés a aplicar los camaristas se reunieron el jueves pasado, pero no llegaron a ningún consenso. De hecho tras ese acuerdo, el jueves pasado la Sala VIII, con la firma de los camaristas Víctor Pesino y María Dora González firmaron una sentencia donde aplican sólo el CER como índice de ajuste. Y allí hicieron consideraciones sobre la dificultad para encontrar un coeficiente justo en un país donde los juicios laborales pueden demorar años, el costo de vida aumenta de manera escandalosa y los sueldos quedan atrasados con respecto a este valor.
Una evidencia de la disparidad es que el mismo día 15 de agosto la misma sala de la Cámara Laboral con la firma de los mismos camaristas estableció que el interés moratorio a aplicar en un juicio laboral era el índice RIPTE, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, con más un interés compensatorio puro del 3% anual.
En el primer fallo el primer voto es de Pesino, al que adhiere Rodríguez y en el segundo caso el primer voto es de Rodríguez, al que adhiere Pesino. “Esto va a ser un mosaico terrible, cada camarista va a hacer lo que le dé la gana”, se sinceró uno de los jueces del fuero.

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