SEGURIDAD Y EL ESCENARIO ECONÓMICO

Milei inaugurará una cárcel, pese al ajuste en la obra pública
Seguridad. El Gobierno aceleró las obras para terminar un centro penitenciario en Santa Fe que había sido postergado por gestiones anteriores; buscan aliviar las comisarías
Ignacio GrimaldiUna imagen del proyecto en 2022, que registró lentos avances en los últimos años
No es una ruta, ni un megaproyecto de ingeniería, ni una escuela o un hospital. La nueva obra pública terminada durante la presidencia de Javier Milei será una cárcel. Según confirmaron fuentes de distintas áreas del Gobierno, el 18 de diciembre próximo está previsto que concluyan las tareas en el flamante Centro Federal Penitenciario ubicado en Coronda, a menos de dos horas de Rosario, en Santa Fe.
En un año en el que predominó la frase “no hay plata”, el Ejecutivo liberó más de $5000 millones, la mayoría de los fondos necesarios para finalizar esta prisión, que comenzó a construirse hacia finales del segundo mandato de Cristina Kirchner, sufrió parates y casi 10 años después podrá albergar a 462 presos de mediana seguridad, mayormente vinculados al narcotráfico.
Esto permitirá “un efecto de descompresión”, según definieron funcionarios nacionales y provinciales. En Santa Fe, donde el narco más ha golpeado, 650 presos federales cumplen su condena en destacamentos provinciales, cuando en realidad deberían ser 50, según detallaron desde la gestión de Maximiliano Pullaro. La nueva cárcel “tendrá un impacto grande” porque permitirá mudar a parte de esos reclusos y devolver a los policías asignados a destacamentos desbordados para que vuelvan a patrullar las calles.
“Es un bálsamo en el desierto”, definieron en uno de los despachos del Gobierno. Este funcionario explicó que “nadie construye cárceles” y la administración libertaria estaba decidida a hacerlo. De hecho, esta prisión fue la obra que más fondos absorbió del Gobierno.
Para ponerlo en números, el Poder Ejecutivo destinó $12.719 millones para los 62 proyectos a su cargo que registraron avances durante este año, aunque solo 19 recibieron transferencias del Estado. El 31% de esos recursos financiaron los trabajos en la prisión de Coronda. Ese porcentaje surge de un pedido de acceso a la información pública respondido por el Ministerio de Economía con datos a octubre.
El nivel de prioridad que el Gobierno le asignó al nuevo Centro Federal Penitenciario también puede verse en los millones de pesos que gastó la gestión libertaria. Si se toman los datos incluyendo el mes pasado, pagó $5453 millones y el 28 de noviembre amplió el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas, “con el objeto de atender erogaciones que hacen a su funcionamiento y obras del Centro Federal Penitenciario del Litoral, Coronda”. La cifra que demandó esta prisión es más del doble de lo que transfirió para el acueducto San Javier, que llevará agua potable a 124.000 personas, y unas 17 veces superior a las erogaciones que hizo para financiar la ampliación de la guardia y emergencia, y la remodelación del servicio de trasplante de médula ósea del Hospital Garrahan.
Pese a que su licitación se publicó el 2 de septiembre de 2014 y que el 25 de agosto de 2015 se adjudicó por $344.701.287, el costo total estimado de la prisión asciende a $10.138 millones. Es decir, nueve años después, su precio nominal se multiplicó por 28, luego de los efectos de la inflación y la devaluación.
Según la Dirección Nacional de Inversión Pública, el actual gobierno financió más de la mitad de este proyecto, que nació durante el último mandato de Cristina Kirchner. Solo en 2024 se transfirieron $5453 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández, $2195 millones, y –entre 2018 y 2019– $221 millones.
“Esta cárcel se debió terminar en cuatro años”, indicaron fuentes de la provincia de Santa Fe. Describieron que tuvieron que “sacar policías de las calles” para que vigilen a presos en comisarías u otros centros. Por eso, el efecto del letargo demoró la llegada de una cárcel que hubiera sido muy necesaria por el ritmo al que creció el delito en Rosario.
Los funcionarios santafesinos recordaron que la Unidad Penal 16 de Rosario, con capacidad para 320 presos, fue inaugurada en 2015 por el entonces gobernador Bonfatti y terminarla llevó cuatro años.
Esta nueva cárcel de mediana seguridad no forma parte del prospecto de megaobras (como la reversión del Gasoducto Norte, que costó un total de US$740 millones), pero sí es grande, ya que se trata de un complejo de 15.767 metros cuadrados. Tiene cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y otros dos con 56 celdas para un solo recluso; cuenta con patios internos y un espacio escolar con seis aulas.
“Es una construcción que estaba frenada y arrancó de nuevo porque Santa Fe necesita una cárcel federal”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando visitó la obra en julio pasado. Al comparar las fotos de 2022 con las de julio de 2024 se puede observar que la obra civil tenía gran avance hace dos años. “Estaba al 85%, faltaban detalles y agregar medidas de seguridad dentro de la cárcel”, explicaron.
intentó contactar a referentes la nacion del área de obras públicas de la gestión anterior, pero no respondieron las consultas sobre avances del proyecto durante su administración.
“El que las hace las paga”, suele repetir el Gobierno para reforzar su política de seguridad. Ese eslogan, en proyectos de infraestructura también parece funcionar. Mucho más en un año de cuasi parálisis total.

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El cartel de Sturzenegger. El plan del Gobierno para el dólar en el año electoral
El equipo económico espera que el año próximo se profundicen las tendencias del final de 2024, por lo que necesitará avanzar en cambios para convivir con el súperpeso; desilusión en una parte del empresariado por la baja expectativa de devaluación; cuáles son las tres grandes reformas en ciernes

Pablo Fernández Blanco
Federico Sturzenegger, Luis Caputo y el cartel que el primero tiene en la puerta de su despacho del Ministerio de Desregulación
“¿Qué parte del cepo te molesta?”. La pregunta, arrojada esta semana por uno de los integrantes del equipo económico en una conversación privada, llegó envuelta en una mezcla de provocación amistosa y confianza por los resultados de los últimos meses. Dice, también, mucho más de lo que parece.
El grupo timoneado por Luis Caputo (Economía), que tiene entre sus figuras insignes a Santiago Bausili (Banco Central), Pablo Quirno (Finanzas) y José Luis Daza (Política Económica) y el envión emocional de Javier Milei, ya está pronosticando la manera en que convivirá el año próximo con el dólar. Una parte de ese diagnóstico proviene de la temperatura de la calle: las preguntas que le hacen al ministro sobre el futuro del cepo cambiario provienen más del mundo intelectual -economistas, periodistas, académicos- que de los empresarios que mueven la rueda diaria de la producción local.
La restricción para acceder al dólar, de todas formas, está. Pero en la mirada de Economía resulta cada vez más delimitada: golpea en particular a las grandes empresas que necesitan girar utilidades fuera del país y sus departamentos de Compliance, los encargados de garantizar el funcionamiento dentro de la ley, no las dejan jugar en los márgenes que les propone la Argentina. Son un grupo importante y poderoso que está en las consideraciones de la Casa Rosada.
Milei y Caputo. Ninguno quiere devaluar, pese a las presiones de una porción del sector privado.
En otros términos, la escasa diferencia que hay hoy entre el dólar oficial y el denominado contado con liquidación, el que se usa para sacar plata del país, edulcora en los hechos los efectos del cepo.
Paradoja mediante, las empresas medianas que quieren traer plata de afuera para invertir en el país también están alcanzadas, porque no aplican, al menos por ahora, para los beneficios de las inversiones más grandes.
La Casa Rosada también limpió el cepo para otros grupos. Los grandes inversores que entran en el RIGI, en la práctica, tienen un escudo contra la restricción en el acceso al dólar, y las personas de a pie pueden alcanzar opciones convenientes casi sin estirar la mano. Entre ellas, hacerse de blue o de dólar bolsa (MEP), dos opciones populares que no les molestan a los funcionarios porque no alteran de forma directa las reservas netas del Banco Central.
Parte de ese esquema persistirá el año próximo. Bausili, por ejemplo, ve con entusiasmo cómo los turistas argentinos usan las divisas que compraron por fuera del Banco Central para pagar los gastos con tarjeta en el exterior. Esa práctica abrió una discusión al interior del Gobierno, cuyo resultado tendrá efectos sobre la clase media que pasa las vacaciones afuera.
Cada vez que viaja, el argentino se convierte en importador de bienes (de tamaño mínimo, por supuesto). El hecho de ver más de una valija por persona en el aeropuerto de Ezeiza es una corroboración evidente. Esa práctica continuará, descartan en el Gobierno, en la medida en que la Argentina tenga una economía cerrada. Pero Caputo y Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación) buscan abrir ese candado. En la medida en que sea más fácil comprar productos en Amazon, por caso, se espera que las valijas del aeropuerto se deshinchen.
La alta dosis de liberalismo en sangre no les nubla la vista a algunos miembros del Gabinete. Piensan que si los turistas importadores tienen el mismo acceso al dólar que una empresa local, disfrutarán de una prerrogativa de la que no dispone quien produce acá.
La conclusión es que una corriente interna del Gobierno piensa que los recargos sobre el dólar tarjeta deben permanecer incluso después de que se levante el cepo cambiario. Hay algunos ejemplos que inspiran. Brasil, por caso, carga con un 8% adicional a esa clase de consumos.
En ningún caso se habla de los niveles restrictivos actuales, que con el impuesto PAIS y el anticipo de Ganancias hacen del dólar tarjeta el más caro del mercado, por encima de los $1650. Desde el 23 de este mes caerá el impuesto PAIS y bajará a poco más de $1300. Pesará sobre él todavía otro 35%.
El Banco Central tiene todavía reservas negativas. Los analistas las sitúan en más de US$5000 millones y consideran que es el terreno fangoso desde el que se edifica el resto de la normalización económica. Nada será del todo seguro hasta que ese barro no se convierta en piedra. Desde la mirada del equipo económico, sin embargo, las cosas se ven un poco distintas.
Los especialistas en temas cambiarios del Gobierno le prestan atención a la apreciación del tipo de cambio
Bausili está convencido de que las reservas están en rojo porque su principal interlocutor, Caputo, debió este año financiarse en el país antes que ir al mercado internacional y pagar tasas más altas. Algo similar hicieron los gobernadores.
El Tesoro pagó este año unos US$8000 millones. Juntó los pesos en el mercado local, fue a la caja del Banco Central, los cambió por dólares y los mandó afuera. Ya hizo la misma maniobra para hacerse del dinero con el que pagará los compromisos de enero próximo. Eso le restó recursos a las reservas netas.
En algún momento de 2025, el país se correrá ese pie de la cabeza. Será cuando Caputo decida volver a los mercados internacionales de crédito para financiarse. Es su especialidad y, a la espera de que baje el riesgo país, ya rechazó propuestas de inversores para prestarle plata a la Argentina.
El blanqueo, además, ya hizo una parte de la tarea para la que fue convocado. Pero no toda. De acuerdo con estimaciones oficiales, los depósitos en dólares en el sistema rondan los US$32.000 millones, aunque los préstamos apenas alcanzan los US$9000 millones. En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, que también cosechó divisas de su blanqueo, este último número rondó los US$17.500 millones. Es la aspiración del equipo económico.
La plata del blanqueo no se sumará a las reservas netas hasta que se la ponga a trabajar. Es decir, cuando los bancos la empiecen a prestar masivamente -se cambian los dólares por pesos-. Es el paso que está buscando el Gobierno.
El mercado sabe de esta debilidad, pero no se maneja por la foto, sino que espera la continuación de la película. Es la única manera de explicar cómo el dólar, esa amenaza brutal que en el pasado ocasionó crisis dramáticas para la Argentina, aparece ahora en su versión sin dientes, pese a que el plan todavía está en el puente que debería conducirlo a donde prometió.
Presiones devaluatorias
El súper peso asusta al sector privado. Diversos titulares de cámaras empresarias influyentes, más allá de los industriales, insistieron en este punto en los últimos días en conversaciones con Caputo. Creen que en el primer trimestre del año próximo a las gargantas sedientas del conurbano les puede resultar más barato aplacar el calor con agua mineral Evian -se hace en los Alpes franceses- que con la vernácula Manaos. Es la metáfora fit que usan para hablar de una presunta avalancha de importaciones.
No hay buenas noticias para ellos en el mediano plazo. Caputo y su equipo creen que el año próximo se profundizarán algunas tendencias, entre ellas, la supervivencia del dólar barato. En 2025 crecerán las importaciones, pero en menor medida que las exportaciones, muy motorizadas por el petróleo y el gas; es probable que lleguen inversiones de la mano del régimen de promoción de inversiones (RIGI) y seguirá, según la previsión de Hacienda, el ingreso de divisas por parte de argentinos que las tienen en el exterior. A eso se le podrían sumar más fondos del FMI.
El Gobierno espera que el año próximo entren más dólares, entre otras cosas, por mayores inversiones del sector privado, como el petrolero.
La fórmula de 2025 será distinta a la del año que está por terminar. Aunque es arenosa, vale la pena considerarla. El superávit de cuenta corriente de la primera parte del año financió el déficit de la cuenta capital. El Gobierno cree que el año próximo puede haber déficit de cuenta corriente por el aumento de las importaciones -espera que sean para la producción, principalmente- financiado con superávit de cuenta capital por interesados en invertir.
Es un curioso caso en el que en la virtud está la penitencia. En este caso, la de tener un tipo de cambio apreciado que dañe a la producción local. Hay casos ejemplares cercanos. Hace poco más de una década, Chile les permitió a los fondos de pensión invertir fuera del país. Los usó como una alternativa para sacar dólares. Esta semana, un ejecutor de la política económica oficial lamentó que el kirchnerismo haya estatizado las AFJP y haya privado al país de esa herramienta cambiaria. El visto bueno para distribuir utilidades a empresas internacionales podría ser una forma de descomprimir.
Son temas que están en discusión en el Gobierno, que ve con cuidado la devaluación de otras monedas, en especial la brasileña, lo que complica la competitividad comercial tanto del lado de las exportaciones como de las importaciones. ¿Qué se puede hacer, según esas conversaciones? Una alternativa es que el Banco Central compre más dólares, pero para eso debe emitir pesos, que luego tendrá que esterilizar y obligarse a pagar más intereses en el futuro. Es lo que no quiere Javier Milei.
La apreciación del tipo de cambio aceleró la discusión que madura al interior del equipo económico en la línea de avanzar en reformas estructurales el año próximo. Si la Argentina será cara en dólares, deberá ser mejor.


Hay tres áreas en las que el Gobierno espera avanzar con cambios el año próximo para ganar productividad y seguir equilibrando las cuentas: la impositiva, la laboral y la jubilatoria. Son los pasos necesarios para ir hacia una apertura más amplia.
Federico Sturzenegger está llamado a ser un actor fundamental en la próxima etapa de la normalización económica. Más entusiasta que nunca, toma medidas todos los días para desarmar la burocracia como si se tratara de un juego de palitos chinos. Entre mañana y pasado les tocará a las universidades, que estarán obligadas a hacer sus compras mediante la plataforma COMPRAR, donde el Estado centraliza todas sus licitaciones y adjudicaciones.
Este ministro de las intersecciones, que puede hacer muy poco solo, pero tiene el poder para entrar a cualquier cartera sin golpear, puso un cartel en la puerta de su despacho. Es una pieza analógica que marca el camino a la modernidad. Muestra el tiempo que le queda disponible según lo que le concedió la Ley Bases para avanzar en la desregulación, lo que, en su visión, le permita al país adquirir la fisonomía apropiada para enfrentar el esqueleto cambiario que establecerá el propio gobierno libertario.

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