Condenaron a prisión perpetua al ladrón que ahorcó a la víctima con un cable y la arrojó a una pileta
Recibió la máxima pena el asesino de Federico Sáenz, que en junio del año pasado ingresó en una vivienda en la localidad de Beccar
Gabriel Di Nicola
Domingo. Día del Padre. Casi mediodía. La médica María Laura Martínez lavaba su camioneta en su casa situada en Beccar, en San Isidro, cuando fue sorprendida por un delincuente, Mauricio Fernández. Todo después, sucedió en cuestión de pocos minutos. Su novio, Federico Sáenz, un programador de 41 años, fue asesinado. El ladrón, para poder concretar el robo, lo ahorcó con un cable HDMI y, después, lo arrojó a la pileta. A casi 18 meses del crimen, ocurrido el 19 de junio del año pasado, el homicida, de 31 años, fue condenado a la pena de prisión perpetua.
Así lo resolvió anteayer el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de San Isidro, a cargo del juicio. Los jueces Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y Sebastián Urquijo encontraron culpable a Fernández del delito de homicidio criminis causae (matar para lograr la impunidad), robo agravado por escalamiento en tentativa y privación ilegítima de la libertadagravadaporviolencia,todos en concurso real, según informaron a fuentes judiciales.
Antes del veredicto, el homicida, representado por la defensora oficial María Eugenia Nigro, pidió piedad. “Yo de todo corazón, de verdad, yo le pido disculpas. Nunca quise matar nadie. Jamás pensé en matar una persona, yo le pido misericordia”.
En el debate, una de las testigos principales fue la novia de la víctima, quien recordó el trágico mediodía del crimen. Declaró por momentos, entre lágrimas. “Estaba lavando la camioneta, pero adentro de mi casa [en el patio delantero], con todas las cosas cerradas, las puertas de afuera, todo cerrado y en eso me doy vuelta y aparece el señor que salta por una valla. Justo la puerta de entrada estaba entreabierta, porque mi novio estaba desayunando con mis sobrinas, que estaban en un cuarto al fondo. Entonces yo cuando se mete por la puerta y le grito a mi novio que se había metido alguien. Entonces, se movió hasta el medio del living y ahí lo tira al piso, le ató las manos por atrás y lo arrastró hasta el jardín”, sostuvo Martínez.
La médica afirmó que su novio no se resistió. Que tenían dinero guardado por si entraban a robar. Era la primera vez que las sobrinas de la pareja, que en ese momento, tenían 8 y 10 años, se habían quedado a dormir en la casa de sus tíos.
Martínez pudo salir de la casa y fue hasta la garita de seguridad para avisar del robo y pedir que llamaran a la policía. Según la médica, el ladrón, en un momento fue hasta la habitación donde estaban sus sobrinas y les espetó: “Quédense quietas acá, que yo vengo a robar una bicicleta”.
Martínez regresó a su casa y fue golpeada por el delincuente. La novia de la víctima relató el desgarrador momento en que había escuchado que “la policía le decía [al delincuente] que deje el arma”.
Y agregó: “Entonces yo entro en mi casa con más policías y fui directo al cuarto donde estaban las nenas y les pregunté si estaban bien. Después empecé a llamar a Federico. Nada, lo llamé, lo llamé y en eso voy a salir al jardín. Cuando vamos a abrir la reja, abrimos la ventana y la reja estaba llena de cables que daban un montón de vueltas, tardamos bastante. Lo único que en ese momento vi era una campera que estaba en la pileta. Pensé que era que él se había sacado la campera y había saltado la casa de algún vecino para escapar.
“En ese momento –indicó ante el tribunal– me acerqué a la pileta y… era Fer. Lo saqué arrastrando. Un policía me ayudó a arrastrarlo. Soy médica, soy neonatóloga. Mi trabajo es salvar gente, ¿No? Lo sacamos de la de la pileta. Y le traté de hacer maniobras de RCP. Ahí nos dimos cuenta de que tenía un cable en el cuello, como con doble vuelta, que no lo podíamos soltar. Entonces yo les avisé a los policías que fueran a buscar una tijera y les dije más o menos dónde estaba, pero como no la encontraban, la fui a buscar yo. Cuando volvimos le empezamos a hacer respiración boca a boca y el policía que estaba al lado mío le hacía masajes cardiacos. Después llegó la ambulancia y no respondía. Y ahí me dijeron que estaba muerto. Ya sabía”.
En la sentencia, el juez Urquijo definió el momento del relato de Martínez como “un calvario”. La médica definió a su novio como “la persona más buena que había en el universo, la más buena que conocía”.
Antes de terminar su relato, Martínez sostuvo: “Nosotros no habíamos podido tener hijos. Estábamos averiguando para iniciar los trámites de adopción Lo mató a Fede, pero me arruinó la vida a mí, a la familia, a todos y a más también”.
Cincuenta años preso
La pena dictada por los jueces fue la que había solicitado el representante del Ministerio Público Fiscal, Sergio Szyldergemejn.
Según informó la agencia de noticias Télam, con la última reforma que hubo en 2017 del artículo 14 del Código Penal, Fernández no tiene la posibilidad de pedir la libertad condicional por haber sido condenado por un homicidio agravado y la prisión perpetua equivale a pasar 50 años en la cárcel, es decir, que recién podría recuperar la libertad cuando tenga 80 años.
Los abogados del particular damnificado, Felipe Roncoroni y Antonio Roncoroni, también habían pedido la misma pena y habían solicitado sumar el agravante de la alevosía y declarar a Fernández reincidente, pero los jueces no hicieron lugar.
“El imputado, con la finalidad de consumar y asegurar los resultados del delito de robo que se encontraba desarrollando y con la inequívoca intención de causar la muerte de Sáenz, procedió a colocar alrededor de su cuello un cable HDMI anudándolo por detrás, ejerciendo fuerza sobre el mismo hasta lograr conforme su propósito, quitarle la vida”, explicaron los jueces en la sentencia.
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Acusaron al sicario que dejó una amenaza contra Milei
El mensaje encontrado junto a un cadáver hacía referencia al triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje
Germán de los Santos
ROSARIO.– A Héctor Gaitán lo ejecutaron el 19 de noviembre, al anochecer. Los vecinos escucharon los tiros pocos minutos después de que Sergio Massa había reconocido su derrota. Entre la ropa del hombre muerto había un papel con el nombre del triunfador del balotaje electoral: “Si Milei gana va a haber más muertos”, decía el mensaje, una especie de comunicación que desde hace un tiempo realiza la mafia rosarina en sus acciones violentas en las que no es suficiente matar, ya que la estrategia es generar conmoción social.
Según los investigadores, eso buscó Leonardo “Facturita” Robledo, un preso de la cárcel de Coronda que encargó a un barbero, Fernando Casco, matar a Gaitán el día de la votación. Este recluso está condenado por tentativa de homicidio y desde hace tres años forma parte de la población de la Unidad Penitenciaria 1 de Coronda.
Casco robó cerca de las 17 un Peugeot 208 frente a una escuela ubicada en Sáenz al 4500. Ese auto utilizaron los sicarios para secuestrar a Gaitán. La Fiscalía de Rosario imputó anteayer a Casco como uno de los autores del crimen. No se pudo determinar dónde raptaron a Gaitán para luego llevarlo en el auto a Liniers y Riobamba, en inmediaciones del parque Oeste.
Según la investigación que encabezó el fiscal Alejandro Ferlazzo, la víctima fue obligada a bajar de un auto y posteriormente ejecutada de dos disparos. Junto al cuerpo la policía encontró el papel con la amenaza que hacía mención a la victoria de Javier Milei.
Según informaron fuentes policiales a luego del crimen efectivos policiales secuestraron un Peugeot 208 cerca de Liniers al 2200, en el sudoeste de la ciudad, donde en el interior se encontró una vaina calibre 9 mm, que se habría usado para matar a Gaitán.
El auto fue incinerado de forma intencional. Por eso lo encontró la policía, luego de que vecinos llamaran al 911 y denunciaran que había un vehículo en llamas.
Los voceros policiales señalaron que cerca de las 20.30 los vecinos de Liniers al 2200 escucharon dos tiros y luego vieron escaparse de la escena a varios sospechosos. Uno iba en una bicicleta, otro en una moto y el tercero, en un auto.
El cuerpo de Gaitán tenía heridas de arma de fuego en la cervical derecha, en la mandíbula izquierda y en el ojo derecho. La policía encontró entre su ropa su billetera, que tenía 360 pesos y 100 dólares. Y el mensaje mafioso: “Si gana Milei va a haber más muerte. A buenos entendedores, pocas palabras”.
Lo que desconcertó a los investigadores en un principio fue el mensaje mafioso, en el que se mencionó al presidente electo. Si bien la aparición de cartas y notas amenazantes en episodios delictivos son frecuentes en Rosario, el contenido político de estos mensajes no es común. Pero luego de que la pesquisa avanzó, quedó claro que Facturita Robledo y Casco buscaron con el mensaje generar repercusión en los medios de comunicación. Y lo consiguieron. Es una estrategia frecuente en estos grupos criminales ligados a la venta de drogas.
La división Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal se ocupó de tomar entrevistas a testigos y del relevamiento de cámaras, lo que permitió obtener un registro fílmico en la cuadra de Riobamba al 5400. Eso fue clave para determinar a los posibles ejecutores del crimen. Casco fue detenido el viernes pasado en su casa.
El asesinado de Gaitán se inscribe en una serie de episodios violentos que sacudieron en los últimos días a la zona sudoeste, donde se registraron el 8 y el 10 del mes pasado los asesinatos de dos hombres baleados por sicarios que circulaban en motos.
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Una pareja argentina, detrás del tráfico de fusiles en la zona de la Triple Frontera
El armamento llegaba de Europa a Paraguay con permisos firmados por militares, pero desde Ciudad del Este enviaban la carga a bandas criminales en Foz de Iguazú
Fernando Rodríguez
Decenas de fusiles fueron encontrados ayer en allanamientos en Asunción
Un empresario argentino radicado en Asunción y su esposa, una exmodelo de alta exposición pública a principios de los años 2000, quedaron implicados en una investigación que dejó al descubierto la mayor operación de tráfico internacional de armas hacia el Cono Sur, destinada a dotar de alto poder de fuego a las principales células del crimen organizado brasileño, en especial, las de las favelas cariocas. La trama involucra la detención de altos rangos militares paraguayos y promete destapar un nicho de corrupción que podría provocar un terremoto político en el vecino país.
La presunción es que, gracias a la compleja maniobra que tenían en aceitado funcionamiento, lograron ingresar desde Europa más de 25.000 armas en la última década, material que habría terminado en manos de las más poderosas organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Según informaron a calificadas fuentes de la pesquisa, los dos argentinos bajo sospecha son Diego Hernán Dirisio y Julieta Vanessa Nardi Aranda. Ellos figuran en una lista de 20 órdenes de captura que incluye a militares de alto rango en Paraguay y a un “cambista” cuyo rol fue clave para el movimiento de los fondos para concretar la maniobra de tráfico. Ya fueron arrestadas 13 personas, entre ellas, un general que llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea guaraní y un exjefe del órgano rector de control de armas en ese país.
La pareja argentina no estaba en su imponente vivienda cuando los policías de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpieron para arrestarlos, por lo que, técnicamente, están prófugos. Se espera que en las próximas horas la Justicia paraguaya pida a Interpol que emita las respectivas circulares rojas para promocionar la captura de Dirisio y Nardi.
Uno de los detenidos es el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, exjefe del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). El otro militar arrestado, según informaron medios de prensa paraguayos, es el general del Aire Arturo Javier González, que era presidente de la Suprema Corte de la Justicia Militar y llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea del país, al punto de haber sido condecorado este año.
En su poder encontraron cerca de mil millones de guaraníes, algo más de US$135.000. También cayeron el general José Antonio Orué (exdirector de la Dimabel), la teniente primera de Justicia Militar Cinthia María Turró Braga (exasesora del Registro Nacional de Armas) y la capitana Josefina Cuevas Galeano, exjefa de la División Importación de la Dimabel.
Los voceros explicaron que la llamada Operación Dakovo fue fruto de “más de un año de una investigación conjunta entre la Senad y el Ministerio Público de Paraguay, la Policía Federal de Brasil y el Homeland Security norteamericano” con la que se apuntó a “la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil”.
El armamento provenía de Croacia, Eslovenia y República Checa –naciones que desarrollaron importantes industrias de armamentos en los tiempos en que formaban parte de los países de la ex Cortina de Hierro del este europeo– y llegaba a Asunción a través de importaciones concretadas por la empresa International Auto Supply (IAS), cuyo presidente es Dirisio.
Según fuentes de la investigación, IAS se dedicó hasta 2012 a la importación de autos. Pero a partir de ese año viró el foco de su negocio hacia las armas ligeras. Dado que, por ser reconocida como parte de una ruta de contrabando hacia el crimen organizado brasileño, Paraguay tenía vedado el acceso al mercado de armas norteamericano, la organización se orientó a negociar con las fábricas de Europa del este.
Tal como surge de la investigación, IAS obtenía rápidos permisos de importación a través de la Dimabel, el máximo órgano rector en materia de control de armas de Paraguay. Se trataba –según los pesquisas del caso– de “la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la ley de armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras”.
La presunción es que la organización importaba tipos de armas por pedido. Tramitaban los permisos con sus contactos en Dimabel. Los detectives del caso tienen indicios de que, en las verificaciones, los funcionarios de la dirección encargada del control del material bélico inspeccionaban “las de gran calibre, que eran adecuadas para ajustarse a la ley de armas”, y luego “verificaban la documentación”.
Un aviso de que algo grave ocurría es que el 3 de noviembre pasado entró en vigor el decreto del Poder Ejecutivo 642, que suspendió las importaciones de armas de fuego y municiones, y, al mismo tiempo, comenzó a regir la resolución 602, que estableció “el proceso de revalidación de las autorizaciones de importación que cumplan con los presupuestos determinados en el decreto”.
Policías de la Senad realizaron ayer decenas de procedimientos en varias viviendas y presuntos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, donde se realizaban las ventas, a través de facturas falsas, supuestamente a ciudadanos particulares paraguayos, aunque el armamento era, desde allí, directamente desviado a Foz de Iguazú a través de intermediarios con el crimen organizado.
También hubo 20 allanamientos en Brasil (en seis estados, donde ya se secuestraron unas 700 armas) y un operativo en Kansas, Estados Unidos, donde estaba radicado uno de los operadores financieros del grupo, que se encargaba de girar los fondos a los proveedores europeos, según se informó.
La maniobra
Los investigadores explicaron que la empresa dirigida por Dirisio, “mediante sus conexiones con la Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta”. Desde 2012, la empresa IAS ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero que fueron desviadas hacia “los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera”.
Esos lotes de armas “eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleadas, jornaleros o estudiantes”. En algunos casos, los “compradores” recibían “pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin su consentimiento”.
Para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos.
“‘Pulverizaban’ grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5000 dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde los Estados Unidos”, se explicó. El objetivo de esa “atomización” era realizar operaciones “menores” que no llamaran la atención de las autoridades ni encendieran alarmas en los circuitos internacionales de persecución del lavado de dinero. A las armas se les suprimían los números de serie, para evitar el rastreo y trazabilidad. Esta tarea se realizaba en Ciudad del Este, según se informó.
El esquema funcionó durante años sin contratiempos hasta que en 2020 fue incautado, en una redada en el sur del estado brasileño de Bahía, un fusil al que no se le había borrado la numeración. Eso permitió rastrear su origen y ubicar su punto inicial en una de las fábricas de armas europeas. Desde allí se siguió el rastro hasta Asunción.
Un empresario argentino radicado en Asunción y su esposa, una exmodelo de alta exposición pública a principios de los años 2000, quedaron implicados en una investigación que dejó al descubierto la mayor operación de tráfico internacional de armas hacia el Cono Sur, destinada a dotar de alto poder de fuego a las principales células del crimen organizado brasileño, en especial, las de las favelas cariocas. La trama involucra la detención de altos rangos militares paraguayos y promete destapar un nicho de corrupción que podría provocar un terremoto político en el vecino país.
La presunción es que, gracias a la compleja maniobra que tenían en aceitado funcionamiento, lograron ingresar desde Europa más de 25.000 armas en la última década, material que habría terminado en manos de las más poderosas organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Según informaron a calificadas fuentes de la pesquisa, los dos argentinos bajo sospecha son Diego Hernán Dirisio y Julieta Vanessa Nardi Aranda. Ellos figuran en una lista de 20 órdenes de captura que incluye a militares de alto rango en Paraguay y a un “cambista” cuyo rol fue clave para el movimiento de los fondos para concretar la maniobra de tráfico. Ya fueron arrestadas 13 personas, entre ellas, un general que llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea guaraní y un exjefe del órgano rector de control de armas en ese país.
La pareja argentina no estaba en su imponente vivienda cuando los policías de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpieron para arrestarlos, por lo que, técnicamente, están prófugos. Se espera que en las próximas horas la Justicia paraguaya pida a Interpol que emita las respectivas circulares rojas para promocionar la captura de Dirisio y Nardi.
Uno de los detenidos es el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, exjefe del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). El otro militar arrestado, según informaron medios de prensa paraguayos, es el general del Aire Arturo Javier González, que era presidente de la Suprema Corte de la Justicia Militar y llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea del país, al punto de haber sido condecorado este año.
En su poder encontraron cerca de mil millones de guaraníes, algo más de US$135.000. También cayeron el general José Antonio Orué (exdirector de la Dimabel), la teniente primera de Justicia Militar Cinthia María Turró Braga (exasesora del Registro Nacional de Armas) y la capitana Josefina Cuevas Galeano, exjefa de la División Importación de la Dimabel.
Los voceros explicaron que la llamada Operación Dakovo fue fruto de “más de un año de una investigación conjunta entre la Senad y el Ministerio Público de Paraguay, la Policía Federal de Brasil y el Homeland Security norteamericano” con la que se apuntó a “la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil”.
El armamento provenía de Croacia, Eslovenia y República Checa –naciones que desarrollaron importantes industrias de armamentos en los tiempos en que formaban parte de los países de la ex Cortina de Hierro del este europeo– y llegaba a Asunción a través de importaciones concretadas por la empresa International Auto Supply (IAS), cuyo presidente es Dirisio.
Según fuentes de la investigación, IAS se dedicó hasta 2012 a la importación de autos. Pero a partir de ese año viró el foco de su negocio hacia las armas ligeras. Dado que, por ser reconocida como parte de una ruta de contrabando hacia el crimen organizado brasileño, Paraguay tenía vedado el acceso al mercado de armas norteamericano, la organización se orientó a negociar con las fábricas de Europa del este.
Tal como surge de la investigación, IAS obtenía rápidos permisos de importación a través de la Dimabel, el máximo órgano rector en materia de control de armas de Paraguay. Se trataba –según los pesquisas del caso– de “la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la ley de armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras”.
La presunción es que la organización importaba tipos de armas por pedido. Tramitaban los permisos con sus contactos en Dimabel. Los detectives del caso tienen indicios de que, en las verificaciones, los funcionarios de la dirección encargada del control del material bélico inspeccionaban “las de gran calibre, que eran adecuadas para ajustarse a la ley de armas”, y luego “verificaban la documentación”.
Un aviso de que algo grave ocurría es que el 3 de noviembre pasado entró en vigor el decreto del Poder Ejecutivo 642, que suspendió las importaciones de armas de fuego y municiones, y, al mismo tiempo, comenzó a regir la resolución 602, que estableció “el proceso de revalidación de las autorizaciones de importación que cumplan con los presupuestos determinados en el decreto”.
Policías de la Senad realizaron ayer decenas de procedimientos en varias viviendas y presuntos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, donde se realizaban las ventas, a través de facturas falsas, supuestamente a ciudadanos particulares paraguayos, aunque el armamento era, desde allí, directamente desviado a Foz de Iguazú a través de intermediarios con el crimen organizado.
También hubo 20 allanamientos en Brasil (en seis estados, donde ya se secuestraron unas 700 armas) y un operativo en Kansas, Estados Unidos, donde estaba radicado uno de los operadores financieros del grupo, que se encargaba de girar los fondos a los proveedores europeos, según se informó.
La maniobra
Los investigadores explicaron que la empresa dirigida por Dirisio, “mediante sus conexiones con la Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta”. Desde 2012, la empresa IAS ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero que fueron desviadas hacia “los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera”.
Esos lotes de armas “eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleadas, jornaleros o estudiantes”. En algunos casos, los “compradores” recibían “pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin su consentimiento”.
Para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos.
“‘Pulverizaban’ grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5000 dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde los Estados Unidos”, se explicó. El objetivo de esa “atomización” era realizar operaciones “menores” que no llamaran la atención de las autoridades ni encendieran alarmas en los circuitos internacionales de persecución del lavado de dinero. A las armas se les suprimían los números de serie, para evitar el rastreo y trazabilidad. Esta tarea se realizaba en Ciudad del Este, según se informó.
El esquema funcionó durante años sin contratiempos hasta que en 2020 fue incautado, en una redada en el sur del estado brasileño de Bahía, un fusil al que no se le había borrado la numeración. Eso permitió rastrear su origen y ubicar su punto inicial en una de las fábricas de armas europeas. Desde allí se siguió el rastro hasta Asunción.
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