EDITORIALES

Bochornoso final de la embestida contra la Corte
El kirchnerismo recurrió a una tan desesperada como repugnante jugada en la Comisión de Juicio Político para dictaminar contra el máximo tribunal
Si alguien suponía que el oficialismo kirchnerista había mostrado ya su peor rostro en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde viene hostigando a la Corte Suprema de Justicia, es evidente que calculó mal. Su última y bochornosa jugada ha sido reemplazar de un plumazo a varios de sus integrantes que, por alguna razón, no estaban dispuestos a suscribir un escandaloso dictamen acusatorio por seis suplentes que no mostraron empacho alguno en firmarlo, sin siquiera leerlo.
Estamos hablando de un proceso que lleva ya muchos meses de sustanciación, en el que por la comisión actuante desfiló una gran cantidad de testigos, y en el que a instancias del mismo cuerpo legislativo se incorporaron cuantiosas constancias de ciertos expedientes donde, sin fundamento, se sostiene que los jueces del más alto tribunal los resolvieron de una manera tan indigna como para justificar su remoción.
Tan solo un día antes de que se reunieran para dictaminar sobre esos cargos los diputados que escucharon a los testigos, examinaron las pruebas y ponderaron los descargos ofrecidos por dos de los jueces de la Corte Suprema, el oficialismo tuvo la ocurrencia de hacer entrar a seis nuevos diputados a la Comisión, en reemplazo de otros tantos. Los recién llegados, con notorias simpatías con el kirchnerismo, sin conocer ni haber siquiera leído o ponderado nada –por la imposibilidad material de hacerlo– suscribieron el dictamen acusatorio, que fue impuesto por apenas 16 votos contra 15. De este modo, ese malhadado dictamen seguirá pendiendo sobre la cabeza del Poder Judicial de aquí en más, aun cuando se sabe –y el oficialismo que ha prohijado este engendro lo sabe mejor que nadie– que ni por asomo se logrará una mayoría de dos tercios de la Cámara baja para formular la acusación formal ante el Senado, según lo prescribe la Constitución. Incluso existen dudas de que el propio bloque peronista no se divida en el recinto del cuerpo a la hora de tratar un dictamen tan débil e insustancioso.
En estas columnas hemos explicado ya que buena parte de las acuLa saciones contra los jueces se deben al descontento del oficialismo por la forma en que se resolvieron ciertas causas, en general complejas, en contra de los intereses del Poder Ejecutivo Nacional. Pero sucede que, en nuestro esquema constitucional, las disputas entre las distintas ramas del gobierno o entre una provincia y otra, o aquellos casos donde las leyes del Congreso u otros actos del poder público son tachados de inconstitucionales, deben necesariamente hallar su punto final de discusión en la Corte Suprema. De allí que sea tan nefasto para la salud de ese mismo esquema republicano que el poder de turno busque remover a los jueces cuando sus fallos no coinciden con lo que los gobernantes esperan.
Esta Comisión de Juicio Político, tanto con sus miembros oficialistas anteriores como con los que acaban de debutar, supo siempre que no obtendría la mayoría necesaria para remover a jueces probos, simplemente por haber cumplido su labor y haber dictado sentencias conforme a derecho. Pero está claro que el propósito ha sido otro. Ha sido el de montar un circo político para desgastarlos y satisfacer los caprichos de ciertos funcionarios, como la vicepresidenta Cristina Kirchner, a los que, por fortuna, no les queda demasiado tiempo en el ejercicio de su cargo.
El propósito del oficialismo ha sido desgastar a jueces probos y satisfacer los caprichos de ciertos funcionarios

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Por una autoridad ambiental
Resulta llamativo que aún no se haya definido el futuro de la autoridad ambiental. Los trascendidos indican que el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería convertido, nuevamente, en una Secretaría de Estado no dependiente de la Presidencia de la Nación sino de la Jefatura de Gabinete o de algún ministerio.
Las últimas autoridades ambientales, de las diversas gestiones, han recaído en personas que poco sabían de la materia. Lo mismo puede afirmarse de quienes ostentaron el más alto cargo de la presidencia de la Administración de Parques Nacionales. El mérito para su designación ha sido la amistad con el primer mandatario o su afinidad ideológica.
La conservación y el uso sustentable de la naturaleza, junto con la erradicación de la pobreza y la modificación de modalidades insostenibles de producción y consumo, constituyen un requisito esencial del desarrollo que nuestro país debe abordar de forma urgente. No es posible despilfarrar los recursos naturales ya que estos, cada día más escasos, son necesarios para las generaciones presentes y futuras. Los parques nacionales constituyen una herramienta estratégica para el desarrollo de las economías regionales, sin espacio para usurpaciones.
grave crisis que afecta a la Argentina plantea la necesidad de encontrar nuevas respuestas para las acuciantes necesidades que sufre la sociedad, revalorizando la deteriorada agenda ambiental, cuya constante politización en uno u otro sentido la ha vaciado de todo contenido.
Una agenda que contiene cuestiones vinculadas a la conservación, recuperación, protección y uso sustentable de los recursos naturales; al ordenamiento ambiental del territorio; a la gestión de los recursos hídricos; a los residuos comunes y peligrosos; a cuestiones de infraestructura y su correspondiente evaluación de impacto ambiental; a la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación internacional; a la conservación de la biodiversidad, y a las relaciones con las organizaciones relacionadas con los temas ambientales.
Es tan relevante y compleja la temática que aborda la autoridad de esta área que su desafío no es solo ambiental, sino ético. Lo que está en juego precisa de una sensibilidad con un sentido de mediano y largo plazo, y no meras respuestas coyunturales.
La forma en que se organiza una administración para abordar la problemática ambiental refleja el nivel de atención y prioridad que cada gestión le otorga. Por ello su correcto funcionamiento es fundamental para garantizar el derecho al ambiente y controlar el cumplimiento del deber de preservarlo.
La falta de inversiones nunca obedece a exigencias ambientales. Por el contrario, la ausencia de requerimientos ambientales razonables es propia del subdesarrollo. Una voluntad política clara en el proceso de fortalecimiento institucional para la gestión ambiental fortalecerá un sector empresarial genuino.
Sin una planificación adecuada, el deterioro de la calidad de vida será inevitable y resultará imposible afrontar con éxito los problemas que ya hoy nos superan: cómo alcanzar un uso sustentable de los recursos naturales; qué hacer con los residuos; cómo evitar que sea devastada la diversidad biológica; cómo incluir las funciones de los ecosistemas en los procesos de toma de decisiones para saber si gran parte del llamado progreso económico puede ser una ilusión basada en la no contabilización de la pérdida de recursos naturales, y cómo hacer que la nueva autoridad ambiental contribuya al desarrollo.
Estas son solo algunas de las preguntas que deberemos analizar y responder si nos preocupa el porvenir. La Argentina está ante un cambio positivo y la agenda ambiental debería tener el mismo sentido.

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