LAS CAJAS DE LA POLÍTICA

Los fondos fiduciarios, ya bajo la lupa en 2023
Fue elaborado por la Sindicatura General durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner; advertía sobre la falta de controles e irregularidades; Milei podría usarlo ahora en su discurso ante la Asamblea Legislativa
Camila DolabjianUna de las páginas del informe al cual accedió LA NACION
Hace algunos días comenzó a circular internamente en el Gobierno un informe ordenado por la gestión de Alberto Fernández, en los últimos meses de 2023, respecto de los fondos fiduciarios, al que tuvo acceso  Fue elaborado por la Sindicatura General de la Nación durante la anterior administración y alerta sobre muy graves irregularidades en la estructura y gestión de los fideicomisos estatales entre 2020 y 2023. Estos papeles se encuentran en manos de un puñado de funcionarios, que lo toman como prueba de que la administración de Fernández y Cristina Kirchner fue consciente y connivente de la falta de transparencia y de control de los mismos.
La formalización de este reporte fue hecha el 15 de septiembre de 2023, aunque tiene adosado un cuadro comparativo de los fondos que contiene información posterior, hasta por lo menos el 27 de diciembre (debido a que menciona el decreto 88/2023, que fue publicado en esa fecha). En el informe se destacan “debilidades de carácter general, comunes a todas las auditorías”. Fuentes del Gobierno explicaron que se trata de factores compartidos por todos los 21 fondos mencionados en el reporte. Dijeron que, según su indagación, es el resumen de 88 informes no públicos, hechos en los últimos tres años del Frente de Todos, en donde se detectaron falencias, ausencia de control e irregularidades en los procesos de compras.
El reporte se encuentra en manos, particularmente, del ministro de Economía, Luis Caputo, ministro de Economía, y Nicolás Posse, jefe de Gabinete. El Presidente también los tiene y los utilizaría como insumo para armar su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa.
El informe accedió a parte de su contenido– aglomera las revisiones desarrolladas por las distintas unidades de auditorías internas de los organismos y las entidades de la administración nacional y de las sindicaturas jurisdiccionales.
Se hace referencia a seis debilidades compartidas, en los procesos de compras, de contrataciones, de cobranzas a beneficiarios, de rendiciones de cuentas, de evaluación de impacto, de incumplimiento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos y falta de formalización de normativa interna.
Respecto de las falencias en compras y contrataciones, dice: “Se observa inexistencia de información sobre el seguimiento y monitoreo de las instrucciones de compras y contrataciones, así como demoras en los procesos de contratación, lo que imposibilita contar con los bienes y/o servicios requeridos en los plazos previstos.
Algo similar se encontró en todos los fondos en cuanto a los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y financiera. “Se advierte falta de integridad de la información en las rendiciones de cuentas, la detección de diferencias e inconsistencias en los datos y, en algunos casos, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión de fondos fiduciarios. Relacionado con este señalamiento, también se detectan atrasos en los procesos de auditoría sobre los estados contables”.
En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) del país. El informe reservado es una prueba de cómo se manejaron sin controles adecuados y como el poder político era consciente del desmanejo.
En el reporte también se hallaron irregularidades en la gestión de cobranzas. Se constataron inacción o demoras en las “actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimiento por parte de los beneficiarios de la asignación de recursos, situación que atenta contra la integridad financiera de los fondos fiduciarios”. Es decir, terceros que se comprometieron a terminar tareas las incumplieron, pero no tuvieron consecuencias.
Se detectó incumplimiento de requisitos o procedimientos administrativos para el otorgamiento de fondos, entre lo que se destacó ausencia o “falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo en los procesos de otorgamiento de fondos, situación que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”. En otras palabras, la entrega de recursos sin control.
A su vez, se remarcó una inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario, incluyendo, entre otros aspectos, las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones sobre gestión y administración; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre estado de ejecución y avance de obras; entre otras irregularidades.
Como sexto punto, se determinó que los fondos no evaluaban el nivel de alcance o impacto alcanzado: “No se define ni se produce información cuantitativa y/o cualitativa, que permita el desarrollo de indicadores, métricas o reportes que permitan evaluar la eficiencia de la gestión y monitorear el desempeño en cuanto al logro de los objetivos fiduciarios, así como el impacto de los resultados, los desvíos y las contingencias”, se plasmó.
En el cuadro comparativo anexo, aparecen 21 fondos fiduciarios, sus fiduciarios y fiduciantes, las auditorías realizadas en los cuatro años de gobierno y las hechas sobre los estados contables. Muchos de ellos no tuvieron ningún informe hasta 2023. También aparecen sus auditores externos, entre los que figuran estudios contables, empresas conocidas como las “big four” (Deloitte, PWC, Ernst & Young y KPMG), el presupuesto estimado para 2024, con sus subas y déficits.

Millones bajo la lupa
1 El inicio del debate
El punto de quiebre del debate de la ley ómnibus fue cuando se trató el inciso “h” del artículo 4° del proyecto. Entregaba a Javier Milei la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”. Los diputados votaron en su mayoría en contra.

2 Los recursos
En la actualidad existen 29 fondos fiduciarios que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones, cerca de 2 puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) del país, según datos de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación y la Oficina de Control del Presupuesto del Congreso. Pero se trata de cifras estimativas. Los pocos datos oficiales disponibles solo muestran que 24 de esos fondos transfirieron 1.025.816.922.615 pesos durante los primeros nueve meses de 2023.

3 Sus nombres
En su mayoría se destinan a financiar obras públicas específicas o subsidiar energía y transporte, el paquete de fideicomisos incluye de todo. Desde fondos más conocidos como el Procrear, para la construcción de viviendas familiares, o el de Infraestructura Hídrica, hasta los de Integración Socio Urbana, Manejo del Fuego, Estabilizador del Trigo Argentino, para el Desarrollo Provincial o para la Recuperación de la Actividad Ovina, entre otros.

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La “caja” de la política: los fondos fiduciarios destinaron miles de millones de pesos al pago de consultorías y “servicios profesionales” desde 2016
El fideicomiso que controla Juan Grabois destinó más de $889 millones en 2022, según el relevamiento contable que completóen base a pedidos de acceso a la información
Hugo Alconada Mon
Miño, la extitular del FISU, integra el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois..Prensa Patria Grande
Los fondos fiduciarios destinaron miles de millones de pesos a contratos de consultoría y otro servicios profesionales y técnicos durante los últimos años, según surge del relevamiento de decenas de estados contables de esos fondos que completó  tras presentar pedidos de acceso a la información pública ante tres áreas distinta del Estado nacional durante los últimos dos meses.
Esos estados contables reflejan que los fondos fiduciarios gestionan dinero de las arcas oficiales en base a reglas propias, distintas a las que rigen para toda la administración pública. Se caracterizan por una opacidad notable, disparidad informativa, prácticas de triangulación y una gratuidad sólo aparente.
Creados en los ‘90 como partidas presupuestarias que debían destinarse a resolver fines específicos –afrontar dramas excepcionales o atender una emergencia de una actividad específica o en una zona acotada del país-, los fondos fiduciarios se convirtieron con el pasar de los años en la gran caja de la política. Hoy mueven entre 8000 y 10.000 millones de dólares al año, lo que representa cerca de 2 puntos del producto bruto interno (PBI).
Las cifras son, sin embargo, estimativas. Los datos consolidados más recientes llegan a septiembre de 2023, y los responsables de muchos de esos fondos retacean información contable y de gestión, incluso a los organismos que los supervisan o que deben controlarlos como la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) o la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esa opacidad lleva a que, por ejemplo, resulte casi imposible determinar quiénes integran sus consejos de administración, cuántos empleados tienen y cuánto cobra, qué obras o tareas concretas desarrollan, qué consultoras, universidades o empresas contrató cada fondo y como se definió cada contratación, o cómo alocaron las partidas y por qué, entre otras variables.
La disputa por el control de esos fondos representó, en ese sentido, un punto de quiebre en la votación en particular del proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso, que se negó a aprobarle el inciso “h” del artículo 4 del texto. Es decir, le negó la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar […] fondos fiduciarios públicos”.
Para la Casa Rosada, el rechazo legislativo reflejó cómo la “casta” política se niega a ceder prebendas y “cajas”, mientras que referentes de partidos con representación en el Congreso replicaron que aprobar esa facultad hubiera significado darle a Milei una herramienta para que apriete a aquellas provincias y municipios que no se plieguen a sus deseos.
Pero, ¿qué ocurre dentro de los fondos fiduciarios? La información contable que la Secretaría de Hacienda y el Banco de Desarrollo Argentino (BICE), entre otros, entregaron  durante las últimas semanas en base a los pedidos de acceso a la información pública, permite atisbar algunos rasgos de sus operaciones.
Entre esos rasgos se destaca la disparidad informativa. ¿Un ejemplo? Mientras que los responsables del Fondo Federal de Infraestructura Regional llegaron a detallar en 2016 entre sus gastos de capital la compra de una calculadora Olivetti por 2160 pesos, el Fondo Para la Promoción de la Economía del Conocimiento, que gestionó casi $1400 millones durante 2022, sólo consignó de manera genérica que destinó casi $30 millones a “servicios técnicos y profesionales”.
Uno de los campamentos que instalados sobre el río Santa Cruz para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic
Esa disparidad informativa se repite, incluso, en algunos fondos fiduciarios al comparar años distintos. ¿Un ejemplo? Junto a sus números de 2016, el Fondo de Infraestructura Hídrica presentó un “detalle de transferencias de capital” con tres de carillas de datos sobre 68 obras de todo el país a las que transfirió más de $2020 millones, lo que permite corroborar que las represas Kirchner y Cepernic fueron las que más dinero recibieron del fondo ese año, por más de $904 millones. Pero cuatro años después, ese mismo Fondo se limitó a informar que transfirió $31.056 millones a las provincias, sin detallar las obras o las provincias receptoras.
La documentación analizada permite corroborar, además, que algunos fondos funcionan como poco más que una escala en el recorrido de las partidas, como el fondo del Sistema de Infraestructura de Transporte. Registró ingresos corrientes por $347.910 millones durante 2022 y giró $187.000 millones corrientes (más otros $69.170 millones de capital) a concesionarios, contratistas y petroleras, y otros $57.548 millones a las provincias. Dato adicional: durante los primeros nueve meses de 2023, esas transferencias subieron a $417.398 millones.
Los registros contables muestran, también, que varios fondos son fuertes tomadores y tenedores de deuda, práctica que se acentuó durante la presidencia de Alberto Fernández. Así, el creado para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), por caso, destinó $500.004 millones a la “adquisición de títulos y valores” y casi $29.000 millones a “otros activos financieros” en 2022, año en el que no consta que haya completado transferencia alguna.
Aunque exigua, la rendición de cuentas también ofrece indicios sobre algunas prácticas recurrentes entre quienes gestionan los fondos. Ninguno consigna empleados, o pago de remuneraciones, pero muchos destinan fortunas a los rubros “servicios básicos” y “servicios técnicos y profesionales”. Es decir, consultorías, asesoramientos y otras variantes.
En 2020, por ejemplo, el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal informó gastos corrientes por $1490 millones, de los que destinó $115,2 millones al rubro “servicios técnicos y profesionales”. Y en 2021, los fondos de Servicio Universal y de Desarrollo Productivo (Fondep) consignaron 322,2 millones y 347,9 millones de pesos, respectivamente, en ese rubro.
Los números más altos por “servicios técnicos y profesionales” corresponden, sin embargo, a los fondos de Integración Socio Urbana (FISU) y para el Manejo del Fuego, que durante 2022 destinaron 889 millones y 4933,8 millones, respectivamente, según consta en los estados contables que analizó LA NACION.
¿Qué puede abarcar ese rubro? Entre otras opciones, la contratación de abogados, ingenieros, arquitectos, informáticos, contadores y otros profesionales o técnicos especializados que asesoraron a quienes gestionan los fondos fiduciarios, como también el pago a firmas privadas o universidades para que auditaran o controlaran la ejecución de las partidas.
“Otra variante que suele darse dentro de ese rubro es que un miembro del directorio sea abogado, por ejemplo, y contrate a su estudio jurídico para tareas de asesoramiento para de ese modo cobrar honorarios por vía indirecta”, explicó un ex presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, ante la consulta 
El FISU registra otra particularidad. Un año antes, 2021, había destinado cero pesos al pago de “servicios técnicos y profesionales”, pero terminó por girar $139,5 millones al rubro “servicios básicos” –es decir, de telefonía, gas, electricidad, cable, agua-. Representó el monto más alto para ese rubro entre todos los fondos. Sólo el de Desarrollo Productivo (Fondep), registró en 2020 un monto que puede rivalizar ($92,2 millones), si se lo actualizara por inflación.
Envueltos en una controversia por el FISU, tanto la responsable de ese fondo fiduciario durante los últimos años, Fernanda Miño, como Grabois negaron cualquier irregularidad o “choreo” y sostuvieron que desde el Gobierno buscan ensuciarlos. Por su parte, el nuevo secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, dijo que ordenó una auditoria interna sobre la gestión y ejecución del fondo, que habría llegado a emplear a 600 personas cifra que se habría reducido a 450 durante la etapa más reciente, pero que hasta el momento no tenía conocimiento de irregularidades.
Los datos llamativos, mientras tanto, se acumulan, incluso entre los fondos con partidas más acotadas. El destinado a la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAC) detalló ingresos corrientes por $850 millones, pero giró apenas $80 millones al sector privado durante 2022, período en el que se abocó más a incrementar sus disponibilidades ($627 millones) y otorgar préstamos de largo plazo ($263 millones).
El fondo más pequeño de todos, en tanto, es el de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata. Tuvo ingresos corrientes por $23,9 millones en 2022, cuando destinó una partida de sólo $2,7 millones para ayudar en el “sector privado”. Pero durante ese mismo período gastó 3,3 veces más en el rubro “servicios técnicos y profesionales”: $9,6 millones.

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