Los subsidios que recibió el padre de Milei en el gobierno de Kirchner
Negocio. Documentación oficial detalla que el Estado nacional entregó el equivalente a US$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei entre 2003 y 2007
Hugo Alconada Mon
Norberto Milei y su esposa, Alicia Lucich, en el acto de Milei en el Luna Park captura
“¡Vos y tus negocios!”, dijo sonriente Javier Milei, mirando a su padre, Norberto “Beto” Milei, sentado en la primera fila del Luna Park. Fue durante la presentación de su último libro, el 22 de mayo. Ferviente admirador de Adam Smith, prócer del liberalismo, y detractor de la intervención estatal en la economía, el Presidente pregona acotar impuestos y subsidios. Pero su historia familiar registra un capítulo que incluye ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre, Norberto Milei, era accionista y presidió entre 2003 y 2007. El Presidente y su hermana, Karina Milei, cosecharon beneficios de esos bienes, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre.
Este capítulo familiar se centra en Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, las dos compañías de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires que presidió Milei padre. Recibieron al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según datos oficiales que analizó durante meses, en nacion una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esas ayudas al transporte que repartió el gobierno de Néstor Kirchner figuran por montos mucho menores en los balances que las sociedades que integró Milei presentaron ante la Inspección General de Justicia (IGJ): declararon el equivalente en pesos a US$10 millones según el tipo de cambio de ese momento. Esos subsidios resultaron claves para consolidar el patrimonio familiar, en particular después de que una de esas empresas, Teniente General Roca SA, debió concursarse tras el colapso económico de 2001.
Antes de aquella gran crisis, los colectivos ya se habían erigido en la piedra basal del patrimonio de Norberto Milei, hoy de 81 años. Empezó como chofer de las líneas 111 y 21, y con esfuerzo compró su primer colectivo por la misma época en que nació su hijo Javier, en 1970. Así lo contó el Presidente en una entrevista, años atrás. “Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados y mi mamá lo acompañaba en el colectivo con un termo de café y un fibrón negro”, ironizó el libertario, en alusión a las horas que su padre pasaba al volante.
Con años de sacrificio, Norberto Milei pasó de conducir un colectivo a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue Francisco de Viedma SA, junto a decenas de pequeños accionistas. Creada en 2001, su función fue controlar a la empresa Teniente General Roca SA, que a su vez controlaba la mitad de las acciones de la sociedad Rocaraza SA.
Desde la constitución de Francisco de Viedma SA, en 2001, y hasta 2007, el padre del Presidente presidió esa sociedad y las dos firmas controladas, que operaban las líneas 21, 31, 108 y 146 de colectivos. Más aún, durante los primeros años fue también su accionista mayoritario, según surge de más de 15 balances consultados para esta investigación.
Con el colapso de 2001, sin embargo, el transporte de pasajeros sufrió una crisis durísima. El Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en ciertos casos, ganar fortunas.
Las dos empresas de colectivos que lideró Norberto Milei recibieron subsidios del Estado nacional, aunque los montos son inciertos. Un relevamiento de documentos de la Secretaría de Transporte que completó LN Data muestra que el Estado nacional informó que giró al menos US$33 millones al tipo de cambio entonces vigente a Teniente General Roca SA y Rocaraza SA, entre 2005 y mediados de 2007.
Sin embargo, los balances que ambas empresas presentaron en la IGJ con la firma de Norberto Milei indicaron que cosecharon 33,6 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que equivale a unos 10 millones de dólares de la época. Ante esa disparidad, se pidió la información completa sobre los subsidios al Ministerio de Transporte, pero no brindaron la información.
Al menos parte de esos subsidios terminaron en el patrimonio de Norberto Milei, quien vendió sus acciones en 2006 y continuó como ejecutivo hasta mediados de 2007, cuando se abocó a otras actividades cercanas al transporte y el sector agropecuario. También ayudó a sus hijos: Karina Milei accedió a un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López que rotuló como “herencia” al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Javier Milei accedió a una Ford Ecosport 2.0 negra, modelo 2005, con dinero de su padre, que luego vendió para, con dinero adicional propio, comprar una coupé Peugeot RCZ. Declaró a la OA que la adquirió en 2013 con “fondos propios”.
(El equipo de investigación contactó al vocero presidencial y le transmitió un cuestionario de preguntas sobre Norberto Mivicio lei, sus empresas en el sector del transporte de colectivos, el cobro de subsidios durante el kirchnerismo y los beneficios que obtuvieron sus hijos Javier y Karina, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición).
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien terminó preso por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Rocaraza SA recibió $13,9 millones entre 2005 y 2007, equivalente a US$4,5 millones de ese momento, según relevó LN Data, en tanto que el subsidio al gasoil, que superó los $9 millones, representó casi el 70% de los ingresos públicos que recibió la compañía. Y percibió beneficios por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en el área metropolitana.
La política del kirchnerismo hacia el transporte de colectivos resultó determinante para salvar a muchas empresas. Teniente General Roca SA había abierto un concurso de acreedores en 2002 en el Juzgado en lo Comercial Nº 14 de la ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, la empresa acordó con sus acreedores mientras recibía subsidios que Norberto Milei elogió, a contrapelo de las diatribas públicas que les dedicó su hijo.
La primera mención de Milei padre sobre la importancia de la ayuda estatal consta en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca SA. Incluso reclamó más ayuda oficial o aumento de tarifas. “No podemos pasar por alto el esfuerzo que el gobierno nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del sermediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente”, consignó.
La posición de Beto Milei no podría ser más distinta de la que expresó su hijo en múltiples ocasiones. “Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...) Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar”, enfatizó en una entrevista. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría “todos”, dentro de una visión más general que resumió con una frase durante la campaña presidencial: “Yo odio al Estado”.
Subsidios sí; impuestos no
Las ayudas del Estado crecieron a partir de 2003. Pero las cuentas distan de ser lineales. ¿Por qué? Porque mientras recibían subsidios estatales, las compañías que lideró Norberto Milei no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la AFIP, la Anses y ARBA, en ocasiones por montos millonarios, que luego buscaron regularizar con moratorias y planes de pago. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por Ingresos Brutos, entre otros.
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia condenó a Teniente General Roca SA por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por $120.000 (cerca de 35.000 dólares al tipo de cambio de ese momento). Y en los registros de la compañía aparece adscripta a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con la AFIP
“¡Vos y tus negocios!”, dijo sonriente Javier Milei, mirando a su padre, Norberto “Beto” Milei, sentado en la primera fila del Luna Park. Fue durante la presentación de su último libro, el 22 de mayo. Ferviente admirador de Adam Smith, prócer del liberalismo, y detractor de la intervención estatal en la economía, el Presidente pregona acotar impuestos y subsidios. Pero su historia familiar registra un capítulo que incluye ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre, Norberto Milei, era accionista y presidió entre 2003 y 2007. El Presidente y su hermana, Karina Milei, cosecharon beneficios de esos bienes, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre.
Este capítulo familiar se centra en Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, las dos compañías de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires que presidió Milei padre. Recibieron al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según datos oficiales que analizó durante meses, en nacion una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Esas ayudas al transporte que repartió el gobierno de Néstor Kirchner figuran por montos mucho menores en los balances que las sociedades que integró Milei presentaron ante la Inspección General de Justicia (IGJ): declararon el equivalente en pesos a US$10 millones según el tipo de cambio de ese momento. Esos subsidios resultaron claves para consolidar el patrimonio familiar, en particular después de que una de esas empresas, Teniente General Roca SA, debió concursarse tras el colapso económico de 2001.
Antes de aquella gran crisis, los colectivos ya se habían erigido en la piedra basal del patrimonio de Norberto Milei, hoy de 81 años. Empezó como chofer de las líneas 111 y 21, y con esfuerzo compró su primer colectivo por la misma época en que nació su hijo Javier, en 1970. Así lo contó el Presidente en una entrevista, años atrás. “Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados y mi mamá lo acompañaba en el colectivo con un termo de café y un fibrón negro”, ironizó el libertario, en alusión a las horas que su padre pasaba al volante.
Con años de sacrificio, Norberto Milei pasó de conducir un colectivo a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue Francisco de Viedma SA, junto a decenas de pequeños accionistas. Creada en 2001, su función fue controlar a la empresa Teniente General Roca SA, que a su vez controlaba la mitad de las acciones de la sociedad Rocaraza SA.
Desde la constitución de Francisco de Viedma SA, en 2001, y hasta 2007, el padre del Presidente presidió esa sociedad y las dos firmas controladas, que operaban las líneas 21, 31, 108 y 146 de colectivos. Más aún, durante los primeros años fue también su accionista mayoritario, según surge de más de 15 balances consultados para esta investigación.
Con el colapso de 2001, sin embargo, el transporte de pasajeros sufrió una crisis durísima. El Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en ciertos casos, ganar fortunas.
Las dos empresas de colectivos que lideró Norberto Milei recibieron subsidios del Estado nacional, aunque los montos son inciertos. Un relevamiento de documentos de la Secretaría de Transporte que completó LN Data muestra que el Estado nacional informó que giró al menos US$33 millones al tipo de cambio entonces vigente a Teniente General Roca SA y Rocaraza SA, entre 2005 y mediados de 2007.
Sin embargo, los balances que ambas empresas presentaron en la IGJ con la firma de Norberto Milei indicaron que cosecharon 33,6 millones de pesos entre 2003 y 2007, lo que equivale a unos 10 millones de dólares de la época. Ante esa disparidad, se pidió la información completa sobre los subsidios al Ministerio de Transporte, pero no brindaron la información.
Al menos parte de esos subsidios terminaron en el patrimonio de Norberto Milei, quien vendió sus acciones en 2006 y continuó como ejecutivo hasta mediados de 2007, cuando se abocó a otras actividades cercanas al transporte y el sector agropecuario. También ayudó a sus hijos: Karina Milei accedió a un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López que rotuló como “herencia” al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Javier Milei accedió a una Ford Ecosport 2.0 negra, modelo 2005, con dinero de su padre, que luego vendió para, con dinero adicional propio, comprar una coupé Peugeot RCZ. Declaró a la OA que la adquirió en 2013 con “fondos propios”.
(El equipo de investigación contactó al vocero presidencial y le transmitió un cuestionario de preguntas sobre Norberto Mivicio lei, sus empresas en el sector del transporte de colectivos, el cobro de subsidios durante el kirchnerismo y los beneficios que obtuvieron sus hijos Javier y Karina, pero no obtuvo respuestas al cierre de esta edición).
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien terminó preso por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
Rocaraza SA recibió $13,9 millones entre 2005 y 2007, equivalente a US$4,5 millones de ese momento, según relevó LN Data, en tanto que el subsidio al gasoil, que superó los $9 millones, representó casi el 70% de los ingresos públicos que recibió la compañía. Y percibió beneficios por el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en el área metropolitana.
La política del kirchnerismo hacia el transporte de colectivos resultó determinante para salvar a muchas empresas. Teniente General Roca SA había abierto un concurso de acreedores en 2002 en el Juzgado en lo Comercial Nº 14 de la ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, la empresa acordó con sus acreedores mientras recibía subsidios que Norberto Milei elogió, a contrapelo de las diatribas públicas que les dedicó su hijo.
La primera mención de Milei padre sobre la importancia de la ayuda estatal consta en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca SA. Incluso reclamó más ayuda oficial o aumento de tarifas. “No podemos pasar por alto el esfuerzo que el gobierno nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del sermediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente”, consignó.
La posición de Beto Milei no podría ser más distinta de la que expresó su hijo en múltiples ocasiones. “Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...) Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar”, enfatizó en una entrevista. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría “todos”, dentro de una visión más general que resumió con una frase durante la campaña presidencial: “Yo odio al Estado”.
Subsidios sí; impuestos no
Las ayudas del Estado crecieron a partir de 2003. Pero las cuentas distan de ser lineales. ¿Por qué? Porque mientras recibían subsidios estatales, las compañías que lideró Norberto Milei no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la AFIP, la Anses y ARBA, en ocasiones por montos millonarios, que luego buscaron regularizar con moratorias y planes de pago. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por Ingresos Brutos, entre otros.
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia condenó a Teniente General Roca SA por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por $120.000 (cerca de 35.000 dólares al tipo de cambio de ese momento). Y en los registros de la compañía aparece adscripta a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con la AFIP
El final de Norberto Milei como ejecutivo y accionista en esas empresas llegó a mediados de 2007, cuando se aprobó la memoria y balance de Rocaraza SA y dejó de figurar como accionista: su participación pasó a manos de tres alfiles del Grupo DOTA, Rafael Marino, Miguel Marino y Pascual Guarino. Y Germán López lo reemplazó en la presidencia.
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La Justicia le dio aval a una polémica tasa que cobran los intendentes
corte bonaerense. Se recarga sobre el costo de los combustibles
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La Justicia le dio aval a una polémica tasa que cobran los intendentes
corte bonaerense. Se recarga sobre el costo de los combustibles
Javier Fuego Simondet
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado sobre un paquete de tasas del municipio de Pilar, entre ellas, la que se aplica sobre el precio de los combustibles, que se generalizó en el conurbano y que generó el rechazo del gobierno nacional. El planteo denegado por el máximo tribunal bonaerense fue presentado por un dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, quien tras el revés judicial recibió asesoramiento de Elisa Carrió para continuar con la demanda.
En enero, se aprobó en el Concejo Deliberante de Pilar una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio del distrito que gobierna Federico de Achával (Unión por la Patria). Se trata de un costo extra sobre los combustibles que, en la primera mitad del año, se extendió a distritos como Lomas de Zamora, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, San Vicente y Lanús.
Hace poco más de un mes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó el descontento del gobierno de Javier Milei con la tasa sobre los combustibles.
Yofe, titular de la Coalición Cívica en Pilar, planteó en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad, tanto de ese plus sobre los combustibles impulsado por el intendente De Achával para el mantenimiento de calles y caminos, como de la Tasa de Protección Ambiental y de la Contribución Obligatoria al Hospital de Emergencia y Alta Complejidad de Pilar, establecidas en la misma ordenanza.
Sobre la tasa vial en particular, Yofe argumentó que “produce un auténtico conflicto a partir de la determinación de un hecho imponible que ya se encuentra gravado por el Estado Nacional” porque se trata de un ítem que ya se cobra con un “impuesto nacional sobre los combustibles líquidos”.
Cuando el máximo tribunal provincial le pidió respuesta al planteo del dirigente opositor, la Municipalidad de Pilar esgrimió la “inadmisibilidad de la demanda, así como su improcedencia sustancial”, según se lee en el fallo, al que accedió la nacion. La comuna defendió la aplicación de la tasa sobre los combustibles. Sostuvo que “su previsión y cobro es resultado del ejercicio municipal de facultades propias”.
La Corte provincial resolvió “rechazar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por inadmisible”, en un fallo firmado por Sergio Torres, Hilda Kogan, Daniel Soria y Luis Genoud.
Según pudo saber , tras el fallo adverso Elisa Carrió recibió en su casa a Yofe para asesorarlo con los pasos a seguir. El fallo determina que el dirigente local deberá hacerse cargo de las costas del proceso ($2.856.000). Presentará un pedido de “readecuación” y analiza si recurre a la Corte Suprema nacional
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó un planteo de inconstitucionalidad presentado sobre un paquete de tasas del municipio de Pilar, entre ellas, la que se aplica sobre el precio de los combustibles, que se generalizó en el conurbano y que generó el rechazo del gobierno nacional. El planteo denegado por el máximo tribunal bonaerense fue presentado por un dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, quien tras el revés judicial recibió asesoramiento de Elisa Carrió para continuar con la demanda.
En enero, se aprobó en el Concejo Deliberante de Pilar una tasa vial que recarga en un 2,5% el precio del litro de combustible en las estaciones de servicio del distrito que gobierna Federico de Achával (Unión por la Patria). Se trata de un costo extra sobre los combustibles que, en la primera mitad del año, se extendió a distritos como Lomas de Zamora, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes, San Vicente y Lanús.
Hace poco más de un mes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó el descontento del gobierno de Javier Milei con la tasa sobre los combustibles.
Yofe, titular de la Coalición Cívica en Pilar, planteó en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad, tanto de ese plus sobre los combustibles impulsado por el intendente De Achával para el mantenimiento de calles y caminos, como de la Tasa de Protección Ambiental y de la Contribución Obligatoria al Hospital de Emergencia y Alta Complejidad de Pilar, establecidas en la misma ordenanza.
Sobre la tasa vial en particular, Yofe argumentó que “produce un auténtico conflicto a partir de la determinación de un hecho imponible que ya se encuentra gravado por el Estado Nacional” porque se trata de un ítem que ya se cobra con un “impuesto nacional sobre los combustibles líquidos”.
Cuando el máximo tribunal provincial le pidió respuesta al planteo del dirigente opositor, la Municipalidad de Pilar esgrimió la “inadmisibilidad de la demanda, así como su improcedencia sustancial”, según se lee en el fallo, al que accedió la nacion. La comuna defendió la aplicación de la tasa sobre los combustibles. Sostuvo que “su previsión y cobro es resultado del ejercicio municipal de facultades propias”.
La Corte provincial resolvió “rechazar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por inadmisible”, en un fallo firmado por Sergio Torres, Hilda Kogan, Daniel Soria y Luis Genoud.
Según pudo saber , tras el fallo adverso Elisa Carrió recibió en su casa a Yofe para asesorarlo con los pasos a seguir. El fallo determina que el dirigente local deberá hacerse cargo de las costas del proceso ($2.856.000). Presentará un pedido de “readecuación” y analiza si recurre a la Corte Suprema nacional
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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